Dentro de los defectos de percepción está la creencia de que la Constitución puede derogar las leyes económicas. Nuestra Carta Magna, explícita y amplia en cuanto a asegurar derechos económicos ilimitados, es bastante menos específica en señalar por cuenta de quién corren los recursos que necesariamente deben ser ilimitados. (Los contribuyentes tampoco disponen de recursos ilimitados).
El problema con los errores de percepción es que conllevan frustraciones que generalmente agravan el problema inicial. Para buena parte de los habitantes de la ciudad, la inclusión social y la paz de Colombia están atados a la ‘cuestión agraria’. El 74%, según reciente encuesta, respalda la restitución y la ley de tierras; y cree que los objetivos consagrados en la recientemente firmada Ley de Víctimas son alcanzables tanto en lo económico, como en lo social.
El autor de esta nota está enteramente de acuerdo en que se restituya lo que ilegal mente fue sustraído, pero cree oportuno señalar algunas contradicciones y obstáculos en una serie de premisas que buena parte de la opinión pública urbana asume como ciertas:
1. Los desplazados tienen como meta regresar a sus tierras. Realidad: en todos los estudios y encuestas, entre 70% y 80% de los desplazados afirma que no tiene la menor intención de regresar al campo.
2. La restitución de tierras a sus verdaderos propietarios se puede lograr sin mayores obstáculos. Realidad: el mismo Gobierno acepta que la tarea de restituir a sus legítimos dueños 2,5 millones de hectáreas arrebatadas y 4 millones más abandonadas va a ser ‘titánica’. La inmensa mayoría de los desplazados muy seguramente les otorgará poderes a carteles de abogados avivatos que se están alistando para quedarse con las tierras de los desplazados, tierras que terminaran revendiéndoselas a los narcos y a sus testaferros.
3. Una vez restituida la propiedad a los desplazados éstos pueden, en el corto plazo, poner a producir la tierra. Realidad: sin crédito, sin apoyo técnico y comercial, sin infraestructura, son muy pocos los desplazados que podrán salir adelante. La tenencia de la tierra en sí no garantiza su explotación económica.
4. En el campo hay y seguirá habiendo enormes posibilidades de empleo. Realidad: de acuerdo con casi todos los analistas, incluyendo al candidato al Nóbel, Paul Romer (Entrevista en Portafolio, junio 30/11), “ni la minería ni la agricultura moderna son intensivas en mano de obra”. Los pocos empleos agrarios hoy son transitorios.
5. Para socavar al latifundio y las tierras ociosas, basta elevar los impuestos prediales. Realidad: para muchos expertos, incluyendo al surafricano Michael Carter (Entrevista en El Espectador, Sept. 26/10), “El impuesto a la tierra improductiva no es solución mágica, ya que no lleva a los grandes productores a vender sus tierras y puede resultar en un sobrecosto para los productores medianos y pequeños”.
6. En Colombia hay desplazamiento forzoso por la violencia y el invierno, pero escasa migración voluntaria del campo a la ciudad. Realidad: 72 millones de personas al año a nivel global emigran del campo a la ciudad; esto es el 1% de la población mundial. El que cree que en Colombia la migración voluntaria a las urbes es insignificante, no sabe de lo que está hablando.
7. Es poco lo que las ciudades les pueden ofrecer a los desplazados, aparte de crimen y hacinamiento. Realidad: la ciudad ofrece bastante más oportunidades de empleo, recreación, contacto social, intercambio de ideas, salud y educación, que el campo. La tierra generalmente ennegrece, embrutece, y empobrece. ¡El futuro del empleo y del desarrollo humano es urbano, no rural!
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