Se investigan 2.000 muertes de probables falsos positivos, según informe de la Fiscalíaen
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/mas-de-2000-colombianos-habrian-sido-asesinados-por-falsos-positivos-segun-informe-de-la-fiscalia_6378648-1Mañana, el martes y el miércoles se tienen previstas las primeras audiencias de solicitud de libertad de algunos militares en los juzgados de Soacha. La razón: aparente vencimiento de términos para el inicio del juicio.
De acuerdo con el documento, 59 de ellos serian menores de edad y 122, mujeres. En el caso de soacha, 48 militares estan a punto de ser llamados a juicio.
A condenas de hasta 60 años se exponen los 48 militares involucrados en el escándalo de los jóvenes desaparecidos de Soacha y reportados muertos en combate en los santanderes, que estalló hace ya un año.
Hasta un soldado profesional que estaba de licencia y que apareció reportado como una baja en combate con tropas del Batallón Santander, en la zona de Ocaña, figura en la lista de víctimas de 'falsos positivos' de esa unidad militar, la más cuestionada por el caso de los muchachos que desaparecieron en Soacha y que luego fueron asesinados.
El expediente de la Procuraduría sobre el caso de Soacha dice que los muertos por este caso serían más de 30 y no 16, como se creía hasta ahora.
La Fiscalía, entre tanto, está lista para acusar a dos coroneles, un mayor y otros 43 uniformados por 13 de esas muertes. Los tres fiscales que llevan las investigaciones consideran que deben ir a juicio por delitos que les darían hasta 60 años de cárcel. Y esos delitos son: homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad.
Estos militares formaban parte de cuatro unidades de Norte de Santander y Santander y, según la Fiscalía, participaron en una tenebrosa empresa criminal cuyo descubrimiento llevó, en noviembre pasado, a la más grande purga militar en la historia reciente del país: 27 militares destituidos, y entre ellos, cuatro generales.
Un año después, los correctivos tomados por el Ministerio de Defensa y los Comandos del Ejército y las Fuerzas Militares para 'parar en seco' los casos de 'falsos positivos' parecen haber funcionado.
Un informe del Cinep revelado el viernes señala que mientras en el primer semestre del año pasado se denunciaron 106 casos de 'falsos positivos', en el primer semestre de este año hubo dos denuncias.
El Ministerio de Defensa dice que después de la purga solo hay una denuncia concreta: Arnobis Negrete desapareció el 24 de diciembre en Montería y a los dos días fue presentado como baja del Batallón Rifles.
No obstante, tanto Fiscalía como Procuraduría siguen encontrando indicios de irregularidades en operaciones de años anteriores. De hecho, la planta de investigadores de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía tendrá que ser ampliada de manera urgente para evitar que colapse por cuenta de los 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones.
Más de 2.000
De sus cien fiscales, 62 han tenido que ser asignados a estos procesos, que por ahora dejan un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Entre estos últimos casos está el de una muchacha de Ocaña que tenía una vestimenta que la Fiscalía considera "demasiado urbana" como para haber buscado un combate: llevaba short y sandalias.
Por esos casos, hay 137 condenas contra militares y 396 tienen órdenes de captura.
Las investigaciones de la Procuraduría están concentradas en tres divisiones del Ejército: La Séptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdicción en 16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y en el centro. Sin embargo, los casos están regados por todo el país.
Durante los últimos siete años, el Ministerio Público ha abierto 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados hacen parte de 35 brigadas (diez de ellas móviles); 481 son oficiales, entre ellos 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458, soldados.
Además, miembros de otras instituciones empiezan a aparecer en los expedientes.
En octubre del 2005, Gabriel Valencia Ocampo, un campesino de Argelia (Antioquia), buscó protección en la estación de Policía, pero de allí se lo llevaron militares del Batallón Juan del Corral que dijeron que era un desertor. Al día siguiente apareció como muerto en combate. Por encubrir ese crimen, el capitán de la Policía Alexander Amézquita acaba de ser detenido. Por ese caso, un teniente del Ejército y tres soldados fueron condenados a 33 años.
600 kilómetros hacia la muerte
El caso Soacha es tal vez el más emblemático de los 'falsos positivos'. ¿Qué es lo que ha determinado la justicia? Los investigadores reconstruyeron una mortal ruta de 600 kilómetros que se inició al sur de Bogotá y que terminó, para algunas de las víctimas, en la frontera con Venezuela.
Una familia que llegó del norte del país hace varios años y que montó en el barrio San Nicolás de Soacha una tienda, 'Los Costeños', es clave en el caso.
Edith Palomino, la dueña y quien es la esposa de Alexander Carretero Díaz, que reclutó con falsas ofertas de trabajo, algunas ilegales, a varios de los jóvenes asesinados. Su hermano es Dairo Palomino, militar de inteligencia del Batallón Santander y que hoy está preso por esas muertes. Ender Obeso Ocampo ('Pique'), y Uriel Ballesteros Obeso, ('Pocho'), son primos de la mujer. Ellos también reclutaron.
Lo que dicen Fiscalía y Procuraduría es que en los informes sobre las operaciones hay tantas inconsistencias que es casi imposible que los mandos de esas unidades no hubieran notado que algo olía mal. "Allá se violaron todos los mínimos de la doctrina militar", reconoce el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo.
En las versiones no cuadraba, por ejemplo, la munición reportada por los militares. A Julián Oviedo, de 19 años, se lo llevaron de Soacha el 2 de marzo del 2008. Fue la única baja de un supuesto combate ocurrido en Ocaña al día siguiente. Según los informes militares, era del Eln, tenía granadas en los bolsillos y falleció por seis balas de fusil. El reporte dice que los soldados dispararon 550 veces.
Un caso aberrante
El caso de Fair Leonardo Porras es quizás el más aberrante de todos. Este joven de 26 años, y que padecía problemas sicomotrices, recibió de Carretero le suma de 200 mil pesos y salió de Soacha el 8 de enero del año pasado.
Carretero se lo entregó a su cuñado, Dairo José Palomino y cuatro días después el joven fue reportado como única baja de la 'Operación Soberanía', contra las 'Águilas Negras'.
Lo que nadie pudo explicar es por qué Fair, además de sus impedimentos físicos que claramente lo inhabilitaban para la guerra, había disparado con la mano derecha, si era zurdo. "¿Cómo no decir que a esta persona se le puso en estado de indefensión, si en su simple naturaleza lo era?", cuestionó la Fiscalía.
¿Qué ganaban los militares implicados en estos horrores? Reconocimientos y permisos por cada muerto en combate. Todavía se investiga si se desvió plata de recompensas, pues un supuesto informante denunció que recibió 150 mil pesos por firmar un papel sobre una operación que, en registros oficiales, está consignada como un pago de 2,5 millones de pesos.
Dos Gaulas, en la mira de la Fiscalía
Aunque los investigadores han logrado establecer una especie de patrón en los diferentes casos en todo el país, solo se ha podido documentar un vínculo directo entre los 'positivos' irregulares de dos unidades militares: el Santander y la desaparecida Brigada Móvil 15, en el Catatumbo, donde suboficiales de inteligencia se pusieron de acuerdo para llevar a varios de los muchachos de Soacha.
Se investiga el recorrido de varios oficiales y suboficiales por unidades cuestionadas y, dicen los investigadores, está pendiente el capítulo del posible desvío de plata de gastos reservados como uno de los motores de esta práctica.
La Fiscalía encontró, por ejemplo, que en Córdoba y Sucre las víctimas eran jóvenes entre los 12 y los 25 años, en general reclutados en otras zonas y muchos de ellos desmovilizados. Varias de las víctimas eran indigentes traídos de Antioquia.
En Atlántico, la modalidad fue de "reclutamiento puro". De allá salieron al menos 40 muchachos, la mayoría de ellos antiguos combatientes del 'Bloque Catatumbo' de las Auc, rumbo a Córdoba, Cesar y Sucre. El reclutador era otro ex Auc.
Dos Gaulas están cuestionados: los de Córdoba y Casanare. En este último departamento, dice un informe oficial, "se ha constatado que las víctimas fueron sacadas bajo engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como bajas en acciones antisecuestro".
Condena para un reclutador
José Dionisio Ramos, alias 'Joselito Carnaval', es el primer reclutador de los falsos positivos condenado por la justicia. Está asociado a varios casos de Sucre que significaron sentencias de 17 y 20 años, entre estos el de los 11 jóvenes de Toluviejo (foto), reportados como bajas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
En su último informe sobre el tema, el Centro de Investigación Popular, Cinep, reconoce una disminución sustancial de los casos por las medidas que adoptó el Ministerio de Defensa. En comparación con el primer semestre del 2008 se pasó de 106 casos a 2, y de 102 víctimas a 4.
El Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría destaca que denuncias de Afusode, que reúne a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provocaron amenazas y hostigamientos contra parientes de personas muertas en 'falsos positivos'. Les exigieron no continuar con testimonios ni averiguaciones.
El batallón La Popa de Valledupar es uno de los más cuestionados por Derechos Humanos. Once de sus militares, entre ellos diez oficiales, fueron retirados en enero. El más conocido: el coronel Hernán Mejía, investigado por el caso de 'las bajas' de 19 'guerrilleros', que aparentemente eran 'paras'.
20 militares del Gaula Casanare son investigados por al menos cuatro casos de aparentes muertes fuera de combate en el 2007. Uno de esos episodios es el de los hermanos Gustavo y Yefer Mora, el 30 de marzo, en Aguazul. Fueron sacados de una fonda y reportados como bajas del Eln.
Las víctimas del caso Soacha son Fair Porras, Steven Valencia, Victor Gómez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Soto, Julio César Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martínez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Verano, Jaime Castillo, Eduardo Garzón Páez, Daniel Pesca Olaya y Alexander Arenas.
El soldado Miguel Anaya no es el único militar víctima de falsos positivos. Néstor Esquivel, del batallón Rifles de Caucasia, salió de permiso a Montería por una enfermedad. Al regresar a Caucasia murió en un supuesto combate. Fue presentado como guerrillero el 24 de septiembre del 2007, muerto en La Guajira.
REDACCIÓN JUSTICIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA
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http://translate.google.com.co/?hl=esCOLOMBIA:We investigate 2,000 deaths of likely false positives, as reported by the AttorneyTomorrow, Tuesday and Wednesday have provided the first hearings of request for release of certain military courts Soacha. The reason is apparent expiration of terms for the trial. According to the document would be 59 of them minors and 122 women. In the case of Soacha, 48 soldiers are about to be called to trial. A sentence of 60 years are exposed to the 48 soldiers involved in the scandal of young people reported missing and Soacha killed in combat in the Santander, which erupted a year ago. Even a professional soldier who was on leave and reported as appearing in combat with troops of the Battalion Santander, in the area of Ocaña, listed as victims of 'false positives' of this military unit, the most challenged by the for boys who disappeared in Soacha and then were killed. The records of the attorney on the case of Soacha said that the dead by this case would be over 30 and not 16 as previously thought. The prosecution, meanwhile, is ready to indict two colonels, one major and another 43 soldiers for 13 of those deaths. The three prosecutors that investigations are considered to be going on trial for crimes that would give up to 60 years in prison. And those crimes are: aggravated murder, conspiracy, forced disappearance and falsehood. These soldiers were part of four units of Santander and Norte de Santander and, according to the prosecution, took part in a sinister criminal enterprise whose discovery led last November, the largest military purges in recent history: 27 military dismissed, and among four generals. A year later, corrective taken by the Ministry of Defense and the Army Command and the Armed Forces for 'a halt' cases of 'false positives' seem to have worked. A report released on Friday Cinep notes that while in the first half of last year were reported 106 cases of 'false positives' in the first half of this year there were two complaints. The MoD said that after the purge there is only one specific complaint: Arnobis Negrete disappeared on Dec. 24 in Monteria and was submitted as two days downward Rifles Battalion. However, both Attorney's Office and still find evidence of irregularities in past operations. In fact, plant researchers DD.HH. Unit of the Prosecutor will have to be expanded urgently to prevent collapse by 1273 account of the proceedings against members of the military and civilian executions. Over 2,000 Of his hundred tax, 62 have had to be allocated to these processes, which now leaves a balance of 2,077 Colombians killed: 59 of them were minors and 122 women. Among these cases is that of a girl who had a clothing Ocaña that the prosecution considered "too urban" to be searched combat: wearing shorts and sandals. For these cases, there are 137 convictions against soldiers and 396 have arrest warrants. Investigations by the Attorney are concentrated in three divisions of the Army: The Seventh, the Second and Fifth, with jurisdiction in 16 departments of the Caribbean coast, the border with Venezuela and in the center. However, the cases are spread around the country. During the past seven years, prosecutors opened investigations against 1274 members of the Army 2965. The soldiers under investigation are part of 35 brigades (ten of them mobile); 481 are officers, including 14 colonels are 1026 NCOs and 1,458 soldiers. In addition, members of other institutions are beginning to appear in the files. In October 2005, Gabriel Valencia Ocampo, a farmer in Argelia (Antioquia), sought protection in the police station, but from there they took military Juan del Corral Battalion who said it was a deserter. The next day he appeared as killed in combat. To conceal the crime, the police captain Alexander Amezquita just been arrested. In that case, an Army lieutenant and three soldiers were sentenced to 33 years. 600 km to death Soacha The case is perhaps the most emblematic of 'false positives'. Which is what has given justice? The researchers reconstructed a deadly 600-mile route that began south of Bogota and ended for some victims, on the border with Venezuela. One family that came from the north several years ago and flew into the San Nicolas de Soacha a shop, 'The Costeños' is key in the case. Edith Palomino, the owner and who is the wife of Alexander Carter Diaz, who recruited with false job offers, some illegal, several of the murdered boys. His brother is Dairo Palomino Military Intelligence Battalion Santander and now is in prison for the deaths. Obese Ender Ocampo ( 'chop'), and Uriel Ballesteros Obeso, ( 'Pocho'), are cousins of women. They also recruited. What they say is that Attorney Office and the reports on the operations there are so many inconsistencies that it is almost impossible for the commanders of those units had not noticed that something smelled bad. "There were violated all the minimum of military doctrine," Deputy Defense recognizes Sergio Jaramillo. In versions did not fit, for example, reported by the military ammunition. A Julian Oviedo, aged 19, was taken from Soacha on 2 March 2008. It was the only casualty of an alleged fight occurred the following day at Ocana. According to military reports, was the ELN, had grenades in their pockets and died six rifle bullets. The report says the soldiers fired 550 times. An aberrant case The case of Leonardo Porras Fair is perhaps the most aberrant of all. This young man of 26 years, and who suffered from psychomotor problems, adds Carter received 200 thousand dollars and left Soacha on January 8 last year. Carter gave it to his brother, Dairo Jose Palomino and four days later the boy was reported as only casualty of Operation Sovereignty ', against' Black Eagles'. What no one could explain is why Fair, in addition to his physical impairments that clearly disqualified him for the war, fired with his right hand, if it was left handed. "How could this person say that he was defenseless, whether in its simple nature was it?", Questioned the prosecution. What earned the soldiers involved in these atrocities? Credits and permissions for every death in combat. It is still investigating whether money was diverted reward, for an alleged informant reported that received 150 thousand dollars to sign a paper on a transaction which, in official records, is entered as a payment of 2.5 million pesos. Two Gaulas, within sight of the Attorney Although researchers have established a kind of pattern in the various cases across the country, has only been able to document a direct link between the 'positive' irregular two military units: Santander, and disappeared Mobile Brigade 15, in Catatumbo , where intelligence NCO agreed to carry several of the boys from Soacha. We investigate the route of several officers and NCOs in units and questioned, say the researchers, is pending the chapter of the possible diversion of spending money reserved as one of the engines of this practice. The Office found, for example, that in Cordoba and Sucre victims were young people between 12 and 25 years, usually recruited from other areas and many of them demobilized. Several of the victims were homeless people brought from Antioch. In Atlantic, the mode was "pure recruitment. From there came at least 40 boys, most of them former combatants' Block Catatumbo the AUC, to Cordoba, Cesar and Sucre. The recruiter was another former AUC. Two Gaulas are questioned: the Cordoba and Casanare. In the latter department, says an official report, "has been established that the victims were taken under delusions of urban areas before being finalized and reported as low in anti-kidnapping operations." Sentence to a recruiter José Dionisio Ramos, alias "Joselito Carnival", is the first recruiter convicted of false positives justice. Is associated with several cases of Sucre which meant sentences of 17 and 20 years, among these that of the 11 young people from Toluviejo (photo), reported as casualties of the Joint Task Force of Sucre. In its latest report on the subject, the Research Center for People, Cinep recognizes a substantial reduction of cases by the measures taken by the Ministry of Defense. Compared with the first half of 2008 were increased from 106 cases to 2, and 102 victims 4. The Early Warning System of the Ombudsman notes that allegations of Afusode, bringing together families of victims of extrajudicial killings, threats and harassment brought against relatives of people killed in 'false positives'. Demanded that they not continue with testimonies and investigations. La Popa Battalion in Valledupar is one of the most challenged by Human Rights. Eleven of its military, including ten officers, were dropped in January. The best known: Colonel Hernan Mejia, investigated for the case of 'low' of 19 'rebels', who apparently were paramilitaries. Casanare Gaula 20 military personnel are investigated by at least four cases of apparent non-combat deaths in 2007. One of these episodes is that of brothers and Yefer Gustavo Mora, 30 March, Aguazul. Were taken from a restaurant and reported as casualties of the ELN. The victims in this case are Fair Soacha Porras, Steven Valencia, Victor Gomez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Stewart, Julio Cesar Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martinez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Summer, Jaime Castillo, Eduardo Garzon Paez Daniel Fish Olaya, Alexander Arenas. The soldier Miguel Anaya military is not the only victim of false positives. Nestor Esquivel, Caucasia Rifles Battalion, went on leave to Monteria by disease. Returning to Caucasia died in an alleged fight. It was presented as a guerrilla on 24 September 2007, died in La Guajira. EDITORIAL JUSTICE AND INVESTIGATIVE UNIT
"The presence 'NGO representatives' of two military officers (one active and one retired), who burned with long time pro-military diatribes, also made that the exchange between the military and NGOs will back. One of them was a retired Colonel Alfonso Plazas Vargas (sic) representing the "Human Rights Office of retired military officers. Places commanded the attack on the Palace of Justice in November 1985 after he was taken by the M-19. The attack resulted in the deaths of more than 70 people, including seven Supreme Court judges. The soldiers killed a number of members of M-19 and suspected collaborators who could no longer fight, including employees of the cafeteria. "
