Resumen de los ensayos presentados
Sergio de Zubiría, “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano"
Este ensayo comparte el enfoque de múltiples causas sistémicas que han desencadenado el conflicto y posibilitado su persistencia. El autor parte de cuatro causas estructurales, que ya desde 1978 identifica Paul Oquist: causas políticas; causas socioeconómicas; causas institucionales; causas psicológicas, culturales y raciales. Resalta que, en 2003, el Informe PNUD destaca como factores desencadenantes: la ausencia de solución al problema agrario; el fracaso del Estado en la prevención y resolución de conflictos; la retirada del Estado, que trae problemas sociales en la regulación de la vida, el uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares; y, el vínculo negativo de las elites con el desarrollo del conflicto. El Informe se centra en causas políticas y culturales. Insiste en el peculiar y violento del proceso de construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto. Destaca los límites del poder político, de las estructuras de participación política, de los partidos y la persecución a los proyectos políticos alternativos. Realiza una lectura crítica del carácter y actitud frente a las reformas sociales de los sectores dirigentes en Colombia. Cuestiona las concepciones y prácticas de la modernización capitalista. Incita a desenmascarar e investigar la consolidación de una cultura política contra-insurgente, el afianzamiento de los discursos amigos-enemigos y la inflación del miedo y la seguridad, como factores culturales que potencian el conflicto. Ubica sus orígenes en la década del treinta del siglo XX, estableciendo un periodo entre 1929/30 y 1957/58, como la protogénesis del conflicto colombiano. En esta etapa se deciden aspectos centrales de nuestra historia: el modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras instituciones estatales, las relaciones inter-partidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, el sentido moderno de la política y la cultura, los rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales. Las múltiples causas y la persistencia del conflicto han tenido impactos cuantitativos y cualitativos en la población. Cada vez afecta más dimensiones de la totalidad social y la intensidad de sus manifestaciones se han ido incrementando. Al lado de los procesos de victimización, se han presentado efectos como: instauración de la violencia como representación de lo político y lo social, incremento del autoritarismo, degradación de los fundamentos morales de la acción política, crisis de legitimidad del sistema político y electoral, deslegitimación de la justicia y las fuerzas armadas, negación de la 2 democracia social y política, eliminación de los proyectos políticos alternativos, etc. La simplificación del conflicto exclusivamente a tipologías penales de victimización es ocultar o evadir la complejidad de nuestro conflicto.
Gustavo Duncan, “Exclusión, insurrección y crimen”
Colombia es un país extremadamente excluyente. Basta una mirada desprevenida a los listados de desigualdad para darse cuenta que en cuanto a ingresos, tierras, servicios estatales y muchas otras estadísticas las brechas son enormes. No es extraño entonces que la exclusión haya sido una de las causas más citadas del conflicto. Pero la realidad es más compleja que eso. La desigualdad no necesariamente causa insubordinación, mucho menos una insubordinación violenta. No hay que ir a buscar otros casos, en la misma Colombia proliferan sociedades muy desiguales que han resistido el paso del tiempo con muy poca violencia. Se necesitaron entonces otras causas y otras variables para que en Colombia surgiera un conflicto armado. Este ensayo se centra en la forma cómo la exclusión interactuó con una de esas otras variables, la criminalidad, y dio gran parte de la forma que adquirió el actual conflicto. El interés es en concreto por dos prácticas criminales de uso masivo en Colombia, el secuestro y el narcotráfico. Estas prácticas son importantes porque incidieron en tres atributos fundamentales del conflicto. En primer lugar, perfilaron gran parte de la estrategia de guerra tanto de la insurgencia como del paramilitarismo. Las partes tuvieron que organizar sus aparatos coercitivos y planear sus acciones en el conflicto para acceder a los recursos provenientes de la criminalidad. En segundo lugar, el narcotráfico permitió que una situación de guerra permanente en vez de destruir la economía se convirtiera en una medio de acceso a los mercados, sobre todo para comunidades periféricas con baja acumulación de capital. Finalmente, los efectos no solo se remitieron a la guerra entre insurgencia y contrainsurgencia. También redefinieron las relaciones de poder entre el centro y la periferia. Dado que el estado central era incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, las transacciones políticas entre el centro y la periferia estuvieron marcadas por el uso de las élites regionales, tanto legales como ilegales, de la violencia privada y el capital de las drogas como recursos legítimos para defenderse de la insurgencia. Sin embargo, estos recursos terminaron por convertirse en medios 3 de acumulación de poder, bien fuera para controlar el gobierno de las sociedades regionales y/o para influir sobre la política nacional.
Jairo Estrada Álvarez, “Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada”
Este informe propone una interpretación histórica del conflicto social y armado fundamentada en una tesis central: Contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-concretas de constitución y reproducción de ese orden social. Tales condiciones son abordadas en el Informe aproximando un análisis de la tendencia del proceso de acumulación capitalista y de las formas históricas de organización del poder y la dominación de clase desde la década de 1920 hasta la actualidad. Dicho análisis muestra que a lo largo del proceso histórico se han estructurado y activado múltiples dispositivos de preservación y de reproducción del poder y la dominación de clase, los cuales se han sustentado en la «combinación de las formas de lucha» por parte de lo que en el trabajo se caracteriza como un «bloque de poder contrainsurgente». La apelación al recurso de la violencia y al uso de la fuerza armada para enfrentar la subversión general (sea ésta en el ámbito de la reivindicación y la reforma, o como propósito de cambio revolucionario) ha provocado que el conflicto político y social haya asumido también la expresión de la subversión armada en respuesta a tales disposiciones. Esa respuesta no ha sido sólo reactiva; también ha adquirido un carácter ofensivo dado que se ha buscado la superación del orden existente y se ha manifestado la voluntad de luchar hasta la muerte por ese propósito, como en el caso de las guerrillas revolucionarias. El Informe se ocupa de diversos aspectos que demuestran la naturaleza política y social de la rebelión armada; explora sus razones de existencia y persistencia; y controvierte de manera particular las tesis que consideran que mutó hacia una empresa criminal orientada por la codicia o que degeneró en bandas terroristas. Al ocuparse de los impactos del conflicto, sin dejar de lado sus dramáticas dimensiones y el horror causado por la guerra sobre el conjunto de la organización social, propone la tesis de que la 4 violencia, cuando se considera en forma estructural y sistemática, se ha orientado principalmente a la contención y destrucción (incluido el exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y organizativas del campo popular, y de manera principal contra las proyectos que han representado una amenaza frente al orden social vigente. Ahí se encuentra la médula de los procesos de victimización. Las responsabilidades por los impactos del conflicto, aunque son múltiples, desiguales y diferenciadas, se le imputan al sistema imperante y particularmente al Estado, dado que en él se condensa el poder de clase y la organización de las relaciones que predominan en la sociedad.
Darío Fajardo, “Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”
Las manifestaciones más reconocidas de la violencia ocurridas a comienzos de la segunda mitad del decenio de 1940 luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán tuvieron antecedentes en episodios de violencia estatal en contra de comunidades indígenas, campesinos y trabajadores en las décadas de 1920 y1930. A comienzos del decenio de 1920 tomaron fuerza las exportaciones de café, petróleo y banano, circunstancias que ampliaron la demanda de mano de obra y alimentos, lo cual generó tensiones con el orden económico y social, sustentado en la gran propiedad. La insuficiencia de estas economías para atender las necesidades del crecimiento económico dio paso a propuestas de reformas económicas y sociales para adecuarlas al desarrollo capitalista, referidas en particular al reparto agrario como base para la construcción y ampliación del mercado interno y la formación de clases medias rurales. Estas expectativas, alimentadas por los efectos de la crisis mundial de 1929 condujeron a la sustitución del gobierno conservador. Sin embargo, la predominancia política de las fuerzas sustentadas en el control de la tierra y su fuerte ascendiente político, ideológico y religioso sobre la población hizo que buena parte de los intentos de transformar el ordenamiento de la sociedad y el régimen de propiedad agraria resultaron frustrados, circunstancia que vino a coincidir con la recomposición económica y política planetaria luego de terminada la segunda guerra mundial. Luego de este conflicto Colombia fue profundamente absorbida dentro de la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos, bajo las orientaciones de la doctrina de seguridad nacional. Su aplicación desde los inicios del Frente Nacional ante las expresiones de resistencia campesina a las condiciones de expropiación y concentración de la propiedad y de exclusión política constitutivas de este sistema político 5 condujo el agravamiento del conflicto social armado. La concentración de la propiedad agraria y el limitado desarrollo económico asociado a ella facilitaron la vinculación de Colombia con la economía internacional del narcotráfico con una oferta altamente competitiva. Al mismo tiempo, los cambios del comercio internacional han conducido a la destrucción de la producción alimentaria y a la reprimarización de la economía en medio de una guerra. Como resultados se han producido el agigantamiento de una extensa oferta de mano de obra, sujeta al desmantelamiento de las organizaciones sindicales y el empobrecimiento sostenido de los sectores mayoritarios del país.
Javier Giraldo, S.J. “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”
Este aporte quiso partir de una comprensión del conflicto dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión, suponiendo que la relación entre los ciudadanos y el Estado hay que entenderla como la de socios de una empresa común que tiene como objetivos esenciales la satisfacción de dos bloques de necesidades para todos los asociados: las necesidades biológicas (alimentación, vivienda, trabajo/ingreso, salud y educación) y las necesidades de convivencia (información, participación y protección). La no utilización prioritaria de los recursos que maneja el Estado para estos fines, deteriora progresivamente los vínculos entre ciudadanos o franjas de ciudadanos y Estado, hasta llegar, si las falencias son dramáticas, a disolver los vínculos entre los ciudadanos y el Estado y legitimar progresivamente el derecho a la rebelión, contemplado como último derecho remedial en la tradición jurídica universal y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y claramente diferenciable del “terrorismo” en numerosos documentos de la ONU. Sobre la base anterior, se explora en la historia reciente de Colombia la situación de necesidades básicas de la inmensa mayoría de los colombianos. Teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está relacionado con tres necesidades básicas: alimentación, vivienda y trabajo/ingreso, se hace un recuento histórico del conflicto alrededor de la tierra como el mayor detonante del conflicto social y armado en Colombia, recurriendo a conceptos de connotados analistas y a estadísticas de las mismas instituciones estatales, así como a los documentos fundantes de las organizaciones insurgentes. También se hace una exploración de la situación de las demás necesidades biológicas, 6 como empleo, vivienda, alimentación y salud, cuya no satisfacción para capas enormes de población es un factor persistente del conflicto. Se explora luego el campo de las necesidades de convivencia, campo en el cual se revelan características de la configuración histórica del Estado en Colombia que no se compadecen con los parámetros esenciales de una democracia. Más dramática aún es la carencia de justicia, debido, no sólo a la escandalosa impunidad reinante sino a la dramática corrupción interna del aparato judicial. Finalmente se muestra cómo la fuerza pública, bajo directrices de los gobiernos de Estados Unidos, se inscribió en el modelo de “seguridad nacional” adoptando, desde mediados del siglo XX, la doctrina del “enemigo interno, para lo cual ha tenido que violar en forma sistemática los más elementales derechos humanos, vinculando además a grandes capas de la población civil a la guerra mediante estructuras paramilitares (desde 1962) que representan un brazo clandestino del Estado, irresponsable de su barbarie pero protegido por las estructuras militares y judiciales.
Jorge Giraldo, “Política y guerra sin compasión”
Durante las últimas tres décadas Colombia ha vivido una guerra civil larga, compleja, discontinua y, ante todo, política. La guerra también ha sido atroz: asoló gran parte del territorio nacional –en especial, Antioquia, Meta y el Suroccidente–, convirtió al 10% de la población civil en víctimas directas, y afectó seriamente las libertades civiles y los indicadores democráticos y de desarrollo humano. No hubo ninguna característica que pueda llamarse «estructural» u «objetiva» que determinara fatalmente la ocurrencia de la guerra. En Colombia la guerra se inició por la voluntad de grupos revolucionarios que desafiaron mediante las armas al gobierno y a la sociedad, y que fueron imitados después por los narcotraficantes. La guerra se mantuvo y acrecentó de manera inusitada. Las «estructuras de oportunidad» que explican esta persistencia incluyeron factores como: la debilidad del Estado, la dificultad de las élites para lograr acuerdos para superarla y la ineficiencia de varios gobiernos para identificar y actuar en coyunturas críticas; dos de las mayores crisis políticas de la historia del país generadas por los carteles de la droga, y estimuladas por el alto grado de corrupción de la clase política; el carácter predatorio de todas las organizaciones armadas, insensibles a la opinión y el sufrimiento de la población; el narcotráfico que sirvió de fuente de financiación de los aparatos armados, las 7 condiciones sociales en el campo que posibilitaron el ingreso de algunos colombianos a los ejércitos privados y el reclutamiento forzado; las múltiples contiendas que, además del conflicto entre Estado e insurgencia, abarcó enfrentamientos de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, y entre cada uno de ellos; el uso de las negociaciones por parte de la insurgencia como táctica para escalar la guerra. Este ensayo enfatiza en las responsabilidades política y moral de los protagonistas directos de esta historia y subraya que cualquier acuerdo para la terminación de la guerra será más sólido mientras mejor trate de entender nuestro drama desde una perspectiva colectiva y mientras más respeto guarde por los que han sufrido.
Francisco Gutiérrez, “¿Una historia simple?”
Este estudio se concentra en los factores que puedan explicar no solamente el inicio de la guerra civil en Colombia, sino sus especificidades principales: el que se haya desarrollado sin discontinuidades en la política competitiva, y su extraordinaria persistencia. Incluso con la periodización restringida que se presenta en este texto, el conflicto colombiano es el más largo del mundo. Comienza por los orígenes, destacando cinco factores (herencias de La Violencia, desigualdad agraria creada a través de la asignación política de los derechos de propiedad, exclusiones institucionales del campesinado por debajo del nivel del régimen político, dinámicas centrífugas y bloqueadoras dentro del sistema político, y la reapertura del acceso a la provisión privada de la seguridad). Después, se concentra en la persistencia; allí se escogen otros cinco factores claves, que desarrollan los que permitieron los orígenes (o se superponen a ellos), y analizo sus interacciones mutuas. Dichos factores son: narcotráfico, patrones de violencia de la guerrilla contra los civiles, masiva provisión privada de la seguridad, articulación de ésta a orientaciones estratégicas de agencias nacionales, y articulación densa entre actores legales e ilegales dentro del sistema político. Las consecuencias para el país son devastadoras, cosa que se ilustra en la sección sobre victimización. Pero a la vez se encuentran importantes puertas de salida.
Alfredo Molano, “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”
El presente ensayo intenta poner de relieve la matriz de análisis de mi aporte a la narración de la historia del conflicto armado en Colombia. Las acentuadas tendencias hacia la exclusión política y económica de la mayoría de la población colombiana han sido cuna de formidables actos de resistencia civil y de persistentes alzamientos armados desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. 1) La política. La exclusión económica ha sido causa de protestas y movimientos populares estigmatizados como criminales y reprimidos no pocas veces a sangre y fuego. Poderosas corrientes políticas, arraigadas en el aparato estatal, siguiendo prácticas patrimoniales y clientelistas, han bloqueado los intentos de democratización impulsados por fuerzas populares. El liberalismo perdió la Guerra de los Mil Días y fue marginado de la vida política hasta el triunfo de Olaya Herrera en 1930; en los años 20 y 30 las luchas de los campesinos e indígenas en regiones cafeteras de Santander, Cundinamarca, Tolima y Cauca fueron reprimidas brutalmente; liberales y socialistas fueron aterrorizados en los años 40 y 50 a sangre y fuego para impedir su triunfo electoral; el Partido Comunista fue ilegalizado en los años 50 y perseguido durante el Frente Nacional; los partidos tradicionales cerraron el acceso al poder a movimientos alternativos como el MRL, la Anapo y el Frente Unido. En los años 70 y 80 se puso fin al intento de la reforma agraria, un paro nacional fue ahogado en sangre, la Unión Patriótica fue exterminada. En las siguientes décadas los intentos de paz con las fuerzas insurgentes fueron saboteados sistemáticamente por “enemigos agazapados” que terminaron apuntalando al paramilitarismo y beneficiándose del narcotráfico. A fines de la década el orden político hizo crisis y le abrió paso a la Constitución de 1991, que avanzó en el reconocimiento de los derechos humanos, pero también afianzó la internalización de la economía y la dependencia de las poderosas multinacionales.2) La economía. El cultivo campesino del café fue una conquista popular contra la hacienda cafetera, pero los beneficios de esta economía han sido controlados en gran parte por los grupos que manejan su comercialización. La gran ganadería, que ocupa la mitad de la superficie agrícola, se ha expandido a costa de las tierras que los colonos con su trabajo han civilizado ante la mirada impasible del Estado. Los cultivos ilícitos son el efecto de estas condiciones y han facilitado el tráfico de estupefacientes, fenómenos declarados como actividades criminales por parte de EE. UU. y de Colombia. Los programas de sustitución de cultivos han fracasado uno tras otro. Los intereses de terratenientes, gamonales y narcotraficantes han impedido la democratización económica y política de las regiones periféricas donde el Estado es fuerte militarmente y débil socialmente. Los 9 sectores anti reformistas económicos han encontrado apoyo en las Fuerzas Armadas tuteladas y ahormadas por los intereses estratégicos de EE. UU. Para completar el cuadro, los gobiernos han facilitado –cuando no cooperado abiertamente con ella– la organización paralela de grupos armados privados que han atropellado los derechos humanos y han polarizado la opinión pública. Quizás el último intento de usar el viejo molde del statu quo fue el régimen de la Seguridad Democrática. Si los acuerdos con las guerrillas salen hoy adelante y el Estado es capaz de albergar y defender las fuerzas liberadas en tal pacto, el país habrá iniciado un capítulo inédito de su historia.
Daniel Pécaut, “Una conflicto armado al servicio del statu quo social y político”
El texto está basado sobre la distinción entre la definición de los contextos y las lógicas de los actores que manejan recursos de violencia. Además en varios momentos las actuaciones de los actores violentos llegan a formar parte del contexto. El otro punto de partida es el énfasis sobre las discontinuidades tanto como las continuidades. La noción de violencia remite a dinámicas muy variadas. Sobre los orígenes. El informe escoge como punto de partida los años 1930 siendo el momento en que se produce lo que va a marcar la diferencia con la evolución de países vecinos: en lugar de la consolidación del Estado central se produce el fortalecimiento de las redes partidistas y de un modelo liberal de desarrollo. Las dos características van a influir sobre: a) la precariedad del Estado; b) la debilidad de las regulaciones sociales y el impacto de las redes de poder privatizadas; c) la centralidad de lo rural y, después, de las periferias, del punto de vista tanto económico (papel del café) como político (papel del clientelismo en lugar de la ciudadanía); d) la institucionalización de las desigualdades. Estos componentes contextuales implican ciertas continuidades. Sin embargo enfatizo las discontinuidades entre los conflictos agrarios de los años 20, la Violencia y el conflicto armado de las últimas décadas. Incluso me parece que los problemas agrarios se modifican a lo largo del tiempo. En los últimos tiempos están, sustituidos por conflictos territoriales.10 Otro punto que enfatizo de manera deliberada es el hecho de que el partido comunista, a pesar de su influencia en sectores del campesinado y obreros, no fue capaz de capitalizar los movimientos de masas que se produjeron después de 1945 (el gaitanismo, la ANAPO, la ANUC). Dada la proximidad entre las FARC y el PCC no es de sorprenderse que las llamadas posteriores de la guerrilla a la insurrección de las masas no alcanzaron la respuesta esperada. El informe recuerda que, a pesar de Marquetalia, las FARC también tuvieron dificultades en aprovechar el momento de radicalización política que siguió la revolución cubana debido entre otros factores a la participación electoral del PCC durante el Frente Nacional al contrario de las nuevas organizaciones guerrilleras. El informe subraya al respecto que la explicación de la lucha armada por el carácter cerrado del Frente Nacional tiene que estar matizada. Más importante es su conservatismo social y cultural. También se pone de relieve el relativo fracaso del conjunto de las guerrillas hasta finales de los anos 70 que se ubicaron en el campo debido a las ilusiones según las cuales la experiencia de la Violencia hubiera dado lugar a un proceso global de maduración política campesina. Otra discontinuidad, pues. Las razones de la prolongación del conflicto. El informe pone el acento sobre el papel desencadenante del narcotraficante en la nueva fase del conflicto. Alejándose de las tesis de Collier, lo hace partiendo de la crisis institucional que provocó, a la cual las acciones del M-19 no fueron ajenas. El fortalecimiento de las organizaciones guerrillas se debe, no solo a los recursos económicos que consiguieron, sino a las nuevas bases sociales rurales que adquirieron y, por supuesto al nuevo contexto de corrupción y de paramilitarismo. El salto decisivo se dio con el exterminio de la UP lo que determinó en el caso de las FARC, su alejamiento de lo que quedaba del PCC y su escogencia de una vía ante todo militar. Si bien el paramilitarismo, apoyado por los narcos y por sectores del Estado y de las elites, tuvo al principio un sentido contrainsurgente termino persiguiendo objetivos políticos e económicos, lo que termino por una mayor concentración de las riquezas. Los efectos sobre la población civil. La tesis del informe es que a medida que se extendieron las zonas en disputa, amplios sectores de la población se encontraron sometidas al miedo y al terror cuya responsabilidad incumbe a todos los actores armados. Son múltiples las formas de victimización pero el total de víctimas se equipara al de las peores guerras civiles, como lo prueba entre otras cosas el número de personas desplazadas. La militarización del conflicto tuvo también como resultado la imposibilidad de movimientos sociales autónomos. Otra anotación es que la 11 evolución del conflicto tuvo que ver, no tanto por los reveses militares de las guerrillas, sino por el deterioro de su imagen político después de las negociaciones del Caguán. No se explica de otra manera el amplio apoyo a Álvaro Uribe. De ahí la conclusión sobre el balance del conflicto: lo mismo que la Violencia, la guerra reciente ha tenido como resultado preservar el statu quo social y político agudizando las desigualdades y la ausencia de ciudadanía. La negociación puede abrir por fin la posibilidad de reformas postergadas desde hace un siglo de atraso.
Vicente Torrijos, “Cartografía del conflicto: pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano”
Como podrá apreciarse, la evolución estratégica del conflicto se basa en los intereses de unas organizaciones subversivas que, en procura de fortalecer sus posiciones y la lucrativa explotación ilegal de recursos escasos, se fundaron, con claros criterios de racionalidad organizacional, aprovechando las expresiones de gamonalismo, patrimonialismo y voracidad de algunas élites nacionales y regionales, así como los microvacíos estatales de poder en un país que por su estructura geocultural supone por lo menos cinco realidades regionales diversas. Esto se traduce en que tales microvacíos estatales se hacen aún más visibles en la medida en que, por ensayo y error, algunos círculos dirigentes y de opinión han fomentado, cíclicamente, la idea de que es posible una “solución negociada” con las guerrillas, unas guerrillas que suficientemente poderosas tanto en el uso de la fuerza como en el manejo de sus ingresos, lúcidas en la narrativa y en la renovación del discurso ideológico, y dotadas de una inteligencia estratégica remarcable, han sabido convertir las diferentes experiencias de negociación en acumulación de conocimiento y multiplicación de exigencias orientadas a cogobernar al país sin renunciar a la violencia (directa o indirecta) como metodología política. En definitiva, esta es la problemática de la creciente tensión entre una democracia perfectible [que, incluso, vivió episodios propios de una democracia delegativa o iliberal en la década de los 50 y a finales de los 70] y un autoritarismo subversivo que desafía los valores profundos sobre los que se ha ido consolidando el Estado colombiano.12 Una tensión alimentada constantemente tanto por externalidades como por apetitos internos de poder [políticos y económicos] que han sumido a la sociedad, desde 1964, en un conflicto violento entre las fuerzas del Estado y las agrupaciones subversivas cuya principal característica es que han privilegiado la rapacidad y el terrorismo como método de lucha revolucionaria e interacción política. En definitiva, es la dinámica de los esfuerzos tanto políticos como militares emprendidos contra la subversión por parte de una sociedad diversa y plural interesada en refinar el clima de gobernabilidad democrática que la identifica, esto es, un clima en que los conflictos puedan dirimirse mediante fórmulas no violentas, con base en las libertades públicas e individuales, y promoviendo el desarrollo social.
Renán Vega, “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”
Se analiza el papel de los Estados Unidos en el conflicto armado de Colombia durante los últimos cincuenta años, enmarcado en una perspectiva histórica amplia que rastrea las características de las relaciones entre los dos países desde la época de la independencia hasta el día de hoy. Los vínculos de Estados Unidos con el Estado colombiano son anteriores a la Guerra Fría y no desaparecen cuando esta finaliza sino que se mantienen hasta el presente. Del tema central, la dimensión internacional del conflicto armado, se deriva el examen de la contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado. Se considera el origen y construcción de un “bloque de poder contrainsurgente”, a partir, primero, de la represión y persecución a los movimientos sociales y políticos que en diversos momentos de la primera mitad del siglo XX pusieron en cuestión el orden establecido (como las luchas populares de la década de 1920 y el gaitanismo en la década de 1940) y, segundo, de la sofisticación doctrinaria de la contrainsurgencia por influencia directa de los Estados Unidos a comienzos de la década de 1960. Por contrainsurgencia nativa se entiende la utilización de mecanismos represivos de diversa índole (ideológicos, mediáticos, jurídicos, militares…) para perseguir a los adversarios sociales y políticos, por parte de sectores de las clases dominantes, el bipartidismo, las Fuerzas Armadas y el Estado. Ese proceso se remite a la década de 1920. Se destaca como momento clave de esa 13 contrainsurgencia nativa la formación de pájaros y chulavitas, la politización de la policía y el Ejército para perseguir gaitanistas, comunistas y nueveabrileños, durante las décadas de 1940 y 1950. La contrainsurgencia nativa se entronca con la contrainsurgencia moderna que se implementa tras la Revolución Cubana. Cuando la contrainsurgencia se convierte en una doctrina oficial de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano se erige en uno de los soportes del Terrorismo de Estado, cuyo antecedente más distante es la Masacre de las Bananeras, de 1928. Se exponen los múltiples impactos de la intervención de los Estados Unidos en el conflicto colombiano y los efectos de la contrainsurgencia y del terrorismo de Estado, como el paramilitarismo, los asesinatos de Estado (“falsos positivos”), la creación de redes oficiales de espionaje y persecución (como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), las acciones de militares y mercenarios estadounidenses, las fumigaciones aéreas, los bombardeos, las violaciones y tráfico sexual que realizan funcionarios civiles y militares de los Estados Unidos.
María Emma Wills, “Los tres nudos de la guerra colombiana”
Este ensayo caracteriza al conflicto armado contemporáneo como una “nueva -vieja guerra” que, no obstante la mezcla perversa de motivaciones privadas y reclamos políticos, sigue siendo de carácter nacional y de naturaleza política. El desencadenamiento de esta nueva vieja guerra es el resultado, no de las decisiones de unos u otros actores por separado, sino de unas interacciones no siempre premeditadas que van configurando un escenario complejo donde el conflicto político queda dispuesto de tal manera que puede fácilmente derivar en guerra. Estas interacciones entre actores van configurando tres nudos que desencadenan y alimentan la guerra. El primero nudo alude a la manera cómo el sistema político no ha logrado tramitar y representar los reclamos por un buen vivir de los campesinos y las campesinas colombianos. Desde esta perspectiva, el conflicto de tierras en Colombia se revela más como un problema de representación y reconocimiento políticos que como una situación exclusivamente económica. Esta representación se ha visto truncada por la confluencia de la persecución de la que han sido objeto sus líderes; las miradas radicales agenciadas por corrientes políticas de ambas orillas que 14 descalifican y torpedean las propuestas moderadas; y por las pugnas y sectarismos entre izquierdas que contribuyen a romper los intentos de formación de un movimiento campesino nacional articulado. El segundo nudo es producto de unas instituciones que aún luchan por alcanzar imparcialidad frente a los distintos actores en conflicto y que todavía deben hacer esfuerzos por inculcar en sus funcionarios la capacidad de adherir a procedimientos y reglas establecidas constitucionalmente para actuar en consonancia con ellas. Estas instituciones, y en particular la Fuerza Pública (FP), por la falta de autonomía relativa frente a los actores del conflicto, ha terminado siendo parte de las espirales de violencia política. Solo recientemente ha alcanzado mayores grados de independencia aunque todavía afronta tareas pendientes para su consolidación democrática. El último nudo alude a las fracturas entre la esfera y la agenda política del nivel nacional, y las de los niveles regionales y locales. Estas dislocaciones propician respuestas contradictorias, sobre todo en las instituciones estatales que por su efecto, se debilitan. A partir de la década de los ochenta, estos nudos se articulan y se refuerzan mutuamente, haciendo de la guerra un campo irrigado de repertorios violentos de una enorme ferocidad. La reiteración de esta ferocidad, ejercida contra la población desarmada, termina haciendo de esta guerra una “con pasado pero sin futuro”.
