contraria a la obligación jurídica asumida por Colombia conforme al derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan responsabilidad por delitos de lesa humanidad

Carta de Human Rights Watch al Presidente y Congreso

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 10:58 p.m. | 01 de Mayo del 2012

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Esta es la carta completa en la que se hacen duras críticas a Marco Jurídico para la Paz.

Washington D.C., 1 de mayo de 2012

Dr. Juan Manuel Corzo, Presidente del Senado
Dr. Simón Gaviria, Presidente de la Cámara de Representantes
Dr. Luis Fernando Velasco, Presidente de la Comisión Primera del Senado

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Uds. para hacerles llegar mi preocupación sobre el proyecto de enmienda constitucional que se conoce como "Marco Jurídico para la Paz". El propósito estipulado de la enmienda¿que actualmente se encuentra en un estado muy avanzado de aprobación legislativa¿sería facilitar acuerdos de paz con grupos armados irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, este proyecto legislativo¿en su versión más reciente¿permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares.

La reforma propuesta incorpora a la Constitución un nuevo artículo que concedería a los legisladores y, posteriormente a las autoridades judiciales, la potestad de desistir del juzgamiento y suspender la ejecución de penas a miembros de grupos armados irregulares y agentes del Estado responsables de hechos atroces . Específicamente, la enmienda permitiría a la Fiscalía limitar el procesamiento penal únicamente a los "máximos responsables" de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por lo tanto, otros partícipes que hayan intervenido directamente en la planificación, ejecución y el encubrimiento de los mismos delitos¿pero que no fueron considerados entre los "máximos responsables"¿podrían evitar su juzgamiento. Más aún, la reforma podría incluso permitir que funcionarios judiciales eximan de investigación y juzgamiento penal las más graves violaciones de los derechos humanos, al excluir abusos en los que no están involucrados los "máximos responsables". A su vez, otorgaría al Congreso la facultad de suspender la ejecución de penas dictadas por los tribunales de justicia contra guerrilleros, paramilitares o militares condenados por delitos graves, incluidos los "máximos responsables" de delitos de lesa humanidad .

El conflicto armado colombiano ha redundado en innumerables abusos y resulta absolutamente legítimo que el sistema de justicia asigne prioridad a los delitos más graves y sus máximos responsables. Sin embargo, esta reforma sobre justicia transicional no se limitaría a dar prioridad a determinados casos, sino que permitiría que las autoridades colombianas desistan por completo del juzgamiento y suspendan la ejecución de penas en casos de abusos graves, lo cual contraviene abiertamente las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia conforme al derecho internacional. De hecho, al sustraer a personas que hayan cometido crímenes que caen dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), la enmienda podría exponer a Colombia a una investigación por este órgano judicial internacional .

Para garantizar que el proyecto de enmienda constitucional es consistente con las obligaciones jurídicas internacionales de Colombia, es necesario abordar y corregir los tres problemas fundamentales del actual proyecto, a los que a continuación me referiré.

I. La reforma permitiría que responsables de atrocidades¿e incluso las más graves violaciones de los derechos humanos¿eludan la investigación penal y su juzgamiento.

La enmienda constitucional permitiría al Congreso autorizar a operadores de justicia a renunciar a la investigación penal y al juzgamiento de guerrilleros, paramilitares y militares responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros graves abusos. La reforma dispondría que el Congreso, por iniciativa del gobierno, podrá "mediante ley determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra... y autorizar la renuncia a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados"  (énfasis agregado).

Esta disposición admite dos interpretaciones. En ambas, los funcionarios judiciales podrían limitar el juzgamiento de atrocidades a las personas que cumplan con los criterios que el Congreso en un futuro establezca sobre quienes son los "máximos responsables".

La primera interpretación es que los funcionarios judiciales investigarían todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero solamente juzgarían a los "máximos responsables" de cada caso. El Congreso establecería mediante una ley los criterios para seleccionar qué personas que participaron en atrocidades se encuentran en la categoría de "máximos responsables" y autorizaría a los funcionarios judiciales a desistir del juzgamiento de todos los demás implicados en el mismo caso porque no califican en dicha categoría. En efecto, el Congreso estaría en condiciones de sancionar una ley que defina como "máximos responsables", por ejemplo, a líderes nacionales o locales de las guerrillas, paramilitarismo, o militares que participaron en hechos atroces. Esa misma ley permitiría que funcionarios judiciales renuncien a investigar y juzgar a las demás personas que, por ejemplo, planificaron, cometieron o encubrieron los mismos delitos.

Una segunda interpretación es que el Congreso establecería una categoría de "máximos responsables" y luego los funcionarios judiciales juzgarían exclusivamente a ese grupo de personas en relación con los casos en que estén involucrados. Por consiguiente, con independencia de la gravedad del abuso, solamente serían investigados penalmente aquellos donde estuviera implicada una persona calificada como "máximo responsable". Esta es la interpretación propuesta por quien impulsó el "Marco Jurídico para la Paz" en la Cámara de Representantes, Carlos Edward Osorio. El Dr. Osorio indicó recientemente en su informe de ponencia para el sexto debate, presentado el 24 de abril, que uno de los fines de la reforma es "garantizar que sea posible renunciar a la persecución penal de todos los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado por quienes no sean considerados por la Ley como los máximos responsables"  (énfasis en la versión original). Por lo tanto, masacres, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y otras atrocidades que no se puedan directamente vincular a los "máximos responsables" podrían no ser juzgadas.

La enmienda es claramente contraria a la obligación jurídica asumida por Colombia conforme al derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan responsabilidad por delitos de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido esta obligación en numerosas sentencias que tienen carácter vinculante para Colombia . El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) consagra, además, el derecho a interponer un recurso efectivo en caso de violación de los derechos reconocidos en dicho Pacto. Como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos, organismo especializado de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento del PIDCP, conforme al artículo 2(3) del PIDCP los Estados tienen la obligación de investigar las violaciones de estos derechos y de juzgar a sus autores . Limitar el procesamiento penal sólo a quienes se consideran los "máximos responsables" crearía deliberadamente un amplio margen para la impunidad, y muchos de los responsables de graves crímenes gozarían de inmunidad legal.

Procurar limitar indebidamente el alcance de la investigación y la persecución penal de responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra podría ser un intento errado de emular la política operativa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Colombia es parte del Estatuto de Roma que da origen a la CPI, cuya Fiscalía se centra en la investigación y el juzgamiento de quienes tienen el mayor grado de responsabilidad en los delitos que caen dentro de su jurisdicción. Esta política no se basa en el alcance de la obligación de derecho internacional respecto de quién debe ser juzgado penalmente por los delitos más graves, sino que refleja la naturaleza de la Corte como tribunal internacional que complementa a los sistemas nacionales de justicia penal, pero no los sustituye. La política de la CPI se basa en la premisa que los Estados conservan la principal responsabilidad de enjuiciar a todos los autores de los delitos más graves¿no sólo a los máximos responsables. Por lo tanto, cualquier intento de limitar la obligación persecutoria de las jurisdicciones nacionales a una categoría reducida, como son los "máximos responsables", constituiría una decisión errada, inconsistente con las obligaciones jurídicas internacionales de Colombia. De hecho, cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron los crímenes más aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciar a estos responsables en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos.

Si bien el proyecto de acto legislativo dispone que los mecanismos "extrajudiciales" pueden garantizar la obligación de Colombia de investigar, es claro que esta opción no resulta aplicable a casos de violaciones graves de derechos humanos. Esto se debe a que las investigaciones "extrajudiciales" no permitirían que Colombia cumpla con su obligación jurídica internacional de juzgar graves abusos. La Corte Interamericana ha establecido claramente este deber, al señalar que "la obligación conforme al derecho internacional de procesar... a los autores de violaciones de derechos humanos, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana" . La obligación de juzgar los delitos más graves también está reconocida en el Estatuto de Roma, que dispone en su preámbulo: "Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas [...] para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia"  (énfasis agregado).

A fin de cumplir con su obligación de juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, Colombia debe llevar a cabo investigaciones penales en estos casos. En varias de sus decisiones, la Corte Interamericana ha señalado la necesidad de realizar investigaciones penales y ha afirmado que "[l]a investigación de estos hechos debe ser... orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los responsables intelectuales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales" . Las investigaciones "extrajudiciales" no cumplirían con este requisito, ya que por su naturaleza no están destinadas a asegurar la "captura, enjuiciamiento y condena" de todos los responsables.

La Corte Interamericana ha señalada que las comisiones de la verdad no pueden sustituir la investigación penal de violaciones graves de derechos humanos. Como lo dispuso recientemente la Corte en una decisión contra Brasil, "las actividades e informaciones que, eventualmente, recabe dicha Comisión no sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales a través de los procesos judiciales penales" .

II. La reforma permitiría al Congreso suspender la ejecución de penas impuestas a personas responsables de atrocidades, sin distinción.
El Congreso podría suspender la ejecución de las penas impuestas a guerrilleros, paramilitares y militares que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos, en cualquier grado de participación criminal. El proyecto de acto legislativo dispone que el Congreso "podrá mediante ley... establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena". El proyecto no prevé restricciones respecto de quiénes pueden beneficiarse con la suspensión de la pena y quiénes no califican. Por lo tanto, podrían acceder a ese beneficio incluso los 'máximos responsables'. El Congreso tendría, por ejemplo, la potestad de permitir que los máximos jefes guerrilleros responsables de atrocidades, como alias "Timochenko" o alias "Iván Márquez", no cumplan ni un sólo día en prisión.

De acuerdo con el derecho internacional, Colombia tiene la obligación jurídica de imponer penas por violaciones a los derechos humanos y éstas deben ser proporcionales a la gravedad del abuso cometido. Al respecto, la Corte Interamericana ha resuelto que "existe un marco normativo internacional que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos" . La Convención de la ONU contra la Tortura, por ejemplo, destaca que los delitos previstos en la Convención deben ser "castiga[dos] con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad" .  De manera similar, el Estatuto de Roma de la CPI dispone que al determinar la pena, la Corte "tendrá en cuenta [...] factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado".

III. La reforma permitiría que los beneficios de la justicia transicional se apliquen a miembros de la fuerza pública.
La enmienda constitucional también beneficiaría a miembros de la fuerza pública con la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la pena. En efecto, el primer párrafo del proyecto dispone que la ley podría autorizar un tratamiento diferenciado "para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades". La fuerza pública colombiana es parte en el conflicto que afecta al país, y por lo tanto sus miembros reunirían las condiciones para recibir beneficios especiales. De hecho, la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo señala expresamente que la finalidad del inciso es "autorizar la creación a futuro de instrumentos de justicia transicional que incluyan a agentes del Estado" .

La aplicación de medidas de justicia transicional a agentes del Estado representaría un grave retroceso, absolutamente innecesario e injustificado. Es comprensible que Colombia ofrezca algunos incentivos, como reducción de penas, a miembros de grupos armados irregulares con el propósito de instarlos a dejar las armas y desmovilizarse (siempre que los responsables de atrocidades sean juzgados y castigados con penas acordes a la gravedad de sus delitos, algo que no se garantiza en la enmienda propuesta). Sin embargo, este mismo razonamiento no se aplica a servidores públicos, como son los miembros de la fuerza pública colombiana.

Respetados líderes del Congreso de Colombia: la reforma de justicia transicional propuesta  contraviene de manera flagrante el derecho internacional, favorecería la impunidad generalizada de delitos aberrantes, y expondría a Colombia a una investigación por parte de la CPI. Por estos motivos, apelamos a su compromiso con el estado de derecho y los instamos respetuosamente a reformar el proyecto de acto legislativo para corregir los tres principales problemas identificados en esta comunicación.

Aprovecho esta oportunidad para expresarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

CC: Su Excelencia Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
CC: Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia
CC: Dr. Federico Renjifo, Ministro del Interior
CC: Dra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores
CC: Dr. Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia y del Derecho
CC: Dr. Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación
CC: Dr. Sergio Jaramillo, Alto Asesor de Seguridad Nacional

Publicada en http://www.eltiempo.com/justicia/carta-de-human-rights-watch-al-presidente-y-congreso_11697402-4

Si usted fuera el Gobernador...

Si usted fuera el Gobernador...

ORLANDO PARRA G.

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PobreEl mejor 

Pasada la toma de la Embajada Dominicana en 1980,  hace 32 años, el M19 se puso como meta desarrollar una guerrilla más rural que urbana. De hecho la mayor parte de los miembros de sus estructuras urbanas habían sido detenidos, torturados, desaparecidos, y los más afortunados encarcelados. Uno de esos frentes pretendía entrar por el Chocó, hacia el Eje Cafetero: Chocó a Risaralda. Recuerde, hace 32 años.

En esas acciones, fue dada de baja “La Chiqui”, la legendaria guerrillera de Cartago (sí, de aquí al lado) que había sido la negociadora de la embajada. Esa propuesta le llamó la atención a otra guerrilla: la del EPL. Pocos semestres después decidieron desplazar una comisión desde Antioquia la cual comenzó un proceso de reclutamiento en Quinchía, que paulatinamente se extendió a Guática, Riosucio, Pueblo Rico, etc. Ese frente, que luego se llamaría Oscar William Calvo (también de Cartago), y que se desmovilizó a principios de 1991, tenía como retaguardia estratégica los límites de Risaralda con Chocó. Hace 21 años.

Ya para esos momentos, las FARC habían extendido su frente que tradicionalmente había hecho presencia en los límites entre Antioquia y Caldas, hacia estas zonas del país. El ELN también, e incluso una disidencia llamada el ERG o Ejército Revolucionario Guevarista, actuaba en esa zona. La década de los 90 fue espantosa. Quienes viven en esos límites lo saben. Quienes transitan continuamente por allí, lo recuerdan. Hace 12 años.

La ofensiva militar continua, persistente -incluso creo que cobró la vida de un Coronel (¿Comandante del San Mateo?)-, tuvo sus frutos. Hubo un período de relativa calma en los últimos semestres. Pero los dos factores claves persisten. Y persistirán por un buen rato. Primero, las guerrillas y los actores armados, nunca han pactado una paz que los desmovilice. Sí, seguramente la gente del M19 y del EPL, Ricardo, Marino, etc., nunca volvió por allá. Pero los que siguen activos saben que el segundo factor se cumple a la perfección: es una zona selvática, con poblaciones pobres, y pobremente atendidas desde los centros estatales, el caldo de cultivo, las “condiciones objetivas” de las que hablaba Belisario (hace 30 añitos no más) siguen ahí.

Ahora escoja usted la respuesta

 A) Aniquilamos -otra vez- las guerrillas; 

B) Solucionamos la problemática socio económica de la zona; 

C) Pactamos la paz con las guerrillas; 

D) Todas las anteriores; 

E) Ninguna. 

Si ya escogió, entonces lo invito a otro ejercicio: usted es el gobernador Carlos A Botero, póngase en sus calzones: ¿qué haría?  Sí, se puede reclamar más presencia militar en la zona, y sí, a corto plazo puede dar resultado, pero esta probadísimo que mientras existan guerrilleros ‘envíables’ a la zona, y mientras ésta siga selvática y paupérrima volverán a reaparecer…ahora, si quiere, vuelva y escoja su respuesta.

Original en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/56498-si-usted-fuera-el-gobernador.html
Posteriormente leída para parte de la Radio popular en Pereira Colombia, Vía Oxigeno 1300 am (II-03-2012)

pensar que en un primer intento de diálogo, todo se resolvería, era ingenuo.

JOSE SARAMAGO ENTREVISTADO POR YAMIT AMAT PARA EL TIEMPO

Su tesis política en esta visita fue: "La izquierda se volvió estúpida".
En primer lugar porque le faltan ideas. Y cuando faltan ideas, queda uno muy cerca a la estupidez. En segundo lugar, porque uno no puede equivocarse en política. En tercer lugar, observe la realidad del movimiento sindical internacional y de cada país en particular: es un desastre. En cuarto lugar, en Europa se dividieron los movimientos y partidos de izquierda y me parece que esa es una grave manifestación de estupidez.
¿Cuál es su opinión sobre el proverbio según el cual quien no ha sido comunista a los 15 años, no tiene corazón y quien lo sigue siendo a los 50, no tiene cerebro?
Que es estúpido. No es una cuestión de sentimientos. Si todo fuera corazón o cerebro, o sea, un asunto material, las ideas no servirían para nada y las ideas no se pierden con el paso del tiempo.
¿Usted es aún comunista?
Sí, yo sigo siendo comunista...Más que nunca.
¿En pleno siglo XXI existe el comunismo?
Ni hoy ni antes. El comunismo no ha existido nunca en ningún país.
Si no ha existido, ¿cuál es su filosofía? ¿Y Mao, Stalin, Lenin, Trotsky?
La filosofía es el marxismo. ¿Por qué digo que el comunismo no ha existido nunca? En el caso de la Unión Soviética se inventó un capitalismo de Estado y no había comunismo. Si no hay una participación efectiva de los ciudadanos en la vida de su país, no hay comunismo y los soviéticos no la tenían. Los ciudadanos eran llamados cuando se necesitaba votar y nada más. Las limitaciones a la libertad eran gravísimas: no podían viajar, no podían salir, no podían hablar ni protestar.
¿Piensa que el comunismo es un utopía?
No. No es una utopía. El comunismo es una posibilidad.
Que jamás ha existido...
Que no ha existido hasta ahora. Mire lo que pasa con China, el país de Mao, el de la Gran Marcha. ¿En qué se convirtió? En un país que de comunista no tiene nada, que sigue con su bandera roja.
Si el comunismo no ha existido, ¿todos sus líderes han sido una especie de charlatanes demagogos?
No. Eso sería insultar la memoria de tantos militantes en todo el mundo, militantes comunistas que dieron su vida por una causa en que creían y que murieron reafirmando sus convicciones.
Si el comunismo no ha existido, ¿por qué se proclama comunista?
Ser comunista es un estado de espíritu. Ese estado lo perdió Stalin, lo perdieron los dirigentes chinos, los Nikita, los Brezhnev y compañía. La Unión Soviética se diluyó y murió.
¿Fidel Castro es comunista?
Creo que sí. Si hay algo que reconocerle, es el gran estado de espíritu del que he hablado. Se necesita mucha fuerza espiritual y convicción íntima para resistir un bloqueo e incluso a la enfermedad.
¿Dio resultado el comunismo en Cuba?
Yo no diría que se llegó al comunismo en Cuba, aunque adelanto mucho en esa dirección. No sabemos bien como se manifestará un comunismo real en la práctica ni sabemos hasta donde puede llegar. En Cuba, efectivamente, hay una visión muy clara de lo que podría ser. Se han logrado mejoras sociales, tiene uno de los mejores servicios de salud del mundo, la instrucción es notable, no hay analfabetismo... Alguna cosa se ha logrado, pero no todo.
¿Entonces sí existe el comunismo?
La única cosa que se puede decir es que Cuba en este momento es el país que está más cerca de la realización del ideal comunista, lo que no quiere decir que haya llegado.
Si el comunismo es una buena posibilidad, ¿por qué la gente huye de Cuba?
Precisamente, porque no han logrado llegar al comunismo. Las condiciones que se viven en Cuba son muy duras. Hay personas que lo aguantan y otras que no.
¿La guerrilla colombiana es comunista?
¡Nunca lo ha sido! Y creo que nunca lo será. Ahora mismo son bandidos narcotraficantes, antipatriotas. Por su culpa, es asombroso como en Colombia dos generaciones se han perdido. Su existencia sólo ha producido muerte, cantidad de desaparecidos y 3 mil ó 4 mil secuestrados. Así fuera sólo por secuestros, la acción de las Farc es condenable. Ninguna guerrilla política vive de secuestros durante años y menos mantiene durante años a inocentes secuestrados. Esto no es luchar por ideales. Lo peor es que ya no pueden vivir de otra forma. En otras partes la guerrilla fue política y se integró a la vida de todos los días. Aquí no.
¿Cuál es la salida?
La sociedad civil colombiana no puede limitarse a ser espectadora de un desastre, de una calamidad, del horror, que es lo que está pasando en el propio corazón de Colombia. La sociedad civil tiene que manifestar su presencia, su repudio, su indignación, pero de modo concreto como se ha hecho hace pocos días con una manifestación importantísima por la posibilidad de un acuerdo humanitario. Ojala ese acuerdo se haga, triunfe y prospere, para salvar muchas vidas.
¿Es el camino el acuerdo humanitario?
Sí, así sea una sola vida que se salve, o dos o tres, vale la pena. En mi opinión, la sociedad civil colombiana tiene que manifestar de una forma visible y activa su exigencia de una solución, o algo que se imponga a la guerrilla pero que también se imponga al gobierno. La sociedad no puede ser espectadora como si no tuviera nada que ver.
¿ La salida del conflicto es la guerra o el dialogo...?
El conflicto no tiene solución militar.
Pero el diálogo fracasó...
Eso no significa que un segundo intento, un tercer intento, un décimo intento, no prospere; pensar que en un primer intento de diálogo, todo se resolvería, era un poco ingenuo. Hay que seguir buscando vías de diálogo por parte del gobierno y se necesita de parte de la guerrilla una voluntad real de paz.
¿Cree usted que la tiene?
Si la tienen no la manifiestan.
¿Qué piensa de la política del presidente Uribe frente a la guerrilla? ?
No hay mucha diferencia entre la gestión del presidente Uribe y la gestión de otros presidentes anteriores.
¿Qué piensa del presidente Chávez?
Lo creen ustedes un problema, ¿no? Chávez no es ningún problema. Chávez es un hombre que ama a su pueblo, que cree que es posible sacar de la miseria a millones de venezolanos. Sus métodos pueden ser discutidos, pero tiene en sus manos un arma poderosísima: el petróleo.
¿Entonces la izquierda sí es buena para gobernar?
Es buena en Latinoamérica. La izquierda en Europa es distinta a la de América latina, en donde hay buenos gobernantes.
Si es bueno Chávez, si es bueno Lula, si es bueno Correa y es bueno Evo, ¿por qué dice usted que la izquierda es estúpida?
Yo me refiero así sólo a la izquierda europea.
¿Qué futuro le ve usted a Colombia?
Colombia tiene todas las condiciones, económicas, sociales, culturales, para convertirse en un gran país; pero tiene el cáncer de la guerrilla y el conformismo de la sociedad con ella. Probablemente, en el momento de su aparición tenía una razón: quizás liberar a Colombia de un poder casi feudal, de caciquismos multimillonarios. Pero se pervirtió para convertirse en un ejército de bandidos, narcotraficantes y secuestradores. Ejercen una acción que desde todos los puntos de vista es despreciable. A mi me duele Colombia. Hay un pueblo culto que busca cultivarse con mucha seriedad, con mucha convicción. Es un país que cree que la cultura es realmente necesaria, que no es sencillamente un adorno como un collar de perlas. Si logra liberarse del horror de la guerrilla, Colombia tiene todo para convertirse en una gran nación

FOTOGRAFIA DE Y EN EL TIEMPO

Lo confieso…

Cada vez me atrae menos escribir sobre estos temas…cada vez entiendo más a las personas que han decidido no ver, leer ni oír noticias…no salimos de las mismas noticias…Uribe, Paras, Guerrilla, Uribe, Paras, Guerrilla…además porque entonces las noticias son mono temáticas, y quienes opinamos sobre ellas, que, generalmente, tenemos ya unas posiciones definidas frente a esos temas, terminamos siendo, también mono temáticos…por eso, aunque no lo puedo prometer, trataré de opinar sólo cuando salga algo realmente nuevo: y lo nuevo es que más allá del ya mono temático rifi rafle entre Uribe y sus detractores, en medio del ultimo, parece perderse en la maraña la propuesta que hizo un senador, para mirar el futuro, para tratar de romper la maraña de la guerra en nuestro amado, pero a veces vergonzoso, país.

La propuesta, según la síntesis de semana.com, pues NO, no quise, no me interesó, y por ende no seguí el famoso debate, tiene cinco puntos. Los voy a analizar uno por uno.

1. “aceptarse el fracaso del proyecto paramilitar que en algún momento pretendió combatir la ilegalidad”…jamás olvidaré cuando, desde el equipo de gestión departamental de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en 1998, tuve la oportunidad de oír de los labios del director ejecutivo del gremio más importante de la región esta frase “todo el mundo debería reconocer que muchos nos equivocamos con los paramilitares, hay que reconocer que el remedio Salió peor que la enfermedad”…esa frase, en esos poderosos labios –después el dirigente se pensionó- pronunciada hace ya casi una década, tal vez hubiera sido buena parte de la solución: lo doloroso fue que en los años siguientes, tras el escabroso fracaso del esfuerzo de la administración Pastrana: surgirían también en la región dos frentes paramilitares que se sumaban a la ya existencia de la guerrilla. Es decir, no basta con que las elites acepten su error…tienen que interiorizarlo: la pregunta es cómo, cuando son unas elites que desde tiempos inmemoriales, desde la colonia, desde la república, desde los pájaros, etc, etc, la mayoría de ellos han venido recurriendo a este tipo de instrumentos para combatir todo aquello que se les opone…

2. “un conjunto de iniciativas constituyentes de hondas raíces regionales para remover aquellos obstáculos que han impedido la integración de las regiones a la Nación en la totalidad del territorio colombiano”. Esta propuesta no es del senador…es la propuesta que viene levantando desde hace ya varios lustros, antes de los encuentros de Maguncia donde participó el hoy vicepresidente Francisco Santos, el ELN…y es valida: Colombia es un país de regiones, Colombia es un país de localidades, y la experiencia de las diversas constituyentes municipales muestran que la mayoría de ellas son capaces de impactar profundamente su entorno: es buena parte de la clave, es entender que la paz no se construye desde arriba, que la paz no se construyó en el pasado, ni se construirá en el presente, con un pacto entre las elites de los grupos armados, de los actores del conflicto y de los gobiernos de turno, así estos intenten representar cabalmente a las elites citadas –como acertadamente lo intentó Pastrana- no… la paz se construye de abajo hacia arriba…y, en un segundo tiempo, de arriba hacia abajo…

3. “reconocer el perjuicio para la democracia del clientelismo “voraz, excluyente y corruptor” donde “el político es el amo y el ciudadano un peón”. Lastimosamente no se desarrolla –en el resumen- el cómo…pero si, nuestro país no avanza por el camino de la democracia, siempre surgen tropiezos…y siempre surgen tropiezos porque, desde antes del Frente Nacional, existe una casta política que se retroalimenta, una casta con sus propias reglas de juego, donde lo que prevalece es el interés personal de cada uno de los grandes actores, y donde no sólo los electores, sino, toda la estructura que los rodea, hasta llegar a los simples electores, son peones de brega impulsando intereses que, generalmente, se encubren, pero rodean egos personales, generalmente asociados a intereses financieros: cabe decirlo: de este juego NO escapan la mayor parte de los representantes de la izquierda con sus contadas excepciones. La pregunta es cómo romper ese ciclo…ya hubo un intento que mostró el camino, pero no desarrolló los mecanismos: la 7ª papeleta que originó la constituyente del 91, porque creer que dicha casta se auto reformara es de ilusos.

4. “crear condiciones verdaderas de una economía productiva regional “no parasitaria” que se integre al mercado nacional e internacional…profundamente asociado a todo lo demás, pero especialmente a las constituyentes regionales, es este, además un camino en el que han insistido diversos economistas no amarrados a los esquemas dependentistas, como Garay, quienes han insistido que es la única forma de abordar el siglo XXI y la globalización: la glocalización productiva.

5. “una verdad legítima sobre los actos que impulsaron el paramilitarismo para cerrar el círculo vicioso de la violencia. A cambio de esto habría una política generalizada de beneficios para quienes “dentro de un gran juicio nacional de responsabilidades, produzcan el milagro del perdón”. De esta manera se llegaría a una posterior reparación, un compromiso de no reincidencia y a una verdadera reconciliación”…pienso que…es una apuesta, una apuesta compleja, una apuesta delicada, pero que el país necesita, no realizar lo que hizo en 1903 al concluir la guerra de los mil días, lo que hizo al comenzar el conflicto con Perú en los 30s que fue esconder la violencia de la nueva república liberal contra los conservadores, lo que hizo en 1958 que fue aprobar por decreto una amnistía que perdono todos los vejamenes que se cometieron en las violencias de los 40s y 50s (la venganza conservadora, la venganza liberal y la venganza frente nacionalista…); y si, digámoslo, tampoco lo que se hizo en los 90s que fue pasar borrón y cuenta nueva con las guerrillas que se desmovilizaron en aquel entonces y, la mayoría lo olvidan, con las autodefensas que se desmovilizaron en ese periodo: la de Ariel Otero, por ejemplo…el país no puede repetir esos LLAMADOS A LA IMPUNIDAD…aquí, desafortunadamente, se olvida que el país firmó en 1963…en mil novecientos sesenta y tres, los pactos asociados al Derecho Internacional Humanitario, y que, por ende, como lo propusieron desde la absolutamente desaparecida COMISIÓN NACIONAL DE RECONCILIACIÓN…-creo que se llama así- de Pizarro, y de Gonzalo Sánchez, es necesario saber toda la verdad, por lo menos desde 1963…o le dejaremos a nuestros hijos y nietos la misma, perdóneseme, mierda del presente…?

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