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Informe minero de la Contraloría

Colombia no ha contado sus enfermos por carbón

La falta de estudios que revelen las implicaciones de la extracción carbonera para la salud podría estar ocultando una grave situación de salud pública en La Guajira y Cesar.
Por: Angélica María Cuevas Guarnizo
En Twitter: @angelicamcuevasColombia no ha contado sus enfermos por carbón
Quince exempleados de la minera Drummond aseguran que el polvillo de carbón que respiraron por años les provocó cáncer en los pulmones. En Santa Marta, la Asociación de Trabajadores Enfermos de esa compañía tiene en su lista a 800 personas que declaran problemas de columna, tendinitis, enfermedades respiratorias o problemas psiquiátricos.
Todos sostienen que la exposición al polvillo de carbón terminó enfermándolos y que la compañía les ha dado la espalda. Una y otra vez, Drummond ha desacreditado esas versiones. (Lea: Pueblos carboneros viven peor que los cocaleros)
Denuncias como estas no sólo han tocado a la minera estadounidense. Trabajadores, indígenas y pobladores de Cesar y La Guajira, donde operan compañías como Cerrejón, Prodeco S.A., y la sociedad Colombian Natural Resources, también se cuentan entre los afectados.
A pesar de que la minería del carbón es considerada la más contaminante en todas las etapas de su proceso productivo, en Colombia la ausencia de estudios científicos que comprueben las afectaciones a la salud y al medio ambiente en relación con la extracción de este mineral ha dejado sin piso los argumentos de exmineros o habitantes de pueblos aledaños que reclaman indemnizaciones y atenciones médicas.
La situación es preocupante si se tiene en cuenta que el país es el cuarto exportador de carbón térmico del mundo (después de Indonesia, Australia y Rusia), el cual en su mayoría proviene de los departamentos de Cesar y La Guajira. (Lea: "El Estado ha contribuido a fomentar la ilegalidad minera")
Una de las pocas investigaciones hechas en Colombia que relacionan afectaciones del carbón en humanos es un estudio realizado en 2011 por la magíster en biología celular y molecular Grethel León-Mejía y otros científicos asociados a las universidades del Sinú (Córdoba), Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) y Luterana de Brasil. Los científicos demostraron que los trabajadores de las minas del Cerrejón, en La Guajira, presentaban un índice de daño en el ADN de sus linfocitos (células del sistema inmunológico) por encima de lo normal. (Lea: "Minambiente no tiene idea de la magnitud de la contaminación en Santa Marta")
Estas, además de otras primeras afectaciones identificadas por distintos grupos de científicos en especies de plantas y animales de Cesar, Córdoba y La Guajira, fueron reseñadas en uno de los capítulos del informe Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos, presentado ayer por la Contraloría General.
En ese aparte del documento, el Ph.D. en toxicología Jesús Olivero Verbel, su autor, quien además es vicerrector de investigaciones de la Universidad de Cartagena (donde además coordina el único doctorado en toxicología ambiental en Colombia), menciona algunos hallazgos científicos relevantes que comprueban cómo los residuos de carbón afectan los ecosistemas aledaños a las minas alterando el material genético de reptiles, roedores, plantas acuáticas y humanos (ver gráfico).
En su informe, Olivero deja en claro que, a pesar de la poca información local sobre el tema, hay suficientes evidencias internacionales que podrían darle luces a Colombia sobre lo que les puede estar ocurriendo a las poblaciones expuestas a los residuos del carbón.
En 2012, el cáncer de pulmón fue incluido por la República Checa en su lista de enfermedades profesionales luego de que un estudio realizado con mineros retirados revelara que quienes habían adquirido antes neumoconiosis (la enfermedad pulmonar irreversible más común en esta profesión, que termina por lesionar el tejido pulmonar debido a la inhalación prolongada de polvo de carbón) tenían un alto riesgo de desarrollar cáncer.
Afectaciones similares se identificaron en Turquía, donde los mineros estudiados presentaron daños en su ADN, y en el caso de Brasil y China se encontraron alteraciones genéticas y en células sanguíneas de anfibios y peces, que presentaron tamaños más reducidos y acumulación de metales tóxicos.
En Colombia “el Ministerio de Ambiente no tiene idea de la magnitud de la contaminación en Santa Marta y Ciénaga. No tienen reportes científicos del estado del fondo del mar cerca a la playa. En el país muy pocos, incluyendo al Gobierno, se han interesado por saber lo que les ocurre a las personas que habitan en el área de influencia de las minas. Por su parte, las empresas nunca aceptarán que impactan a las comunidades. El Gobierno tiene cómo demostrarles lo contrario, pero no existe voluntad ni capacidad operativa para hacerlo”, dice Olivero Verbel.
Aunque en Colombia se han recibido reportes de neumoconiosis en mineros de Boyacá, no existe un índice que revele el porcentaje nacional de la incidencia de esta afección pulmonar. Mientras tanto, para 2013, China reportó una prevalencia de neumoconiosis del 6,02% entre los trabajadores de la industria carbonífera, un índice alto comparado con países como Reino Unido y Estados Unidos, que registran datos del 1% y 3,2%, respectivamente.
Aunque el Ministerio de Salud de Colombia ha asegurado que no hay ningún indicio de que la actividad de extracción y transporte de carbón tenga un impacto en la salud pública de toda la población, Olivero Verbel afirma que las estructuras químicas del carbón y de las partículas que pueden generarse durante su extracción y transporte son tan complejas que siempre serán susceptibles de liberar contaminantes ambientales que no sólo afectan a los mineros sino también las fuentes hídricas cercanas, los suelos irrecuperables y la fauna y flora que rodea las minas y, obviamente, a los humanos que habitan esos ecosistemas.
“El aprovechamiento del subsuelo conduce a la extinción de ecosistemas, que inclusive puede observarse desde el espacio. Lo anterior significa además la reproducción de amenazas frente a la seguridad alimentaria y el desplazamiento de poblaciones, las cuales, como en el caso de algunas del Cesar, pueden permanecer por años en este proceso, abandonadas frente a la miseria, la desidia gubernamental y con múltiples conflictos sociales que por lo general no son cuantificados a la hora de establecer relaciones costo-beneficio de estas actividades”, concluye el investigador, no sin insistir en el desinterés del Gobierno por conocer e investigar lo que ocurre con los colombianos expuestos a los residuos del mineral.

acuevas@elespectador.com

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