CiberColumna de Orlando Parra G

INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE COLOMBIA 2008

República de Colombia
Jefe del Estado y del gobierno: Álvaro Uribe Vélez
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 47 millones
Esperanza de vida: 72,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m): 30/26 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 92,8 por ciento

La persistencia del conflicto entre paramilitares respaldados por el ejército, grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad tuvo como consecuencia graves abusos contra los derechos humanos, especialmente en algunas regiones y áreas rurales. Todas las partes implicadas en el conflicto, que se prolongaba desde hacía 40 años, cometieron violaciones del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, murieron menos civiles que en años recientes. Persistían los secuestros, y los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayor parte de los relacionados con el conflicto, si bien se recibieron menos informes de casos que en años anteriores. El homicidio en junio de 11 rehenes cautivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) provocó la condena general y renovadas peticiones para que las FARC liberasen a todos sus rehenes. Continuaron produciéndose ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra activistas de la sociedad civil; de la mayoría de esas agresiones se culpó a grupos paramilitares.
Los grupos paramilitares mataron a menos personas que en años anteriores. Sin embargo, aumentaron los informes sobre homicidios de civiles a manos de las fuerzas de seguridad. Los grupos paramilitares siguieron activos en muchas partes del país pese a su supuesta desmovilización. También aumentó el número de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares a causa del conflicto. Se culpó a las FARC de muchos de los homicidios de candidatos en la campaña electoral de los comicios locales de octubre.
Se realizaron algunos progresos en varias investigaciones destacadas sobre abusos contra los derechos humanos, aunque la impunidad siguió siendo motivo de honda preocupación. Aproximadamente 40 miembros del Congreso aparecieron implicados en las investigaciones judiciales que continuaban indagando los vínculos entre autoridades estatales y grupos paramilitares. A cambio de una reducción en las penas de prisión, varios líderes paramilitares «desmovilizados» prestaron declaración ante tribunales especiales sobre su implicación en violaciones de los derechos humanos y sus vínculos con las fuerzas de seguridad.
Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad
Según los informes, los miembros de las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente al menos a 280 personas en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007. Los militares a menudo presentaban a sus víctimas, en su mayoría campesinos, como «guerrilleros muertos en combate». La mayoría de los homicidios se remitían al sistema de justicia militar, que habitualmente procedía al archivo de tales casos sin realizar ningún intento genuino de hacer rendir cuentas a los responsables.
El 22 de abril, soldados de la XVI Brigada del ejército irrumpieron en el domicilio de Ernesto Cruz Guevara en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, y lo interrogaron en relación con actividades guerrilleras. Antes de marcharse, los soldados dijeron a su esposa que se lo llevaban a la oficina local de la Fiscalía General de la Nación. La familia de Ernesto Cruz identificó posteriormente su cuerpo sin vida; el ejército dijo que era un guerrillero muerto en combate.
En junio, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Directiva Permanente No. 10, que reiteraba que las ejecuciones extrajudiciales eran una violación del derecho a la vida.
Grupos paramilitares
El gobierno aseguró que se había desmovilizado a más de 31.000 combatientes y que ya no había paramilitares activos. Las autoridades atribuyeron la continuada violencia a bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Si bien es verdad que determinados grupos paramilitares se habían transformado en bandas criminales relacionadas con las drogas y que cierta violencia estaba vinculada a disputas entre esos grupos, había claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales seguían operando en muchas partes del país con nombres nuevos, como los «Águilas Negras» y la «Organización Nueva Generación». Continuó habiendo informes sobre connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, publicó en febrero su octavo informe trimestral, donde afirmaba que había identificado 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes, aunque otras fuentes sugirieron que la cifra era muy superior. En el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.
El 23 de febrero, Alba Milena Gómez Quintero y su hijo Miguel Antonio, de 18 años de edad, viajaban en un taxi por la carretera que comunica San Juan de Arama con Granada, en el departamento del Meta. Dos presuntos paramilitares los sacaron del vehículo, en un lugar situado entre dos controles del ejército, y los mataron. Según los informes, Alba Milena Gómez había presentado una demanda formal contra el ejército, pues, según denunciaba, la habían acusado falsamente de ser una auxiliar de la guerrilla.
Omisión de la verdad sobre los abusos de los paramilitares
Sólo un 10 por ciento aproximadamente de los más de 31.000 paramilitares desmovilizados reunían los requisitos necesarios para acogerse a las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, conforme a la cual, quienes dejaran las armas podían beneficiarse de penas de prisión considerablemente reducidas a cambio de confesar violaciones de derechos humanos y otorgar reparación a sus víctimas. En cualquier caso, el proceso discurría con lentitud, dado que sólo se disponía de unas 20 unidades de investigación para ocuparse de miles de casos.
Gracias a las confesiones de algunos dirigentes paramilitares se conoció cierta información sobre las personas a las que habían matado, pero los datos sobre la identidad de sus víctimas y el paradero de sus cadáveres siguieron siendo muy vagos. Entre 2006 y el final de 2007 se exhumaron más de 1.100 cuerpos de numerosas fosas comunes, aunque muchas de ellas se descubrieron gracias a la información proporcionada por paramilitares sin rango y al margen del proceso de la Ley de Justicia y Paz. La gran mayoría de los cadáveres seguían sin ser identificados. Aún estaban sin delimitarse la mayor parte de los al menos cuatro millones de hectáreas de tierra que se calculaba que los paramilitares habían robado. Muy pocas tierras se habían devuelto a sus legítimos propietarios.
La mayoría de los paramilitares eludieron ser sometidos a investigación efectiva gracias al Decreto 128 y a la Ley 782, que concedían amnistía de facto a quienes no estuvieran siendo investigados por abusos contra los derechos humanos y admitieran ser miembros de grupos paramilitares, delito conocido como «concierto para delinquir». En julio, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la pertenencia a grupos paramilitares no era un crimen político y que, como tal, no le eran aplicables amnistías. Esta resolución dejó a unos 19.000 paramilitares en un limbo legal.
Según parece, los paramilitares mataron a varias víctimas y a quienes las representaban en el proceso de la Ley de Justicia y Paz.
Hombres armados no identificados mataron el 7 de febrero en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, a Carmen Cecilia Santana Romaña, representante de víctimas que solicitaban la devolución de sus tierras y su derecho a participar en las vistas del proceso de la Ley de Justicia y Paz.
Unos hombres armados de los que se sospechaba que estaban relacionados con los paramilitares mataron a tiros el 31 de enero en Montería, departamento de Córdoba, a Yolanda Izquierdo, representante de sobrevivientes y ella misma también sobreviviente, en la vista del proceso de la Ley de Justicia y Paz sobre el líder paramilitar Salvatore Mancuso.
Escándalo «para-político»
La Corte Suprema de Justicia sometió a investigación a más de 40 legisladores por su presunta relación con los paramilitares; casi la mitad se encontraban detenidos al finalizar el año. En diciembre, uno de ellos, Erik Morris, fue condenado a seis años de prisión. Centenares más de autoridades del Estado, entre ellas gobernadores, alcaldes y miembros de las fuerzas de seguridad, estaban siendo sometidos a investigación por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. En noviembre, a causa de sus vínculos con los paramilitares, la Procuraduría General inhabilitó para empleo o cargo público durante 18 años a Jorge Noguera, ex director del Departamento de Seguridad Administrativa. Según los informes, varios magistrados de la Corte Suprema que investigaban el escándalo, y sus familias, recibieron amenazas.
Impunidad
La impunidad seguía siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En noviembre, un capitán del ejército fue detenido por su papel en la matanza de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en febrero de 2005. La Fiscalía General de la Nación aseguró que los homicidios habían sido perpetrados por el ejército en connivencia con los paramilitares. En febrero, la Fiscalía General había anunciado que estaba investigando a 69 soldados por esos homicidios. Desde 1997 habían muerto de forma violenta más de 160 miembros de la Comunidad de Paz.
En noviembre se hizo público que un equipo de la Fiscalía General de la Nación había reabierto las investigaciones sobre 294 de los miles de homicidios de miembros de la formación política de izquierdas Unión Patriótica que habían tenido lugar desde 1985. Se creía que los paramilitares y las fuerzas de seguridad habían sido responsables de la mayoría de estos homicidios.
En octubre, el ex ministro de Justicia y senador Alberto Santofimio fue condenado a 24 años de cárcel en relación con el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, cometido en 1989.
En septiembre, tres miembros de la fuerza aérea fueron condenados por un juez civil a seis años de arresto domiciliario por lo que se describió en el fallo como homicidio accidental de 17 personas en Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca, en 1998. El sistema de justicia militar había absuelto con anterioridad a los tres hombres con el argumento de que las muertes se habían producido por la explosión de un camión que pertenecía a la guerrilla. En el fallo de septiembre se concluía que la causa de los homicidios había sido una bomba de racimo lanzada desde un helicóptero de la fuerza aérea.
En agosto, cuatro miembros del ejército y un civil fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio de tres sindicalistas en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, en agosto de 2004. El ejército había asegurado que se trataba de guerrilleros muertos en combate.
En julio, el coronel retirado del ejército Alfonso Plazas Vega fue detenido por su participación en la desaparición forzada de 11 personas durante el asalto del ejército al Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985. La operación se llevó a cabo tras haber sido ocupado el edificio por guerrilleros del M-19, que tomaron como rehenes a quienes había en el interior. Más de un centenar de personas murieron durante el asalto del ejército, entre ellas 12 magistrados de la Corte Suprema. En septiembre, el fiscal general Mario Iguarán dijo que había claros indicios de que muchos de los que luego desaparecieron estaban vivos al salir del edificio.
Grupos guerrilleros
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos y graves y reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, como el homicidio de civiles y la toma de rehenes. Más de 210 homicidios de civiles se atribuyeron a los grupos guerrilleros en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007.
Según los informes, el ELN mató el 14 de marzo a cuatro personas en San Joaquín, municipio de Mercaderes, departamento del Cauca.
Al parecer, las FARC mataron el 1 de enero a cuatro personas en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Al menos dos de las víctimas eran dirigentes comunitarios.
Parte de la población del departamento de Arauca huyó de sus hogares a causa de las escaramuzas armadas y del homicidio selectivo de civiles derivados del continuado conflicto entre las FARC y el ELN. Entre las víctimas había dirigentes sociales y comunitarios a los que cada bando acusaba de apoyar al otro.
Las FARC siguieron teniendo en su punto de mira a personas que desempeñaban cargos designados por elección, y al parecer fueron también responsables de la mayor parte de los 29 homicidios de aspirantes a cargos municipales que se cometieron durante la campaña para las elecciones locales celebradas el 28 de octubre.
Entre el 7 y el 10 de julio se dio muerte a cuatro titulares de alcaldías y concejalías de los departamentos de Caquetá, Chocó y Valle del Cauca.
Seguía siendo generalizado el uso de minas terrestres antipersonal por parte de los grupos guerrilleros. En 2007 murieron por su causa más de 180 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad (que seguían siendo las principales víctimas de esos artefactos), y 680 personas resultaron heridas.
Los días 14 y 15 de julio murieron en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, cinco miembros de la comunidad indígena awá, entre ellos dos niños, a causa de minas terrestres antipersonal colocadas, según los informes, por las FARC.
En agosto quedaron suspendidas las conversaciones preliminares de paz entre gobierno y ELN por desacuerdos sobre las condiciones para el alto el fuego.
Secuestros y toma de rehenes
Fue generalizada la condena del homicidio, ocurrido en circunstancias inciertas el 18 de junio, de 11 de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que habían sido secuestrados por las FARC en abril de 2002. Las FARC aseguraron que las muertes se habían producido en el fuego cruzado de un combate con un grupo armado no identificado, pero las autoridades pusieron esta versión en duda.
La comunidad internacional se implicó cada vez más en las conversaciones sobre el intercambio de presos de las FARC por rehenes en manos del grupo guerrillero tras autorizar el presidente Uribe la puesta en libertad en junio de Rodrigo Granda, «representante diplomático» de las FARC, y la excarcelación simultánea de más de un centenar de presos sentenciados de las FARC. El presidente Uribe autorizó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a mediar para tratar de alcanzar un acuerdo, y en noviembre se celebró en Caracas una reunión entre el presidente Chávez y dirigentes de las FARC. Sin embargo, ese mismo mes, el presidente Uribe dio por terminado el papel mediador de Venezuela debido a que, según los informes, el presidente Chávez se había puesto en contacto con el jefe del ejército colombiano, contraviniendo así el acuerdo previo de no conversar directamente con jefes militares de Colombia sobre la cuestión de los rehenes. Esta situación provocó un deterioro de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Al finalizar el año no se había materializado la muy esperada liberación por las FARC de tres rehenes de alto perfil.
Aunque siguió reduciéndose el número de secuestros –de los 687 de2006 a los 521 de 2007–, las cifras seguían siendo muy elevadas. Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC y en mucho menor grado el ELN, fueron responsables del secuestro de aproximadamente 150 personas; la mayoría de esos secuestros estaban relacionados con el conflicto, mientras que la mayor parte de los secuestros restantes fueron obra de bandas criminales. Hubo alrededor de 125 secuestros que no pudieron atribuirse a ningún autor concreto.
Violencia contra las mujeres
Todas las partes del conflicto continuaron sometiendo a mujeres y niñas a abusos sexuales y otras formas de violencia. Se obligaba a mujeres guerrilleras a abortar o a tomar anticonceptivos, conculcando de ese modo sus derechos reproductivos.
Según los informes, soldados del ejército irrumpieron el 23 de mayo en una vivienda del municipio de Toribío, departamento del Cauca, en la que intentaron abusar sexualmente de una niña de 11 años.
Según los informes, cinco paramilitares de los «Águilas Negras» –dos mujeres, dos menores y un hombre– entraron el 26 de marzo en la casa de dos hermanas, de 14 y 10 años de edad, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Al parecer, algunos de los paramilitares golpearon a las dos niñas y abusaron sexualmente de la mayor y la mataron. José Mendieta, de 60 años de edad y vecino de las hermanas, acudió en auxilio de las muchachas pero, según los informes, murió acuchillado por los asaltantes.
Según los informes, paramilitares y bandas criminales reclutaron a la fuerza en varias partes del país a mujeres y niñas como trabajadoras sexuales. En el departamento de Putumayo se dio muerte al menos a cinco de esas mujeres.
Civiles en peligro
La población civil seguía siendo la más castigada por el conflicto, especialmente las personas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales vivían en tierras de interés económico para las partes beligerantes. Al menos 1.340 civiles murieron de forma violenta o fueron víctimas de desaparición forzada en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007. También hubo más de 305.000 nuevos casos de desplazamiento interno en 2007. La cifra de personas desplazadas internamente desde 1985 era de entre tres y cuatro millones.
En septiembre, casi un millar de indígenas awá, aproximadamente la mitad de ellos menores, se vieron desplazados del Resguardo Inda Sabaleta, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, debido a los combates entre el ejército y grupos guerrilleros.
En abril, más de 6.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en el departamento de Nariño a causa de los reiterados enfrentamientos entre el ejército y grupos guerrilleros.
Los paramilitares y la guerrilla seguían reclutando a menores de edad. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) calculó que en Colombia había entre 6.000 y 7.000 niños y niñas soldados.
También se produjeron varios atentados con bomba en áreas urbanas, algunos de los cuales las autoridades atribuyeron a las FARC.
El 9 de abril hizo explosión un coche bomba ante un edificio de la policía en Cali, departamento del Valle del Cauca. Un civil resultó muerto y hubo más de 30 heridos.
El 16 de marzo hizo explosión un artefacto en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Cuatro personas resultaron muertas, y siete, heridas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas
Defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y comunitarios y periodistas siguieron siendo objeto de ataques, sobre todo por parte de grupos paramilitares.
Durante el año se produjeron asaltos y robos de información sensible en oficinas de varias ONG de derechos humanos, entre ellas Reiniciar, Corporación Jurídica Yira Castro, Movimiento de Reconciliación y Justapaz.
En febrero, según informes, unas 70 ONG, sindicatos y otras organizaciones sociales recibieron amenazas de muerte de paramilitares a través del correo electrónico. En junio, ocho ONG de derechos humanos del departamento de Nariño recibieron amenazas de muerte telefónicas y a través del correo electrónico enviadas por el grupo paramilitar Organización Nueva Generación, según informes. Este grupo había enviado amenazas similares a 13 ONG de Nariño en marzo.
El 4 de noviembre, dos hombres encapuchados y armados atacaron a Yolanda Becerra, presidenta de la Organización Femenina Popular, en su domicilio en Barrancabermeja, departamento de Santander. Según la información disponible, la empujaron contra la pared, la amenazaron con un arma de fuego y le dieron un plazo de 48 horas para abandonar la ciudad.
El 4 de abril, Judith Vergara, activista comunitaria de la Comuna 13 de Medellín, departamento de Antioquia, fue muerta a tiros cuando viajaba en autobús por la ciudad.
Al menos 39 sindicalistas murieron de forma violenta en 2007. En enero comenzó a funcionar la Representación Permanente de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, establecida para observar los derechos de los sindicalistas en el país y el trabajo de la unidad especial creada dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos relacionados con atentados contra la vida y la integridad física de sindicalistas.
La inquietud que el homicidio de sindicalistas colombianos suscitó en el Congreso estadounidense dificultó los esfuerzos para lograr un acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.
El presidente Uribe hizo nuevos comentarios que daban a entender que las organizaciones de derechos humanos tenían vínculos con grupos guerrilleros. En julio, el presidente dijo: «Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial».
Ayuda militar estadounidense
La ayuda de Estados Unidos a Colombia ascendió en 2007 aunos 727 millones de dólares, de los que aproximadamente el 82 por ciento se destinó a las fuerzas de seguridad. Unos 595 millones de dólares del monto total procedían de los presupuestos para Operaciones Exteriores, y de ellos el 25 por ciento dependía de los avances del gobierno colombiano en determinados indicadores de derechos humanos. En abril, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, certificó que Colombia estaba realizando progresos en el ámbito de los derechos humanos y autorizó el pago del total del 25 por cierto de los fondos condicionados a esa materia del ejercicio fiscal 2006. No obstante, el Congreso estadounidense retuvo la cesión de los fondos destinados a las fuerzas armadas, que ascendían a unos 55,2 millones de dólares, a causa de la preocupación generada en torno las ejecuciones extrajudiciales y el escándalo para-político. Pese a la celebración de tres rondas de preguntas y respuestas, el Congreso no aceptó los argumentos para que se certificasen los avances de Colombia en materia de derechos humanos y, al finalizar el año, el dinero seguía retenido.
En diciembre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la entrada en vigor de importantes cambios en la ayuda estadounidense a Colombia. Las ayudas a las fuerzas militares y policiales de los presupuestos para Operaciones Exteriores se redujeron en un 31 por ciento y la ayuda social y económica se incrementó en un 70 por ciento. La condición de cumplir determinados requisitos en materia de derechos humanos se amplió al 30 por ciento de la ayuda y se requirió de las autoridades colombianas el desmantelamiento de los «grupos armados sucesores», con lo que se reconocía por parte del gobierno estadounidense que la actividad paramilitar continuaba en Colombia. La cifra total de asistencia a Colombia fue de 44 millones de dólares menos que la solicitada por el presidente Bush para 2008.
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció que el gobierno había acordado prorrogar por tres años el mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Con respecto a la aplicación por parte del gobierno de las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas por la ONU, el Informe sobre Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, publicado en marzo, manifestaba que «el cuadro de implementación era todavía variado, particularmente en el caso de las recomendaciones sobre la revisión de los archivos de inteligencia, la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de las estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario». En el informe se expresaba también preocupación por la continuada presencia de paramilitares, los crecientes informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y las infracciones del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros, y en particular las FARC.
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