INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE COLOMBIA 2008

República de Colombia
Jefe del Estado y del gobierno: Álvaro Uribe Vélez
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Población: 47 millones
Esperanza de vida: 72,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m): 30/26 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 92,8 por ciento

La persistencia del conflicto entre paramilitares respaldados por el ejército, grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad tuvo como consecuencia graves abusos contra los derechos humanos, especialmente en algunas regiones y áreas rurales. Todas las partes implicadas en el conflicto, que se prolongaba desde hacía 40 años, cometieron violaciones del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, murieron menos civiles que en años recientes. Persistían los secuestros, y los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayor parte de los relacionados con el conflicto, si bien se recibieron menos informes de casos que en años anteriores. El homicidio en junio de 11 rehenes cautivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) provocó la condena general y renovadas peticiones para que las FARC liberasen a todos sus rehenes. Continuaron produciéndose ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra activistas de la sociedad civil; de la mayoría de esas agresiones se culpó a grupos paramilitares.
Los grupos paramilitares mataron a menos personas que en años anteriores. Sin embargo, aumentaron los informes sobre homicidios de civiles a manos de las fuerzas de seguridad. Los grupos paramilitares siguieron activos en muchas partes del país pese a su supuesta desmovilización. También aumentó el número de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares a causa del conflicto. Se culpó a las FARC de muchos de los homicidios de candidatos en la campaña electoral de los comicios locales de octubre.
Se realizaron algunos progresos en varias investigaciones destacadas sobre abusos contra los derechos humanos, aunque la impunidad siguió siendo motivo de honda preocupación. Aproximadamente 40 miembros del Congreso aparecieron implicados en las investigaciones judiciales que continuaban indagando los vínculos entre autoridades estatales y grupos paramilitares. A cambio de una reducción en las penas de prisión, varios líderes paramilitares «desmovilizados» prestaron declaración ante tribunales especiales sobre su implicación en violaciones de los derechos humanos y sus vínculos con las fuerzas de seguridad.
Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad
Según los informes, los miembros de las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente al menos a 280 personas en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007. Los militares a menudo presentaban a sus víctimas, en su mayoría campesinos, como «guerrilleros muertos en combate». La mayoría de los homicidios se remitían al sistema de justicia militar, que habitualmente procedía al archivo de tales casos sin realizar ningún intento genuino de hacer rendir cuentas a los responsables.
El 22 de abril, soldados de la XVI Brigada del ejército irrumpieron en el domicilio de Ernesto Cruz Guevara en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, y lo interrogaron en relación con actividades guerrilleras. Antes de marcharse, los soldados dijeron a su esposa que se lo llevaban a la oficina local de la Fiscalía General de la Nación. La familia de Ernesto Cruz identificó posteriormente su cuerpo sin vida; el ejército dijo que era un guerrillero muerto en combate.
En junio, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Directiva Permanente No. 10, que reiteraba que las ejecuciones extrajudiciales eran una violación del derecho a la vida.
Grupos paramilitares
El gobierno aseguró que se había desmovilizado a más de 31.000 combatientes y que ya no había paramilitares activos. Las autoridades atribuyeron la continuada violencia a bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Si bien es verdad que determinados grupos paramilitares se habían transformado en bandas criminales relacionadas con las drogas y que cierta violencia estaba vinculada a disputas entre esos grupos, había claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales seguían operando en muchas partes del país con nombres nuevos, como los «Águilas Negras» y la «Organización Nueva Generación». Continuó habiendo informes sobre connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, publicó en febrero su octavo informe trimestral, donde afirmaba que había identificado 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes, aunque otras fuentes sugirieron que la cifra era muy superior. En el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.
El 23 de febrero, Alba Milena Gómez Quintero y su hijo Miguel Antonio, de 18 años de edad, viajaban en un taxi por la carretera que comunica San Juan de Arama con Granada, en el departamento del Meta. Dos presuntos paramilitares los sacaron del vehículo, en un lugar situado entre dos controles del ejército, y los mataron. Según los informes, Alba Milena Gómez había presentado una demanda formal contra el ejército, pues, según denunciaba, la habían acusado falsamente de ser una auxiliar de la guerrilla.
Omisión de la verdad sobre los abusos de los paramilitares
Sólo un 10 por ciento aproximadamente de los más de 31.000 paramilitares desmovilizados reunían los requisitos necesarios para acogerse a las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, conforme a la cual, quienes dejaran las armas podían beneficiarse de penas de prisión considerablemente reducidas a cambio de confesar violaciones de derechos humanos y otorgar reparación a sus víctimas. En cualquier caso, el proceso discurría con lentitud, dado que sólo se disponía de unas 20 unidades de investigación para ocuparse de miles de casos.
Gracias a las confesiones de algunos dirigentes paramilitares se conoció cierta información sobre las personas a las que habían matado, pero los datos sobre la identidad de sus víctimas y el paradero de sus cadáveres siguieron siendo muy vagos. Entre 2006 y el final de 2007 se exhumaron más de 1.100 cuerpos de numerosas fosas comunes, aunque muchas de ellas se descubrieron gracias a la información proporcionada por paramilitares sin rango y al margen del proceso de la Ley de Justicia y Paz. La gran mayoría de los cadáveres seguían sin ser identificados. Aún estaban sin delimitarse la mayor parte de los al menos cuatro millones de hectáreas de tierra que se calculaba que los paramilitares habían robado. Muy pocas tierras se habían devuelto a sus legítimos propietarios.
La mayoría de los paramilitares eludieron ser sometidos a investigación efectiva gracias al Decreto 128 y a la Ley 782, que concedían amnistía de facto a quienes no estuvieran siendo investigados por abusos contra los derechos humanos y admitieran ser miembros de grupos paramilitares, delito conocido como «concierto para delinquir». En julio, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la pertenencia a grupos paramilitares no era un crimen político y que, como tal, no le eran aplicables amnistías. Esta resolución dejó a unos 19.000 paramilitares en un limbo legal.
Según parece, los paramilitares mataron a varias víctimas y a quienes las representaban en el proceso de la Ley de Justicia y Paz.
Hombres armados no identificados mataron el 7 de febrero en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, a Carmen Cecilia Santana Romaña, representante de víctimas que solicitaban la devolución de sus tierras y su derecho a participar en las vistas del proceso de la Ley de Justicia y Paz.
Unos hombres armados de los que se sospechaba que estaban relacionados con los paramilitares mataron a tiros el 31 de enero en Montería, departamento de Córdoba, a Yolanda Izquierdo, representante de sobrevivientes y ella misma también sobreviviente, en la vista del proceso de la Ley de Justicia y Paz sobre el líder paramilitar Salvatore Mancuso.
Escándalo «para-político»
La Corte Suprema de Justicia sometió a investigación a más de 40 legisladores por su presunta relación con los paramilitares; casi la mitad se encontraban detenidos al finalizar el año. En diciembre, uno de ellos, Erik Morris, fue condenado a seis años de prisión. Centenares más de autoridades del Estado, entre ellas gobernadores, alcaldes y miembros de las fuerzas de seguridad, estaban siendo sometidos a investigación por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. En noviembre, a causa de sus vínculos con los paramilitares, la Procuraduría General inhabilitó para empleo o cargo público durante 18 años a Jorge Noguera, ex director del Departamento de Seguridad Administrativa. Según los informes, varios magistrados de la Corte Suprema que investigaban el escándalo, y sus familias, recibieron amenazas.
Impunidad
La impunidad seguía siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En noviembre, un capitán del ejército fue detenido por su papel en la matanza de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, en febrero de 2005. La Fiscalía General de la Nación aseguró que los homicidios habían sido perpetrados por el ejército en connivencia con los paramilitares. En febrero, la Fiscalía General había anunciado que estaba investigando a 69 soldados por esos homicidios. Desde 1997 habían muerto de forma violenta más de 160 miembros de la Comunidad de Paz.
En noviembre se hizo público que un equipo de la Fiscalía General de la Nación había reabierto las investigaciones sobre 294 de los miles de homicidios de miembros de la formación política de izquierdas Unión Patriótica que habían tenido lugar desde 1985. Se creía que los paramilitares y las fuerzas de seguridad habían sido responsables de la mayoría de estos homicidios.
En octubre, el ex ministro de Justicia y senador Alberto Santofimio fue condenado a 24 años de cárcel en relación con el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, cometido en 1989.
En septiembre, tres miembros de la fuerza aérea fueron condenados por un juez civil a seis años de arresto domiciliario por lo que se describió en el fallo como homicidio accidental de 17 personas en Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca, en 1998. El sistema de justicia militar había absuelto con anterioridad a los tres hombres con el argumento de que las muertes se habían producido por la explosión de un camión que pertenecía a la guerrilla. En el fallo de septiembre se concluía que la causa de los homicidios había sido una bomba de racimo lanzada desde un helicóptero de la fuerza aérea.
En agosto, cuatro miembros del ejército y un civil fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio de tres sindicalistas en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, en agosto de 2004. El ejército había asegurado que se trataba de guerrilleros muertos en combate.
En julio, el coronel retirado del ejército Alfonso Plazas Vega fue detenido por su participación en la desaparición forzada de 11 personas durante el asalto del ejército al Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985. La operación se llevó a cabo tras haber sido ocupado el edificio por guerrilleros del M-19, que tomaron como rehenes a quienes había en el interior. Más de un centenar de personas murieron durante el asalto del ejército, entre ellas 12 magistrados de la Corte Suprema. En septiembre, el fiscal general Mario Iguarán dijo que había claros indicios de que muchos de los que luego desaparecieron estaban vivos al salir del edificio.
Grupos guerrilleros
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos y graves y reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, como el homicidio de civiles y la toma de rehenes. Más de 210 homicidios de civiles se atribuyeron a los grupos guerrilleros en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007.
Según los informes, el ELN mató el 14 de marzo a cuatro personas en San Joaquín, municipio de Mercaderes, departamento del Cauca.
Al parecer, las FARC mataron el 1 de enero a cuatro personas en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Al menos dos de las víctimas eran dirigentes comunitarios.
Parte de la población del departamento de Arauca huyó de sus hogares a causa de las escaramuzas armadas y del homicidio selectivo de civiles derivados del continuado conflicto entre las FARC y el ELN. Entre las víctimas había dirigentes sociales y comunitarios a los que cada bando acusaba de apoyar al otro.
Las FARC siguieron teniendo en su punto de mira a personas que desempeñaban cargos designados por elección, y al parecer fueron también responsables de la mayor parte de los 29 homicidios de aspirantes a cargos municipales que se cometieron durante la campaña para las elecciones locales celebradas el 28 de octubre.
Entre el 7 y el 10 de julio se dio muerte a cuatro titulares de alcaldías y concejalías de los departamentos de Caquetá, Chocó y Valle del Cauca.
Seguía siendo generalizado el uso de minas terrestres antipersonal por parte de los grupos guerrilleros. En 2007 murieron por su causa más de 180 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad (que seguían siendo las principales víctimas de esos artefactos), y 680 personas resultaron heridas.
Los días 14 y 15 de julio murieron en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, cinco miembros de la comunidad indígena awá, entre ellos dos niños, a causa de minas terrestres antipersonal colocadas, según los informes, por las FARC.
En agosto quedaron suspendidas las conversaciones preliminares de paz entre gobierno y ELN por desacuerdos sobre las condiciones para el alto el fuego.
Secuestros y toma de rehenes
Fue generalizada la condena del homicidio, ocurrido en circunstancias inciertas el 18 de junio, de 11 de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que habían sido secuestrados por las FARC en abril de 2002. Las FARC aseguraron que las muertes se habían producido en el fuego cruzado de un combate con un grupo armado no identificado, pero las autoridades pusieron esta versión en duda.
La comunidad internacional se implicó cada vez más en las conversaciones sobre el intercambio de presos de las FARC por rehenes en manos del grupo guerrillero tras autorizar el presidente Uribe la puesta en libertad en junio de Rodrigo Granda, «representante diplomático» de las FARC, y la excarcelación simultánea de más de un centenar de presos sentenciados de las FARC. El presidente Uribe autorizó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a mediar para tratar de alcanzar un acuerdo, y en noviembre se celebró en Caracas una reunión entre el presidente Chávez y dirigentes de las FARC. Sin embargo, ese mismo mes, el presidente Uribe dio por terminado el papel mediador de Venezuela debido a que, según los informes, el presidente Chávez se había puesto en contacto con el jefe del ejército colombiano, contraviniendo así el acuerdo previo de no conversar directamente con jefes militares de Colombia sobre la cuestión de los rehenes. Esta situación provocó un deterioro de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Al finalizar el año no se había materializado la muy esperada liberación por las FARC de tres rehenes de alto perfil.
Aunque siguió reduciéndose el número de secuestros –de los 687 de2006 a los 521 de 2007–, las cifras seguían siendo muy elevadas. Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC y en mucho menor grado el ELN, fueron responsables del secuestro de aproximadamente 150 personas; la mayoría de esos secuestros estaban relacionados con el conflicto, mientras que la mayor parte de los secuestros restantes fueron obra de bandas criminales. Hubo alrededor de 125 secuestros que no pudieron atribuirse a ningún autor concreto.
Violencia contra las mujeres
Todas las partes del conflicto continuaron sometiendo a mujeres y niñas a abusos sexuales y otras formas de violencia. Se obligaba a mujeres guerrilleras a abortar o a tomar anticonceptivos, conculcando de ese modo sus derechos reproductivos.
Según los informes, soldados del ejército irrumpieron el 23 de mayo en una vivienda del municipio de Toribío, departamento del Cauca, en la que intentaron abusar sexualmente de una niña de 11 años.
Según los informes, cinco paramilitares de los «Águilas Negras» –dos mujeres, dos menores y un hombre– entraron el 26 de marzo en la casa de dos hermanas, de 14 y 10 años de edad, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Al parecer, algunos de los paramilitares golpearon a las dos niñas y abusaron sexualmente de la mayor y la mataron. José Mendieta, de 60 años de edad y vecino de las hermanas, acudió en auxilio de las muchachas pero, según los informes, murió acuchillado por los asaltantes.
Según los informes, paramilitares y bandas criminales reclutaron a la fuerza en varias partes del país a mujeres y niñas como trabajadoras sexuales. En el departamento de Putumayo se dio muerte al menos a cinco de esas mujeres.
Civiles en peligro
La población civil seguía siendo la más castigada por el conflicto, especialmente las personas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales vivían en tierras de interés económico para las partes beligerantes. Al menos 1.340 civiles murieron de forma violenta o fueron víctimas de desaparición forzada en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007. También hubo más de 305.000 nuevos casos de desplazamiento interno en 2007. La cifra de personas desplazadas internamente desde 1985 era de entre tres y cuatro millones.
En septiembre, casi un millar de indígenas awá, aproximadamente la mitad de ellos menores, se vieron desplazados del Resguardo Inda Sabaleta, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, debido a los combates entre el ejército y grupos guerrilleros.
En abril, más de 6.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en el departamento de Nariño a causa de los reiterados enfrentamientos entre el ejército y grupos guerrilleros.
Los paramilitares y la guerrilla seguían reclutando a menores de edad. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) calculó que en Colombia había entre 6.000 y 7.000 niños y niñas soldados.
También se produjeron varios atentados con bomba en áreas urbanas, algunos de los cuales las autoridades atribuyeron a las FARC.
El 9 de abril hizo explosión un coche bomba ante un edificio de la policía en Cali, departamento del Valle del Cauca. Un civil resultó muerto y hubo más de 30 heridos.
El 16 de marzo hizo explosión un artefacto en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Cuatro personas resultaron muertas, y siete, heridas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas
Defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y comunitarios y periodistas siguieron siendo objeto de ataques, sobre todo por parte de grupos paramilitares.
Durante el año se produjeron asaltos y robos de información sensible en oficinas de varias ONG de derechos humanos, entre ellas Reiniciar, Corporación Jurídica Yira Castro, Movimiento de Reconciliación y Justapaz.
En febrero, según informes, unas 70 ONG, sindicatos y otras organizaciones sociales recibieron amenazas de muerte de paramilitares a través del correo electrónico. En junio, ocho ONG de derechos humanos del departamento de Nariño recibieron amenazas de muerte telefónicas y a través del correo electrónico enviadas por el grupo paramilitar Organización Nueva Generación, según informes. Este grupo había enviado amenazas similares a 13 ONG de Nariño en marzo.
El 4 de noviembre, dos hombres encapuchados y armados atacaron a Yolanda Becerra, presidenta de la Organización Femenina Popular, en su domicilio en Barrancabermeja, departamento de Santander. Según la información disponible, la empujaron contra la pared, la amenazaron con un arma de fuego y le dieron un plazo de 48 horas para abandonar la ciudad.
El 4 de abril, Judith Vergara, activista comunitaria de la Comuna 13 de Medellín, departamento de Antioquia, fue muerta a tiros cuando viajaba en autobús por la ciudad.
Al menos 39 sindicalistas murieron de forma violenta en 2007. En enero comenzó a funcionar la Representación Permanente de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, establecida para observar los derechos de los sindicalistas en el país y el trabajo de la unidad especial creada dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos relacionados con atentados contra la vida y la integridad física de sindicalistas.
La inquietud que el homicidio de sindicalistas colombianos suscitó en el Congreso estadounidense dificultó los esfuerzos para lograr un acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.
El presidente Uribe hizo nuevos comentarios que daban a entender que las organizaciones de derechos humanos tenían vínculos con grupos guerrilleros. En julio, el presidente dijo: «Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial».
Ayuda militar estadounidense
La ayuda de Estados Unidos a Colombia ascendió en 2007 aunos 727 millones de dólares, de los que aproximadamente el 82 por ciento se destinó a las fuerzas de seguridad. Unos 595 millones de dólares del monto total procedían de los presupuestos para Operaciones Exteriores, y de ellos el 25 por ciento dependía de los avances del gobierno colombiano en determinados indicadores de derechos humanos. En abril, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, certificó que Colombia estaba realizando progresos en el ámbito de los derechos humanos y autorizó el pago del total del 25 por cierto de los fondos condicionados a esa materia del ejercicio fiscal 2006. No obstante, el Congreso estadounidense retuvo la cesión de los fondos destinados a las fuerzas armadas, que ascendían a unos 55,2 millones de dólares, a causa de la preocupación generada en torno las ejecuciones extrajudiciales y el escándalo para-político. Pese a la celebración de tres rondas de preguntas y respuestas, el Congreso no aceptó los argumentos para que se certificasen los avances de Colombia en materia de derechos humanos y, al finalizar el año, el dinero seguía retenido.
En diciembre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la entrada en vigor de importantes cambios en la ayuda estadounidense a Colombia. Las ayudas a las fuerzas militares y policiales de los presupuestos para Operaciones Exteriores se redujeron en un 31 por ciento y la ayuda social y económica se incrementó en un 70 por ciento. La condición de cumplir determinados requisitos en materia de derechos humanos se amplió al 30 por ciento de la ayuda y se requirió de las autoridades colombianas el desmantelamiento de los «grupos armados sucesores», con lo que se reconocía por parte del gobierno estadounidense que la actividad paramilitar continuaba en Colombia. La cifra total de asistencia a Colombia fue de 44 millones de dólares menos que la solicitada por el presidente Bush para 2008.
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció que el gobierno había acordado prorrogar por tres años el mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Con respecto a la aplicación por parte del gobierno de las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas por la ONU, el Informe sobre Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, publicado en marzo, manifestaba que «el cuadro de implementación era todavía variado, particularmente en el caso de las recomendaciones sobre la revisión de los archivos de inteligencia, la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de las estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario». En el informe se expresaba también preocupación por la continuada presencia de paramilitares, los crecientes informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y las infracciones del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros, y en particular las FARC.
MAS EN: http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/colombia

VERGUENZA NACIONAL (III)

Editorial de

-click o doble click aquí o sobre La guerra por la legitimidad

VERGÜENZA NACIONAL (II)
tratando de entender...el fondo...el fondo...la forma dejemosla a los efectos Alka Seltzer de los telenotisangrelight...
Los porqués de una derrota ética
Por: Ricardo García Duarte*.
Varios factores, entreverados, pueden influir para que la seguridad del Estado incorpore en cualquier nivel este tipo de lógicas propias de actores ilegales o, incluso, criminales.
De una parte, el propio efecto de escalada —característico de todo conflicto armado— arrastra consigo esas derivas que se traducen en prácticas atentatorias del derecho de gentes.
Y si a la dinámica de escalada militar se añade la polarización ideológica que viene envuelta en el empaque de un discurso excesivamente simplificador respecto del enemigo, entonces en el curso del enfrentamiento, la tentación de violar la norma internacional humanitaria estará siempre a la orden del día.
La deriva que representan los delitos de lesa humanidad es alimentada por la intervención corruptora de un actor que, como el narcotráfico, posee los recursos financieros y el interés explícito de exterminar o de expulsar de ciertas regiones al mismo enemigo que el Estado ha venido combatiendo.
Finalmente, la contemporización de un sector de las élites con estas prácticas ilegales y con los agentes estatales que las llevan a cabo, le sirve como un escudo protector, bajo la excusa de que están defendiendo a quienes han sido injustamente acusados por cumplir con su deber de patria.
Ese marco de lógicas que se mueven alrededor de la política de seguridad explica la adopción de conductas ilegales y de prácticas violatorias de los derechos humanos, que resultan funcionales al interés de combatir al enemigo interno.
Así parece haber ocurrido dentro de las distintas violencias y a lo largo de sus varios períodos históricos. Por estos días se ha vuelto a hablar de otra forma de la “guerra ilegal“, a raíz de las matanzas de Trujillo y del nuevo proceso judicial al cual fuera llamado el general (r) Rito Alejo del Río.
Algo indica que se trata de líneas constantes, que atraviesan los distintos modelos o doctrinas dentro de la seguridad del Estado, líneas que inficionan esta política y que consiguen sobreponerse a los propios autocontroles que se impone el Estado.
Con los cuerpos inertes e inermes de los jóvenes desaparecidos se pretendía significar la derrota del enemigo terrorista. En realidad, de probarse la conjetura de que no murieron en combate sino asesinados para que lo parecieran, dichos cuerpos probarían todo lo contrario: la derrota ética del Estado o, al menos, la de los agentes que de ese modo lo comprometen en desviaciones tan contrarias a la ley.

Lógicas ilegales
Cualquier cosa podrá sobrevenir entonces, si la Seguridad llegara a medirse en términos de cuerpos sin vida. La estrategia de controlar al enemigo para minimizar los daños que pueda causar sería sustituida por un desenfreno con ribetes de esquizofrenia, en medio del cual los muertos serían la medida de la derrota que se infringe al enemigo.
A juzgar por las revelaciones hechas por los jefes “paramilitares” en las audiencias de Justicia y Paz, ese parecía ser el signo de su loca carrera por eliminar guerrilleros y por controlar territorios. Ahora bien, el caso de los muchachos desaparecidos en Toluviejo, en Soacha o en Ciudad Bolívar, y encontrados bajo tierra como N.N. en Ocaña o en Cimitarra, estaría evidenciando –si se comprueba que no murieron en combate– la incorporación en la Seguridad del Estado de esa lógica insensata de eliminar pobladores sin discriminación alguna, con tal de expulsar a los guerrilleros de una zona.
En el caso de los jóvenes desaparecidos, esa irracionalidad alcanza contornos inesperados. Contornos de comercio fríamente calculado y de farsa bien montada. Comercio y farsa que, si no tuvieran de por medio víctimas inocentes, parecerían rayar con la comedia. Ya no se trataría siquiera de eliminar vecinos del lugar, bajo la sospecha o el pretexto de que simpaticen con la guerrilla. Se trataría de eliminar personas que nada tienen que ver con el contexto social o geográfico del conflicto para hacerlos figurar como enemigos armados.
En tal caso, el medio, que consiste en abatir a alguien, se distancia completamente del fin que es doblegar al enemigo para preservar la Seguridad del Estado. El medio queda completamente distanciado, si no divorciado, del fin. Sencillamente el dar muerte a un joven desempleado de Soacha nada tiene que ver con debilitar o doblegar a un frente guerrillero en Norte de Santander o en Cimitarra. El medio se agota en sí mismo, se vuelve sobre sí, antes de llegar materialmente al fin al que debía apuntar. En realidad, el acto mediador, que es la eliminación física de otro, no tiene nada que ver con el fin de doblegar a un frente enemigo. El medio que es matar se resuelve en sí mismo, sin que se vincule directamente con el objetivo de doblegar a un enemigo del Estado. Este objetivo se vuelve distante y queda envuelto en la niebla de la simulación.
Ese medio violento que es, en todo conflicto, la desaparición física del enemigo, se torna así más densamente ilegal. La eliminación de un enemigo fuera de combate y sin formula de juicio, sería ya enteramente ilegal. Pero la ejecución extrajuicio es doblemente ilegal si no se trata de un “enemigo” combatiente; y lo es mucho más si la ejecución tiene lugar para crear el efecto simulado de que se ha terminado con un enemigo combatiente, previa una serie de actos premeditados y organizados.
Que este tipo de actuaciones puedan ser ejecutadas por agentes oficiales, sin importar su rango, indica las posibilidades de amalgamamiento entre conductas legales e ilegales, justas e injustas, humanizadas o deshumanizadas que, a cubierto de la Seguridad, se vertebran dentro del Estado en función del fin superior de derrotar a un enemigo interno. Y de una manera tal que la aproximación a ese fin debe medirse por la cantidad de cuerpos abatidos.
*Análisis de razonpublica.org.co. Politólogo con estudios de Doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences – Po). Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos.
Más en http://www.elespectador.com.co/impreso/nacional/articuloimpreso87374-seguridad-resquebrajada?page=0,0

Hugo Chávez versus Derechos Humanos

Por: José Miguel Vivanco es Director para las Américas y Daniel Wilkinson es Subdirector para las Américas de Human Rights Watch.

-imagen y traducciòn en http://www.semana.com/noticias-international/como-sacaron-vivanco-venezuela/117221.aspx-

El 18 de septiembre presentamos un libro en Caracas que documenta cómo el Presidente Hugo Chávez ha deteriorado la protección de los derechos humanos en Venezuela. Cuando regresamos a nuestro hotel esa noche, nos esperaban unos 20 agentes de seguridad, algunos de ellos armados y uniformados. Quien los dirigía afirmó—aparentemente, sin ningún tipo de ironía— que era un funcionario de “derechos humanos” del gobierno y que estábamos siendo expulsados del país.

El funcionario, acompañado por un camarógrafo oficial que filmaba nuestra expulsión, actuaba como si estuviera cumpliendo con un procedimiento legítimo. Con total naturalidad nos informó que sus agentes habían ingresado a nuestras habitaciones y habían empacado nuestras maletas

Cuando intentamos comunicarnos por celular con nuestras familias y colegas, toda apariencia de protocolo desapareció abruptamente. Los agentes de seguridad nos rodearon, nos arrebataron violentamente los teléfonos de las manos y extrajeron las baterías. Cuando insistimos en comunicarnos con nuestras embajadas, nos empujaron hasta un ascensor de servicio, nos llevaron al sótano y nos obligaron por la fuerza a ingresar a una camioneta con vidrios polarizados. Cuando preguntamos hacia dónde nos dirigíamos, solamente nos dijeron que estábamos yendo al aeropuerto.

Tres agentes de seguridad se sentaron detrás de nosotros y al menos dos desenfundaron sus armas. Uno de los agentes utilizaba un celular para recibir y transmitir órdenes mientras circulábamos a toda velocidad por las calles de Caracas. Cuando estábamos en la autopista, encendieron la radio para escuchar a la agencia de noticias estatal anunciando nuestra expulsión. Los locutores informaron a su audiencia cautiva —que incluía además a todos los venezolanos que estaban escuchando radio, ya que todas las estaciones están obligadas a transmitir en cadena estos mensajes— que nuestra organización estaba financiada por el gobierno de Estados Unidos y que formábamos parte de una campaña de agresión contra Venezuela.

Human Rights Watch no acepta ni ha aceptado jamás financiamiento del gobierno de Estados Unidos ni de ningún otro gobierno, en forma directa o indirecta. Sin embargo, no es la primera vez que recibimos este tipo de acusaciones falsas, especialmente de gobiernos autoritarios. En ocasiones anteriores, autoridades venezolanas nos han acusado de ser títeres de la CIA, activistas de derecha y, más frecuentemente, “mercenarios del imperio”. En contraste, en la vecina Colombia, las máximas autoridades han intentado reiteradamente desacreditarnos catalogándonos de comunistas, simpatizantes de la guerrilla e, incluso, terroristas. Hace algunos años, luego de presentar un informe en Caracas, el vicepresidente de Chávez nos acusó públicamente de haber colaborado con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La justificación oficial de nuestra expulsión fue que habíamos violado la Constitución al criticar al gobierno mientras nos encontrábamos en el país con una visa de turista. Esta acusación es falsa, ya que al ingresar al país marcamos en nuestras tarjetas migratorias la casilla que declara que nuestra visita era por motivos de trabajo. De cualquier modo, el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó claramente al día siguiente que la decisión del gobierno no estaba vinculada a nuestras visas. “Extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”, declaró. Si el gobierno hubiera tenido realmente la intención de aplicar la ley, habría respetado nuestros derechos —consagrados en la Constitución promovida por el propio Chávez— de comunicarnos inmediatamente con nuestros respectivos consulados, obtener asesoría jurídica y ser oídos por una autoridad judicial. En lugar de ello, y tal como nos enteramos recién cuando ya nos encontrábamos a bordo de un avión, optó por comprarnos un pasaje a Brasil.

La soltura con la cual el gobierno ignoró estos derechos simplemente confirma la principal conclusión de nuestro informe: el gobierno de Chávez está más que dispuesto a violar su propia Constitución si así lo exige su agenda política. Paradójicamente, fue el propio Chávez quien impulsó la Constitución vigente hace casi una década. Dicha Constitución representó una oportunidad única para que el país fortaleciera el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, esa oportunidad ha sido, en gran medida, desperdiciada. El revés más grave se produjo en abril de 2002, cuando opositores a Chávez lo removieron temporalmente del poder con un golpe de estado. Afortunadamente, el golpe duró menos de dos días. Pero, lamentablemente, desde entonces el gobierno lo ha aprovechado para justificar iniciativas políticas que han terminado degradando la democracia venezolana.

***

Venezuela hoy dista de ser la dictadura que los críticos de Chávez denuncian. Sin embargo, su gobierno ha logrado neutralizar al poder judicial, el principal garante de las libertades y los derechos. Si bien aún existen medios de comunicación independientes y opositores, el gobierno ha diseñado nuevos mecanismos para silenciar a la oposición, así como intimidantes incentivos para que los críticos se autocensuren. A pesar de que todavía hay sindicatos independientes, el gobierno ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores y ha fomentado el surgimiento de sindicatos alineados con el oficialismo. Pese a que existen defensores de derechos humanos comprometidos con la causa, han sido objeto de un fuerte aluvión de agresiones verbales e incluso acoso judicial.

Durante los más de veinte años que Human Rights Watch ha trabajado en América Latina, jamás un gobierno ha expulsado a uno de nuestros representantes por su trabajo. Ni siquiera lo han hecho las dictaduras de derecha que llevaron a cabo abusos mucho más graves que los cometidos por Chávez. Posiblemente sabían que no era una buena idea. En definitiva, la decisión de Chávez de expulsarnos no ha hecho más que comprobar el principal mensaje de nuestro informe y garantizar que reciba amplia difusión en todo el mundo.

Si esta interpretación es acertada, no es un buen augurio para el futuro de Venezuela.

Texto en Ingles:

Volume 55, Number 17 · November 6, 2008
Hugo Chávez Versus Human Rights
By Jose Miguel Vivanco, Daniel Wilkinson
On September 18, we released a report in Caracas that shows how President Hugo Chávez has undermined human rights guarantees in Venezuela. That night, we returned to our hotel and found around twenty Venezuelan security agents, some armed and in military uniform, awaiting us outside our rooms. They were accompanied by a man who announced—with no apparent sense of irony—that he was a government "human rights" official and that we were being expelled from the country.
With government cameramen filming over his shoulder, the official did his best to act as if he were merely upholding the law. When we said we needed to gather our belongings, he calmly told us not to worry, his men had already entered our rooms and "packed" our bags.
But when we tried to use our cell phones to get word to our families, our colleagues, and the press, the veneer of protocol quickly gave way. Security agents surrounded us, pried the phones from our hands, and removed and pocketed the batteries. When we then insisted on contacting our embassies, they shoved us into a service elevator, took us to the basement, and forced us into the back seat of an SUV with tinted windows. When we asked where we were headed, they told us only that we were going to the airport.
Three security agents sat behind us, at least two with weapons drawn. One used a cell phone to receive and relay orders as we raced through the streets of Caracas and out onto a highway. At one point an order came to turn on the SUV's radio so we could listen as the state news agency announced our expulsion. The announcers told their captive audience—which also included every other Venezuelan listening to the radio, since all stations are required to broadcast such messages—that our organization was funded by the US government and that we were part of a campaign of aggression against Venezuela.

Human Rights Watch does not and has never accepted funding from the US or any government, directly or indirectly. But we are accustomed to such false accusations, especially coming from authoritarian governments. Venezuelan officials have repeatedly denounced us as CIA stooges, right-wing partisans, and, more commonly, "mercenaries of the empire." (By contrast, in neighboring Colombia, officials have repeatedly sought to discredit us with labels like Communist, guerrilla sympathizer, and even terrorist.) Once, after releasing another report in Caracas, one of us was publicly and falsely accused by Chávez's vice-president of having collaborated with former Chilean dictator Augusto Pinochet. This time, a close Chávez ally in the legislature suggested on national TV that the two of us had been sharing a single hotel room where we were indulging our "weaknesses."
The official reason we were given for our expulsion was that we had violated the constitution by criticizing the government while on tourist visas. It was a curious allegation since our immigration cards included a "business" box, which we had dutifully checked off. In any case, Venezuela's foreign minister, Nicolás Maduro, made clear the next day that the government's decision had nothing to do with our visa status. "Any foreigner who comes to criticize our country will be immediately expelled," he declared. Of course, had the Chávez government actually been interested in upholding its laws, it would have respected our rights—enshrined in the Venezuelan constitution—to immediately contact our embassies, obtain legal counsel, and receive a fair hearing. Instead, as we discovered only after we were finally ushered onto a plane at the airport, it bought us a one-way trip to Brazil.
The ease with which the government disregarded these rights only reaffirmed the central finding of our report: the Chávez government is more than willing to violate the country's constitution in pursuit of its own political agenda. Ironically it was Chávez himself who first championed that constitution a decade ago, after he was swept into office promising to overhaul the country's largely discredited political system. Enacted in 1999, the "Bolivarian" Constitution offered a unique opportunity for the country to shore up the rule of law and strengthen human rights protections. But that opportunity has since been largely squandered. The most dramatic setback came in April 2002, when opponents of Chávez temporarily ousted him in a coup d'état. Fortunately, the coup lasted less than two days. Unfortunately, the government has exploited it ever since to help justify policies that have degraded the country's democracy.
Today Venezuela is hardly the brutal dictatorship that some critics of Chávez paint it to be. Yet the country's democratic institutions have suffered considerably since the coup. Chávez and his allies have effectively neutralized the judiciary. While some newspapers and broadcasters are still independent and some are outspoken in their opposition to Chávez, the President and his legislative supporters have strengthened the state's capacity to limit free speech and created powerful incentives for self-censorship. They have, for example, expanded laws making "contempt" for government officials a criminal offense, increased prison sentences for criminal defamation, and abused the state's control of broadcasting frequencies to intimidate and discriminate against stations with overtly critical programming. While there are independent labor unions, the government has systematically violated workers' rights and fostered pro-government unions. There are dedicated human rights advocates. But they have been subjected to a virulent barrage of verbal assaults and even harassment by prosecutors.
A central goal of the "Bolivarian" Constitution is the promotion of a more inclusive democracy in Venezuela. In view of the history of exclusion and the glaring inequalities that plague Venezuela and countries throughout Latin America, it is a goal that deserves to be taken seriously. Yet Chávez's own professed commitment to this vital and ambitious aim is contradicted by his government's willful disregard for the institutional guarantees and fundamental rights that make democratic participation possible.
In the more than twenty years that Human Rights Watch has worked in Latin America, no government has ever expelled our representatives for our work, not even the right-wing dictatorships guilty of far more egregious abuses than those committed by Chávez. Presumably they knew better. After all, Chávez's decision to expel us merely served to confirm the central message of our report and ensure that it received extensive coverage around the globe.
Why did Chávez do it? One Brazilian on the plane on which we were forced to leave Venezuela offered a view that is increasingly widespread throughout Latin America: "Chávez is crazy." But the human rights defenders we work with in Venezuela have drawn a far more sobering conclusion. Chávez, in their view, was sending a deliberate message to his fellow countrymen: he will not allow human rights guarantees to get in his way, no matter what the rest of the world may think.
If their interpretation is right, it does not bode well for the future of Venezuelan democracy.
—October 9, 2008

en http://www.nybooks.com/articles/22033

Este artículo está publicado en el New York Review of Books; copyright 2008 NYREV, Inc.

VERGÜENZA NACIONAL
imagen de http://www.linkmesh.com/imagenes/temas/momias/avergonzado.jpg

Sòlo me saltan dos reflexiones: ¿cuántas veces sucedió esto en los gobiernos anteriores? ¿que cultura organizacional se ha apoderado de nuestras -si, suyas y mìas tambièn- Fuerzas Armadas como para que se de èste fenómeno?...y la final ¿si un general es responsable, un ministro de defensa lo es? el máximo comandante tambièn lo es?...

en fin...reflexionemos:

Fiscalía investiga 780 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/fiscalia-investiga-780-casos-de-presuntas-ejecuciones-extrajudiciales-_4632140-1
Así lo señala un reporte conocido por EL TIEMPO y que recoge casos desde enero del 2003 hasta septiembre pasado de lo que podrían ser homicidios fuera de combate .

Fueron reportados por unidades militares como bajas en operaciones contra la guerrilla, los 'paras' y la delincuencia común.

La mayoría de denuncias corresponde a unidades militares del Meta y Antioquia, donde algunos de los casos han terminado en condenas contra miembros de unidades militares que operan allí.
Las seccionales de la Fiscalía en Cúcuta, Florencia, Medellín, Manizales, Pasto y Valledupar también manejan un número considerable de investigaciones, aunque la mayor parte de ellas está a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, directamente en Bogotá.
Investigaciones en la Procuraduría

El Ministerio Público investiga por su parte a 2.300 personas, entre uniformados y funcionarios por Derechos Humanos

El procurador General, Edgardo Maya Villazón, aseguró que el Ministerio Público adelanta 930 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública. Indicó que los procesos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Al tiempo, el procurador Maya destacó que el Gobierno le hiciera frente a la situación y aplicara sanciones drásticas. Dijo que el Ministerio Público continuará con sus investigaciones disciplinarias.

Investigan otros casos en Boyacá
Gustavo Adolfo Tobo, Defensor del Pueblo Boyacá, aseguró que hoy debió viajar hoy al municipio La Uvita porque la defensora de la región le reportó cuatro casos similares a los de Soacha, y que indagan para verificar si se trataría de ejecuciones extrajudiciales.
En su departamento, según dijo, pese a que ese tipo de violación de Derechos Humanos no es común, tiene otros dos casos reportados: uno en Pajarito, de este año; y otro en Chita, del año pasado y por que ya hay un proceso en el que están involucrados militares. En este último fue el crimen de un campesino.

Casos en Santander
Ana Felicia Barajas, Defensora de Santander, dice que este año, cuando surgió el escándalo por los jóvenes que aparecieron como dados de baja en Ocaña (Norte de Santander), una madre de familia denunció que su hijo aparentemente había muerto en combate.
Según contó la mujer en la Defensoría, su hijo desapareció en agosto cuando estaba en el parque Antonia Santos de Bucaramanga, donde, de acuerdo con su relato, unos hombres le ofrecieron un mejor trabajo en Ocaña y decidió irse con ellos. A los tres días de su partida, la llamaron de una funeraria a decirle que había muerto en combate en ese municipio.
Barajas aseguró que en manos de la Fiscalía hay tres casos similares que ocurrieron en San José de Miranda, Lebrija, La Laguna de Ortices.
Estos casos, dijo, los venían trabajando con el general Joaquín Cortés, comandante II División de Santander.
Màs: Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos

Lo que encontró la Comisión
en http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/encontro-investigacion-falsos-positivos/117189.aspx
La Comisión encontró fallas de dos tipos en varias de las unidades militares investigadas. Lo primero es que las operaciones militares se estaban llevando a cabo con exceso de informalidad y sin cumplir los requisitos de control y manejo. En el trabajo de inteligencia, la orden de operaciones, el combate, la munición gastada y los resultados, todo debe coincidir. Y de todo ello deben llevarse récords.

Eso no fue lo que encontró al Comisión en Ocaña, ni en Puerto Berrío, donde por ejemplo hay registros que dicen que se gastaron 1.500 cartuchos y un solo muerto. Al contrario, la forma de operar era más bien folklórica, donde los hombres de inteligencia reportaban que tenían a alguien ya identificado, y sin mayores preguntas partía el operativo militar en contra del objetivo.

Esa falta de control en las operaciones, se prestaba para unos miembros corruptos, que tenían lazos con organizaciones criminales que estaban reclutando personas en Bogotá y otras ciudades, aprovechara para matar esas víctimas inocentes y así ganar bendiciones con positivos.

Según explicó un oficial retirado del Ejército a Semana.com, la presión que han hecho algunos generales sobre la necesidad de producir bajas a como dé lugar, también ha contribuido a que ese se torne un logro en sí mismo, ya que dependiendo de las bajas hay ascensos y días de descanso; eso contrariando las directivas recientes del Comando General que hacen explícito el valor estratégico que tiene para las Fuerzas Armadas obtener una desmovilización o una captura por encima de una muerte.

El segundo hallazgo de la Comisión Especial tiene que ver con la indolencia de los comandantes de división y de brigada en investigar lo sucedido. Según los protocolos de justicia internacional, cuando un comandante militar conoce de graves violaciones y no hace nada para investigarlas y castigar a los responsables, puede procesársele como mínimo por incumplir su deber. En algunos casos de otros países, esta actitud negligente se ha calificado de complicidad con el delito, pues ha enviado el mensaje a los subalternos de que no hay problema con que violen la ley. Así por ejemplo, en la División II, el general José Joaquín Cortés, respetado por sus subalternos, había diseñado protocolos especiales para premiar el buen trato a la población civil y a unidades que no tuvieran denuncias por violaciones a los derechos humanos, según dijeron a Semana.com, fuentes que conocían bien su trabajo. El problema fue cuando se le pidió que investigara lo que sucedía bajo su mando en los Santanderes. No fue más allá y se conformó con las explicaciones tibias de sus subalternos. En el caso de la Brigada 14, comandada por el coronel Juan Carlos Barrera, se le pidió insistentemente desde el Comando en Bogotá que investigara lo que se estaba denunciando en su jurisdicción, pero no hizo mayor cosa. Por estas razones fueron retirados del servicio...sigue en http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/encontro-investigacion-falsos-positivos/117189.aspx

Carta enviada por intelectuales, políticos y periodistas a las FARC

Bogotá DC., septiembre 11 de septiembre de 2008

La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.

En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.

Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.

El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.

No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio y de los denominados países amigos europeos concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.

Por las razones expuestas y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.

Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.

Firman (lea la respuesta dando click AQUI )
. Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Daniel Pecaut, Consuelo González de Perdomo, Luís Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar, Alfredo Molano B, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, Gustavo Álvarez Gardeazabal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda O, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Rocio Londoño Botero, León Valencia A, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rujeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto G, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Juan Sebastián Lozada P, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla G, Leopoldo Múnera Ruíz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillen, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva S, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz F, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Silva, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar H, Luís Fernando Medina, Santiago Araoz F, Fabian Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro V, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramirez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Jaime Caicedo T, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero T, Maria Eugencia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo A, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Pepe Sánchez, Claudia Rujeles de Jara, Marta Arango de Lizcano, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto, siguen firmas...

LA CRISIS FINANCIERA...
y otra vez, las ganancias se individualizan
las perdidas se socializan...
los de siempre -los nuevos y los viejos- ganan
los de siempre -casi siempre son los mismos- pierden

imagen de http://www.discutelo.com/2008/10/crisis-financiera-de-1929-vs-2008/