CiberColumna de Orlando Parra G

TEXTO INVITADO: REFLEXIONES DEL EXCONSTITUYENTE 91 "TICO" PINEDA

Conociendo la enorme sensibilidad que siempre has tenido por los asuntos públicos y la angustia que te producen las sombras en medio de las cuales se encuentra transitando de nuestra amada Colombia, me atrevo a escribirte estas reflexiones con el ánimo de encontrar, colectivamente y hasta donde nuestra humilde inteligencia y posibilidades lo permitan, caminos para enderezar el rumbo.

Creo que la crisis que se ha desatado con motivo del llamamiento a rendir indagatoria a un grupo de congresistas acusados de promover grupos paramilitares, ni más ni menos, es la evidencia del fracaso del modelo contrainsurgente que surgió, por allá en el año de 1984, como respuesta al modelo de guerra conocido como el de “la combinación de las formas de lucha”.

El Estado, aferrado a la “teoría de la seguridad nacional”, respondió con una estrategia contrainsurgente bárbara con la cual, como dice el saber popular, “el remedio resultó peor que la enfermedad”. Primero, recordarás, fue el genocidio de la Unión Patriótica. De manera sistemática y selectiva, uno a uno, fueron asesinados los hombres mujeres de dicha agrupación política sindicados, por voceros políticos y militares del establecimiento, “de ser las bisagras de las FARC”, mientras que a los sobrevivientes se les obligó al exilio.

Luego, siguiendo la lógica de “quitarle el agua al pez”, se combinó la estrategia de implementar directamente obras sociales en las áreas territoriales de influencia de la guerrilla con acciones de asesinatos colectivos y operaciones militares de envergadura. Por una parte, la ejecución de obras de manera directa por parte del Gobierno Nacional (PNR), entre otras, pretendió sustraer del manejo de los recursos a las autoridades territoriales y a los políticos regionales con el argumento de ser “sospechosos de connivencia con la insurgencia armada”. Por otra parte, con la criminalización de la protesta social, con los asesinatos selectivos y colectivos, con las torturas y métodos bárbaros se pretendió disminuir la simpatía y apoyo social a la guerrilla. Dicha estrategia, en ese entonces, produjo un resquebrajamiento en la legitimidad de las Fuerzas Armadas y los primeros reclamos internacionales al Estado por violación de los Derechos Humanos.

Es ahí, en mi sentir, el momento en que la perversidad de la lucha contrainsurgente a “cualquier precio”, encuentra el resquicio y el ambiente político – militar propicio para encargar de la llamada “guerra sucia” a grupos de justicia privada financiados y apoyados por ganaderos, comerciantes y víctimas del secuestro por parte de la guerrilla e integrado por exmiembros de las Fuerzas Armadas sancionados por violación de los Derechos Humanos.

El monstruo empieza a adquirir autonomía cuando el aporte económico no es suficiente para el sostenimiento de la guerra. Encuentra entonces el paramilitarismo la fuente del narcotráfico y de lucha fundamental contrainsurgente se pasa al control territorial de rutas y laboratorios para el procesamiento de cocaína. Grandes ganancias y crecimiento del poder armado llevó a los protectores del poder político y económico territorial a trastocarse en poder avasallador.

El paramilitarismo narcotraficante, en primer momento, penetró las estructuras económicas, sociales, políticas y militares territoriales y, luego, amos y señores en el ámbito territorial, en el fracaso de los diálogos de Pastrana con las FARC y la propuesta de “seguridad democrática” y “Estado Comunitario” de Uribe sumado a la lucha antiterrorista internacional, encontraron el terreno propicio para el diseño de la estrategia de la toma del poder nacional y consolidación del poder territorial. Primero: reincorporación, legalización de las riquezas y neutralización de la extradición. Segundo: Consolidación, supuestamente legitima, del poder territorial. Tercero: Penetración del aparato del Estado. No es extraño, entonces, que el proyecto político que suscribieron algunos congresistas con el paramilitarismo se haya denominado “Movimiento Nacional Comunitario”.

¿Era sostenible un proyecto de tamaña envergadura? Por supuesto que no. Por una parte porque la comunidad internacional, esencialmente el socio comercial y político militar fundamental, los Estados Unidos, no puede permitirse el lujo, en las circunstancias internas y de correlación de fuerzas, de ser socio de un Estado “capturado” por el narcotráfico y violador de los Derechos Humanos. En igual sentido, Europa, miembro del Tribunal de Roma, le es inadmisible un Estado controlado por hombres y mujeres sindicados de ser responsables de cometer delitos atroces o crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, aunque se pretenda imponer el discurso de que “en Colombia todo el mundo es bandido” o que “la oposición tiene las manos manchadas de sangre” o “todos tienen rabo de paja”, lo que se está demostrando es que aún quedan reservas con la suficiente autoridad ética y moral en sectores políticos, sociales, judiciales y militares que no se resignan a ser parte de un Régimen indecente como el actual modelo imperante.

Entonces, insisto, la crisis por el llamamiento de la Corte Suprema a los congresistas implicados en el paramalitarismo, las investigaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía son la evidencia del fracaso del modelo contrainsurgente de ganar la guerra al costo que sea.

¿Qué hacer? En primer lugar la VERDAD. Pero la verdad para una profunda rectificación del rumbo de la Nación. La verdad para establecer las responsabilidades que de ella se deriven y aplicar justicia (doméstica o internacional). La verdad, como lo dijo el asesinado Álvaro Gómez Hurtado, para “tumbar el Régimen”. La verdad para dignificar el ejercicio de la política y adecentar la democracia. En segundo lugar, la reparación de las víctimas. Desde las víctimas de la Unión Patriótica , aceptando y admitiendo la responsabilidad del Estado en el delito de genocidio, hasta las más recientes producidas por el paramilitarismo. No importa cuan encumbrado se encuentren los responsables ni a que familias o sector social, político o económico pertenezcan. En tercer lugar hacer efectivo el sentido social defendiendo el orden jurídico democrático.

“Un perdón y olvido”, “un punto final” atropellado, aunque no sea la intención, puede llevar a una crisis mal resuelta. Y, una crisis mal resuelta, ello será motivo de otra reflexión, sin lugar a dudas es dejar el caldo de cultivo en el que, más temprano que tarde, renacerá el ciclo de escándalos y recriminaciones futuras.

Creo que la crisis, excusa el tono gransciano, es la oportunidad para que florezca un “Bloque Histórico” que se imponga la inaplazable tarea de restaurar la Dignidad Nacional , entendida como la instauración de un Régimen político, militar, social y económico limpio de corrupción y de la ingerencia armada ilegal. Un Estado social de derecho soportado por un Régimen con la suficiente autoridad para erradicar el narcotráfico y resolver, por vía preferente del diálogo o por la derrota militar, el asunto de la lucha armada a la que, a pesar de ella misma, le encuentro algunos resquicios de naturaleza política.

Ese Bloque Histórico al que te hago referencia, aunque su dirigencia aún no lo haya pensado, está en la obligación de expresarse en el debate electoral del próximo 2007. El espacio que deja la denominada “narcoparapolítica” debe ser copado por expresión del Bloque Histórico o corremos el riesgo de que dichos escenarios sean copados por más de los mismos “reencauchados” o por otros actores armados llámense ellos nueva generación narcoparamilitar o por la renovación de la estrategia guerrillera conocida como la “combinación de las formas de lucha” o la infiltración con “partidos clandestinos”. El resultado: un nuevo escándalo por infiltración “narcoguerrillera”.

Pero bueno: ¿Quién o quienes convocan? ¿Cuándo es oportuno hacerlo? ¿Quienes asumirían los liderazgos territoriales? ¿Es posible superar los “ismos” y las alambradas partidistas para resolver la crisis? ¿Es viable un régimen de partidos en la crisis? ¿Está deslegitimado el Poder Legislativo que amerite su cierre? ¿Está implicado el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente Álvaro Uribe? ¿Cómo se resuelve la crisis en la compleja y diversa realidad territorial? Sinceramente, aún no alcanzo a descifrar las claves para responderme los anteriores interrogantes.

Lo cierto, te lo expreso de todo corazón, es que muchos, entre ellos me cuento y te cuento, estamos convocados para asumir el reto de señalar caminos de superación de la crisis aunque ello implique, en un país lleno de rencores y desquites, correr riesgos. Me asiste la certeza de que no seremos inferiores al reto que los momentos de nuestra historia nos impone.

Con sentimientos de afecto y respeto,

Tico Pineda


P.D. Ah! Me dirás que hace falta un comentario sobre la Asamblea Nacional Constituyente que, por la audacia de la juventud de entonces, se habilitó como escenario para la resolución de la crisis y consolidación de la paz aperturada por el M-19. Desgraciadamente, así lo señalan todos los indicios, el escenario Constituyente de 1991 fue infiltrado por la guerra y el narcotráfico. Ello, para alguien que como Yo le correspondió ser Delegatario, produce desazón y descorazonamiento. Sin embargo, sin pretender poner el “espejo retrovisor”, es necesario que aflore la verdad sobre los acontecimientos y responsables de la infiltración guerrerista y “narca” en la Constituyente. La llamada “guerra integral” inauguró el escenario el 9 de diciembre de 1990 con la “toma de Casa Verde” y el narcotráfico untó las manos de algunos Delegatarios para interferir la decisión sobre la extradición. La verdad de lo acaecido en la Asamblea Nacional Constituyente, aunque nos duela, es un paso necesario para adecentar nuestra Carta Política. Las actuales y futuras generaciones así lo reclaman y debemos darnos la “pela”.