Zona modeloIvan Cepeda fm_cepeda@yahoo.fr en
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=7751&idSeccion=25
Bajo las órdenes del General Mario Montoya, en octubre de 2002 el Ejército y la Policía desterraron a las milicias de las Farc de la Comuna XIII de Medellín. Desde entonces, las autoridades han querido presentar esta zona como modelo de la política de seguridad del presidente Uribe. En realidad, con el respaldo de la Fuerza Pública se implantó una zona de control de los grupos paramilitares comandados por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. Después de la Operación Orión, los paramilitares notificaron a los pobladores las nuevas normas de conducta que debían adoptar si querían seguir en la localidad. También les comunicaron del pago de impuestos para el “servicio de seguridad”. Desalojaron por la fuerza las casas de varios líderes acusados de pertenecer a las milicias, y convirtieron esas viviendas en centros de operaciones del Bloque Cacique Nutibara, que funcionan al lado de diez bases del Ejército y ocho de la Policía. Las casas fueron ocupadas por los paramilitares y sus familias para ejercer una vigilancia permanente sobre la población. Según los habitantes de la Comuna, miembros de la Policía de la Estación Laureles realizan patrullajes conjuntos con los paramilitares. Los desmovilizados cuentan con una empresa Convivir en la zona, prestan sus servicios como vigilantes e informantes, controlan las juntas administradoras locales, monopolizan el comercio ilegal de gasolina y el transporte.
El nuevo régimen de control territorial ha significado un cambio en los métodos de ejecución de la violencia, y de la difusión social del miedo. En vez de crímenes masivos y públicos, ahora se practica una “represión silenciosa” —como la llama la comunidad— de la que hacen parte la desaparición selectiva, los homicidios cometidos con arma blanca, y el desplazamiento forzado “gota a gota”. Con estos métodos, 121 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde 2002 en la Comuna. Las mujeres son víctimas frecuentes de violencia sexual. Los jóvenes son sometidos a reclutamiento forzado. Por su parte, la administración municipal niega que estos hechos provengan de los paramilitares, y los atribuye a bandas delincuenciales emergentes. No obstante, se han hallado fosas comunes, y algunos de los crímenes —como el de la señora Teresa Yarce, en 2004, que pertenecía a la Asociación de Mujeres de Las Independencias— muestran claramente una acción tendiente a eliminar a los líderes de las asociaciones de víctimas.
En otra columna que escribí a propósito del homenaje que le tributó el Presidente de la República al general Mario Montoya, señalé que ya desde finales de la década de 1970 este oficial había sido acusado en un periódico mexicano de participar en la conformación del escuadrón de la muerte ‘Triple A’. En esa época, el teniente Montoya formaba parte del Batallón de Inteligencia “Charry Solano”, especializado en organizar operaciones encubiertas y acciones terroristas. En días pasados se ha realizado un acto de desagravio al General con motivo de la información aparecida en el periódico Los Angeles Times, que lo vincula directamente con los paramilitares. Esta vez el homenaje corrió por cuenta de la IV Brigada del Ejército, que alquiló microbuses de las empresas de transporte ligadas a ‘Don Berna’ para traer a los pobladores.
Todo esto ocurre en Antioquia, donde durante la década de 1990 fue asesinado el abogado Jesús María Valle por criticar las cooperativas de seguridad Convivir auspiciadas por el gobernador Álvaro Uribe; las mismas que durante esa época sirvieron a la multinacional Chiquita Brands para contratar paramilitares con el fin de matar sindicalistas en sus plantas.
Bajo las órdenes del General Mario Montoya, en octubre de 2002 el Ejército y la Policía desterraron a las milicias de las Farc de la Comuna XIII de Medellín. Desde entonces, las autoridades han querido presentar esta zona como modelo de la política de seguridad del presidente Uribe. En realidad, con el respaldo de la Fuerza Pública se implantó una zona de control de los grupos paramilitares comandados por Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. Después de la Operación Orión, los paramilitares notificaron a los pobladores las nuevas normas de conducta que debían adoptar si querían seguir en la localidad. También les comunicaron del pago de impuestos para el “servicio de seguridad”. Desalojaron por la fuerza las casas de varios líderes acusados de pertenecer a las milicias, y convirtieron esas viviendas en centros de operaciones del Bloque Cacique Nutibara, que funcionan al lado de diez bases del Ejército y ocho de la Policía. Las casas fueron ocupadas por los paramilitares y sus familias para ejercer una vigilancia permanente sobre la población. Según los habitantes de la Comuna, miembros de la Policía de la Estación Laureles realizan patrullajes conjuntos con los paramilitares. Los desmovilizados cuentan con una empresa Convivir en la zona, prestan sus servicios como vigilantes e informantes, controlan las juntas administradoras locales, monopolizan el comercio ilegal de gasolina y el transporte.
El nuevo régimen de control territorial ha significado un cambio en los métodos de ejecución de la violencia, y de la difusión social del miedo. En vez de crímenes masivos y públicos, ahora se practica una “represión silenciosa” —como la llama la comunidad— de la que hacen parte la desaparición selectiva, los homicidios cometidos con arma blanca, y el desplazamiento forzado “gota a gota”. Con estos métodos, 121 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde 2002 en la Comuna. Las mujeres son víctimas frecuentes de violencia sexual. Los jóvenes son sometidos a reclutamiento forzado. Por su parte, la administración municipal niega que estos hechos provengan de los paramilitares, y los atribuye a bandas delincuenciales emergentes. No obstante, se han hallado fosas comunes, y algunos de los crímenes —como el de la señora Teresa Yarce, en 2004, que pertenecía a la Asociación de Mujeres de Las Independencias— muestran claramente una acción tendiente a eliminar a los líderes de las asociaciones de víctimas.
En otra columna que escribí a propósito del homenaje que le tributó el Presidente de la República al general Mario Montoya, señalé que ya desde finales de la década de 1970 este oficial había sido acusado en un periódico mexicano de participar en la conformación del escuadrón de la muerte ‘Triple A’. En esa época, el teniente Montoya formaba parte del Batallón de Inteligencia “Charry Solano”, especializado en organizar operaciones encubiertas y acciones terroristas. En días pasados se ha realizado un acto de desagravio al General con motivo de la información aparecida en el periódico Los Angeles Times, que lo vincula directamente con los paramilitares. Esta vez el homenaje corrió por cuenta de la IV Brigada del Ejército, que alquiló microbuses de las empresas de transporte ligadas a ‘Don Berna’ para traer a los pobladores.
Todo esto ocurre en Antioquia, donde durante la década de 1990 fue asesinado el abogado Jesús María Valle por criticar las cooperativas de seguridad Convivir auspiciadas por el gobernador Álvaro Uribe; las mismas que durante esa época sirvieron a la multinacional Chiquita Brands para contratar paramilitares con el fin de matar sindicalistas en sus plantas.
Automatic translation:
Zone model
Under the orders of General Mario Montoya, in October of 2002 the Army and the Police exiled to the military services of the FARC of Commune XIII of Medellín. Since then, the authorities have wanted to present/display this zone like model of the policy of security of president Uribe. In fact, with the endorsement of the Public Force a control zone of the paramilitary groups commanded by Diego was implanted Fernando Murillo, alias `Don Berna’. After the Orión Operation, the paramilitary ones notified to the settlers the new norms of conduct that had to adopt if they wanted to follow in the locality. Also they communicated to them of the payment of taxes for the “service of security”. They evacuated by the force the houses of several accused leaders to belong to the military services, and turned those houses operations centers of the Block Nutibara Cacique, that work next to ten eight and army bases of the Police. The houses were occupied by paramilitary and the their families to exert a permanent monitoring on the population. According to the inhabitants of the Commune, members of the Police of the Station Laurels make joint patrollings with the paramilitary ones. The demobilized ones count on a Convivir company in the zone, serve their like watchmen and informants, control the together local administrators, monopolize the illegal gasoline commerce and the transport.
The new territorial control mode has meant a change in the methods of execution of the violence, and the social diffusion of the fear. Instead of massive crimes and public, now a “quiet repression” practices - as the flame the community of which the selective disappearance, the homicides committed with cutting weapon, and the forced displacement are part “drop to drop”. With these methods, 121 people have been assassinated or missing from 2002 in the Commune. The women are frequent victims of sexual violence. The young people are put under forced recruitment. On the other hand, the municipal administration denies that these facts come from the paramilitary ones, and attributes them bands to emergent of delinquency. However, have been common graves, and some of the crimes - like the one of Mrs. Teresa Yarce, in 2004, who belonged to the Association of Women of Independences- show a to action that it tends clearly to eliminate the leaders of the associations of victims.
In another column which I wrote with regard to the tribute that to him the President from the Republic to general Mario Montoya paid, I indicated that already from end of the decade of 1970 east official he had been accused in a Mexican newspaper to participate in the conformation of the death squad `Triple A '. At that time, Montoya lieutenant comprised of the Battalion of Intelligence “Charry Solano”, specialized in organizing concealed operations and terrorist actions. In last days an act has been made of I make amends for to the General in the occasion of the information appeared in the newspaper Los Angeles Times, that directly ties it with the paramilitary ones. This time the tribute was the responsibility of IV the Brigade of the Army, that rented microbus of the companies of transport related to `Don BernA’ to bring the settlers.
All this happens in Antioquia, where during the decade of 1990 the lawyer was assassinated Jesus Maria Valle to criticize the security cooperatives To coexist supported by the governor Alvaro Uribe; the same ones that during that time served to the multinational Chiquita Brands to contract paramilitary with the purpose of killing unionists in their plants.
fm_cepeda@yahoo.fr
Under the orders of General Mario Montoya, in October of 2002 the Army and the Police exiled to the military services of the FARC of Commune XIII of Medellín. Since then, the authorities have wanted to present/display this zone like model of the policy of security of president Uribe. In fact, with the endorsement of the Public Force a control zone of the paramilitary groups commanded by Diego was implanted Fernando Murillo, alias `Don Berna’. After the Orión Operation, the paramilitary ones notified to the settlers the new norms of conduct that had to adopt if they wanted to follow in the locality. Also they communicated to them of the payment of taxes for the “service of security”. They evacuated by the force the houses of several accused leaders to belong to the military services, and turned those houses operations centers of the Block Nutibara Cacique, that work next to ten eight and army bases of the Police. The houses were occupied by paramilitary and the their families to exert a permanent monitoring on the population. According to the inhabitants of the Commune, members of the Police of the Station Laurels make joint patrollings with the paramilitary ones. The demobilized ones count on a Convivir company in the zone, serve their like watchmen and informants, control the together local administrators, monopolize the illegal gasoline commerce and the transport.
The new territorial control mode has meant a change in the methods of execution of the violence, and the social diffusion of the fear. Instead of massive crimes and public, now a “quiet repression” practices - as the flame the community of which the selective disappearance, the homicides committed with cutting weapon, and the forced displacement are part “drop to drop”. With these methods, 121 people have been assassinated or missing from 2002 in the Commune. The women are frequent victims of sexual violence. The young people are put under forced recruitment. On the other hand, the municipal administration denies that these facts come from the paramilitary ones, and attributes them bands to emergent of delinquency. However, have been common graves, and some of the crimes - like the one of Mrs. Teresa Yarce, in 2004, who belonged to the Association of Women of Independences- show a to action that it tends clearly to eliminate the leaders of the associations of victims.
In another column which I wrote with regard to the tribute that to him the President from the Republic to general Mario Montoya paid, I indicated that already from end of the decade of 1970 east official he had been accused in a Mexican newspaper to participate in the conformation of the death squad `Triple A '. At that time, Montoya lieutenant comprised of the Battalion of Intelligence “Charry Solano”, specialized in organizing concealed operations and terrorist actions. In last days an act has been made of I make amends for to the General in the occasion of the information appeared in the newspaper Los Angeles Times, that directly ties it with the paramilitary ones. This time the tribute was the responsibility of IV the Brigade of the Army, that rented microbus of the companies of transport related to `Don BernA’ to bring the settlers.
All this happens in Antioquia, where during the decade of 1990 the lawyer was assassinated Jesus Maria Valle to criticize the security cooperatives To coexist supported by the governor Alvaro Uribe; the same ones that during that time served to the multinational Chiquita Brands to contract paramilitary with the purpose of killing unionists in their plants.
fm_cepeda@yahoo.fr
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