Ilegalización del oro y legalización de las drogas
La minería ilegal, manejada por grupos criminales, está generando violencia en países latinoamericanos
Pese a que los homicidios en toda Colombia están descendiendo, en los lugares donde existen yacimientos de oro, estos están aumentando desde que los precios del mismo se dispararon compitiendo en rentabilidad con la cocaína. En Colombia y Perú la minería ilegal, manejada por sectores informales o grupos criminales, está generando violencia. No hay noticias de que eso mismo esté ocurriendo en Estados Unidos o Canadá, que son grandes productores de oro. Este efecto contrastante con respecto al oro, que es un producto legal, entre Estados con desarrollos desiguales, hace dudar sobre si la causa fundamental de la violencia en algunos países latinoamericanos son las drogas, cuando las evidencias apuntan más hacia graves rezagos en la construcción de Estado.
Las debilidades y vacíos de Estado generan oportunidades para actividades criminales. En México, por ejemplo, se roban el 30% de la gasolina de los oleoductos de PEMEX. Durante la Guerra Fría surgieron interpretaciones que planteaban que las causas de la violencia eran el Comunismo y la Teología de la Liberación y no el carácter autoritario de los Estados.
La violencia ha sido históricamente determinante en la construcción del Estado y sus instituciones. El monopolio de la violencia legítima es la primera condición para que haya Estado. Monopolio implica inexistencia de poderes armados que cuestionen la autoridad en el territorio y, en la actualidad, legitimidad implica respeto a los derechos humanos. En la segunda mitad del siglo pasado hubo en Latinoamérica insurgencias que se explicaban, entre otras razones, por la falta de neutralidad política del poder coercitivo. Fruto de aquella violencia surgieron instituciones democráticas. Ejércitos y policías terminaron siendo neutrales y las izquierdas pudieron por fin gobernar. Ahora estamos frente a una violencia criminal que ha evidenciado debilidades de los Estados y que, igual, obliga a construir institucionalidad, no importa que los delincuentes no tengan propuesta política.
Los problemas de: ineficiencia e insuficiencia de las policías, funcionamiento de la justicia, calidad de las prisiones, ausencia de Estado en el territorio y pobreza y desatención social a población con proclividad al delito; son, en algunos países, gigantescos. En Honduras se incendian prisiones y en El Salvador se cree en milagrosas negociaciones con criminales. En la mayoría de países la seguridad está en manos de instituciones no reformadas heredadas del autoritarismo. Los regímenes autoritarios delegaron en personas violentas el monopolio de la violencia en representación del Estado. Policías y ejércitos se llenaron de matones, ignorantes y corruptos, mal pagados, pero leales al poder. Violencia, corrupción e ilegalidad han sido antivalores tolerados entre militares y policías. No ha existido una barrera moral entre autoridades y delincuentes. Ejércitos y policías fueron preparados para combatir rebeliones y evitar golpes de Estado. Muchas de esas viejas estructuras han colapsado o han sido cooptadas por los criminales. Por otro lado, la liberalización económica redujo las capacidades de los Estados al multiplicar la seguridad privada en detrimento de la seguridad pública. Las drogas son entonces parte del problema, pero no la causa.
La violencia de México ha tenido tal impacto, que puso el tema de la legalización o despenalización de las drogas en la agenda de la reciente Cumbre de las Américas. La esperanza es encontrar una ruta rápida para acabar con la violencia. Inmediatamente esta demanda fue considerada una causa progresista porque permitía culpar a EE UU, rechazaba el conservadurismo moralista de la prohibición y no se comprometía con los temas de ley y orden que son considerados de derechas. Sin embargo, al menos para Latinoamérica, el debate estaría entre dejar que las drogas sean reguladas por el mercado, como han hecho las derechas con todo en los últimos años, o se resuelven los temas de fondo de construcción de Estado. La alergia de la academia y los progresistas por la agenda de seguridad dejó este tema con mucha gente en las graderías exigiendo, pero pocos en la cancha resolviendo; se ha aceptado implícitamente que la seguridad no es un tema científico, sino de matones.
Es un error hablar de guerra contra las drogas, porque las guerras terminan y la producción y el consumo de drogas no terminará nunca. Sin embargo, la legalización como “solución mágica” puede convertirse en escusa para “dejarlas pasar”, en vez de fortalecer al Estado. El resultado sería la institucionalización del crimen. A Colombia la lucha contra el crimen la está transformando en un mejor país, la seguridad y la justicia son ahora más eficientes y el Estado, después de décadas de ausencia, ha comenzado a volverse política, económica y socialmente responsable de todo el territorio. La violencia está obligando a Brasil a ocuparse, por fin, de las favelas y a México a depurar y modernizar sus tradicionalmente corruptas policías.
En Guatemala los ejércitos privados tienen tres veces más hombres que el Estado, los ricos se resisten ferozmente a pagar impuestos, los policías son escandalosamente corruptos, los criminales dominan extensos territorios y en los años ochenta los militares asesinaron a más de 100.000 personas. El gobierno de este país, con un general de presidente, se ha convertido ahora en el abanderado de la causa “progresista” por la legalización de las drogas.
Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales.
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