Espacio Permanente: Primero somos humanos!!!
-da click-
Diciembre 22 de 2006: Diálogo directo con la guerrilla de las Farc para negociar intercambio quiere el Gobierno colombiano
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2006/12/25
2006/12/24
OJO...¡DE NUEVO LA AMENAZA TOTALITARIA!
imagen de http://www.loc.gov/rr/print
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Con la admiración que profeso desde los tiempos de la primera Defensoria del Pueblo, por el profesor Madrid-Malo Garizabal, republico este texto aparecido en la versión impresa de EL CATOLICISMO -excelente por cierto- pero disponible digitalmente en http://www.elcatolicismo.com.co/pag5131.pdf
LIMITES DE LA ESTRATEGIA ANTI TERRORISTA
Por Mario Madrid-Malo Garizábal; Abogado y Profesor universitario youes1@gmail.com
El arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede een las Naciones Unidas, advirtió ante la Asamblea General de esa organización que “la estrategia antiterrorista no debe sacrificar los derechos humanos en nombre de la seguridad”.
La advertencia del diplomático pontificio es oportuna. Continuamente se oyen voces que censuran las injustas medidas adoptadas en muchos lugares del mundo para prevenir y reprimir el terrorismo.
En desarrollo de esas medidas, de inocultable cariz totalitario, se han lesionado grave mente los derechos y libertades de millones de personas.
Desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de los criminales atentados en los E.E.U.U., se ha ido expandiendo en Europa y en América la temible tesis de que para proteger a sus ciudadanos de la violencia terrorista los gobernantes pueden, a su antojo, omitir el cumplimiento de su obligación primaria de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Si dicha tesis llega a tener aceptación universal, la humanidad asistirá a un resurgimiento del totalitarismo.
Todo Estado tiene el derecho (y el deber) de impedir la ejecución de actos terroristas, y de sancionar a los responsables de haberlos cometido. Sin embargo, las normas y los procedimientos aplicados con una y otra finalidad han de ajustarse siempre al orden moral objetivo. Para enfrentar el terrorismo no es lícito valerse de aquellas prácticas intrínsecamente perversas que se han empleado, por ejemplo, contra los prisioneros musulmanes de Guantánamo y Abú Ghraib.
La lucha contra la criminalidad terrorista debe desarrollarse dentro de un respeto absoluto por el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como bien lo señaló en 2001 el Consejo de Europa, esa lucha “tiene por objeto proteger los derechos fundamentales y la democracia, no socavarlos”.
Para infortunio de la familia humana, la “estrategia antiterrorista” desarrollada en varios países ha originado asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, injerencias ilegales en la privacidad, simulacros judiciales y condenas amañadas. Al incurrir en estas conductas delictivas las autoridades imitan a los terroristas en su desprecio por la dignidad de la persona, sujeto, razón y fin de las instituciones.
Según el Arzobispo Migliore, “las medidas antiterroristas y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrastantes”. Otra cosa piensan algunos gobiernos que, con el pretexto de proteger el orden público, quebrantan, incluso, normas perentorias e inderogables del ordenamiento internacional. Para esos gobiernos todo vale a la hora de poner a los terroristas en situación de no poder causar más daños, y así logran que la primera víctima del antiterrorismo sea el sistema democrático.
El Estado no puede convertirse en delincuente para aplastar la delincuencia, ni subversivo para derrotar la subversión, ni terrorista para vencer el terrorismo. Si cae en tal extremo, se convierte en agresor injusto de sus ciudadanos y lesiona gravemente el bien común. Como lo recuerda la doctrina social de la Iglesia, la comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, no para violentar a las personas y a los grupos que la componen.
Nadie puede sentirse seguro en un país dentro del cual las autoridades privan arbitrariamente de la vida, torturan con fines inquisitivos o punitivos, encarcelan a quien les viene en gana, escuchan en forma subrepticia las comunicaciones telefónicas, penetran sin motivo justificado en los domicilios, celebran juicios amañados o condenan con base en pruebas deleznables. El derecho a la seguridad implica, ante todo, estar a salvo del abuso criminal del poder.
El más grande favor que un gobierno puede hacer a los violentos es emplear contra ellos medios injustificables. Esto no deben olvidarlo nunca los que en Colombia diseñan y desarrollan la política de “seguridad democrática”, en cuya aplicación no han faltado irregularidades y desmanes.
La advertencia del diplomático pontificio es oportuna. Continuamente se oyen voces que censuran las injustas medidas adoptadas en muchos lugares del mundo para prevenir y reprimir el terrorismo.
En desarrollo de esas medidas, de inocultable cariz totalitario, se han lesionado grave mente los derechos y libertades de millones de personas.
Desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de los criminales atentados en los E.E.U.U., se ha ido expandiendo en Europa y en América la temible tesis de que para proteger a sus ciudadanos de la violencia terrorista los gobernantes pueden, a su antojo, omitir el cumplimiento de su obligación primaria de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. Si dicha tesis llega a tener aceptación universal, la humanidad asistirá a un resurgimiento del totalitarismo.
Todo Estado tiene el derecho (y el deber) de impedir la ejecución de actos terroristas, y de sancionar a los responsables de haberlos cometido. Sin embargo, las normas y los procedimientos aplicados con una y otra finalidad han de ajustarse siempre al orden moral objetivo. Para enfrentar el terrorismo no es lícito valerse de aquellas prácticas intrínsecamente perversas que se han empleado, por ejemplo, contra los prisioneros musulmanes de Guantánamo y Abú Ghraib.
La lucha contra la criminalidad terrorista debe desarrollarse dentro de un respeto absoluto por el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como bien lo señaló en 2001 el Consejo de Europa, esa lucha “tiene por objeto proteger los derechos fundamentales y la democracia, no socavarlos”.
Para infortunio de la familia humana, la “estrategia antiterrorista” desarrollada en varios países ha originado asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, injerencias ilegales en la privacidad, simulacros judiciales y condenas amañadas. Al incurrir en estas conductas delictivas las autoridades imitan a los terroristas en su desprecio por la dignidad de la persona, sujeto, razón y fin de las instituciones.
Según el Arzobispo Migliore, “las medidas antiterroristas y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrastantes”. Otra cosa piensan algunos gobiernos que, con el pretexto de proteger el orden público, quebrantan, incluso, normas perentorias e inderogables del ordenamiento internacional. Para esos gobiernos todo vale a la hora de poner a los terroristas en situación de no poder causar más daños, y así logran que la primera víctima del antiterrorismo sea el sistema democrático.
El Estado no puede convertirse en delincuente para aplastar la delincuencia, ni subversivo para derrotar la subversión, ni terrorista para vencer el terrorismo. Si cae en tal extremo, se convierte en agresor injusto de sus ciudadanos y lesiona gravemente el bien común. Como lo recuerda la doctrina social de la Iglesia, la comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, no para violentar a las personas y a los grupos que la componen.
Nadie puede sentirse seguro en un país dentro del cual las autoridades privan arbitrariamente de la vida, torturan con fines inquisitivos o punitivos, encarcelan a quien les viene en gana, escuchan en forma subrepticia las comunicaciones telefónicas, penetran sin motivo justificado en los domicilios, celebran juicios amañados o condenan con base en pruebas deleznables. El derecho a la seguridad implica, ante todo, estar a salvo del abuso criminal del poder.
El más grande favor que un gobierno puede hacer a los violentos es emplear contra ellos medios injustificables. Esto no deben olvidarlo nunca los que en Colombia diseñan y desarrollan la política de “seguridad democrática”, en cuya aplicación no han faltado irregularidades y desmanes.
2006/12/19
QUINCHIA: LA MEJOR NOTICIA DEL AÑO…
Quinchía?...se preguntarán la mayoría de mis lector@s, “y dónde es eso?”... haga memoria: ¿recuerda usted esas detenciones masivas que estuvieron de moda al comenzar Uribe I?...si?...las cuales tras tantos errores y errores –de repente- ¡desaparecieron!...pues en Quinchía (en la “nariz” noroccidental de Risaralda) se dió una de esas detenciones y tras 22 meses pusieron en libertad a todos los detenidos: ¡incluido un concejal de 80 años!…esa detención fué ordenada personalmente, como se ha sabido, por el señor presidente: nunca supe que pidiera –al menos- disculpas: ya veremos quién paga las multi millonarias demandas contra la nación de los afectados…muy seguramente “el estado”…es decir: Usted, yo y l@s demás ciudadan@s.
Quinchía, mejor, su pueblo, su gente, de profundos y valiosos ancestros indígenas –casi todo su territorio fue resguardo hasta 1948- es conocida por su rebeldía frente a las injusticias, y lo es desde las guerras civiles del siglo XIX cuando, siendo un aislado fortín liberal, se enfrentaba a sus rivales conservadores; actitud a la que se vería acometida, más de 50 años después, cuando en la (primera) violencia estatal-conservadora, fue tal el terror, que instalaron en la plaza principal de dicho fortín; un bohío de este partido, generando una respuesta igual –o peor- de violencia (segunda) reflejada en las masivas guerrillas liberales del Sargento García, y el Capitán Venganza
La relativa –como en todo el país- paz que trajo el desarrollo del frente nacional, no superó el problema central del pueblo, que es –interesantemente- no la existencia de grandes latifundios, sino el avance del micro-fundio sobre el mini-fundio; las cooperativas alentadas por el INCORA fracasaron y los nuevos actores armados, llegaron nuevamente al pueblo y sus veredas en los 80’s, generando a la par que en el oriente magdalenense del vecino Caldas, el primer grupo paramilitar de Risaralda: los tenebrosos Magníficos, desvertebrados, tras meses de asesinatos, por los organismos de inteligencia del estado; la mayoría –de esa minoría…- de guerrilleros se desmovilizaron en 1991, pero prontamente la zona fue copada por los grupos no desmovilizados, así como por una disidencia de los ya reinsertados.
Este siglo, volvieron a aparecer los paras –ya ni sé de cuál “generación”- y nuevamente tras meses de asesinatos fueron desvertebrados, esta vez, por el ejército; paralelamente una acción conjunta aniquiló paulatinamente la disidencia citada. Los Quinchieños y Quinchieñas, respiran pues hoy, nuevamente, de una relativa paz…pero la pregunta del millón es cómo aclimatar esa paz? cómo hacerla sostenible a corto, mediano y largo plazo?¸ máxime con el problema del microfundio que conduce inevitablemente a la miseria de miles de pobladores, y por ende a un perenne caldo de cultivo para cualquier tipo de expresión armada? Cómo hacer que la riqueza minera de su subsuelo, ya detectada por multinacionales, les sirva a todos los pobladores y no sólo a quienes se “aventajen” con la multinacional?, entre otras preguntas?...pues me ha alegrado descubrir que l@s quinchieñ@s han encontrado el camino…lo vislumbran…paulatinamente, como en otras partes de Colombia –aprendiendo de aciertos y errores- construyen su propia CONSTITUYENTE…esa fue, la mejor noticia del año: los quinchieños, los risaraldenses, los habitantes de la compleja micro región de la intersección Caldas-Antioquia-Risaralda, l@s colombian@s, nos merecemos LA PAZ…y la paz se construye así: no en la teoría-escritorial, sino en la práctica-pueblerina…no desde los pactos de arriba, sino desde los pactos CIUDADANOS de abajo: lo que un (nuevo) amigo llama Democracia Descalza…
y a tod@s: ¡BENDICIONES EN NA(TI)VIDAD Y AÑO NUEVO!
Comentarios a LAS AUTODEFENSAS SON LEGITIMAS
¿Esta es la "historia" de las autodefensas, o de las guerrillas, o de los paramilitares?, porque si bien son los mismos integrantes, varian en sus formas de matanza y conciencia poliltica. Igual, el comentario es interesante en el sentido de la continuidad histórica real o física. sanchezmr@javeriana.edu.co
Leí su articulo. Veo fallas graves de fondo: -el estado burgués no es legitimo,porque no representa la mayoría.solo defiende intereses de una minoría.-por lo anterior tampoco es legítimo que monopolize las armas.con estas oprime a la mayoría.-es muy dañino decirle a la gente que la autodefensa es legítima.mucho menos compararla con los indigenas. no se deber dar ninguna señal de que ello esuna respuesta logica.hay que ser radicales ante estos barbaros.-vivimos una falsa democracia. El estado hay que cortarlo de raiz. no basta con quitarle las hojitas reigo242@yahoo.ca
Así la historia haya justificado las auto-defensas, el ideal debe ser: las armas exclusivamente en poder del Estado y el Estado cumplir con su deber Constitucional de proteger la vida, honra, bienes y soberanía de los ciudadanos y de Colombia. No debe existir otra forma de dirimir las diferencias que no sea a través del dialogo civilizado. Debemos rechazar todo tipo de violencia provenga de donde provenga. Frente a los secuestrados la solución debe ser política y no negociada porque los civiles no se negocian con los actores del conflicto armado. rafauri56@yahoo.com
Para mi el verdadero enemigo es la guerra. Una guerra que conviene a algunos pocos grupos dentro de países que viven de las armas. Pero eso no es novedad, el problema es que en Colombia hemos conseguido siempre hacer caso, unos y otros, zurdos y derechos, a nuestro faro del norte, a la luz esclarecedora que siempre nos ofrece la estrategia perfecta: Durante la guerra fría: Acabar con el comunismo, luego de la guerra fría: Acabar con la oferta y, después del 11 de Septiembre: Acabar con el terrorismo. Siempre estamos acabando con alguien, siempre agrandando la guerra en nuestro suelo.
Pero lo peor, el narcotráfico, con su brutal generación de recursos, da a todos menos al estado, que compensa con sus bonos y contribuciones de guerra que pagamos todos, dinero tal que hace que un pinche país como Colombia aporte más que la mayoría del planeta (con excepción de los 4 grandes hacedores de guerra y otros tontos como nosotros) a aquellos que se benefician de ella.
Pero lo peor, el narcotráfico, con su brutal generación de recursos, da a todos menos al estado, que compensa con sus bonos y contribuciones de guerra que pagamos todos, dinero tal que hace que un pinche país como Colombia aporte más que la mayoría del planeta (con excepción de los 4 grandes hacedores de guerra y otros tontos como nosotros) a aquellos que se benefician de ella.
Claro, el narcotráfico da a la izquierda un poder que jamás había tenido, una posibilidad de hacerse importante, de salir de la marginalidad, de igualar el poder de la clase dirigente. Pero por desgracia, ni mancos ni cojos, estos últimos se suben también al bus para equilibrar y de nuevo, como alumnos aplicados, polarizamos y aumentamos “para el norte” la intensidad del conflicto. No puedo anticipar ahora lo que pasará cuando el valor de la droga caiga, iguale al cacao o a la yuca, no sé si llegará entonces en Colombia el turno del pueblo, pero sí se que dejaremos de pagar todos, ricos y pobres, derechos y zurdos, el brutal tributo de sangre que hoy carcome nuestras entrañas.
2006/12/15
Obituario con hurras (para Pinochet)
Mario Benedetti
Vamos a festejarlo
vengan todos
los inocentes
los damnificados
los que gritan de noche
los que sufren de día
los que sufren el cuerpo
los que alojan fantasmas
los que pisan descalzos
los que blasfeman y arden
los pobres congelados
los que quieren a alguien
los que nunca se olvidan
vamos a festejarlo
vengan todos
el crápula se ha muerto
se acabó el alma negra
el ladrón
el cochino
se acabó para siempre
hurra
que vengan todos
vamos a festejarlo
a no decir
la muerte
siempre lo borra todo
todo lo purifica
cualquier día
la muerte
no borra nada
quedan
siempre las cicatrices
hurra
murió el cretino
vamos a festejarlo
a no llorar de vicio
que lloren sus iguales
y se traguen sus lágrimas
se acabó el monstruo prócer
se acabó para siempre
vamos a festejarlo
a no ponernos tibios
a no creer que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto cualquiera
vamos a festejarlo
a no volvernos flojos
a no olvidar que éste
es un muerto de mierda.
2006/12/11
LAS AUTODEFENSAS SON LEGÍTIMAS
El imperio Inca, antes de Colon, se extendió hasta nuestro actual Nariño. Es de presumir que, cuando comenzaron a invadir esas tierras, los indígenas que vivían allí organizaron alguna auto defensa para legítimamente defenderse de los invasores. Ello seguramente también ocurrió cuando los Muiscas invadían a sus vecinos en el altiplano cundiboyacense. Y al arribar los españoles (y los alemanes, y los demás) nuestros indígenas también organizaron formas de autodefensa legítimas frente a la invasión. En las guerras de independencia, hubo autodefensas, en las guerras y guerritas civiles del siglo XIX hubo legítimas autodefensas…
Pedro Antonio Marín, era un campesino que hace, que?, 60 años?…sí, 60 años, porque eso hace que comenzó "la violencia", en 1946 –aunque las semillas las sembraron en los 30's-, era un campesino liberal que organizó una legitima autodefensa para defenderse del ataque al que se veía sometido desde el gobierno conservador a través de su policía, de sus militares –los mismos que le dieron un mini golpe a López Pumarejo- de los grupos para militares de la época, llamados "los pájaros", con sus propios "Cóndores" –homenajeado recientemente, por cierto- … Sí, el campesino Marín organizó su autodefensa con absoluta legitimidad…de hecho no fue sólo él, autodefensas hubo en varias decenas de municipios colombianos en aquellos años, autodefensas conservadoras –para defenderse de los liberales y los comunistas -; Liberales –para defenderse de los conservadores y de comunistas-; Comunistas –para defenderse legítimamente de Conservadores y liberales-. Había auto defensas por todas partes, así no se les llamaran así. Y así, después de comenzar auto defendiéndose, se hubieran convertido en bandas de miserables asesinos.
Para los 60's del siglo pasado, el gobierno de turno expidió un decreto donde valido la existencia de las autodefensas –claro está que también aprendía de las guerras coloniales en África y Asia de aquellos años- y luego llegamos a las autodefensas del Magdalena Medio, pasamos por las Cooperativas Convivir…y, en fin, los colombianos han hecho uso de su legitimo derecho a autodefenderse por siglos…
Estoy de acuerdo con Cepeda Castro en el sentido de que tal continuidad histórica de autodefensas, ésa constante delegación de la función de la defensa de la vida, honra y bienes de las personas, precisamente en las personas; lo que prueba es la enorme incapacidad del estado colombiano estancado en una etapa -llamada en otras partes de "milicias"- por la que se pasó hace décadas o siglos en los países democráticos…mostrando ello el atraso nuestro como nación, una nación que aún no llega al civilizador monopolio del uso de las armas o de la fuerza en manos de un estado realmente representativo de toda la nación.
Al lado de lo anterior, el otro aspecto clave de todo esto es que auto defenderse es eso…es estrictamente auto-defenderse…la autodefensa en tanto existe la debilidad citada del estado, es legitima, claro que sí; pero lo que debilita esa legitimidad es el ATAQUE y lo que la hace ilegitima es el ATAQUE A CIVILES…a personas INERMES o desarmadas…y lo que las hace abiertamente criminales es el que terminen haciendo peores cosas, aún, de las que pretendían defenderse…("¡ahí se les jodio la vaina!" y creo que no sólo es la costa…)…esa es la verdad que necesitamos como ejercicio de sanación nacional : necesitamos saber cuándo y cómo, todos los grupos, sin excepción, pasaron de ser autodefensas a ser ejércitos, pero especialmente, cuándo esos ejércitos, partes o todos, se dedicaron a violar abierta o soterradamente el Derecho Internacional Humanitario torturando, violando, asesinando, desapareciendo, Colombianos y Colombianas por cientos y por miles bien fueran civiles o combatientes en estado de indefensión…
COMENTARIOS –algunos-
A Sr presidente, ¿cuál verdad?
y otra cosa es la impunidad dagquiroga@yahoo.com
Un saludo. He leido su correo. Al respecto hago la siguiente reflexión.Todos los seres humanos son agresivos por naturaleza y violentos por cultura. Violento el subgrupo oficial que para preservar el poder activa la "coacción por la fuerza", "la coacción económica", "la coacción burocrática". Violento el subgrupo antioficial que para sustituir al subgrupo oficial en el poder activa la "Violencia sutil" e incluso llega al "terrorismo" expresión de la anarquía y tambien son violentos los subgrupos cooperadores de uno y del otro, cuando en forma oscilante activan el mecanismo de el "Silencio" como expresión violenta. Freud tenia razon, sólo con la educación se puede regular, civilizar, generar tolerancia. Por otro lado La verdad es indispensabe de primer orden y el poder político con la conducción del Estado -, el poder económico con su juegos de astucia comercial y mercantil - y el Poder sacral - con las mentiras y engaños de su religión - deben decir la verdad, los antioficiales tambien así como los ascilantes silenciosos como complices. tricerebro@hotmail.com
A: Controversia...(Espero las suyas...)
Veo que tus comentaristas te han salido bastante rojos, mucho mas de lo que tus actuales concepciones polìticas admiten. Pero que le vamos hacer, la polarizacion politica que se vive a nivel nacional e internacional hace queque se aglutinen diversos sectores politicos en torno a cuestiones esenciales, hoy el tema del neoliberalismo, el unilateralismo, elmilitarismo, la depredacion de los recursos naturales son asuntos queobligan a asumir posiciones verticales. malzate@hotmail.com
El imperio Inca, antes de Colon, se extendió hasta nuestro actual Nariño. Es de presumir que, cuando comenzaron a invadir esas tierras, los indígenas que vivían allí organizaron alguna auto defensa para legítimamente defenderse de los invasores. Ello seguramente también ocurrió cuando los Muiscas invadían a sus vecinos en el altiplano cundiboyacense. Y al arribar los españoles (y los alemanes, y los demás) nuestros indígenas también organizaron formas de autodefensa legítimas frente a la invasión. En las guerras de independencia, hubo autodefensas, en las guerras y guerritas civiles del siglo XIX hubo legítimas autodefensas…
Pedro Antonio Marín, era un campesino que hace, que?, 60 años?…sí, 60 años, porque eso hace que comenzó "la violencia", en 1946 –aunque las semillas las sembraron en los 30's-, era un campesino liberal que organizó una legitima autodefensa para defenderse del ataque al que se veía sometido desde el gobierno conservador a través de su policía, de sus militares –los mismos que le dieron un mini golpe a López Pumarejo- de los grupos para militares de la época, llamados "los pájaros", con sus propios "Cóndores" –homenajeado recientemente, por cierto- … Sí, el campesino Marín organizó su autodefensa con absoluta legitimidad…de hecho no fue sólo él, autodefensas hubo en varias decenas de municipios colombianos en aquellos años, autodefensas conservadoras –para defenderse de los liberales y los comunistas -; Liberales –para defenderse de los conservadores y de comunistas-; Comunistas –para defenderse legítimamente de Conservadores y liberales-. Había auto defensas por todas partes, así no se les llamaran así. Y así, después de comenzar auto defendiéndose, se hubieran convertido en bandas de miserables asesinos.
Para los 60's del siglo pasado, el gobierno de turno expidió un decreto donde valido la existencia de las autodefensas –claro está que también aprendía de las guerras coloniales en África y Asia de aquellos años- y luego llegamos a las autodefensas del Magdalena Medio, pasamos por las Cooperativas Convivir…y, en fin, los colombianos han hecho uso de su legitimo derecho a autodefenderse por siglos…
Estoy de acuerdo con Cepeda Castro en el sentido de que tal continuidad histórica de autodefensas, ésa constante delegación de la función de la defensa de la vida, honra y bienes de las personas, precisamente en las personas; lo que prueba es la enorme incapacidad del estado colombiano estancado en una etapa -llamada en otras partes de "milicias"- por la que se pasó hace décadas o siglos en los países democráticos…mostrando ello el atraso nuestro como nación, una nación que aún no llega al civilizador monopolio del uso de las armas o de la fuerza en manos de un estado realmente representativo de toda la nación.
Al lado de lo anterior, el otro aspecto clave de todo esto es que auto defenderse es eso…es estrictamente auto-defenderse…la autodefensa en tanto existe la debilidad citada del estado, es legitima, claro que sí; pero lo que debilita esa legitimidad es el ATAQUE y lo que la hace ilegitima es el ATAQUE A CIVILES…a personas INERMES o desarmadas…y lo que las hace abiertamente criminales es el que terminen haciendo peores cosas, aún, de las que pretendían defenderse…("¡ahí se les jodio la vaina!" y creo que no sólo es la costa…)…esa es la verdad que necesitamos como ejercicio de sanación nacional : necesitamos saber cuándo y cómo, todos los grupos, sin excepción, pasaron de ser autodefensas a ser ejércitos, pero especialmente, cuándo esos ejércitos, partes o todos, se dedicaron a violar abierta o soterradamente el Derecho Internacional Humanitario torturando, violando, asesinando, desapareciendo, Colombianos y Colombianas por cientos y por miles bien fueran civiles o combatientes en estado de indefensión…
COMENTARIOS –algunos-
A Sr presidente, ¿cuál verdad?
y otra cosa es la impunidad dagquiroga@yahoo.com
Un saludo. He leido su correo. Al respecto hago la siguiente reflexión.Todos los seres humanos son agresivos por naturaleza y violentos por cultura. Violento el subgrupo oficial que para preservar el poder activa la "coacción por la fuerza", "la coacción económica", "la coacción burocrática". Violento el subgrupo antioficial que para sustituir al subgrupo oficial en el poder activa la "Violencia sutil" e incluso llega al "terrorismo" expresión de la anarquía y tambien son violentos los subgrupos cooperadores de uno y del otro, cuando en forma oscilante activan el mecanismo de el "Silencio" como expresión violenta. Freud tenia razon, sólo con la educación se puede regular, civilizar, generar tolerancia. Por otro lado La verdad es indispensabe de primer orden y el poder político con la conducción del Estado -, el poder económico con su juegos de astucia comercial y mercantil - y el Poder sacral - con las mentiras y engaños de su religión - deben decir la verdad, los antioficiales tambien así como los ascilantes silenciosos como complices. tricerebro@hotmail.com
A: Controversia...(Espero las suyas...)
Veo que tus comentaristas te han salido bastante rojos, mucho mas de lo que tus actuales concepciones polìticas admiten. Pero que le vamos hacer, la polarizacion politica que se vive a nivel nacional e internacional hace queque se aglutinen diversos sectores politicos en torno a cuestiones esenciales, hoy el tema del neoliberalismo, el unilateralismo, elmilitarismo, la depredacion de los recursos naturales son asuntos queobligan a asumir posiciones verticales. malzate@hotmail.com
2006/11/29
TEXTO INVITADO: REFLEXIONES DEL EXCONSTITUYENTE 91 "TICO" PINEDA
Conociendo la enorme sensibilidad que siempre has tenido por los asuntos públicos y la angustia que te producen las sombras en medio de las cuales se encuentra transitando de nuestra amada Colombia, me atrevo a escribirte estas reflexiones con el ánimo de encontrar, colectivamente y hasta donde nuestra humilde inteligencia y posibilidades lo permitan, caminos para enderezar el rumbo.
Creo que la crisis que se ha desatado con motivo del llamamiento a rendir indagatoria a un grupo de congresistas acusados de promover grupos paramilitares, ni más ni menos, es la evidencia del fracaso del modelo contrainsurgente que surgió, por allá en el año de 1984, como respuesta al modelo de guerra conocido como el de “la combinación de las formas de lucha”.
El Estado, aferrado a la “teoría de la seguridad nacional”, respondió con una estrategia contrainsurgente bárbara con la cual, como dice el saber popular, “el remedio resultó peor que la enfermedad”. Primero, recordarás, fue el genocidio de la Unión Patriótica. De manera sistemática y selectiva, uno a uno, fueron asesinados los hombres mujeres de dicha agrupación política sindicados, por voceros políticos y militares del establecimiento, “de ser las bisagras de las FARC”, mientras que a los sobrevivientes se les obligó al exilio.
Luego, siguiendo la lógica de “quitarle el agua al pez”, se combinó la estrategia de implementar directamente obras sociales en las áreas territoriales de influencia de la guerrilla con acciones de asesinatos colectivos y operaciones militares de envergadura. Por una parte, la ejecución de obras de manera directa por parte del Gobierno Nacional (PNR), entre otras, pretendió sustraer del manejo de los recursos a las autoridades territoriales y a los políticos regionales con el argumento de ser “sospechosos de connivencia con la insurgencia armada”. Por otra parte, con la criminalización de la protesta social, con los asesinatos selectivos y colectivos, con las torturas y métodos bárbaros se pretendió disminuir la simpatía y apoyo social a la guerrilla. Dicha estrategia, en ese entonces, produjo un resquebrajamiento en la legitimidad de las Fuerzas Armadas y los primeros reclamos internacionales al Estado por violación de los Derechos Humanos.
Es ahí, en mi sentir, el momento en que la perversidad de la lucha contrainsurgente a “cualquier precio”, encuentra el resquicio y el ambiente político – militar propicio para encargar de la llamada “guerra sucia” a grupos de justicia privada financiados y apoyados por ganaderos, comerciantes y víctimas del secuestro por parte de la guerrilla e integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas sancionados por violación de los Derechos Humanos.
El monstruo empieza a adquirir autonomía cuando el aporte económico no es suficiente para el sostenimiento de la guerra. Encuentra entonces el paramilitarismo la fuente del narcotráfico y de lucha fundamental contrainsurgente se pasa al control territorial de rutas y laboratorios para el procesamiento de cocaína. Grandes ganancias y crecimiento del poder armado llevó a los protectores del poder político y económico territorial a trastocarse en poder avasallador.
El paramilitarismo narcotraficante, en primer momento, penetró las estructuras económicas, sociales, políticas y militares territoriales y, luego, amos y señores en el ámbito territorial, en el fracaso de los diálogos de Pastrana con las FARC y la propuesta de “seguridad democrática” y “Estado Comunitario” de Uribe sumado a la lucha antiterrorista internacional, encontraron el terreno propicio para el diseño de la estrategia de la toma del poder nacional y consolidación del poder territorial. Primero: reincorporación, legalización de las riquezas y neutralización de la extradición. Segundo: Consolidación, supuestamente legitima, del poder territorial. Tercero: Penetración del aparato del Estado. No es extraño, entonces, que el proyecto político que suscribieron algunos congresistas con el paramilitarismo se haya denominado “Movimiento Nacional Comunitario”.
¿Era sostenible un proyecto de tamaña envergadura? Por supuesto que no. Por una parte porque la comunidad internacional, esencialmente el socio comercial y político militar fundamental, los Estados Unidos, no puede permitirse el lujo, en las circunstancias internas y de correlación de fuerzas, de ser socio de un Estado “capturado” por el narcotráfico y violador de los Derechos Humanos. En igual sentido, Europa, miembro del Tribunal de Roma, le es inadmisible un Estado controlado por hombres y mujeres sindicados de ser responsables de cometer delitos atroces o crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, aunque se pretenda imponer el discurso de que “en Colombia todo el mundo es bandido” o que “la oposición tiene las manos manchadas de sangre” o “todos tienen rabo de paja”, lo que se está demostrando es que aún quedan reservas con la suficiente autoridad ética y moral en sectores políticos, sociales, judiciales y militares que no se resignan a ser parte de un Régimen indecente como el actual modelo imperante.
Entonces, insisto, la crisis por el llamamiento de la Corte Suprema a los congresistas implicados en el paramalitarismo, las investigaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía son la evidencia del fracaso del modelo contrainsurgente de ganar la guerra al costo que sea.
¿Qué hacer? En primer lugar la VERDAD. Pero la verdad para una profunda rectificación del rumbo de la Nación. La verdad para establecer las responsabilidades que de ella se deriven y aplicar justicia (doméstica o internacional). La verdad, como lo dijo el asesinado Álvaro Gómez Hurtado, para “tumbar el Régimen”. La verdad para dignificar el ejercicio de la política y adecentar la democracia. En segundo lugar, la reparación de las víctimas. Desde las víctimas de la Unión Patriótica , aceptando y admitiendo la responsabilidad del Estado en el delito de genocidio, hasta las más recientes producidas por el paramilitarismo. No importa cuan encumbrado se encuentren los responsables ni a que familias o sector social, político o económico pertenezcan. En tercer lugar hacer efectivo el sentido social defendiendo el orden jurídico democrático.
“Un perdón y olvido”, “un punto final” atropellado, aunque no sea la intención, puede llevar a una crisis mal resuelta. Y, una crisis mal resuelta, ello será motivo de otra reflexión, sin lugar a dudas es dejar el caldo de cultivo en el que, más temprano que tarde, renacerá el ciclo de escándalos y recriminaciones futuras.
Creo que la crisis, excusa el tono gransciano, es la oportunidad para que florezca un “Bloque Histórico” que se imponga la inaplazable tarea de restaurar la Dignidad Nacional , entendida como la instauración de un Régimen político, militar, social y económico limpio de corrupción y de la ingerencia armada ilegal. Un Estado social de derecho soportado por un Régimen con la suficiente autoridad para erradicar el narcotráfico y resolver, por vía preferente del diálogo o por la derrota militar, el asunto de la lucha armada a la que, a pesar de ella misma, le encuentro algunos resquicios de naturaleza política.
Ese Bloque Histórico al que te hago referencia, aunque su dirigencia aún no lo haya pensado, está en la obligación de expresarse en el debate electoral del próximo 2007. El espacio que deja la denominada “narcoparapolítica” debe ser copado por expresión del Bloque Histórico o corremos el riesgo de que dichos escenarios sean copados por más de los mismos “reencauchados” o por otros actores armados llámense ellos nueva generación narcoparamilitar o por la renovación de la estrategia guerrillera conocida como la “combinación de las formas de lucha” o la infiltración con “partidos clandestinos”. El resultado: un nuevo escándalo por infiltración “narcoguerrillera”.
Pero bueno: ¿Quién o quienes convocan? ¿Cuándo es oportuno hacerlo? ¿Quienes asumirían los liderazgos territoriales? ¿Es posible superar los “ismos” y las alambradas partidistas para resolver la crisis? ¿Es viable un régimen de partidos en la crisis? ¿Está deslegitimado el Poder Legislativo que amerite su cierre? ¿Está implicado el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente Álvaro Uribe? ¿Cómo se resuelve la crisis en la compleja y diversa realidad territorial? Sinceramente, aún no alcanzo a descifrar las claves para responderme los anteriores interrogantes.
Lo cierto, te lo expreso de todo corazón, es que muchos, entre ellos me cuento y te cuento, estamos convocados para asumir el reto de señalar caminos de superación de la crisis aunque ello implique, en un país lleno de rencores y desquites, correr riesgos. Me asiste la certeza de que no seremos inferiores al reto que los momentos de nuestra historia nos impone.
Con sentimientos de afecto y respeto,
Tico Pineda
P.D. Ah! Me dirás que hace falta un comentario sobre la Asamblea Nacional Constituyente que, por la audacia de la juventud de entonces, se habilitó como escenario para la resolución de la crisis y consolidación de la paz aperturada por el M-19. Desgraciadamente, así lo señalan todos los indicios, el escenario Constituyente de 1991 fue infiltrado por la guerra y el narcotráfico. Ello, para alguien que como Yo le correspondió ser Delegatario, produce desazón y descorazonamiento. Sin embargo, sin pretender poner el “espejo retrovisor”, es necesario que aflore la verdad sobre los acontecimientos y responsables de la infiltración guerrerista y “narca” en la Constituyente. La llamada “guerra integral” inauguró el escenario el 9 de diciembre de 1990 con la “toma de Casa Verde” y el narcotráfico untó las manos de algunos Delegatarios para interferir la decisión sobre la extradición. La verdad de lo acaecido en la Asamblea Nacional Constituyente, aunque nos duela, es un paso necesario para adecentar nuestra Carta Política. Las actuales y futuras generaciones así lo reclaman y debemos darnos la “pela”.
Conociendo la enorme sensibilidad que siempre has tenido por los asuntos públicos y la angustia que te producen las sombras en medio de las cuales se encuentra transitando de nuestra amada Colombia, me atrevo a escribirte estas reflexiones con el ánimo de encontrar, colectivamente y hasta donde nuestra humilde inteligencia y posibilidades lo permitan, caminos para enderezar el rumbo.
Creo que la crisis que se ha desatado con motivo del llamamiento a rendir indagatoria a un grupo de congresistas acusados de promover grupos paramilitares, ni más ni menos, es la evidencia del fracaso del modelo contrainsurgente que surgió, por allá en el año de 1984, como respuesta al modelo de guerra conocido como el de “la combinación de las formas de lucha”.
El Estado, aferrado a la “teoría de la seguridad nacional”, respondió con una estrategia contrainsurgente bárbara con la cual, como dice el saber popular, “el remedio resultó peor que la enfermedad”. Primero, recordarás, fue el genocidio de la Unión Patriótica. De manera sistemática y selectiva, uno a uno, fueron asesinados los hombres mujeres de dicha agrupación política sindicados, por voceros políticos y militares del establecimiento, “de ser las bisagras de las FARC”, mientras que a los sobrevivientes se les obligó al exilio.
Luego, siguiendo la lógica de “quitarle el agua al pez”, se combinó la estrategia de implementar directamente obras sociales en las áreas territoriales de influencia de la guerrilla con acciones de asesinatos colectivos y operaciones militares de envergadura. Por una parte, la ejecución de obras de manera directa por parte del Gobierno Nacional (PNR), entre otras, pretendió sustraer del manejo de los recursos a las autoridades territoriales y a los políticos regionales con el argumento de ser “sospechosos de connivencia con la insurgencia armada”. Por otra parte, con la criminalización de la protesta social, con los asesinatos selectivos y colectivos, con las torturas y métodos bárbaros se pretendió disminuir la simpatía y apoyo social a la guerrilla. Dicha estrategia, en ese entonces, produjo un resquebrajamiento en la legitimidad de las Fuerzas Armadas y los primeros reclamos internacionales al Estado por violación de los Derechos Humanos.
Es ahí, en mi sentir, el momento en que la perversidad de la lucha contrainsurgente a “cualquier precio”, encuentra el resquicio y el ambiente político – militar propicio para encargar de la llamada “guerra sucia” a grupos de justicia privada financiados y apoyados por ganaderos, comerciantes y víctimas del secuestro por parte de la guerrilla e integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas sancionados por violación de los Derechos Humanos.
El monstruo empieza a adquirir autonomía cuando el aporte económico no es suficiente para el sostenimiento de la guerra. Encuentra entonces el paramilitarismo la fuente del narcotráfico y de lucha fundamental contrainsurgente se pasa al control territorial de rutas y laboratorios para el procesamiento de cocaína. Grandes ganancias y crecimiento del poder armado llevó a los protectores del poder político y económico territorial a trastocarse en poder avasallador.
El paramilitarismo narcotraficante, en primer momento, penetró las estructuras económicas, sociales, políticas y militares territoriales y, luego, amos y señores en el ámbito territorial, en el fracaso de los diálogos de Pastrana con las FARC y la propuesta de “seguridad democrática” y “Estado Comunitario” de Uribe sumado a la lucha antiterrorista internacional, encontraron el terreno propicio para el diseño de la estrategia de la toma del poder nacional y consolidación del poder territorial. Primero: reincorporación, legalización de las riquezas y neutralización de la extradición. Segundo: Consolidación, supuestamente legitima, del poder territorial. Tercero: Penetración del aparato del Estado. No es extraño, entonces, que el proyecto político que suscribieron algunos congresistas con el paramilitarismo se haya denominado “Movimiento Nacional Comunitario”.
¿Era sostenible un proyecto de tamaña envergadura? Por supuesto que no. Por una parte porque la comunidad internacional, esencialmente el socio comercial y político militar fundamental, los Estados Unidos, no puede permitirse el lujo, en las circunstancias internas y de correlación de fuerzas, de ser socio de un Estado “capturado” por el narcotráfico y violador de los Derechos Humanos. En igual sentido, Europa, miembro del Tribunal de Roma, le es inadmisible un Estado controlado por hombres y mujeres sindicados de ser responsables de cometer delitos atroces o crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, aunque se pretenda imponer el discurso de que “en Colombia todo el mundo es bandido” o que “la oposición tiene las manos manchadas de sangre” o “todos tienen rabo de paja”, lo que se está demostrando es que aún quedan reservas con la suficiente autoridad ética y moral en sectores políticos, sociales, judiciales y militares que no se resignan a ser parte de un Régimen indecente como el actual modelo imperante.
Entonces, insisto, la crisis por el llamamiento de la Corte Suprema a los congresistas implicados en el paramalitarismo, las investigaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía son la evidencia del fracaso del modelo contrainsurgente de ganar la guerra al costo que sea.
¿Qué hacer? En primer lugar la VERDAD. Pero la verdad para una profunda rectificación del rumbo de la Nación. La verdad para establecer las responsabilidades que de ella se deriven y aplicar justicia (doméstica o internacional). La verdad, como lo dijo el asesinado Álvaro Gómez Hurtado, para “tumbar el Régimen”. La verdad para dignificar el ejercicio de la política y adecentar la democracia. En segundo lugar, la reparación de las víctimas. Desde las víctimas de la Unión Patriótica , aceptando y admitiendo la responsabilidad del Estado en el delito de genocidio, hasta las más recientes producidas por el paramilitarismo. No importa cuan encumbrado se encuentren los responsables ni a que familias o sector social, político o económico pertenezcan. En tercer lugar hacer efectivo el sentido social defendiendo el orden jurídico democrático.
“Un perdón y olvido”, “un punto final” atropellado, aunque no sea la intención, puede llevar a una crisis mal resuelta. Y, una crisis mal resuelta, ello será motivo de otra reflexión, sin lugar a dudas es dejar el caldo de cultivo en el que, más temprano que tarde, renacerá el ciclo de escándalos y recriminaciones futuras.
Creo que la crisis, excusa el tono gransciano, es la oportunidad para que florezca un “Bloque Histórico” que se imponga la inaplazable tarea de restaurar la Dignidad Nacional , entendida como la instauración de un Régimen político, militar, social y económico limpio de corrupción y de la ingerencia armada ilegal. Un Estado social de derecho soportado por un Régimen con la suficiente autoridad para erradicar el narcotráfico y resolver, por vía preferente del diálogo o por la derrota militar, el asunto de la lucha armada a la que, a pesar de ella misma, le encuentro algunos resquicios de naturaleza política.
Ese Bloque Histórico al que te hago referencia, aunque su dirigencia aún no lo haya pensado, está en la obligación de expresarse en el debate electoral del próximo 2007. El espacio que deja la denominada “narcoparapolítica” debe ser copado por expresión del Bloque Histórico o corremos el riesgo de que dichos escenarios sean copados por más de los mismos “reencauchados” o por otros actores armados llámense ellos nueva generación narcoparamilitar o por la renovación de la estrategia guerrillera conocida como la “combinación de las formas de lucha” o la infiltración con “partidos clandestinos”. El resultado: un nuevo escándalo por infiltración “narcoguerrillera”.
Pero bueno: ¿Quién o quienes convocan? ¿Cuándo es oportuno hacerlo? ¿Quienes asumirían los liderazgos territoriales? ¿Es posible superar los “ismos” y las alambradas partidistas para resolver la crisis? ¿Es viable un régimen de partidos en la crisis? ¿Está deslegitimado el Poder Legislativo que amerite su cierre? ¿Está implicado el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente Álvaro Uribe? ¿Cómo se resuelve la crisis en la compleja y diversa realidad territorial? Sinceramente, aún no alcanzo a descifrar las claves para responderme los anteriores interrogantes.
Lo cierto, te lo expreso de todo corazón, es que muchos, entre ellos me cuento y te cuento, estamos convocados para asumir el reto de señalar caminos de superación de la crisis aunque ello implique, en un país lleno de rencores y desquites, correr riesgos. Me asiste la certeza de que no seremos inferiores al reto que los momentos de nuestra historia nos impone.
Con sentimientos de afecto y respeto,
Tico Pineda
P.D. Ah! Me dirás que hace falta un comentario sobre la Asamblea Nacional Constituyente que, por la audacia de la juventud de entonces, se habilitó como escenario para la resolución de la crisis y consolidación de la paz aperturada por el M-19. Desgraciadamente, así lo señalan todos los indicios, el escenario Constituyente de 1991 fue infiltrado por la guerra y el narcotráfico. Ello, para alguien que como Yo le correspondió ser Delegatario, produce desazón y descorazonamiento. Sin embargo, sin pretender poner el “espejo retrovisor”, es necesario que aflore la verdad sobre los acontecimientos y responsables de la infiltración guerrerista y “narca” en la Constituyente. La llamada “guerra integral” inauguró el escenario el 9 de diciembre de 1990 con la “toma de Casa Verde” y el narcotráfico untó las manos de algunos Delegatarios para interferir la decisión sobre la extradición. La verdad de lo acaecido en la Asamblea Nacional Constituyente, aunque nos duela, es un paso necesario para adecentar nuestra Carta Política. Las actuales y futuras generaciones así lo reclaman y debemos darnos la “pela”.
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