2008/10/31


Hugo Chávez versus Derechos Humanos

Por: José Miguel Vivanco es Director para las Américas y Daniel Wilkinson es Subdirector para las Américas de Human Rights Watch.




El 18 de septiembre presentamos un libro en Caracas que documenta cómo el Presidente Hugo Chávez ha deteriorado la protección de los derechos humanos en Venezuela. Cuando regresamos a nuestro hotel esa noche, nos esperaban unos 20 agentes de seguridad, algunos de ellos armados y uniformados. Quien los dirigía afirmó—aparentemente, sin ningún tipo de ironía— que era un funcionario de “derechos humanos” del gobierno y que estábamos siendo expulsados del país.


El funcionario, acompañado por un camarógrafo oficial que filmaba nuestra expulsión, actuaba como si estuviera cumpliendo con un procedimiento legítimo. Con total naturalidad nos informó que sus agentes habían ingresado a nuestras habitaciones y habían empacado nuestras maletas


Cuando intentamos comunicarnos por celular con nuestras familias y colegas, toda apariencia de protocolo desapareció abruptamente. Los agentes de seguridad nos rodearon, nos arrebataron violentamente los teléfonos de las manos y extrajeron las baterías. Cuando insistimos en comunicarnos con nuestras embajadas, nos empujaron hasta un ascensor de servicio, nos llevaron al sótano y nos obligaron por la fuerza a ingresar a una camioneta con vidrios polarizados. Cuando preguntamos hacia dónde nos dirigíamos, solamente nos dijeron que estábamos yendo al aeropuerto.


Tres agentes de seguridad se sentaron detrás de nosotros y al menos dos desenfundaron sus armas. Uno de los agentes utilizaba un celular para recibir y transmitir órdenes mientras circulábamos a toda velocidad por las calles de Caracas. Cuando estábamos en la autopista, encendieron la radio para escuchar a la agencia de noticias estatal anunciando nuestra expulsión. Los locutores informaron a su audiencia cautiva —que incluía además a todos los venezolanos que estaban escuchando radio, ya que todas las estaciones están obligadas a transmitir en cadena estos mensajes— que nuestra organización estaba financiada por el gobierno de Estados Unidos y que formábamos parte de una campaña de agresión contra Venezuela.


Human Rights Watch no acepta ni ha aceptado jamás financiamiento del gobierno de Estados Unidos ni de ningún otro gobierno, en forma directa o indirecta. Sin embargo, no es la primera vez que recibimos este tipo de acusaciones falsas, especialmente de gobiernos autoritarios. En ocasiones anteriores, autoridades venezolanas nos han acusado de ser títeres de la CIA, activistas de derecha y, más frecuentemente, “mercenarios del imperio”. En contraste, en la vecina Colombia, las máximas autoridades han intentado reiteradamente desacreditarnos catalogándonos de comunistas, simpatizantes de la guerrilla e, incluso, terroristas. Hace algunos años, luego de presentar un informe en Caracas, el vicepresidente de Chávez nos acusó públicamente de haber colaborado con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.


La justificación oficial de nuestra expulsión fue que habíamos violado la Constitución al criticar al gobierno mientras nos encontrábamos en el país con una visa de turista. Esta acusación es falsa, ya que al ingresar al país marcamos en nuestras tarjetas migratorias la casilla que declara que nuestra visita era por motivos de trabajo. De cualquier modo, el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó claramente al día siguiente que la decisión del gobierno no estaba vinculada a nuestras visas. “Extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”, declaró. Si el gobierno hubiera tenido realmente la intención de aplicar la ley, habría respetado nuestros derechos —consagrados en la Constitución promovida por el propio Chávez— de comunicarnos inmediatamente con nuestros respectivos consulados, obtener asesoría jurídica y ser oídos por una autoridad judicial. En lugar de ello, y tal como nos enteramos recién cuando ya nos encontrábamos a bordo de un avión, optó por comprarnos un pasaje a Brasil.


La soltura con la cual el gobierno ignoró estos derechos simplemente confirma la principal conclusión de nuestro informe: el gobierno de Chávez está más que dispuesto a violar su propia Constitución si así lo exige su agenda política. Paradójicamente, fue el propio Chávez quien impulsó la Constitución vigente hace casi una década. Dicha Constitución representó una oportunidad única para que el país fortaleciera el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.


Sin embargo, esa oportunidad ha sido, en gran medida, desperdiciada. El revés más grave se produjo en abril de 2002, cuando opositores a Chávez lo removieron temporalmente del poder con un golpe de estado. Afortunadamente, el golpe duró menos de dos días. Pero, lamentablemente, desde entonces el gobierno lo ha aprovechado para justificar iniciativas políticas que han terminado degradando la democracia venezolana.


***

Venezuela hoy dista de ser la dictadura que los críticos de Chávez denuncian. Sin embargo, su gobierno ha logrado neutralizar al poder judicial, el principal garante de las libertades y los derechos. Si bien aún existen medios de comunicación independientes y opositores, el gobierno ha diseñado nuevos mecanismos para silenciar a la oposición, así como intimidantes incentivos para que los críticos se autocensuren. A pesar de que todavía hay sindicatos independientes, el gobierno ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores y ha fomentado el surgimiento de sindicatos alineados con el oficialismo. Pese a que existen defensores de derechos humanos comprometidos con la causa, han sido objeto de un fuerte aluvión de agresiones verbales e incluso acoso judicial.


Durante los más de veinte años que Human Rights Watch ha trabajado en América Latina, jamás un gobierno ha expulsado a uno de nuestros representantes por su trabajo. Ni siquiera lo han hecho las dictaduras de derecha que llevaron a cabo abusos mucho más graves que los cometidos por Chávez. Posiblemente sabían que no era una buena idea. En definitiva, la decisión de Chávez de expulsarnos no ha hecho más que comprobar el principal mensaje de nuestro informe y garantizar que reciba amplia difusión en todo el mundo.


Si esta interpretación es acertada, no es un buen augurio para el futuro de Venezuela.


Texto en Ingles:

Volume 55, Number 17 · November 6, 2008
Hugo Chávez Versus Human Rights
By Jose Miguel Vivanco, Daniel Wilkinson
On September 18, we released a report in Caracas that shows how President Hugo Chávez has undermined human rights guarantees in Venezuela. That night, we returned to our hotel and found around twenty Venezuelan security agents, some armed and in military uniform, awaiting us outside our rooms. They were accompanied by a man who announced—with no apparent sense of irony—that he was a government "human rights" official and that we were being expelled from the country.
With government cameramen filming over his shoulder, the official did his best to act as if he were merely upholding the law. When we said we needed to gather our belongings, he calmly told us not to worry, his men had already entered our rooms and "packed" our bags.
But when we tried to use our cell phones to get word to our families, our colleagues, and the press, the veneer of protocol quickly gave way. Security agents surrounded us, pried the phones from our hands, and removed and pocketed the batteries. When we then insisted on contacting our embassies, they shoved us into a service elevator, took us to the basement, and forced us into the back seat of an SUV with tinted windows. When we asked where we were headed, they told us only that we were going to the airport.
Three security agents sat behind us, at least two with weapons drawn. One used a cell phone to receive and relay orders as we raced through the streets of Caracas and out onto a highway. At one point an order came to turn on the SUV's radio so we could listen as the state news agency announced our expulsion. The announcers told their captive audience—which also included every other Venezuelan listening to the radio, since all stations are required to broadcast such messages—that our organization was funded by the US government and that we were part of a campaign of aggression against Venezuela.

Human Rights Watch does not and has never accepted funding from the US or any government, directly or indirectly. But we are accustomed to such false accusations, especially coming from authoritarian governments. Venezuelan officials have repeatedly denounced us as CIA stooges, right-wing partisans, and, more commonly, "mercenaries of the empire." (By contrast, in neighboring Colombia, officials have repeatedly sought to discredit us with labels like Communist, guerrilla sympathizer, and even terrorist.) Once, after releasing another report in Caracas, one of us was publicly and falsely accused by Chávez's vice-president of having collaborated with former Chilean dictator Augusto Pinochet. This time, a close Chávez ally in the legislature suggested on national TV that the two of us had been sharing a single hotel room where we were indulging our "weaknesses."
The official reason we were given for our expulsion was that we had violated the constitution by criticizing the government while on tourist visas. It was a curious allegation since our immigration cards included a "business" box, which we had dutifully checked off. In any case, Venezuela's foreign minister, Nicolás Maduro, made clear the next day that the government's decision had nothing to do with our visa status. "Any foreigner who comes to criticize our country will be immediately expelled," he declared. Of course, had the Chávez government actually been interested in upholding its laws, it would have respected our rights—enshrined in the Venezuelan constitution—to immediately contact our embassies, obtain legal counsel, and receive a fair hearing. Instead, as we discovered only after we were finally ushered onto a plane at the airport, it bought us a one-way trip to Brazil.
The ease with which the government disregarded these rights only reaffirmed the central finding of our report: the Chávez government is more than willing to violate the country's constitution in pursuit of its own political agenda. Ironically it was Chávez himself who first championed that constitution a decade ago, after he was swept into office promising to overhaul the country's largely discredited political system. Enacted in 1999, the "Bolivarian" Constitution offered a unique opportunity for the country to shore up the rule of law and strengthen human rights protections. But that opportunity has since been largely squandered. The most dramatic setback came in April 2002, when opponents of Chávez temporarily ousted him in a coup d'état. Fortunately, the coup lasted less than two days. Unfortunately, the government has exploited it ever since to help justify policies that have degraded the country's democracy.
Today Venezuela is hardly the brutal dictatorship that some critics of Chávez paint it to be. Yet the country's democratic institutions have suffered considerably since the coup. Chávez and his allies have effectively neutralized the judiciary. While some newspapers and broadcasters are still independent and some are outspoken in their opposition to Chávez, the President and his legislative supporters have strengthened the state's capacity to limit free speech and created powerful incentives for self-censorship. They have, for example, expanded laws making "contempt" for government officials a criminal offense, increased prison sentences for criminal defamation, and abused the state's control of broadcasting frequencies to intimidate and discriminate against stations with overtly critical programming. While there are independent labor unions, the government has systematically violated workers' rights and fostered pro-government unions. There are dedicated human rights advocates. But they have been subjected to a virulent barrage of verbal assaults and even harassment by prosecutors.
A central goal of the "Bolivarian" Constitution is the promotion of a more inclusive democracy in Venezuela. In view of the history of exclusion and the glaring inequalities that plague Venezuela and countries throughout Latin America, it is a goal that deserves to be taken seriously. Yet Chávez's own professed commitment to this vital and ambitious aim is contradicted by his government's willful disregard for the institutional guarantees and fundamental rights that make democratic participation possible.
In the more than twenty years that Human Rights Watch has worked in Latin America, no government has ever expelled our representatives for our work, not even the right-wing dictatorships guilty of far more egregious abuses than those committed by Chávez. Presumably they knew better. After all, Chávez's decision to expel us merely served to confirm the central message of our report and ensure that it received extensive coverage around the globe.
Why did Chávez do it? One Brazilian on the plane on which we were forced to leave Venezuela offered a view that is increasingly widespread throughout Latin America: "Chávez is crazy." But the human rights defenders we work with in Venezuela have drawn a far more sobering conclusion. Chávez, in their view, was sending a deliberate message to his fellow countrymen: he will not allow human rights guarantees to get in his way, no matter what the rest of the world may think.
If their interpretation is right, it does not bode well for the future of Venezuelan democracy.
—October 9, 2008



Este artículo está publicado en el New York Review of Books; copyright 2008 NYREV, Inc.

2008/10/29

VERGÜENZA NACIONAL
imagen de http://www.linkmesh.com/imagenes/temas/momias/avergonzado.jpg

Sòlo me saltan dos reflexiones: ¿cuántas veces sucedió esto en los gobiernos anteriores? ¿que cultura organizacional se ha apoderado de nuestras -si, suyas y mìas tambièn- Fuerzas Armadas como para que se de èste fenómeno?...y la final ¿si un general es responsable, un ministro de defensa lo es? el máximo comandante tambièn lo es?...

en fin...reflexionemos:

Fiscalía investiga 780 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscalia-investiga-780-casos-de-presuntas-ejecuciones-extrajudiciales-_4632140-1
Así lo señala un reporte conocido por EL TIEMPO y que recoge casos desde enero del 2003 hasta septiembre pasado de lo que podrían ser homicidios fuera de combate .

Fueron reportados por unidades militares como bajas en operaciones contra la guerrilla, los 'paras' y la delincuencia común.

La mayoría de denuncias corresponde a unidades militares del Meta y Antioquia, donde algunos de los casos han terminado en condenas contra miembros de unidades militares que operan allí.
Las seccionales de la Fiscalía en Cúcuta, Florencia, Medellín, Manizales, Pasto y Valledupar también manejan un número considerable de investigaciones, aunque la mayor parte de ellas está a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, directamente en Bogotá.
Investigaciones en la Procuraduría

El Ministerio Público investiga por su parte a 2.300 personas, entre uniformados y funcionarios por Derechos Humanos

El procurador General, Edgardo Maya Villazón, aseguró que el Ministerio Público adelanta 930 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública. Indicó que los procesos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Al tiempo, el procurador Maya destacó que el Gobierno le hiciera frente a la situación y aplicara sanciones drásticas. Dijo que el Ministerio Público continuará con sus investigaciones disciplinarias.

Investigan otros casos en Boyacá
Gustavo Adolfo Tobo, Defensor del Pueblo Boyacá, aseguró que hoy debió viajar hoy al municipio La Uvita porque la defensora de la región le reportó cuatro casos similares a los de Soacha, y que indagan para verificar si se trataría de ejecuciones extrajudiciales.
En su departamento, según dijo, pese a que ese tipo de violación de Derechos Humanos no es común, tiene otros dos casos reportados: uno en Pajarito, de este año; y otro en Chita, del año pasado y por que ya hay un proceso en el que están involucrados militares. En este último fue el crimen de un campesino.

Casos en Santander
Ana Felicia Barajas, Defensora de Santander, dice que este año, cuando surgió el escándalo por los jóvenes que aparecieron como dados de baja en Ocaña (Norte de Santander), una madre de familia denunció que su hijo aparentemente había muerto en combate.
Según contó la mujer en la Defensoría, su hijo desapareció en agosto cuando estaba en el parque Antonia Santos de Bucaramanga, donde, de acuerdo con su relato, unos hombres le ofrecieron un mejor trabajo en Ocaña y decidió irse con ellos. A los tres días de su partida, la llamaron de una funeraria a decirle que había muerto en combate en ese municipio.
Barajas aseguró que en manos de la Fiscalía hay tres casos similares que ocurrieron en San José de Miranda, Lebrija, La Laguna de Ortices.
Estos casos, dijo, los venían trabajando con el general Joaquín Cortés, comandante II División de Santander.
Màs: Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos

Lo que encontró la Comisión
en http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/encontro-investigacion-falsos-positivos/117189.aspx
La Comisión encontró fallas de dos tipos en varias de las unidades militares investigadas. Lo primero es que las operaciones militares se estaban llevando a cabo con exceso de informalidad y sin cumplir los requisitos de control y manejo. En el trabajo de inteligencia, la orden de operaciones, el combate, la munición gastada y los resultados, todo debe coincidir. Y de todo ello deben llevarse récords.

Eso no fue lo que encontró al Comisión en Ocaña, ni en Puerto Berrío, donde por ejemplo hay registros que dicen que se gastaron 1.500 cartuchos y un solo muerto. Al contrario, la forma de operar era más bien folklórica, donde los hombres de inteligencia reportaban que tenían a alguien ya identificado, y sin mayores preguntas partía el operativo militar en contra del objetivo.

Esa falta de control en las operaciones, se prestaba para unos miembros corruptos, que tenían lazos con organizaciones criminales que estaban reclutando personas en Bogotá y otras ciudades, aprovechara para matar esas víctimas inocentes y así ganar bendiciones con positivos.

Según explicó un oficial retirado del Ejército a Semana.com, la presión que han hecho algunos generales sobre la necesidad de producir bajas a como dé lugar, también ha contribuido a que ese se torne un logro en sí mismo, ya que dependiendo de las bajas hay ascensos y días de descanso; eso contrariando las directivas recientes del Comando General que hacen explícito el valor estratégico que tiene para las Fuerzas Armadas obtener una desmovilización o una captura por encima de una muerte.

El segundo hallazgo de la Comisión Especial tiene que ver con la indolencia de los comandantes de división y de brigada en investigar lo sucedido. Según los protocolos de justicia internacional, cuando un comandante militar conoce de graves violaciones y no hace nada para investigarlas y castigar a los responsables, puede procesársele como mínimo por incumplir su deber. En algunos casos de otros países, esta actitud negligente se ha calificado de complicidad con el delito, pues ha enviado el mensaje a los subalternos de que no hay problema con que violen la ley. Así por ejemplo, en la División II, el general José Joaquín Cortés, respetado por sus subalternos, había diseñado protocolos especiales para premiar el buen trato a la población civil y a unidades que no tuvieran denuncias por violaciones a los derechos humanos, según dijeron a Semana.com, fuentes que conocían bien su trabajo. El problema fue cuando se le pidió que investigara lo que sucedía bajo su mando en los Santanderes. No fue más allá y se conformó con las explicaciones tibias de sus subalternos. En el caso de la Brigada 14, comandada por el coronel Juan Carlos Barrera, se le pidió insistentemente desde el Comando en Bogotá que investigara lo que se estaba denunciando en su jurisdicción, pero no hizo mayor cosa. Por estas razones fueron retirados del servicio...sigue en http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/encontro-investigacion-falsos-positivos/117189.aspx

2008/10/28

Carta enviada por intelectuales, políticos y periodistas a las FARC

Bogotá DC., septiembre 11 de septiembre de 2008

La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.

En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.

Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.

El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.

No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.

Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.

Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.

Firman (lea la respuesta dando click AQUI )
. Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rujeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto G, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla G, Leopoldo Múnera Ruíz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillen, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva S, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz F, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Silva, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar H, Luís Fernando Medina, Santiago Araoz F, Fabian Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro V, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramirez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Jaime Caicedo T, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero T, Maria Eugencia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo A, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Pepe Sánchez, Claudia Rujeles de Jara, Marta Arango de Lizcano, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto, siguen firmas...

2008/10/21

LA CRISIS FINANCIERA...
y otra vez, las ganancias se individualizan
las perdidas se socializan...
los de siempre -los nuevos y los viejos- ganan
los de siempre -casi siempre son los mismos- pierden

imagen de http://www.discutelo.com/2008/10/crisis-financiera-de-1929-vs-2008/

2008/10/13

LA NATURALEZA ANTIDEMOCRATICA DEL CAPITALISMO EN EEUU, ESTÁ SIENDO EXPUESTA
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Por Noam Chomsky (*)
El desarrollo de una campaña presidencial norteamericana simultánea al desenlace de la crisis de los mercados financieros ofrece una de esas ocasiones en que los sistemas político y económico revelan vigorosamente su naturaleza.
Puede que la pasión por la campaña no sea una cosa universalmente compartida, pero casi todo el mundo puede percatarse de la ansiedad desatada por la ejecución hipotecaria de un millón de hogares, así como de la preocupación por los riesgos que corren los puestos de trabajo, los ahorros y la asistencia sanitaria.
Las propuestas iniciales de Bush para lidiar con la crisis apestaban a tal punto a totalitarismo, que no tardaron en ser modificadas. Bajo intensa presión de los lobbies, fueron reformuladas "para claro beneficio de las mayores instituciones del sistema… una forma de deshacerse de los activos sin necesidad de fracasar o casi", según describió el asunto James Rickards, quien negoció en su día, por parte del fondo de cobertura de derivados financieros Long Term Capital Managemen, su rescate federat en 1998, recordándonos ahora, de paso, que estamos pisando vía ya trillada. Los orígenes inmediatos del presente desplome están en el colapso de la burbuja inmobiliaria supervisada por el presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, quien sostuvo la cuitada economía de los años de Bush amalgamando el gasto en consumo fundado en deuda con la toma de préstamos del exterior. Pero las raíces son más profundas. En parte, se hallan en el triunfo de la liberalización financiera de los últimos 30 años, es decir, en las políticas consistentes en liberar a los mercados lo más posible de regulación estatal.
Las medidas tomadas a este respecto, como era predecible, incrementaron la frecuencia y la profundidad de los reveses económicos graves, y ahora estamos ante la amenaza de que se desencadene la peor crisis desde la Gran Depresión.
También resultaba predecible que los reducidos sectores que se hicieron con los enormes beneficios dimanantes de la liberalización llamarían a una intervención masiva del estado, a fin de rescatar a las instituciones financieras colapsadas.
Tal intervencionismo es un rasgo característico del capitalismo de estado, aunque la escala actual es inaudita. Un estudio de los investigadores en economía internacional Winfried Ruigrok y Rob van Tulder encontró hace 15 años que, al menos 20 compañías entre las 100 primeras en el ranquin de la revista Fortune, no habrían sobrevivido si no hubieran sido salvadas por sus respectivos gobiernos, y que muchas, entre las 80 restantes, obtuvieron substanciales ganancias por la vía de pedir a los gobiernos que "socializaran sus pérdidas", como hoy en el rescate financiado por el sufrido contribuyente. Tal intervención pública "ha sido la regla, más que la excepción, en los dos últimos siglos", concluían.
En una sociedad democrática que funcionara, una campaña política tendría que abordar estos asuntos fundamentales, mirar a la raíz de las causas y de los remedios, y proponer los medios a través de los cuales el pueblo que sufre las consecuencias pudiera llegar a ejercer un control efectivo.
El mercado financiero "deprecia el riesgo" y es "sistemáticamente ineficiente", como escribieron hace ya una década los economistas John Eatwell y Lance Taylor, alertando de los peligros gravísimos que entrañaba la liberalización financiera y mostrando los costes en que, por su causa, se había ya incurrido. Además, propusieron soluciones que, huelga decirlo, fueron ignoradas. Un factor de peso es la incapacidad para calcular los costes que recaen sobre quienes no participan en las transacciones. Esas "externalidades" pueden ser enormes. La ignorancia del riesgo sistémico lleva a una aceptación de riesgos mayor de la que se daría en una economía eficiente, y eso incluso adoptando los criterios más estrictos.
La tarea de las instituciones financieras es arriesgarse y, si están bien gestionadas, asegurar que las pérdidas potenciales en que ellas mismas puedan incurrir quedarán cubiertas. El énfasis hay que ponerlo en "ellas mismas". Bajo las normas del capitalismo de estado, no es asunto suyo tomar en cuenta los costes que para otros puedan tener –las "externalidades" de una supervivencia decente— unas prácticas que lleven, como suelen, a crisis financieras.
La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Hace bastante tiempo que se comprendió que era un arma poderosa contra la democracia. El movimiento libre de los capitales crea lo que algunos han llamado un "parlamento virtual" de inversores y prestamistas que controlan de cerca los programas gubernamentales y "votan" contra ellos, si los consideran "irracionales", es decir, si son en beneficio del pueblo, y no del poder privado concentrado.
Los inversores y los prestamistas pueden "votar" con la fuga de capitales, con ataques a las divisas y con otros instrumentos que les sirve en bandeja la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las que el sistema de Bretton Woods, establecido por los EEUU y la Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial, instituyó controles de capitales y reguló el mercado de divisas. (1)
La Gran Depresión y la Guerra pusieron en marcha poderosas corrientes democráticas radicales que iban desde la resistencia antifascista hasta las organizaciones de la clase obrera. Esas presiones hicieron necesario que se toleraran políticas sociales democráticas. El sistema de Bretton Woods fue, en parte, concebido para crear un espacio en el que la acción gubernamental pudiera responder a la voluntad pública ciudadana, es decir, para permitir cierto grado de democracia.
John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró como el logro más importante de Bretton Woods el de haber establecido el derecho de los gobiernos a restringir los movimientos de capitales.
Por espectacular contraste, en la fase neoliberal que siguió al desplome del sistema de Bretton Woods en los años 70, el Tesoro estadounidense contempla ahora la libre movilidad de los capitales como un "derecho fundamental", a diferencia, ni que decir tiene, de los pretendidos "derechos" garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la salud, a la educación, al empleo decente, a la seguridad, y otros derechos que las administraciones de Reagan y Bush han displicentemente considerado como "cartas a Santa Claus", "ridículos" o meros "mitos".
En los primeros años, la gente no se hizo mayores problemas con el asunto. Las razones de ello las ha estudiado Barry Eichengreen en su historia, impecablemente académica, del sistema monetario. Allí se explica que, en el siglo XIX, los gobiernos "todavía no estaban politizados por el sufragio universal masculino, el sindicalismo y los partidos obreros parlamentarios". Por consiguiente, los graves costes impuestos por el parlamento virtual podían ser transferidos a la población general.
Pero con la radicalización de la población y de la opinión pública acontecida durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se privó de ese lujo al poder y a la riqueza privados. De aquí que en el sistema de Bretton Woods "los límites a la democracia como fuente de resistencia a las presiones del mercado fueran substituidos por límites a la movilidad del capital".
El obvio corolario es que, tras la desmantelación del sistema de posguerra, la democracia se ha visto restringida. Se ha hecho, por consiguiente, necesario controlar y marginar de algún modo a la población y a la opinión pública, procesos particularmente evidentes en las sociedades más aproadas al mundo de los negocios, como los EEUU. La gestión de las extravagancias electorales por parte de la industria de relaciones públicas constituye una buena ilustración.
"La política es la sombra que la gran empresa proyecta sobre la sociedad", concluyó en su día el más grande filósofo social norteamericano del siglo XX, John Dewey, y así seguirá siendo, mientras el poder resida "en los negocios para beneficio privado a través de un control sobre la banca, sobre el suelo y sobre la industria, un poder que se ve ahora reforzado por el control sobre la prensa, sobre los periodistas y sobre otros medios de publicidad y propaganda".
Los EEUU tienen, en efecto, un sistema de un sólo partido, el partido de los negocios, con dos facciones, republicanos y demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio sobre La democracia desigual: la economía política de la nueva Era de la Codicia, Larry Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de clase media crecieron dos veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos, mientras que los ingresos reales de las familias pobres de clase trabajadora crecieron seis veces más rápido bajo los demócratas que bajo los republicanos".
Esas diferencias se pueden ver también en estas elecciones. Los votantes deberían tenerlas en cuenta, pero sin hacerse ilusiones sobre los partidos políticos, y reconociendo el patrón regular que, durante los últimos siglos, ha venido revelando que la legislación progresista y el bienestar social siempre han sido conquistas de las luchas populares, nunca regalos de los de arriba.
Esas luchas siguen ciclos de éxitos y retrocesos. Han de librarse cada día, no sólo cada cuatro años, y siempre con la mira puesta en la creación de una sociedad genuinamente democrática, capaz de respuesta dondequiera, en las urnas no menos que en el puesto de trabajo.
NOTA: (1) El sistema de Bretton Woods de gestión financiera global fue creado por 730 delegados procedentes de 44 naciones aliadas en la II Guerra Mundial que acudieron a una Conferencia Monetaria y Financiera organizada por la ONU en el hotel Mont Washington en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Bretton Woods, que colapsó en 1971, era el sistema de normas, instituciones y procedimientos que regulaban el sistema monetario internacional y bajo cuyos auspicios se creó el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus siglas en inglés) –ahora una de las cinco instituciones que componen el Grupo del Banco Mundial— y el Fondo Monetario Internacional, que echaron a andar en 1945.
Traducción para http://www.sinpermiso.info/ : Casiopea Altisench
(*) Noam Chomsky es profesor emérito de Lingüística en el MIT: Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sus escritos sobre la lingüística y la política han sido publicados constantemente por diversos medios. Este artículo (dice la fuente gringa) apareció primero en el New York Times (pero en los buscadores de http://www.nyt.com/ si bien aparecen varios textos de Chosmky, éste, como tal no lo encontró el autor del blog (...))
Versión en ingles:
Anti-democratic nature of US capitalism is being exposed


NOAM CHOMSKY


en http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2008/1010/1223560345968.html?via=mr
Bretton Woods was the system of global financial management set up at the end of the second World War to ensure the interests of capital did not smother wider social concerns in post-war democracies. It was hated by the US neoliberals - the very people who created the banking crisis writes Noam Chomsky
THE SIMULTANEOUS unfolding of the US presidential campaign and unravelling of the financial markets presents one of those occasions where the political and economic systems starkly reveal their nature.
Passion about the campaign may not be universally shared but almost everybody can feel the anxiety from the foreclosure of a million homes, and concerns about jobs, savings and healthcare at risk.
The initial Bush proposals to deal with the crisis so reeked of totalitarianism that they were quickly modified. Under intense lobbyist pressure, they were reshaped as "a clear win for the largest institutions in the system . . . a way of dumping assets without having to fail or close", as described by James Rickards, who negotiated the federal bailout for the hedge fund Long Term Capital Management in 1998, reminding us that we are treading familiar turf. The immediate origins of the current meltdown lie in the collapse of the housing bubble supervised by Federal Reserve chairman Alan Greenspan, which sustained the struggling economy through the Bush years by debt-based consumer spending along with borrowing from abroad. But the roots are deeper. In part they lie in the triumph of financial liberalisation in the past 30 years - that is, freeing the markets as much as possible from government regulation.
These steps predictably increased the frequency and depth of severe reversals, which now threaten to bring about the worst crisis since the Great Depression.
Also predictably, the narrow sectors that reaped enormous profits from liberalisation are calling for massive state intervention to rescue collapsing financial institutions.
Such interventionism is a regular feature of state capitalism, though the scale today is unusual. A study by international economists Winfried Ruigrok and Rob van Tulder 15 years ago found that at least 20 companies in the Fortune 100 would not have survived if they had not been saved by their respective governments, and that many of the rest gained substantially by demanding that governments "socialise their losses," as in today's taxpayer-financed bailout. Such government intervention "has been the rule rather than the exception over the past two centuries", they conclude.
In a functioning democratic society, a political campaign would address such fundamental issues, looking into root causes and cures, and proposing the means by which people suffering the consequences can take effective control.
The financial market "underprices risk" and is "systematically inefficient", as economists John Eatwell and Lance Taylor wrote a decade ago, warning of the extreme dangers of financial liberalisation and reviewing the substantial costs already incurred - and proposing solutions, which have been ignored. One factor is failure to calculate the costs to those who do not participate in transactions. These "externalities" can be huge. Ignoring systemic risk leads to more risk-taking than would take place in an efficient economy, even by the narrowest measures.
The task of financial institutions is to take risks and, if well-managed, to ensure that potential losses to themselves will be covered. The emphasis is on "to themselves". Under state capitalist rules, it is not their business to consider the cost to others - the "externalities" of decent survival - if their practices lead to financial crisis, as they regularly do.
Financial liberalisation has effects well beyond the economy. It has long been understood that it is a powerful weapon against democracy. Free capital movement creates what some have called a "virtual parliament" of investors and lenders, who closely monitor government programmes and "vote" against them if they are considered irrational: for the benefit of people, rather than concentrated private power.
Investors and lenders can "vote" by capital flight, attacks on currencies and other devices offered by financial liberalisation. That is one reason why the Bretton Woods system established by the United States and Britain after the second World War instituted capital controls and regulated currencies.*
The Great Depression and the war had aroused powerful radical democratic currents, ranging from the anti-fascist resistance to working class organisation. These pressures made it necessary to permit social democratic policies. The Bretton Woods system was designed in part to create a space for government action responding to public will - for some measure of democracy.
John Maynard Keynes, the British negotiator, considered the most important achievement of Bretton Woods to be the establishment of the right of governments to restrict capital movement.
In dramatic contrast, in the neoliberal phase after the breakdown of the Bretton Woods system in the 1970s, the US treasury now regards free capital mobility as a "fundamental right", unlike such alleged "rights" as those guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights: health, education, decent employment, security and other rights that the Reagan and Bush administrations have dismissed as "letters to Santa Claus", "preposterous", mere "myths".
In earlier years, the public had not been much of a problem. The reasons are reviewed by Barry Eichengreen in his standard scholarly history of the international monetary system. He explains that in the 19th century, governments had not yet been "politicised by universal male suffrage and the rise of trade unionism and parliamentary labour parties". Therefore, the severe costs imposed by the virtual parliament could be transferred to the general population.
But with the radicalisation of the general public during the Great Depression and the anti-fascist war, that luxury was no longer available to private power and wealth. Hence in the Bretton Woods system, "limits on capital mobility substituted for limits on democracy as a source of insulation from market pressures".
The obvious corollary is that after the dismantling of the postwar system, democracy is restricted. It has therefore become necessary to control and marginalise the public in some fashion, processes particularly evident in the more business-run societies like the United States. The management of electoral extravaganzas by the public relations industry is one illustration.
"Politics is the shadow cast on society by big business," concluded America's leading 20th century social philosopher John Dewey, and will remain so as long as power resides in "business for private profit through private control of banking, land, industry, reinforced by command of the press, press agents and other means of publicity and propaganda".
The United States effectively has a one-party system, the business party, with two factions, Republicans and Democrats. There are differences between them. In his study Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Larry Bartels shows that during the past six decades "real incomes of middle-class families have grown twice as fast under Democrats as they have under Republicans, while the real incomes of working-poor families have grown six times as fast under Democrats as they have under Republicans".
Differences can be detected in the current election as well. Voters should consider them, but without illusions about the political parties, and with the recognition that consistently over the centuries, progressive legislation and social welfare have been won by popular struggles, not gifts from above.
Those struggles follow a cycle of success and setback. They must be waged every day, not just once every four years, always with the goal of creating a genuinely responsive democratic society, from the voting booth to the workplace.
* The Bretton Woods system of global financial management was created by 730 delegates from all 44 Allied second World War nations who attended a UN-hosted Monetary and Financial Conference at the Mount Washington Hotel in Bretton Woods in New Hampshire in 1944.
Bretton Woods, which collapsed in 1971, was the system of rules, institutions, and procedures that regulated the international monetary system, under which were set up the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (now one of five institutions in the World Bank Group) and the International Monetary Fund (IMF), which came into effect in 1945.
The chief feature of Bretton Woods was an obligation for each country to adopt a monetary policy that maintained the exchange rate of its currency within a fixed value.
The system collapsed when the US suspended convertibility from dollars to gold. This created the unique situation whereby the US dollar became the "reserve currency" for the other countries within Bretton Woods.
Noam Chomsky is professor emeritus of linguistics at the Massachusetts Institute of Technology. His writings on linguistics and politics have just been collected in The Essential Chomsky , edited by Anthony Arnove, from the New Press. This article appeared first in the New York Times
© 2008 The Irish Times
TRISTE HISTORIA DE LA MAFIA... COLOMBIANA
de click sobre http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/1636800/El-cartel-de-los-sapos-y-sus-bellezas.html

2008/10/02

Mátenlos!, cástrenlos!, viólenlos!...y?...
¿Estamos tan enfermos como para que un padre-macho crea que puede planear el asesinato de su cria-hijo y quedar impune? ¿Acaso ya había asesinado a otra hembra con una de sus propias crías, tal cual sucedió recientemente en un municipio Risaraldense con otro macho? ¿Estamos tan atrasados como sociedad humana, para que una hembra-mujer, embarazada, pueda impulsar el asesinato de otra cria-hijo de su macho, a fin de asegurar la manutención-sobrevivencia de su propia cria-hijo? ¿Estamos tan atrasados como sociedad-manada para creer que los responsables de ese asesinato son ese macho y esa hembra y que la manada desconoce responsabilidades sobre lo sucedido?...

Todos somos asesinos en potencia, todos, usted y yo incluidos, y todos lo somos porque todos poseemos el instinto de agresividad, que nos ha hecho el animal superior del planeta…además es un instinto de agresividad que se puede canalizar a través de esa escasísima inteligencia que nos separa de los chimpancés en un 3, un 5, u 7% y eso que dudo que realmente nos separe a todos: algunos son chimpancés asesinos que hablan…

Mátenlos!, cástrenlos!, viólenlos!...y?...y?....supongan ustedes que matamos –nosotros, la manada-sociedad ha ordenado matarlos- a ese macho y a esa hembra…y bueno sigamos, matamos a 100, no, mejor aún matamos uno o dos o tres de cada 10 miembros de la manada-sociedad que están involucrados en esos hechos…o bueno los encarcelamos de por vida…las cárceles endurecen más el corazón y lo pudren más; pero, hay casos donde para evitar mayor mal, en una estrategia integral, la cárcel es un espacio de tiempo para recapacitar y para aprender a ejercer la libertad sin dañar a nadie…¿pero la pena de muerte o la cárcel en verdad solucionan la situación?...es que eso de decir “ustedes los culpables, yo el inocente” es tan fácil…algunos olvidan que cuando se señala con un dedo, hay tres que señalan al que señala y uno que señala al de al lado…

¿Usted sabe cuántos de estos casos se dan en Suecia, en Dinamarca, en Noruega?...”ahh es que eso está muy lejos”, bueno, entonces más cerquita ¿ud sabe cuántos de esos casos se dan en Costa Rica o en Uruguay?....”ahh pero sigue siendo el extranjero”…bueno, ¿usted sabe cuántos de esos casos se dan en las comunidades Paeces, en las comunidades indígenas más organizadas –con sus propias leyes, Gracias a Dios!.- de este país?... lo invito a que consulte el dato…

El problema señores y señoras, es social, es decir, es de todos, el problema es suyo y es mío, todos somos responsables, irresponsables, una minoría por acción, una inmensa mayoría por omisión, pero usted y yo estamos en algún lado. Nuestra sociedad perdió las barreras de control del animal que todos llevamos adentro hace rato…en el 2007 la impunidad, según la procuraduría general de la nación se ubicaba en un 90%...9 de cada 10 delitos quedaban impunes…si esos chimpancés sin pelo que somos ven que en la manada a la que pertenecen 9 de cada 10 acciones “malas” se quedan sin castigo alguno…¿Quién los puede controlar?...incluso ¿podríamos pensar que entonces uno de cada diez miembros de la manada-sociedad-colombiana cumple las leyes?¿y que nueve de cada diez están listos para violar las normas sociales, en pequeño, en micro, o en grande, o creyendo que la solución para incumplir la norma (usted ¿nunca? ha violado una) de la manutención del hijo es asesinándolo?...más análisis, menos pasión, por favor!...y si quieren pasión, una frase espiritual para cerrar: “Con tus besos levantarás a tus muertos”...