De manera anticipada, en Colombia se ha comenzado a debatir sobre el camino que debería adoptarse para el sometimiento a la justicia transicional de los eventuales excombatientes de las Farc, en caso de lograrse la firma de la paz y su posterior desmovilización.
Es anticipado pues en la mesa de diálogos aún no se han terminado de discutir los cinco puntos de la agenda pactada y algunos de los ya culminados todavía están pendientes de renegociación. Se cree que el proceso de paz en Cuba atraviesa por un punto de no retorno, pero la meta parece estar todavía lejos.
El tema se ha tocado inclusive desde cuando comenzaron los diálogos. Muchos se preguntan cuáles podrían ser las penas que pagarían los responsables de graves delitos contra la sociedad civil y si algunos otros podrían convertirse, tras dejar sus armas, en aspirante políticos.
Las hipótesis -que no dejan de serlo hasta que en el papel se concrete el método de transición de la guerra a la paz- mencionan desde perdón y olvido absoluto con condiciones de verdad y reparación, hasta castigos severos contra algunos desmovilizados.
En varias oportunidades la voz del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha irrumpido proponiendo una controversial pero realista opción: amnistía para ciertos actores armados y penas alternativas para otros.
Entre sus ideas más recientes, Montealegre propuso que la pena máxima para los cabecillas guerrilleros que se sometan a la justicia transicional, y hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, sea el desminado de las zonas que ellos mismos convirtieron en campos de muerte.
Para él, una sanción que no obligue el paso a la cárcel no significa que habrá impunidad; sería una forma de resocialización en la que el victimario corregiría su daño a los civiles.
La idea fue, inicialmente, secundada por el ministro de Justicia Yesid Reyes, quien consideró que pensar solo en largas cadenas en la cárcel para miembros de la cúpula guerrillera no aportaría al espíritu de la paz, sino que sería considerado como una “venganza”. El responsable de la cartera de Justicia criticó la iniciativa del Fiscal no porque fuese descabellada, sino por lo apresurado de su presentación.
De cualquier forma, lo que se pacte en La Habana respecto al futuro jurídico de los miembros de las Farc deberá ser discutido, tramitado y aprobado por el Congreso de la República a través de una ley estatutaria, y después sometido a análisis por la Corte Constitucional, que además de considerarla a la luz de la normatividad nacional deberá estimar los tratados internacionales suscritos por Bogotá.
KienyKe.com recopiló seis de las ideas que han surgido hasta ahora sobre el mejor modelo de justicia transicional que se pueda aplicar a las Farc. Algunas tan flexibles como las aplicadas en procesos de paz en otras regiones del mundo, mientras que otros tan severos que hacen pensar que ninguna contraparte en negociación las aceptará.
Idea #1: Prisión con penas alternativas, pero sumada a la muerte política
Hasta los críticos del actual proceso con las Farc en Cuba entienden que para alcanzar la paz es necesario plantear alternativas de justicia transicional que incentive la dejación de las armas.
La propuesta en este punto es que los responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos paguen cárcel.
Por los hechos descritos, la justicia penal contempla décadas en prisión; no obstante en este escenario, quienes perpetraron esos crímenes pagarían entre 6 y 8 años máximo, por todas sus culpas.
El uribismo, la más grande oposición del actual gobierno, plantea una opción al respecto. El excandidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, dijo a KienyKe.com que cualquiera de los cabecillas que hayan cometido algún delito atroz “tiene que pagar cárcel”. “Estoy de acuerdo con la pena reducida; a lo largo de mi campaña a la presidencia propuse una pena reducida de seis años, sobre la base de que tienen que ir a la cárcel quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad”, explicó.
En su opinión, además de pagar cárcel, líderes guerrilleros como los que están sentados en Cuba negociando la paz “no podrán ser elegibles”, lo que plantea su muerte política. “Quienes han cometido ese tipo de crímenes no solo tienen que pagar cárcel, sino que no pueden ir a la política; tienen que tener una sanción por el daño que han hecho a la sociedad”.
Los cabecillas y responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad podrían pagar hasta 6 años de cárcel, según la primera idea de justicia con los desmovilizados.
Respecto a guerrilleros rasos, que suelen ser hombres en las filas subversivas que solo cumplen órdenes y muchos fueron víctimas de reclutamiento, Zuluaga sí cree que podría llegarse a acordar una amnistía, que además les permita participar en política si así lo desean. “Su delito sería político, y esa es la diferencia con los cabecillas que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Idea #2: Prisión con penas alternativas, pero posterior acceso a la política
La propuesta consiste en que los exguerrilleros que resulten condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y atentados contra los derechos humanos, paguen alguna pena alternativa intramuros.
No estarían exentos de la cárcel, pero en pabellones especiales de paz y no en las celdas en las que se recluyen a delincuentes comunes.
Es parecido a lo que sucede con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia sometidos a le ley de Justicia y Paz.
Bajo condiciones de decir toda la verdad, procurar la reparación de las víctimas y someterse en prisión a un proceso de resocialización para evitar la repetición de la violencia, muchos de los exlíderes paramilitares –autores de graves crímenes- están a punto de cumplir su deuda con la justicia y alcanzar la libertad.
No obstante ante el carácter político de las Farc, la propuesta también incluiría una enmienda constitucional especial para permitir que ellos, a pesar de haber sido condenados, puedan participar en política tras cumplir con su sentencia.
Idea #3: Castigos que eviten la cárcel, y paso a la política
El exfiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, estima que los desmovilizados de las Farc que hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no podrán ser beneficiarios de ninguna amnistía ni indulto. Esto lo prohíbe no sólo la justicia colombiana sino la global.
“Pero hay que buscar una fórmula que permita el procesamiento y que se les aplique una condena alternativa. El fiscal Montealegre ha propuesto penas sustitutivas a la privación de la libertad, y eso no es un asunto exótico ni extraño”, dijo Mendoza Diago a KienyKe.com.
En su opinión, lo ideal es encontrar “mecanismos de sustitución de la pena privativa de la libertad y reemplazarla por una que tenga los mismos efectos de la resocialización que se haría en la cárcel”.
Las propuestas tienen que ver con que los responsables de delitos contra la humanidad y crímenes de guerra no vayan a la cárcel; en cambio sean obligados a realizar labores que sirvan de reparación o castigo social. La idea del desminado entraría en esta categoría; se trata de reparar un daño que ellos mismos causaron; también es una actividad costosa y de alto riesgo, lo que añadiría valor a su pena.
Algunos, en este punto, plantean que aceptarían la pena alternativa pero pedirían la muerte política y jurídica de los condenados.
“La figura de la muerte jurídica no existe; son conceptos que se van inventando en el curso de la discusión. Una persona que se le condene, y se le ponga como pena accesoria la pérdida de los derechos políticos, no se le está tampoco decretando la muerte política; se le restringen esos derechos que es diferente”, estimó el exfiscal.
El exfuncionario está de acuerdo con que a mandos medios y bases guerrillas (combatientes rasos o milicianos) se les otorgue amnistía y perdón por delitos que entraría a ser evaluados como políticos: rebelión, porte ilegal de armas, utilización de prendas de uso privativo de la fuerza pública, entre otros.
Recordó, sin embargo, que la actual Constitución no permite la elección en cargos públicos de personas que hayan sido condenadas por cualquier delito. Habilitar la opción requeriría de una enmienda especial.
Idea #4: Condenas en libertad condicional e indulto político
Juan Carlos Palou, uno de los más renombrados consultores sobre posconflicto en Colombia, estima decidir si algunos guerrilleros deben o no ir a la cárcel, tiene que ver con una “concepción reduccionista de la justicia”.
Coincide con la idea de la pena alternativa como el desminado, pues considera que esta es una opción de justicia restaurativa.
Pero Palou propone una nueva iniciativa: pena no intramural, pero que limite la libertad de movimiento del condenado.
La experiencia de Sudáfrica muestra que los grandes criminales de guerra fueron perdonados bajo la condición de que dijeran toda la verdad de sus crímenes durante el apartheid.
Esta sentencia afectaría a los mandos castigados por cometer los peores delitos de la guerra. Para exponerla en un ejemplo, esos miembros de las Farc sometidos a este modelo podrían ser confinados en un territorio, que podría ser un municipio, y se les prohibiría salir de dicha región por determinados años. Es una restricción laxa de la movilidad de los juzgados, pero que les permite trabajar y tener una vida productiva dentro de la sociedad civil.
“No existe ninguna norma internacional que se refiera exactamente a que toda condena en justicia transicional debe consistir en una prisión. Muchos dirán que esta idea es un indulto o amnistía camuflada. Pero si algún cabecilla se somete a este castigo y hace aportes importantes en materia de verdad, y con sus bienes para indemnizar a víctimas y repararlas, podría ser mejor que enviarlos a la cárcel”, explicó.
Con esta propuesta también se consideraría que las Farc puedan participar en política, como compensación por su dejación de las armas y sometimiento a la verdad, justicia y reparación. “Uno no hace un proceso de paz para mandar a la gente solo a la cárcel, porque esas son figuras que simbolizan la derrota militar del contrincante. Si les quita a ellos la opción de la actividad política, sería para entendida como una terminación indigna del conflicto”.
Idea #5: Los extremos: perdón y olvido a cambio de verdad. -o- todo el peso de la ley para los mayores criminales
Las propuestas de esta idea son las consideradas menos viables para aplicar en este proceso de paz, por la extrema laxitud de sus penas o la exagerada búsqueda de un castigo que no favorece a la reconciliación. No significa que sean iniciativas imposibles de considerar.
Citando ejemplos como el de Sudáfrica, quienes abogan por una reconciliación absoluta proponen perdón y una clase de ‘borrón y cuenta nueva’ para todos los crímenes de las Farc.
La idea del indulto consiste en que, a cambio de verdad, reparación absoluta y garantías de no repetición, hasta los grandes líderes puedan comenzar de cero.
“Se pueden explorar alternativas a la pena, como el decir que no hay pena porque hay mucha verdad o mucha reparación. En esa forma no se incurre en impunidad porque la persona ofrece verdad y participa en la reparación”, plantea el experto Juan Carlos Palou sobre un concepto llamado Justicia Reparativa.
Es probable que la comunidad internacional, en especial la Corte Penal de La Haya, critique al Estado colombiano si decide indultar a condenados por graves delitos contra la humanidad o amnistiar a los eventuales responsables. Esta opción tampoco gustará en sectores de la sociedad que podrían ver esto como un máximo de impunidad.
Aunque se ha dicho que se podría negociar con la comunidad internacional para no extraditar a los guerrilleros desmovilizados, muchos creen que esta propuesta no será fácilmente aprobada por naciones como Estados Unidos.
Finalmente está quienes abogan por el castigo íntegro a los máximos cabecillas de las Farc, sin que haya cabida a penas alternativas. Consideran que los peores crímenes merecen castigos ejemplarizantes.
La opción también es ingenua, pues lo que sucede en La Habana es una mesa negociación más no un proceso de rendición.
Además detener la guerra tiene consecuencias como el perdón y una justicia diferente a la ordinaria para incentivar la desmovilización.
Sin embargo, líderes como Óscar Iván Zuluaga creen que de castigos como la extradición no podrán salvarse algunos miembros de las Farc. “La extradición está vigente y es una ley de obligatorio cumplimiento para el país. Ellos tienen que responder primero a Colombia pero siempre tendrán la posibilidad de ser extraditados. Y tiene que haber cárcel. La propia Corte Penal lo establece”.
El exfiscal Mendoza Diago también reconoce que uno de los compromisos internacionales que tiene vigente Colombia es la extradición, y será un problema tratar de eximir de este castigo a quienes sean solicitados por haber delinquido en el exterior, por ejemplo a través del narcotráfico. “Dictarles inmunidad interna para no extraditarlos, no creo que se pueda lograr”, anticipó.
La discusión hasta ahora comienza y se parte de una base primordial: las Farc deberán responder por sus delitos, sea cual sea la condena, y la sociedad colombiana deberá ceder en los castigos que merecerán los actores armados. Este es otro de los grandes costos de la paz.
