2013/05/29

¿Cuál es la función de la Universidad?...(3)

(Finalizamos, aquí la anterior http://ow.ly/ltcIi ) …(…) Entonces sobreviene toda una discusión: ¿qué le interesa a las y los estudiantes universitarios?...Donde las respuestas van desde “nada” hasta “todo” sin agregar las frases que tratan de justificarlas. Pero ello nos lleva al punto anterior. Necesitamos que los estudiantes se interesen tanto en los temas de SU carrera como en las necesidades de SU sociedad. Si se quiere necesitamos que superen su egoísmo, bien propio del neoliberalismo que nos domina, de la cultura del todo por la plata que nos subyuga y avancen a comprender que lo que hagan o dejen de hacer por su sociedad directa o indirectamente a corto, mediano o largo plazo, lo afecta a él y a los suyos.

Es decir debe haber libertad si. Pero debe ser una libertad en medio de tal cantidad de estímulos propugnados por la entidad universitaria que promueva en la y el estudiante el interés, la atracción por aquellas clases, materias, seminarios etc, que le lleven a ser fuerte en sus conocimientos profesionales y fuerte en su compromiso social. No sólo aquellas materias que “le servirán para la carrera”, es decir le servirán para “ser profesional”, cuando lo importante, insisto es que primero “sean” humanos, luego “sean” ciudadanos y sólo después de eso, sólo después…profesionales. De hecho es claro que algunas materias no pueden ser “libres”. Y de igual manera debe suceder con el docente universitario: libertad para formar buenos profesionales, pero primero, excelentes seres humanos y grandes ciudadanos, sin los dos últimos, lo primero es basura[3] (…)
Finalmente, Reiser habla de que el sistema que se viene imponiendo en Europa privilegia la mediocridad. Aquí, desde antes del 2002, hemos tenido algo espantoso: “la promoción automática”. 95% de los estudiantes que han llegado a nuestras universidades sufrieron esa enfermedad: la de saber que estudiaran o no estudiaran, se esforzaran o no se esforzaran, igual iban a pasar al grado siguiente: Aberración de aberraciones. (…)
A ello se ha ligado algo: un sistema de evaluación docente perverso ([4]) que privilegia la sesgada evaluación de las y los estudiantes, donde, especialmente en las universidades privadas, se cocina un acuerdo tácito entre docentes, especialmente esa mayoría de los más débiles contractualmente: los catedráticos, con los estudiantes mediocres, un algo así como “no me rajes en el semestre y yo no te rajo en la evaluación docente”… un “déjame el copy page” …o como dice el renunciante alemán, “permíteme atolondrarme con el embudo de Nuremberg([5])”…sistema que entonces lleva la mediocridad de la promoción automática a una promoción automática universitaria y a un desastre de profesionales, quienes reciben el titulo como la culminación de un tubo en caída a la desgracia, que comenzó (y seguirá) en la educación básica, se extendió a la media y se proyectó mediante ese acuerdo tácito con esa mayoría de los profesores a la educación universitaria. Horror de horrores. 

Reiser nos reta, “¿será que los profesores son cobardes o sólo están cansados?”…eso a la hora del té poco importa. Pienso que las y los profesores y en general quienes estamos vinculados al sistema educativo, ocasionalmente reflexionamos sobre estas cosas. El problema es que esas reflexiones parecen gotas de lluvia en un aguacero, el cual pasa y la vida sigue…aunque a veces somos víctimas de sus inundaciones.
Texto completo en  http://ow.ly/kJxsG
[3] Parte de la basura que nos hace cuestionar la justificación de la existencia de la humanidad sobre un planeta extrañamente creador de vida en un universo tan lleno de materia oscura como el que intentamos conocer.
[4] http://ciberplural.blogspot.com/2008/01/la-cultura-de-la-mediocridad.html
[5] Aprender mecánicamente, de memoria, sin entender realmente.

2013/05/22

¿Empresas Públicas?

Haz Plural V

¿Empresa de telecomunicaciones de Pereira?

@orlandoparrag ciberplural@gmail.com
Hace algunos años el Concejo Municipal funcionaba en la 30 de Agosto. Fueron los años después de un terremoto. En ese sitio se decidió desmembrar lo que eran las Empresas Publicas de Pereira, EEPP. Han pasado cerca de 20 años. Y es bueno hacer un balance.

En esa época se armó una comisión técnica, la cual tuvo entre sus apreciaciones, la posibilidad de que se construyera un holding empresarial público con cada una de las partes de la empresa, pero que estas nunca se independizaran y menos aún se privatizaran…¿le suena?...¿le recuerda a las hoy vigorosas empresas públicas de Medellín, EEPP  http://ow.ly/ljeH8 ?...Recuerdo que el único que, posteriormente, renunció de esa comisión fue nuestro actual secretario de Planeación Municipal, el ingeniero Caro.

¿Qué queda de las otrora empresas públicas de Pereira?. Primero unas altas e injustificadas tarifas de los “servicios privatizados”, digo, “servicios públicos”…Segundo lo que pudo haber sido un holding empresarial que diera constantes rentas a la ciudad, a la ciudadanía que en ella habita; da las rentas, si claro, pero las da a personajes o grupos económicos de Ibagué, de Medellín…el aseo privatizado, el alumbrado privatizado, la energía prácticamente lo mismo, la telefónica puede que sea pública, pero su rentabilidad se va toda para Medellín… ¿Responsabilidad Social Empresarial?, si, claro!...pero en las ciudades de los compradores…y ¿quiénes son los responsables? ¿Ellos, los que vinieron, negociaron, compraron y hoy se llevan las ganancias…o nosotros…?...no!...ese cuento de que el alcalde de turno! los concejales de turno! son los responsables, hay que superarlo: aquí todos somos responsables, sí! unos más que otros! pero todos lo somos!.

Hace poco estuvimos reunidos en el “Ágora Cívica por Pereira” reflexionando sobre estas y otras situaciones. Pero especialmente sobre las decisiones que todos nosotros debemos ayudar a tomar en torno a qué hacer o qué no hacer con el futuro de nuestra minoría accionaria en la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, ahora que nuestro socio estratégico –que parece más dueño que socio…- de EPM acaba de aliarse con una multinacional para jugar en el macro juego mundial, precisamente, de las “telecomunicaciones”…Varias frases expresadas en ese “encuentro ciudadano” :

· “Una decisión tan grande no la puede tomar una sola persona...ni siquiera una junta...hay que oír a mucha gente...y decidir”
·La venta debe ser analizada con cabeza fría y de manera oportuna para no tener que sacrificar precio
· Debe hacerse para reemplazar el activo o para apalancar una inversión estratégica importante
· ¿Quién asume el riesgo jurídico por ejemplo de un detrimento patrimonial? una cosa es ver la corrida y otra ser torero
· “No hay que mirar solo este negocio, se tiene que analizar a la luz de todo el portafolio”
· “Una cosa vale si usted sale a vender...desesperado...y otra si usted sale a comprar
· La oportunidad de la decisión de comprar o vender: hay que evitar la parálisis estratégica
· “Falta información para tomar la decisión” se necesita un ejercicio de prospectiva...
·  Se le ha hecho más “análisis” al costo de oportunidad, que al porqué  sí o no mantener la sociedad
·  “Puede ser posible que el 0,02% de una gran empresa (por ejemplo Microsoft) sea más valioso que el 43,8% de una pequeña empresa (por ejemplo Telefónica de Pereira)”...
·   “¿Seremos capaces de manejar bien el dinero producto de una eventual venta?”

…reflexione… opine… sobre esas acciones, sobre ese bien de la ciudad que vale alrededor de 70 mil millones de pesos… ¡es suyo!

en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/114806-empresa-de-telecomunicaciones-de-pereira

2013/05/19

¿Cuál es la función de la Universidad?... (2)


Haz Plural V

Renuncia a atolondrar... (2)

@orlandoparrag ciberplural@gmail.com
(Seguimos…aquí la anterior:  http://ow.ly/l1BgB  ) ... En las Universidades, ¿Qué tipo de compromiso adquieren los estudiantes frente a la pobreza?, ¿cuál es la pedagogía con la que abordamos el tema de la pobreza, en uno de los países donde más del 34% de la población lo es?...(obvio, la minoría de los miembros de las comunidades universitarias lo son, al menos económicamente…); 

¿qué ética, qué actitud esperamos que asuman en un país permeado a fondo por la cultura mafiosa, como el nuestro, cuando casi todos los colombianos en nuestras familias extensas (y no tan extensas…) tenemos personas que se han vinculado directa o indirectamente al negocio ilegalizado de las drogas?¿cuál es la pedagogía con la que abordamos ese tema?. Y para qué hablar de la violencia: ¿qué hacemos como universidades para que se supere el síndrome de “si le pasó algo fue porque algo debía” en un país donde ya llegamos a premiar, pagando, a fuerzas institucionales por asesinar personas inocentes?… ¿Cuál es la pedagogía para ello?...

General y desafortunadamente esas preguntas centrales se abordan en materias que, a veces con el silencio cómplice de sus directivos, son “costuras” o son “costureadas” por docentes que lo permiten (…). Y cuando se abordan, pocas veces pasan de la “docencia” a la “investigación” y especialmente a donde deberían hacerlo: al compromiso implícito de la “proyección social”

Eh allí tal vez la primera gran reflexión-tarea que deja “la renuncia de Reiser” (http://ow.ly/kJxk2) de la que venimos hablando. Insistir en la necesidad que se privilegie la formación del Humano sobre la del Ciudadano y más aún sobre la del Profesional, pues de nada le sirven a un país profesionales sin compromisos ciudadanos y alejados de la humanidad…una humanidad que se resume en una frase: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. O al menos lo intentarás, lo intentarás en la práctica: agregaría…

Así la pregunta es más compleja: ¿cuáles son los mecanismos académicos y administrativos que garantizan en las universidades colombianas un compromiso real de los futuros profesionales para enfrentar -entre otros- la pobreza, el narcotráfico y la violencia?

La otra pregunta que nos hace Reiser es sobre la libertad… nos recuerda la libertad con la que gozaban los estudiantes de las universidades construidas a partir del modelo parisino que tiene sus raíces en el Medioevo. Y nos recuerda la libertad que necesitan los docentes para ejercer sus tareas. Este es un tema complejo. De hecho casi todos los temas relacionados con la educación lo son. La ciencia nos ha venido enseñando varias cosas, por ejemplo, que nuestro cerebro opera y aprende más con imágenes; que nuestro cerebro aprende más cuando se siente atraído por ese conocimiento, cuando se encuentra estimulado por y para ello… Sigue… (Texto completo en http://ow.ly/kJxsG )....

 Buena noticia: La Calle de la Fundación. El inicio de sus obras...Todo un reto: Dependerá de la autoridad, de los recursos, y de la institucionalidad pública y privada que sea la vía “de mostrar”… (¿como lo fue la Sexta?)… dependerá de todos nosotros: de usted también.

2013/05/14

ABC para entender La Habana + ABC para entender la negociación con las Farc + ABC para entender el final del conflicto armado interno Colombiano


Transición en Colombia ante el proceso de paz y la justicia

Juan Camilo Restrepo
Juan Camilo Restrepo en un acto de restitución de tierras en Mampuján.

Texto de la conferencia que el Alto Comisionado para la Paz dictó en la Universidad Externado.

Para entender los dilemas jurídicos del proceso de paz y de la justicia transicional, hay que entender primero el concepto de ‘transición’. Por eso voy a hablar de lo que sería la transición colombiana, y luego de los dilemas de la justicia.
Pero antes quiero partir de dos premisas básicas. La primera: que Colombia lleva casi 50 años en guerra y esa es una situación inaceptable. La segunda: que estamos ante la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin. Lo digo porque llevo más de un año hablando en La Habana con las Farc y estoy convencido de que la oportunidad es real.
Estamos entonces ante un momento de decisiones como solo se presenta una vez en una generación. Eso no se nos puede olvidar.
Esta oportunidad no salió de la nada. Lo dijo el presidente Santos: los astros están alineados; y no están alienados por arte de magia, sino porque ha habido un trabajo paciente de construcción que puso en marcha el Presidente y que ha tenido varios pasos.
El primero fue reconocer que uno no cura una enfermedad, ni resuelve un problema, si no llama las cosas por su nombre. Y el nombre de este problema es ‘conflicto armado interno’. Valga decir: conflicto con las Farc y con el Eln, y con nadie más.
El segundo, poner en primera fila a las víctimas, con la Ley de Víctimas. La garantía de los derechos de ellas es la base del proceso.
El tercero, crear un entorno internacional favorable, asegurando que la región sea un soporte para la paz de Colombia, y no un impedimento. Eso es lo que han logrado el Presidente y su Canciller con su estrategia de impulsar la integración regional.
El cuarto, abrir un espacio constitucional para la justicia transicional, el llamado Marco Jurídico para la Paz, al que me referiré más adelante.
Y el quinto, armar un proceso metódico para llegar a la paz, un proceso que tiene su centro de gravedad en la idea de terminar el conflicto para poder pasar a una fase de construcción de la paz, es decir a una fase de transición.
La idea de la transición se deriva del primer punto del Acuerdo General que firmamos el pasado mes de agosto con las Farc, que dice: “Hemos acordado: I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas (…) con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”. Una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de la paz.
Eso quiere decir que hasta que no se firme ese Acuerdo Final, nada cambia en el terreno: no habrá cese del fuego y no habrá despejes. Pero también que una vez firmemos, todo cambia, porque entramos en esa fase de construcción de paz sin armas, sin la presión y coerción de las armas. Entramos en la transición. Uno podría decir que ese es el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin.
El fundamento de la transición serán los acuerdos a los que lleguemos en La Habana, en desarrollo de los puntos del Acuerdo General, que no incluyen todos los asuntos de la vida nacional. Son cinco puntos sustantivos –más un sexto de garantías– que tienen que ver directamente con la terminación del conflicto y que forman un ‘núcleo duro’ de problemas que hay que resolver para hacer posible la paz, independientemente del color político o la ideología de cada quien. Todo lo demás es parte de la contienda política que se gana con votos en democracia.
Estos puntos los ha explicado el Presidente; hago un breve resumen.
El desarrollo agrario: el Gobierno piensa que sin una transformación profunda del sector rural que rompa el círculo vicioso de violencia en el campo –que causa pobreza, que alimenta más violencia– y cree un círculo virtuoso de bienestar y estabilidad, no estaremos garantizando la no repetición del conflicto.
La participación política: todos los procesos de paz exitosos en el mundo llevan a una transformación de los grupos armados en movimientos políticos, eso es precisamente la transformación de un conflicto. Y la base de esa transformación son las garantías. Garantías para los grupos: que puedan participar en igualdad de condiciones y sin riesgos de seguridad; y garantías para la sociedad: que se rompa para siempre el lazo entre la política y las armas, como dijo el Presidente.
El fin del conflicto: este es un proceso para terminar. Con la firma del Acuerdo Final –como acordamos en el Acuerdo General– comienza un proceso integral y simultáneo de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las Farc, y de puesta en marcha de garantías de seguridad.
El problema de las drogas: el proceso de paz no va a resolver el problema del crimen organizado, pero sí puede contribuir a reducir radicalmente su expresión territorial y, sobre todo, a sacar de la trampa de los cultivos ilícitos a decenas de miles de colombianos.
Los derechos de las víctimas: sobre esto hablaré más adelante.
Y la implementación, verificación y refrendación: el paso a la transición depende más que nada de la solidez del sistema de garantías que se establezca. De nuevo: garantías para las Farc, y garantías para la sociedad.
En sentido estricto, en La Habana no estamos negociando estos puntos; estamos construyendo acuerdos que establezcan las condiciones y las tareas que cada quien tendrá que cumplir para hacer posible la construcción de la paz.
Tomemos el caso de las víctimas. El Acuerdo General contiene –por primera vez– un punto sobre las víctimas. Pero no se trata de negociar los derechos de las víctimas. El Gobierno ha dicho insistentemente desde el año pasado que se trata más bien de ver cómo este y las Farc van a responderles a las víctimas en sus derechos en un escenario de fin del conflicto.
El centro de gravedad del proceso, repito, es la idea de pasar la página para entrar a una nueva fase, una fase que hemos llamado la Fase III y que en realidad es la transición. El punto entonces es quitar el conflicto y el problema de las armas del camino para poder hacer, para poder implementar, para poder reconstruir. El propósito de la transición es precisamente permitir la transformación y la reconstrucción.
Y si a algunos les parece fuera de lugar el término ‘reconstrucción’, basta que se den un paseo por las escuelas abandonadas y derruidas en el oriente antioqueño a causa del desplazamiento, o por los pueblos míseros a orillas del Atrato, confinados tantas veces por los grupos armados. Hay que reconstruir el campo colombiano.
*
¿En qué consiste la transición? El primer elemento de la transición es la temporalidad. Es decir: pongámonos una meta en el tiempo –una meta de diez años, por ejemplo– para hacer realidad todas esas cosas que se están acordando.
El segundo es la excepcionalidad. Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente intensidad e impacto para lograr las metas de la transición.
El tercer elemento –el más importante– es la territorialidad. Permítanme decir lo siguiente: si uno lo piensa bien, en Colombia no ha habido un verdadero proceso de paz. Ha habido procesos exitosos en el pasado con diferentes grupos –M-19, Epl, Crs– pero no ha habido un proceso de paz territorial, no ha habido un proceso de paz que se instale en las regiones y logre el verdadero cierre del conflicto, que es la visión y la obsesión del presidente Santos.
El error histórico ha sido pensar que un proceso se trata simplemente de la desmovilización de unos grupos, sin pensar en transformar los territorios, sin pensar en cambiar radicalmente las condiciones en el terreno.
Cojamos el ejemplo de Urabá. En esa región hay personas que se desmovilizaron del Epl para luego pasar por los diferentes grupos paramilitares que con el tiempo brotaron en esa fauna –Accu, Bananeros, Élmer Cárdenas, Héroes de Tolová– y hoy siguen dando vueltas por el golfo y el sur de Córdoba con la etiqueta de ‘Urabeños’, dedicados al narcotráfico.
La paz no se trata de recibir un fusil para entregar un taxi o una panadería. Se trata, repito, de quitar las armas del camino para poder transformar unos territorios y reconstruir el pacto social en las regiones. Para garantizar que no vuelva a haber guerra. Y eso, a juicio del Gobierno, se logra de dos maneras.
Una es ampliar el alcance y fortalecer la efectividad de las instituciones en el territorio. Eso se viene haciendo de tiempo atrás, es costoso y trabajoso, pero el ciudadano del Catatumbo, de Arauca o del Putumayo tiene que sentir que sus derechos valen tanto para el Gobierno como los de los habitantes de Bogotá o Medellín.
La otra es construir desde abajo, apoyados en la fuerza y la capacidad de organización de las comunidades. En Colombia sobran ejemplos admirables de construcción de paz desde abajo, pero una cosa es lo que se puede hacer en medio del conflicto, y otra sin conflicto y sin armas acosando a la población.
Eso me lleva un cuarto elemento de la transición, que es la participación.
Como ya dije, en La Habana estamos construyendo unos acuerdos que serán la base de la transición. Pero esos acuerdos solo establecen el ‘qué’. Para el ‘cómo’ se van a hacer las cosas en el terreno, con qué prioridades, no las van a decidir el Gobierno y las Farc, eso lo va a decidir toda la ciudadanía en las regiones, en un gran ejercicio de participación y construcción conjunta de la paz en una fase posterior de transición.
Un ejercicio, sobra decirlo, sin armas. Uno podría decir que para ganarse el derecho de participar en la transición hay que dejar primero las armas. Esa es la visión que está detrás del Acuerdo General del año pasado: se firma y comienzan simultáneamente la dejación de armas y la implementación de lo acordado.
La construcción conjunta de la paz requiere que abramos en las regiones nuevos espacios de participación, de debate, de sana deliberación democrática entre personas que se tratan como iguales en sus derechos y libertades –entre autoridades, comunidades, víctimas, agricultores, ganaderos, empresarios, comerciantes y también excombatientes reincorporados– para discutir cómo vamos a implementar esas cosas que se acuerden.
Tenemos además que pensar en nuevas formas de organización de las comunidades para sacar adelante la transición, dentro de la actual organización político-administrativa del Estado, que no está en discusión. Por ejemplo: si se va a desarrollar un nuevo programa de vías, o de distritos de riego, o de pequeños acueductos para llevar agua potable, perfectamente pueden ser las comunidades las que se organicen para priorizar, construir, administrar y mantener esas obras, bajo la supervisión de las autoridades municipales.
Esos espacios de deliberación democrática pueden ser también espacios de reconciliación. No en el sentido del perdón, que es algo que le corresponde a cada quien decidir en su propia conciencia y en su corazón, sino en el sentido de aceptación de unas mismas reglas de juego por parte de todos, la reconciliación en el sentido de trabajar alrededor de ese propósito común que es la construcción de la paz en el territorio.
De lo que se trata entonces es de lograr una verdadera movilización de la sociedad alrededor de la paz en una fase de transición.
**
Paso ahora a la segunda parte: los dilemas de la justicia.
La idea de la transición es también una idea normativa: se transita hacia el cumplimiento, o el restablecimiento, o el fortalecimiento de un orden o de unas reglas de juego, por las que se mide el éxito mismo de la transición. Es en ese punto donde se cruzan los esfuerzos de reconstrucción de la transición con los dilemas de la justicia.
Si la reconstrucción después de medio siglo de conflicto tiene varias dimensiones, necesariamente la justicia –la justicia entendida como el conjunto de principios y reglas fundamentales que guían y limitan el comportamiento de la política y la sociedad– también las tendrá que tener. Más dimensiones de lo que nos hemos acostumbrado a llamar ‘justicia transicional’.
Comienzo con la dimensión más práctica, que voy a llamar el problema de la justicia territorial. Es todo lo que hay que hacer en los territorios para restablecer y proteger los derechos de propiedad sobre la tierra. El Gobierno ya comenzó el programa de restitución de tierras para devolver a cada quien lo que fue suyo y el conflicto le quitó; y que en un escenario de transición, sin conflicto, tendría un impacto mucho mayor.
De manera similar, el conflicto sirvió –como es bien sabido– para que con plata de la droga y de todo tipo de actividades ilegales se adquirieran las mejores tierras del país; y para que con violencia y corrupción se despojara al Estado de enormes cantidades de baldíos.
En ambos casos se trata de reversar los efectos del conflicto sobre el territorio y la propiedad de la tierra; y para eso hay que utilizar mecanismos ágiles de excepción durante un tiempo limitado de transición.
Todo este esfuerzo debe llevar además a un fortalecimiento del alcance de la justicia y del imperio de la ley en el territorio, que es la verdadera garantía de no repetición.
Una segunda dimensión de la justicia en la transición, que no solemos mencionar, es la dimensión distributiva. Si le estamos apostando a una paz territorial luego de medio siglo de conflicto, esa paz tiene que ser inclusiva, tiene que atender las necesidades de todos. De las víctimas por supuesto, pero también de quienes sin ser víctimas directas sufrieron los efectos de la guerra en el territorio. No nos podemos olvidar de todos aquellos que no se fueron de sus casas, que padecieron el conflicto, que se empobrecieron con el conflicto y que requieren una atención especial.
Tenemos que distribuir, y sobre todo tenemos que distribuir tierras; con los bienes y capacidades para hacer uso de ellas. Para eso tendremos que hacer una ponderación justa entre los derechos de las víctimas directas y las necesidades de los más desposeídos en el campo.
La tercera dimensión la voy a llamar simplemente la dimensión de la justicia transicional, en su sentido habitual: la satisfacción de los derechos de las víctimas en una transición. Con ese fin, el Gobierno promovió con el Congreso primero la Ley de Víctimas y luego el llamado Marco Jurídico para la Paz. Al respecto dos comentarios.
Primero: el Marco exige que sea el Ejecutivo quien mediante una ley estatutaria ‘active’ ese instrumento constitucional. Eso no ha ocurrido, y no va a ocurrir mientras que el presidente Santos no lo decida. Digo esto para resaltar que toda la discusión actual sobre el Marco es necesariamente pura especulación. El Gobierno no ha tomado una decisión, ni se ha presentado un proyecto.
Segundo: dentro de toda esa especulación se usa y abusa del concepto de impunidad. La impunidad se mide necesariamente según el grado de satisfacción de los derechos de las víctimas. Nosotros pensamos que el error ha sido concentrarse simplemente en los victimarios. En el centro de la atención deben estar las víctimas, que es a lo que obliga el Marco: a dar el máximo posible de satisfacción a sus derechos en la transición.
No voy a tratar todos los elementos del Marco –su carácter excepcional, su constitucionalización de los derechos de las víctimas, su propuesta de una solución global que incluya a todos quienes hayan participado en el conflicto–, quiero solamente insistir en su aspecto central, que es la idea de una estrategia integral.
‘Integral’ en dos sentidos: una estrategia que integre y pondere los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; pero también integral en el sentido de que permita abarcar el máximo de violaciones que se hayan cometido.
Los que insisten en lo contrario, en pensar que se pueden investigar caso a caso las violaciones de 50 años de guerra, francamente se están diciendo mentiras. Lo que vamos a encontrar al final es una impunidad de facto. Sabemos ya que de esa manera nunca vamos a llegar al fin, y que tenemos que hacerlo de una manera más inteligente.
El Gobierno ya comenzó esa tarea con la Ley de Víctimas. Pero otra cosa es lo que se podría hacer si firmamos un Acuerdo Final. Sería una oportunidad extraordinaria para poner en marcha esa estrategia integral en una fase verdaderamente transicional, en una fase de cierre.
En materia de verdad, uno podría decir que en Colombia se produce mucho conocimiento –eso lo hace todos los días el Centro de Memoria Histórica–, pero hay más bien poco reconocimiento; y nos falta también esclarecimiento: hay miles de familias de secuestrados y de desaparecidos que no saben qué ocurrió con sus seres queridos. Una fase de transición tiene que llevar necesariamente a que se les dé respuesta a esas familias, una sociedad no puede funcionar con tantas heridas abiertas, con tantos traumas privados.
En materia de reparación, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa, pero si tenemos paz en el territorio, son otras las cosas que se pueden hacer en cuanto al reconocimiento de las víctimas, a verdaderas garantías de no repetición, a la reconstrucción de la confianza en las instituciones y en las normas –en las reglas de juego– que es, como ha dicho con razón Pablo de Greiff, uno de los peores efectos de la victimización.
Y en materia de justicia, quiero decir lo siguiente. Lo primero: en el caso de las guerrillas que están en conflicto con el Estado, a diferencia de los paramilitares que –curiosamente– vivían en el anonimato judicial y solo salieron de él con Justicia y Paz, no partimos de cero: la justicia colombiana ha sido implacable con las Farc y con el Eln. Las personas con las que estamos conversando en La Habana tienen docenas de condenas y de órdenes de captura por todo tipo de delitos.
¿Cuál será el tratamiento en una fase de transición? Eso va a depender justamente de esa estrategia integral: de un adecuado tratamiento de los derechos de las víctimas que deberá quedar consignado en una ley; una ley que se discutirá abierta, democrática y transparentemente. Y dependerá también de lo que las Farc y, eventualmente, el Eln estén dispuestos a hacer frente a sus víctimas. Si los victimarios no son sujetos activos de la estrategia integral, no hay ninguna posibilidad de solución.
Lo que nadie puede decir es que habrá impunidad. Lo que estamos presenciando hoy es un espectáculo en la discusión sobre la impunidad, en unos casos de buena fe, pero en otros de una serie de personas que yo llamaría ‘punitivistas de última hora’ que hace diez años estaban apoyando amnistías para los grupos paramilitares y hoy quisieran ser la Inquisición.
La posición del Gobierno en ese tema es muy sencilla: en Colombia no habrá amnistía general para estos grupos. El único camino es una estrategia integral de justicia transicional, sobre la base de condicionalidades que garanticen la integralidad, en la que todos van a tener que poner y que necesariamente tendrá que enmarcarse en las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Esto tiene también consecuencias para los temas de participación. Aquí hay que saber distinguir: una cosa es una futura participación política de las Farc y, eventualmente, del Eln –como organización, luego por supuesto de convertirse en un movimiento político en la legalidad, para lo que no hay ningún impedimento–, y otra cosa son los individuos, cuya participación dependerá de lo que ocurra en esos procesos de justicia transicional. Como ha dicho el Gobierno, se decidirá caso por caso.
***
Termino con una última dimensión jurídica de la transición: el problema de la refrendación.
Como lo ha dicho el Presidente, un Acuerdo Final tendría un mecanismo de refrendación popular. Serán todos los ciudadanos los que voten si aprueban o no el Acuerdo, y por eso lo que acordemos estará siempre condicionado por ese voto. Ahí habrá una oportunidad para que quienes están dedicados a la más aguerrida oposición al proceso expresen su desacuerdo democráticamente, en lugar de estar desinformando sistemáticamente a la sociedad, que es lo que están haciendo.
El instrumento jurídico para la refrendación no se ha decidido. Pero lo que está claro es que no es una Asamblea Nacional Constituyente. Uno no hace una Constituyente para refrendar unos acuerdos de paz, ese no es su propósito, sino para crear un nuevo ordenamiento jurídico de la nación. Que es lo contrario de lo que se trata este proceso: se trata más bien de transformar la realidad para poner el último eslabón de la Constitución del 91, de cerrar el círculo y dedicar todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad a materializar esa promesa de protección de los derechos fundamentales que contiene la Constitución.
Quiero insistir en que estamos ante una oportunidad real, una oportunidad única, tal vez la última oportunidad de poner fin de manera organizada y productiva al conflicto armado en Colombia.
Me preocupa que en los ambientes urbanos a veces se banaliza la importancia de terminar el conflicto. Se dice que no desaparecerán los narcos, que de todas maneras habrá inseguridad, que siguen los atracos. Claramente un Acuerdo Final no pondrá fin a todos los males de la nación. Pero nada podría ser más importante para este país que pasar la página del conflicto, absolutamente nada.
Para eso tenemos que lograr una verdadera movilización social en los territorios alrededor de la idea de la construcción de la paz. Más que un acto de fe, necesitamos un acto colectivo de imaginación de lo que sería la transición; la transición con tiempos, con metas y con todos arremangados trabajando para un mismo propósito.
A eso le estamos apuntando, no a conversar por conversar. El Gobierno no tiene ningún interés en pasarse el tiempo hablando con las Farc en La Habana. Lo que queremos es llegar lo más pronto posible a la firma del Acuerdo Final para poder entrar en esa nueva fase, que es la preocupación diaria del presidente Santos.
Una fase de transición en la que todos vamos a tener que poner, una fase que no va a ser fácil, que puede ser dolorosa, pero que es la mejor opción que tenemos de encontrar un fin digno para todos; insisto, para todos, a esta guerra de 50 años.
SERGIO JARAMILLO
Especial para EL TIEMPO

2013/05/13

¿Tiene sentido una negociación con las Farc sin que entreguen toda su red criminal?

Enviar a un amigo     Versión para imprimir     Descargar en PDF




Luis Jorge Garay: "El sistema político no ha tomado la decisión de romper totalmente con la ilegalidad"

Luis Jorge Garay estuvo en el país presentando su libro Redes Ilícitas y reconfiguración de Estados, uno de cuyos capítulos es sobre Colombia.
Fotos: Juan Pablo Pino

Luis Jorge Garay se ha aproximado a la criminalidad y la corrupción en Colombia desde un enfoque muy diferente al tradicional. Primero, abordó el concepto de la captura del Estado, para analizar cómo los grupos de poder aprovechaban su influencia para lograr leyes y regulaciones a favor suyo y no del interés general. Después, comenzó a aplicarlo para analizar cómo los grupos ilegales habían capturado el Estado y comenzado a reconfigurarlo.
En su último libro, Redes Ilícitas y Reconfiguración del Estado, usando la metodología de análisis de redes, profundiza ya en casos concretos de captura del Estado. Analiza específicamente la toma del Congreso y la penetración del DAS por parte de los narcoparamilitares durante el primer gobierno de Uribe.  Para eso utilizó casos ya judicializados en Justicia y Paz. El conocimiento que Garay ha acumulado es uno de los marcos teóricos para la nueva aproximación de la Fiscalía de Eduardo Montealegre al concepto de "macrocriminalidad".  
Su tesis es que hay que entender que las organizaciones criminales actúan en forma de red y que estas redes están constituídas por unos criminales pero también por unas personas que operan en la legalidad, que son "gente divinamente" pero que sirven de puente entre ese mundo ilegal y el Estado y las empresas que operan a la luz del día. Y que si esos enlaces entre ambos mundos no se identifican y se castigan, de poco servirá que la Fuerza Pública capture un capo todas las semanas, pues la estructura criminal se reproducirá.
La Silla Vacía lo entrevistó.
La Silla Vacía: ¿Por qué es importante usar el análisis de redes para comprender lo que sucedió en los últimos años con la reconfiguración del Estado desde adentro por parte del narcoparamilitarismo?
Se parte de un principio básico criminológico: las nuevas redes ya no son estructuras jerárquicas como lo fue el Cartel de Pablo Escobar, sino estructuras cada vez mas especializadas horizontalmente en red, con campos de especialización, puentes estructurales que conectan los sectores ilegales y los “grises” que están en la legalidad y son cruciales para el funcionamiento de las redes ilícitas transnacionales y para su reproducción. Ser una estructura más horizontal y flexible, hace a estas organizaciones más resilientes ante choques tanto internos como externos. 
¿Quién sería un agente gris?
Un banquero o un cambista que se dedica a lavar dinero a la criminalidad dentro de sus actividades legales. Un militar que, en vez de atacar al criminal, le permite actuar en el territorio. Un agente del Das, o el director, que en vez de perseguir a los criminales filtra información para permitirles tener acciones más tranquilas. Un congresista que mediante un acuerdo político con la criminalidad busca tramitar proyectos de ley para favorecerlos. El accionar de los actores grises que una vez juzgados se vuelven criminales es esencial para entender la criminalidad. 
¿Cómo cambia esto la concepción tradicional del derecho penal?
La concepción tradicional penal se enfoca en un victimario, o un ilegal, que comete un hecho delictivo en contra de la víctima. Cuando el enfoque es a partir de las redes, cada vez se vuelve más importante entender las acciones legales o grises para ese funcionamiento. Ya no todas la relaciones de la red son criminales; en apariencia son legales, pero si se enmarcan en el contexto para el cual se cometieron se entiende que son ilegales. No es lo mismo tener un acuerdo político para favorecer intereses criminales que un acuerdo para sacar adelante un objetivo de interés común. Lo importante es el contexto.


La red de Jorge 40


No basta con abatir o capturar a los grandes criminales, si no se desmontan simultáneamente los puentes estructurales de las zonas grises.”– LJG
Usted estudió la red asociada al jefe paramilitar Jorge 40. ¿Qué fue lo más interesante que encontró?
Dentro de toda la documentación judicial y procesal de Jorge 40, un dato revelador era que había sustituído parcialmente instancias del Estado. Firmaba los convenios que establecía con agentes grises en el mundo empresarial, político o de funcionarios públicos. Eran acuerdos para el manejo de parte de los recursos del sistema general de preferencias. Acuerdos para asignar la contratación pública a empresas que contaban con su aval, o para transferir dinero de regalías a estas organizaciones. Había un nivel de institucionalización de relaciones entre lo gris, lo legal y lo abiertamente criminal.
En segundo elemento es que en el caso de Jorge 40 se encontró que la captura del Estado fue de lo local hacia arriba. Llegó a su máxima expresión con la captura de parte del legislativo y parte del Das. No está judicializado hasta donde llegó en el sistema judicial.
Lo tercero que es interesante es la complejidad del entramado de las subredes. En lo político, estaba el senador Álvaro García, que se encargaba de las relaciones con los políticos del nivel local, regional y nacional, con alcaldes, concejales, en siete departamentos de la Costa Atlántica. La complejidad de las relaciones entre Jorge 40 y multiplicidad de agentes de la red casi no se ve en otros casos.
¿Qué explica que Jorge 40 tuviera relaciones directas con tantos agentes en las redes?
La única explicación es que Mancuso y Jorge 40 todavía tenían una respetabilidad social en sus regiones gracias a su origen social, cosa que no tuvo, por ejemplo, Martin Llanos, que era hijo de un abierto criminal y no tenía capacidad de interactuar directamente con la institucionalidad.  Tenía que hacerlo a través de la alcaldesa de Monterrey.
Esto significa que si Jorge 40 hablara se podría desarticular realmente la red que giraba alrededor suyo
Ese es un punto crucial. Una vez la captura avanza tanto que compromete incluso instancias de instituciones, el desmonte de estas redes es muy difícil porque ya existe un capital social perverso y una institucionalización. Ahí viene un tema que es crucial, que es la nueva visión de inteligencia y seguridad. No basta con abatir o capturar a los grandes criminales. Si no se desmontan simultáneamente los puentes estructurales de las zonas grises ese capital social continúa intocado y se coloca al mejor postor y eso es lo más perverso. Toca desvertebrar todo el esquema social e institucional gris y supuestamente legal.
¿Se logró algo de eso en Justicia y Paz?
El proceso en Justicia y Paz tuvo un elemento muy importante y es que los fiscales lograron ubicar muy rápidamente que lo político formal era muy importante. Antes no había precedente de esto. Ellos proveyeron información crucial a la Corte Suprema que fue muy importante para la investigación de casi el 30 por ciento del Congreso.
El problema es que al tener que cambiar la perspectiva penal tradicional, los fiscales se concentraron en los hechos de criminalización pura, tradicionales, que son claves: quién mató a quién. Pero no entraron a estudiar otro tipo de relaciones que son determinantes como las de financiación. Es muy poco lo que se avanzó porque los capos no han querido sino hablar sobre victimización.
¿Por qué cree que no hablan de los financiadores?
El que mas habló fue Hazbun, que dio una lista de 400 empresas, pero en general no han hablado de financiación de empresarios sino solo de narcotraficantes y hubo muchos financiadores que no eran narcotraficantes. Algunas razones es que hay todavia unas relaciones existentes y que esos agentes grises son poderosos. Pensando que van a ser liberados con penas débiles en Estados Unidos y vuelven a Colombia les conviene mantener ciertas relaciones con estructuras de poder gris o legal.
Con los militares igual, no han involucrado a muchos militares pese a que varios agentes participaron directa e indirectamente. Han hablado mucho de exmilitares ya muertos. Con los políticos igual. Lo de los políticos se supo fue porque se descubrió el Pacto de Ralito porque ahí estaban las firmas. Ninguno habló de eso en un principio. Han tenido una posición estratégica.
¿Eso explica que extraditen a 12 capos y que esto no haya tenido un impacto sobre el negocio?
Es porque hay una zona gris y supuestamente legal muy poderosa que acumula el poder capital perverso. Son las que permiten la reproducción. Muchos hablan de las fuerzas oscuras pero no se trata solo de eso. Son agentes claves que están en la legalizdad.
¿Quiénes eran los agentes grises en la red de Jorge 40?
Álvaro García Romero, Dieb Maloof, Salvador Arana y otros congresistas. También está el caso de Jorge Noguera y el del “ventilador del Das”, que  muestra una subred de inteligencia. No sabemos nada de empresarios, muy poco de militares, muy poco de hacendados y de terratenientes. Lo van a sacar de Justicia y Paz porque no ha dicho nada. Es para volver al país sin que tenga enemigos claros. Mancuso tuvo contradicciones por presiones sobre familiares y hablaron muy poco. Parece una estrategia coordinada de presionar un poco al Establecimiento involucrado al decir ‘vamos a hablar mas’ pero siempre esperando no tener una confrontación directa a la espera de tener un mejor futuro para ellos.
 
 Llama la atención que hay actividad creciente de subgrupos de las Farc con otros mercados ilegales como el coltán"
Cambiando un poco el foco, ¿qué implicaciones tiene para el proceso de paz que también sea una red criminal?
Mi opinión es que en las Farc hay todavía una cúpula política con unos regimientos que mal que bien están bajo su control y comprometidos en un proceso de negociación y que quieren una participación política en el futuro en el país. Hay que apoyar el proceso de negociación. Pero eso no va a desactivar el conflicto tradicional.
¿Por qué?
No podemos saber qué porcentaje de la guerrilla está involucrado en actividades abiertamente ilegales en asocio táctico con las Bacrim. Y crecientemente hay información de inteligencia y de la Fiscalía sobre su relación con organizaciones poderosas como el Cartel de Sinaloa, alrededor no solo del narcotráfico, sino que están integrando mercados ilegales, como la minería criminal. Un subgrupo de las Farc está involucrado en este proceso. ¿Qué porcentaje? No sabemos, pero es un grupo poderoso.
Llama la atención que las Farc en un principio tuvieron relaciones con Eta y con la organización mafiosa italiana 'Ndrangheta, con las que había intercambio de explosivos y armas por cocaína. Eso está en fallos y sentencias en Italia y España. Pero más recientemente, hay actividad creciente con otros mercados como el coltán. No está judicializado. Hay información sobre relaciones de las Farc alrededor de oro en Antioquia con el Cartel de Sinaloa y con los Rastrojos.
¿Tiene sentido una negociación con las Farc sin que entreguen toda su red criminal?
Uno de los puntos de la agenda es el desmonte del narcotráfico. Pero no solo es importante el desmonte del narcotráfico sino de todos los mercados ilegales en los que están involucrados. La duda es qué tanto la cúpula de las Farc conoce lo que estan haciendo en la región.  Tengo mis serias dudas de que tengan conocimiento. Uno de los objetivos de la negociación es que develen cómo parte de la estructura está involucrada en el negocio. Pero ellos no lo aceptan, es un tema muy crucial en la negociación. La preocupación es que si no se avanza en ese sentido, ese porcentaje va a seguir como una organización transnacional ilícita en la región con carteles internacionales. Hay evidencia de que cada vez hay más italianos en Colombia.
¿Si?
Hace poco arrestaron seis capos italianos en Colombia. Estan teniendo que venir a negociar directamente el envío de droga a Italia, a través de África, y no sabemos el hueco negro de Venezuela. Esto se ha transnacionalizado. Y no solo es coca. En el libro que hemos hecho con Mejico, sobre la Familia Michoacana, hay un caso muy famoso de un comerciante joven chino que se instaló en el DF y tenía negocios en Miami. A veces los carteles que se matan en el territorio llegaban donde este chino, para mandar coltán y pactar el lavado de dinero en China, que es muy laxo para lavado de capitales. Se usaba parte de ese dinero para importar sustancias claves para drogas sintéticas que son fabricadas por el Cartel de Sinaloa. Era una triangulación perfecta. Al chino le encontraron en su casa 200 millones de dólares en billetes. Esta en Maryland en la cárcel. Eso demuestra en que nivel estamos.
¿Cuáles son esos nuevos mercados que están integrando las redes criminales?
El de coltán es un mercado super valorado. El oro es el mejor artículo, porque no solo tienen ganancias sino que lo lavan todo. El oro es una moneda patrón, lo exportan, lo sobrefacturan, y logran una legalización perfecta.
¿Cómo opera este mercado criminal del oro?
Si uno logra tener poder territorial, puede entrar y explorar oro fácilmente. Requerirá ingenieros, los grises y los legales. En el territorio se apropian del subsuelo como antes se apropiaron del suelo. Por eso es mi miedo es que, dadas las condiciones de Colombia, donde no se sabe ni qué se exporta ni a cuánto, se pueda desarrollar una mineria criminal a favor de organizaciones ilícitas transnacionales. 
¿Usted es partidario de congelar la explotación minera?
Se debería hacer una moratoria en zonas de conflicto y de restitución de tierras. ¿Qué se va a restitur si debajo hay una licencia minera? Hay que seguir la moratoria mientras entendemos esto. En algunas zonas, incluso tenemos que estudiar revertir licencias mineras. Eso le va a costar mucho al Estado, porque hay derechos adquiridos.

Las buenas prácticas

¿Hay alguna forma de desarticular estas redes?
La decisión de la Fiscalía colombiana de crear una unidad de macrocriminalidad va en el sentido correcto. Implica una nueva tecnología de investigación, una transversalidad en la investigación y una tecnificación en el análisis de los casos. Porque Colombia no puede seguir sin analizar la macrocriminalidad. No es garantía de que se va a desmontar pero es un avance importante.
Las redes ilicitas se caracterizan por la integración de mercados de carácter cada vez mas transnacional. Por eso se necesita abordarlos de manera transnacional. Es muy complejo, aunque se está avanzando. Por ejemplo, en el marco de la OEA se han firmado convenios para compartir información. Sin la unión y sin unas normas armonizables entre países claves es imposible. 
¿Qué impacto tendría sobre la macrocriminalidad si se legalizan los cultivos ilícitos?
Infortunadamente en la medida en que se han integrado multiplicidad de mercados, y la cocaína va perdiendo peso, y la van ganando otros mercados, esa despenalización o descriminalización va a tener una menor efectividad en las redes poderosas, porque tienen otro capital social que permite sustituir ese mercado.
¿O sea que el “activo” no es el producto sino el canal?
El canal es clave y el entramado de lo gris y lo legal.
 

La decisión de la Fiscalía colombiana de crear una unidad de macrocriminalidad va en el sentido correcto.”– LJG
¿Qué cuota de responsabilidad le cabe al sector financiero como agentes grises en esta macrocriminalidad?
Es un sector que está en el punto de mira de las organizaciones macrocriminales para lavar activos, diversificar portafolios, pero también lo hacen a través de la creación de empresas. No es solo el sector bancario. Esto implica que sectores clave adquieran una conciencia de tener un código ético para combatir la criminalidad organizada.
¿Hay algún ejemplo de eso?
El Código Ético Empresarial Antimafia en Sicilia establece que cuando hay una sospecha fundada de que una empresa está asociada con dineros ilegales es expulsada del equivalente de la Andi. Y se le prohibe a cualquier otra empresa tener relaciones con esa empresa.  Es una sanción social y moral. Eso se empezó a aplicar hace dos años en Sicilia, y ahora también funciona en Lombardia y Roma.
¿Ha funcionado?
Está funcionando. Se trata no solo de ética sino que también en el mundo empresarial convivir con la macrocriminalidad no es rentable.

Entendiendo esta teoría, ¿cómo debería cambiar el periodismo judicial?
No es un problema solo del periodismo. Es que las autoridades por mostrar resultados efectivos de largo plazo privilegian la información sobre ‘cayó este capo, cayó este otro capo’, y no permiten entrever la complejidad de lo que estamos tratando. El cubrimiento se concentra en los hechos del día, pero no en un análisis mas sistemático. Entender por qué la organización criminal se reprodujo a pesar de los capos que han caído es fundamental.

Lo que falta

Usted estudió el fenómeno de reconfiguración del Estado durante la época de Uribe. ¿Se ha revertido este proceso con Santos?
Tengo serias dudas de qué tanto ha cambiado el proceso. Obviamente el país ha avanzado con el juicio de congresistas y de funcionarios como Jorge Noguera. Sin embargo, mi concepción es que el sistema político nunca ha asumido la responsabilidad de hacer las reforms necesarias para erradicar estas prácticas.
¿Qué tipo de reformas puntuales se necesitarían?
Necesitaríamos optar que no solo el partido politico pierde la silla sino que debería haber una verdadera sanción al partido. Si hay evidencia de tratos con la ilegalidad de una alta proporción de miembros quitarle la personería jurídica. Es draconiano pero no hay más que hacer. Es que incluso en el Congreso ha habido un reciclaje de personas que no garantizan que este tipo de prácticas se hayan desmontado.
Institucionalmente se dio un paso importante con el Das pero tampoco hemos avanzado en crear una institucionalidad que de plenas garantías. Tengo dudas sobre movimientos que se dan en la Justicia, que no parecen muy claros. El sistema político no ha tomado la decisión de romper totalmente con la ilegalidad. Son clarooscuros muy complejos, porque la profundidad de la captura y cooptación del Estado ha llegado a puntos muy graves. Cuando ve lo local y lo regional se da cuenta que ha reproducido el fenómeno con otras caras y otras formas.
Su visión es un poco pesimista
No es ser pesimista. Es alertar de lo que puede pasar.