Domingo 30 de Noviembre de 2014 - 02:01 AM
No tienen derecho a quejarse
El columnista Orlando Parra publicó en LaTarde de 4 de septiembre de 2014, unas cifras que no deben pasar inadvertidas por la comunidad. Usando divisiones simples concluyó que, en promedio, cada establecimiento de ocio y venta de licor en Pereira paga $66 mil anuales de impuestos, poco más de $5 mil por mes.
Esa suma le resulta de dividir los $190 millones, que pagaron de impuestos en 2013, entre los 2.872 establecimientos registrados en el municipio. Impuestos que corresponden a ventas por $6.500 millones.
Otra división da un promedio de ventas, para cada uno de esos negocios, por algo más de $2 millones, en ese año. Con razón se sorprende el columnista de que no estén en la quiebra, pues esos ingresos no deben cubrir sus gastos.
Si agregamos que dentro del número de bares y similares hay algunos que liquidan sus impuestos sobre sus ventas reales, tenemos que concluir que le evasión de sus colegas es monstruosa y descarada.
Pero no son los únicos comerciantes que incrementan sus utilidades evadiendo los pagos que deben hacer al erario público.
Hay ventas callejeras de comidas rápidas que tienen a su servicio verdaderas tropas de dependientes, muchos de ellos uniformados. Sus ingresos deben superar, con creces, el límite del régimen simplificado en la DIAN y en consecuencia deberían recaudar el IVA, pero no solo lo eluden, sino que se ahorran el arrendamiento del local, explotando el espacio público sin contraprestación y, seguramente, tampoco cubren la seguridad social de su personal.
Existen en muchos lugares de Pereira y Dosquebradas “asaderos de pollos”, cuyos nombres se repiten como si se tratara de una cadena, cuyos puntos cambian de propietario varias veces en un año y en ocasiones también cambian de razón social; aunque detrás de la registradora siga la misma persona. Son el producto de otras maniobras para evadir el pago de obligaciones fiscales y en ocasiones laborales.
En los establecimientos de tales comerciantes, como en cualquier parte de nuestras ciudades, es común escuchar las quejas de los clientes por el deterioro de los bienes públicos, las vías, por ejemplo, o las deficiencias de los servicios que presta el estado.
Sin embargo son esos mismos quejosos los que voluntariamente y sin cargos de conciencia, meten en el bolsillo de los evasores el dinero que serviría para arreglar las calles, dotar los colegios o mejorar la atención a los ancianos.
Esos ciudadanos y los que como ellos contribuyen a la evasión de impuestos, no tienen derecho a quejarse.
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