Ese fiel espejo llamado telenovela
(Twitt)...Comienza en el museo nacional ésta exposición donde se resaltarán novelas como
Caballo Viejo
Azúcar
Café con aroma de mujer
Gallito Ramírez
La casa de las dos palmas
San Tropel
Escalona
La Potra Zaina
...
y
...
hay que pensar:
las últimas novelas exitosas en Colombia son
EL CAPO
SIN TETAS...
LAS MUJERES DE LA MAFIA (así se llama?)
...AQUI NO HAY QUIEN VIVA (esa, es la única que me vi ocasionalmente...)
...
entonces, si las novelas son un fiel espejo de nosotros...
la pregunta es ¿qué paso? o la pregunta es ¿qué careta se nos cayó?
...
Pablo Escobar (y antes de él ya había mafiososo y delincuentes de ese tipo) era un conocido mafioso en 1980... O bien ¿en esa época queríamos tapar el sol con un dedo?...¿era una sociedad más hipocrita?... ó ¿en verdad las cosas no habían llegado a esos niveles...no habíamos llegado a este mundo traqueto con leyes traquetas con cultura traqueta, con...novelas traquetas?
...
me quedo con la primera hipotesis...
y lo confirmo con la novela me veía:
había una pareja gay,
escenas lesbicas, etc...
...gays y lesbias ha habido toda la vida...
simplemente nuestras novelas estan siendo un fiel espejo...
ahora,
la pregunta es,
las novelas estan haciendo la tarea,
pero,
ESA ES LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS PARA NUESTROS HIJOS...
Y NUESTRAS HIJAS
O.P. (Mg.) Noviembre 8, 2009
Regálame un clic. GRACIAS facebook/tiktok/instagram/youtube orlandoparragopinion Twitter/orlandoparrag
2009/11/08
2009/11/07
INDIGENCIA...20 MIL O 30 MIL PESOS DIARIOS????
en http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=7661
en http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=7661
2009/11/01
un recuerdo ajeno (o, a buen entendedor...)
por Daniel Coronell
en http://www.semana.com/noticias-opinion/recuerdo-ajeno/130747.aspx
Lo que pasó ese abril, allá, se venía sospechando hacía muchos meses. El Presidente de ese país había advertido que los poderes Legislativo y Judicial no querían cooperar con el cambio. Mientras el Ejecutivo luchaba por la derrota del terrorismo y el progreso de la Nación, las otras ramas del poder público seguían amarradas al pasado. Las iniciativas del mandatario se demoraban en el trámite y los jueces -sordos al clamor popular- se empecinaban en encausar a los amigos de las rondas campesinas que tanto habían ayudado en el combate de la sedición.
La situación se fue tornando cada vez más tirante, y alcanzó su clímax cuando el mandatario invitó a los ciudadanos a evitar una parálisis del Estado por cuenta de la 'partidocracia' y a prevenir una "dictadura de los jueces".Con inspirado gesto, y equiparándose con los más ilustres nombres de la historia de Estados Unidos, el mandatario desempolvó una frase pronunciada en 1937 por Franklin Delano Roosevelt, que comparaba el Estado con una carreta tirada por tres caballos: el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. "Hoy dos de los caballos, la Presidencia y el Parlamento, marchan al unísono; pero la Corte se ha atravesado en el camino del progreso, por lo que ha llegado la hora de salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de ella misma".Y se quejaba de su suerte aquel mandatario, porque mientras a Roosevelt le había tocado lidiar con un caballo terco, a él le habían correspondido dos. En una alocución televisada, señaló: "los principales obstáculos en el sendero del progreso son la inoperancia del Parlamento y la corrupción del poder judicial que ha sido ganado por el sectarismo político".El principal asesor presidencial y numerosos opinadores afines al gobierno tildaban a los jueces de distantes, indiferentes y apátridas, cuando no de cómplices del terrorismo, ignorantes y abiertamente corruptos.Los grandes medios de comunicación que abrevaban en el presupuesto nacional -y que esperaban poder sacarle más- replicaban y aplaudían el creciente autoritarismo personal del mandatario y contribuían al descrédito de las instituciones que no se habían sometido a él.Esa fuerza tan suya causaba desconcertantes resultados en las encuestas. Los empresarios, por ejemplo, se quejaban de la concentración del poder en manos de un solo hombre, pero confesaban que no veían a nadie capaz de reemplazarlo. El 79 por ciento de ellos definía el régimen como dictatorial, pero al mismo tiempo el 89 por ciento estaba de acuerdo con el relevo del poder judicial y el 87 por ciento apoyaba una salida "extraconstitucional".El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien en un comienzo se había mostrado escéptico frente a la unificación de los poderes en el Ejecutivo, entendió pronto que no podía poner en riesgo los negocios de sus afiliados. Acompañado de los tres dueños de las cadenas privadas de televisión, acudió la víspera de aquel día al palacio presidencial para manifestar su anticipada solidaridad con las decisiones que el jefe del Estado tuviera que tomar.El presidente de la Asociación de Bancos declaró: "el sector empresarial apoya al Presidente. No se puede permitir por más tiempo la infiltración de elementos corruptos y subordinados a intereses partidarios en instituciones importantes como el Congreso y el poder judicial".La noche de ese domingo, 5 de abril de 1992, avanzaron silenciosamente por las calles de Lima los tanques que bloquearían la entrada al Congreso y al Palacio de Justicia. Alberto Fujimori había logrado consumar un autogolpe que le permitió dos reelecciones y ocho años más en el poder con una inmensa popularidad, una guerra con un país vecino, un Congreso comprado, un Procurador de bolsillo y una nueva Corte a su medida.Ahora paga una condena de 25 años de prisión por los falsos positivos de Barrios Altos y La Cantuta, las interceptaciones ilegales a periodistas y opositores, varios casos de corrupción administrativa y el pago de sobornos a congresistas.
memories of others (or, to the wise ...)
What happened that April, there had suspected it for many months. The President of Brazil had warned that the legislative and judicial powers would not cooperate with change. While the Executive struggled to defeat terrorism and the progress of the Nation, the other branches of government were tied to the past. The president's initiatives were delayed in processing and judges-deaf to popular clamor, insisted on prosecuting the friends of the rounds that both farmers had helped in the battle of sedition. The situation was becoming increasingly strained, and reached its climax when the president invited the public to prevent a paralysis of the state on behalf of the 'partidocracia' and prevent a "dictatorship of judges." With inspired gesture, and is comparable with the most illustrious names in American history, Bush dusted off a phrase used in 1937 by Franklin Delano Roosevelt, comparing the state with a cart pulled by three horses: the President, Congress and the Supreme Court. "Today two of the horses, the Presidency and Parliament, marching in unison, but the Court has crossed into the path of progress, so it's time to save the Constitution from the Court and the Court itself . And he complained about his fate that Bush, because while Roosevelt had touched him deal with a stubborn horse, he had matched two. In a televised address, said "the main obstacles in the path of progress is the ineffectiveness of Parliament and judicial corruption that has been won by political partisanship." The chief presidential advisor and many pundits linked to the government branded the judges of distant, indifferent and stateless, if not complicit in terrorism, ignorant and openly corrupt. The mass media that watering in the national budget and that they hoped to get more-replicated and applauded the president's increasing authoritarianism and staff contributed to discredit the institutions that had not been subjected to it. That caused his strength so puzzling results in the polls. Employers, for example, complained about the concentration of power in the hands of one man, but confessed that seeing no one capable of replacing it. About 79 percent of them defined as a dictatorial regime, but also 89 percent agreeing with the relay of the judiciary and 87 per cent supported a way out "extra-". The president of the National Society of Industries, who at first had been skeptical against the unification of powers in the executive, soon realized he could not jeopardize the business of their affiliates. Accompanied by the three owners of private television, came on the eve of the presidential palace that day to express solidarity with the early decisions that the head of state had to take. The president of the Association of Banks said "the business sector supports the president. We can not allow any longer the infiltration of rogue elements and subordinated to party interests in major institutions such as Congress and the judiciary." The evening of that Sunday, April 5th, 1992, marched silently through the streets of Lima tanks that block the entrance to Congress and the Justice Palace. Alberto Fujimori had managed to accomplish a coup that allowed two re-elections and eight years in power with immense popularity, a war with a neighboring country, a Congress bought an Attorney pocket and a new court for him. Now pays a sentence of 25 years in prison for false positives of Barrios Altos and La Cantuta, illegally tapped journalists and opponents, several cases of administrative corruption and bribery in Congress.
por Daniel Coronell
en http://www.semana.com/noticias-opinion/recuerdo-ajeno/130747.aspx
Lo que pasó ese abril, allá, se venía sospechando hacía muchos meses. El Presidente de ese país había advertido que los poderes Legislativo y Judicial no querían cooperar con el cambio. Mientras el Ejecutivo luchaba por la derrota del terrorismo y el progreso de la Nación, las otras ramas del poder público seguían amarradas al pasado. Las iniciativas del mandatario se demoraban en el trámite y los jueces -sordos al clamor popular- se empecinaban en encausar a los amigos de las rondas campesinas que tanto habían ayudado en el combate de la sedición.
La situación se fue tornando cada vez más tirante, y alcanzó su clímax cuando el mandatario invitó a los ciudadanos a evitar una parálisis del Estado por cuenta de la 'partidocracia' y a prevenir una "dictadura de los jueces".Con inspirado gesto, y equiparándose con los más ilustres nombres de la historia de Estados Unidos, el mandatario desempolvó una frase pronunciada en 1937 por Franklin Delano Roosevelt, que comparaba el Estado con una carreta tirada por tres caballos: el Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. "Hoy dos de los caballos, la Presidencia y el Parlamento, marchan al unísono; pero la Corte se ha atravesado en el camino del progreso, por lo que ha llegado la hora de salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de ella misma".Y se quejaba de su suerte aquel mandatario, porque mientras a Roosevelt le había tocado lidiar con un caballo terco, a él le habían correspondido dos. En una alocución televisada, señaló: "los principales obstáculos en el sendero del progreso son la inoperancia del Parlamento y la corrupción del poder judicial que ha sido ganado por el sectarismo político".El principal asesor presidencial y numerosos opinadores afines al gobierno tildaban a los jueces de distantes, indiferentes y apátridas, cuando no de cómplices del terrorismo, ignorantes y abiertamente corruptos.Los grandes medios de comunicación que abrevaban en el presupuesto nacional -y que esperaban poder sacarle más- replicaban y aplaudían el creciente autoritarismo personal del mandatario y contribuían al descrédito de las instituciones que no se habían sometido a él.Esa fuerza tan suya causaba desconcertantes resultados en las encuestas. Los empresarios, por ejemplo, se quejaban de la concentración del poder en manos de un solo hombre, pero confesaban que no veían a nadie capaz de reemplazarlo. El 79 por ciento de ellos definía el régimen como dictatorial, pero al mismo tiempo el 89 por ciento estaba de acuerdo con el relevo del poder judicial y el 87 por ciento apoyaba una salida "extraconstitucional".El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien en un comienzo se había mostrado escéptico frente a la unificación de los poderes en el Ejecutivo, entendió pronto que no podía poner en riesgo los negocios de sus afiliados. Acompañado de los tres dueños de las cadenas privadas de televisión, acudió la víspera de aquel día al palacio presidencial para manifestar su anticipada solidaridad con las decisiones que el jefe del Estado tuviera que tomar.El presidente de la Asociación de Bancos declaró: "el sector empresarial apoya al Presidente. No se puede permitir por más tiempo la infiltración de elementos corruptos y subordinados a intereses partidarios en instituciones importantes como el Congreso y el poder judicial".La noche de ese domingo, 5 de abril de 1992, avanzaron silenciosamente por las calles de Lima los tanques que bloquearían la entrada al Congreso y al Palacio de Justicia. Alberto Fujimori había logrado consumar un autogolpe que le permitió dos reelecciones y ocho años más en el poder con una inmensa popularidad, una guerra con un país vecino, un Congreso comprado, un Procurador de bolsillo y una nueva Corte a su medida.Ahora paga una condena de 25 años de prisión por los falsos positivos de Barrios Altos y La Cantuta, las interceptaciones ilegales a periodistas y opositores, varios casos de corrupción administrativa y el pago de sobornos a congresistas.
memories of others (or, to the wise ...)
What happened that April, there had suspected it for many months. The President of Brazil had warned that the legislative and judicial powers would not cooperate with change. While the Executive struggled to defeat terrorism and the progress of the Nation, the other branches of government were tied to the past. The president's initiatives were delayed in processing and judges-deaf to popular clamor, insisted on prosecuting the friends of the rounds that both farmers had helped in the battle of sedition. The situation was becoming increasingly strained, and reached its climax when the president invited the public to prevent a paralysis of the state on behalf of the 'partidocracia' and prevent a "dictatorship of judges." With inspired gesture, and is comparable with the most illustrious names in American history, Bush dusted off a phrase used in 1937 by Franklin Delano Roosevelt, comparing the state with a cart pulled by three horses: the President, Congress and the Supreme Court. "Today two of the horses, the Presidency and Parliament, marching in unison, but the Court has crossed into the path of progress, so it's time to save the Constitution from the Court and the Court itself . And he complained about his fate that Bush, because while Roosevelt had touched him deal with a stubborn horse, he had matched two. In a televised address, said "the main obstacles in the path of progress is the ineffectiveness of Parliament and judicial corruption that has been won by political partisanship." The chief presidential advisor and many pundits linked to the government branded the judges of distant, indifferent and stateless, if not complicit in terrorism, ignorant and openly corrupt. The mass media that watering in the national budget and that they hoped to get more-replicated and applauded the president's increasing authoritarianism and staff contributed to discredit the institutions that had not been subjected to it. That caused his strength so puzzling results in the polls. Employers, for example, complained about the concentration of power in the hands of one man, but confessed that seeing no one capable of replacing it. About 79 percent of them defined as a dictatorial regime, but also 89 percent agreeing with the relay of the judiciary and 87 per cent supported a way out "extra-". The president of the National Society of Industries, who at first had been skeptical against the unification of powers in the executive, soon realized he could not jeopardize the business of their affiliates. Accompanied by the three owners of private television, came on the eve of the presidential palace that day to express solidarity with the early decisions that the head of state had to take. The president of the Association of Banks said "the business sector supports the president. We can not allow any longer the infiltration of rogue elements and subordinated to party interests in major institutions such as Congress and the judiciary." The evening of that Sunday, April 5th, 1992, marched silently through the streets of Lima tanks that block the entrance to Congress and the Justice Palace. Alberto Fujimori had managed to accomplish a coup that allowed two re-elections and eight years in power with immense popularity, a war with a neighboring country, a Congress bought an Attorney pocket and a new court for him. Now pays a sentence of 25 years in prison for false positives of Barrios Altos and La Cantuta, illegally tapped journalists and opponents, several cases of administrative corruption and bribery in Congress.
LOS GRINGOS SABIAN DE PLAZAS VEGA / the Americans knew of Plazas Vega
"The presence 'NGO representatives' of two military officers (one active and one retired), who burned with long time pro-military diatribes, also made that the exchange between the military and NGOs will back. One of them was a retired Colonel Alfonso Plazas Vargas (sic) representing the "Human Rights Office of retired military officers. Places commanded the attack on the Palace of Justice in November 1985 after he was taken by the M-19. The attack resulted in the deaths of more than 70 people, including seven Supreme Court judges. The soldiers killed a number of members of M-19 and suspected collaborators who could no longer fight, including employees of the cafeteria. "
en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB289/19990115.pdf
"The presence 'NGO representatives' of two military officers (one active and one retired), who burned with long time pro-military diatribes, also made that the exchange between the military and NGOs will back. One of them was a retired Colonel Alfonso Plazas Vargas (sic) representing the "Human Rights Office of retired military officers. Places commanded the attack on the Palace of Justice in November 1985 after he was taken by the M-19. The attack resulted in the deaths of more than 70 people, including seven Supreme Court judges. The soldiers killed a number of members of M-19 and suspected collaborators who could no longer fight, including employees of the cafeteria. "en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB289/19990115.pdf
“La presencia entre ‘representantes de las ONG’ de dos oficiales militares (uno activo y otro retirado) que quemaron tiempo con largas diatribas pro-militares, también hizo que el intercambio entre militares y ONG se echara para atrás. Uno de los dos era el coronel retirado Alfonso Plazas Vargas (sic) representando a la “Oficina de Derechos Humanos de Oficiales Militares Retirados. Plazas comandó el ataque al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, después de que éste fuera tomado por el M-19. El ataque resultó en la muerte de más de 70 personas, incluyendo siete magistrados de la Corte Suprema. Los soldados mataron a un número de miembros del M-19 y colaboradores sospechosos que ya no podían combatir, incluyendo a los empleados de la cafetería”.
2009/10/18
Se investigan 2.000 muertes de probables falsos positivos, según informe de la Fiscalía
en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/mas-de-2000-colombianos-habrian-sido-asesinados-por-falsos-positivos-segun-informe-de-la-fiscalia_6378648-1
Mañana, el martes y el miércoles se tienen previstas las primeras audiencias de solicitud de libertad de algunos militares en los juzgados de Soacha. La razón: aparente vencimiento de términos para el inicio del juicio.
De acuerdo con el documento, 59 de ellos serian menores de edad y 122, mujeres. En el caso de soacha, 48 militares estan a punto de ser llamados a juicio.
A condenas de hasta 60 años se exponen los 48 militares involucrados en el escándalo de los jóvenes desaparecidos de Soacha y reportados muertos en combate en los santanderes, que estalló hace ya un año.
Hasta un soldado profesional que estaba de licencia y que apareció reportado como una baja en combate con tropas del Batallón Santander, en la zona de Ocaña, figura en la lista de víctimas de 'falsos positivos' de esa unidad militar, la más cuestionada por el caso de los muchachos que desaparecieron en Soacha y que luego fueron asesinados.
El expediente de la Procuraduría sobre el caso de Soacha dice que los muertos por este caso serían más de 30 y no 16, como se creía hasta ahora.
La Fiscalía, entre tanto, está lista para acusar a dos coroneles, un mayor y otros 43 uniformados por 13 de esas muertes. Los tres fiscales que llevan las investigaciones consideran que deben ir a juicio por delitos que les darían hasta 60 años de cárcel. Y esos delitos son: homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad.
Estos militares formaban parte de cuatro unidades de Norte de Santander y Santander y, según la Fiscalía, participaron en una tenebrosa empresa criminal cuyo descubrimiento llevó, en noviembre pasado, a la más grande purga militar en la historia reciente del país: 27 militares destituidos, y entre ellos, cuatro generales.
Un año después, los correctivos tomados por el Ministerio de Defensa y los Comandos del Ejército y las Fuerzas Militares para 'parar en seco' los casos de 'falsos positivos' parecen haber funcionado.
Un informe del Cinep revelado el viernes señala que mientras en el primer semestre del año pasado se denunciaron 106 casos de 'falsos positivos', en el primer semestre de este año hubo dos denuncias.
El Ministerio de Defensa dice que después de la purga solo hay una denuncia concreta: Arnobis Negrete desapareció el 24 de diciembre en Montería y a los dos días fue presentado como baja del Batallón Rifles.
No obstante, tanto Fiscalía como Procuraduría siguen encontrando indicios de irregularidades en operaciones de años anteriores. De hecho, la planta de investigadores de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía tendrá que ser ampliada de manera urgente para evitar que colapse por cuenta de los 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones.
Más de 2.000
De sus cien fiscales, 62 han tenido que ser asignados a estos procesos, que por ahora dejan un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Entre estos últimos casos está el de una muchacha de Ocaña que tenía una vestimenta que la Fiscalía considera "demasiado urbana" como para haber buscado un combate: llevaba short y sandalias.
Por esos casos, hay 137 condenas contra militares y 396 tienen órdenes de captura.
Las investigaciones de la Procuraduría están concentradas en tres divisiones del Ejército: La Séptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdicción en 16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y en el centro. Sin embargo, los casos están regados por todo el país.
Durante los últimos siete años, el Ministerio Público ha abierto 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados hacen parte de 35 brigadas (diez de ellas móviles); 481 son oficiales, entre ellos 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458, soldados.
Además, miembros de otras instituciones empiezan a aparecer en los expedientes.
En octubre del 2005, Gabriel Valencia Ocampo, un campesino de Argelia (Antioquia), buscó protección en la estación de Policía, pero de allí se lo llevaron militares del Batallón Juan del Corral que dijeron que era un desertor. Al día siguiente apareció como muerto en combate. Por encubrir ese crimen, el capitán de la Policía Alexander Amézquita acaba de ser detenido. Por ese caso, un teniente del Ejército y tres soldados fueron condenados a 33 años.
600 kilómetros hacia la muerte
El caso Soacha es tal vez el más emblemático de los 'falsos positivos'. ¿Qué es lo que ha determinado la justicia? Los investigadores reconstruyeron una mortal ruta de 600 kilómetros que se inició al sur de Bogotá y que terminó, para algunas de las víctimas, en la frontera con Venezuela.
Una familia que llegó del norte del país hace varios años y que montó en el barrio San Nicolás de Soacha una tienda, 'Los Costeños', es clave en el caso.
Edith Palomino, la dueña y quien es la esposa de Alexander Carretero Díaz, que reclutó con falsas ofertas de trabajo, algunas ilegales, a varios de los jóvenes asesinados. Su hermano es Dairo Palomino, militar de inteligencia del Batallón Santander y que hoy está preso por esas muertes. Ender Obeso Ocampo ('Pique'), y Uriel Ballesteros Obeso, ('Pocho'), son primos de la mujer. Ellos también reclutaron.
Lo que dicen Fiscalía y Procuraduría es que en los informes sobre las operaciones hay tantas inconsistencias que es casi imposible que los mandos de esas unidades no hubieran notado que algo olía mal. "Allá se violaron todos los mínimos de la doctrina militar", reconoce el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo.
En las versiones no cuadraba, por ejemplo, la munición reportada por los militares. A Julián Oviedo, de 19 años, se lo llevaron de Soacha el 2 de marzo del 2008. Fue la única baja de un supuesto combate ocurrido en Ocaña al día siguiente. Según los informes militares, era del Eln, tenía granadas en los bolsillos y falleció por seis balas de fusil. El reporte dice que los soldados dispararon 550 veces.
Un caso aberrante
El caso de Fair Leonardo Porras es quizás el más aberrante de todos. Este joven de 26 años, y que padecía problemas sicomotrices, recibió de Carretero le suma de 200 mil pesos y salió de Soacha el 8 de enero del año pasado.
Carretero se lo entregó a su cuñado, Dairo José Palomino y cuatro días después el joven fue reportado como única baja de la 'Operación Soberanía', contra las 'Águilas Negras'.
Lo que nadie pudo explicar es por qué Fair, además de sus impedimentos físicos que claramente lo inhabilitaban para la guerra, había disparado con la mano derecha, si era zurdo. "¿Cómo no decir que a esta persona se le puso en estado de indefensión, si en su simple naturaleza lo era?", cuestionó la Fiscalía.
¿Qué ganaban los militares implicados en estos horrores? Reconocimientos y permisos por cada muerto en combate. Todavía se investiga si se desvió plata de recompensas, pues un supuesto informante denunció que recibió 150 mil pesos por firmar un papel sobre una operación que, en registros oficiales, está consignada como un pago de 2,5 millones de pesos.
Dos Gaulas, en la mira de la Fiscalía
Aunque los investigadores han logrado establecer una especie de patrón en los diferentes casos en todo el país, solo se ha podido documentar un vínculo directo entre los 'positivos' irregulares de dos unidades militares: el Santander y la desaparecida Brigada Móvil 15, en el Catatumbo, donde suboficiales de inteligencia se pusieron de acuerdo para llevar a varios de los muchachos de Soacha.
Se investiga el recorrido de varios oficiales y suboficiales por unidades cuestionadas y, dicen los investigadores, está pendiente el capítulo del posible desvío de plata de gastos reservados como uno de los motores de esta práctica.
La Fiscalía encontró, por ejemplo, que en Córdoba y Sucre las víctimas eran jóvenes entre los 12 y los 25 años, en general reclutados en otras zonas y muchos de ellos desmovilizados. Varias de las víctimas eran indigentes traídos de Antioquia.
En Atlántico, la modalidad fue de "reclutamiento puro". De allá salieron al menos 40 muchachos, la mayoría de ellos antiguos combatientes del 'Bloque Catatumbo' de las Auc, rumbo a Córdoba, Cesar y Sucre. El reclutador era otro ex Auc.
Dos Gaulas están cuestionados: los de Córdoba y Casanare. En este último departamento, dice un informe oficial, "se ha constatado que las víctimas fueron sacadas bajo engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como bajas en acciones antisecuestro".
Condena para un reclutador
José Dionisio Ramos, alias 'Joselito Carnaval', es el primer reclutador de los falsos positivos condenado por la justicia. Está asociado a varios casos de Sucre que significaron sentencias de 17 y 20 años, entre estos el de los 11 jóvenes de Toluviejo (foto), reportados como bajas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
En su último informe sobre el tema, el Centro de Investigación Popular, Cinep, reconoce una disminución sustancial de los casos por las medidas que adoptó el Ministerio de Defensa. En comparación con el primer semestre del 2008 se pasó de 106 casos a 2, y de 102 víctimas a 4.
El Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría destaca que denuncias de Afusode, que reúne a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provocaron amenazas y hostigamientos contra parientes de personas muertas en 'falsos positivos'. Les exigieron no continuar con testimonios ni averiguaciones.
El batallón La Popa de Valledupar es uno de los más cuestionados por Derechos Humanos. Once de sus militares, entre ellos diez oficiales, fueron retirados en enero. El más conocido: el coronel Hernán Mejía, investigado por el caso de 'las bajas' de 19 'guerrilleros', que aparentemente eran 'paras'.
20 militares del Gaula Casanare son investigados por al menos cuatro casos de aparentes muertes fuera de combate en el 2007. Uno de esos episodios es el de los hermanos Gustavo y Yefer Mora, el 30 de marzo, en Aguazul. Fueron sacados de una fonda y reportados como bajas del Eln.
Las víctimas del caso Soacha son Fair Porras, Steven Valencia, Victor Gómez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Soto, Julio César Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martínez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Verano, Jaime Castillo, Eduardo Garzón Páez, Daniel Pesca Olaya y Alexander Arenas.
El soldado Miguel Anaya no es el único militar víctima de falsos positivos. Néstor Esquivel, del batallón Rifles de Caucasia, salió de permiso a Montería por una enfermedad. Al regresar a Caucasia murió en un supuesto combate. Fue presentado como guerrillero el 24 de septiembre del 2007, muerto en La Guajira.
REDACCIÓN JUSTICIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA
relacionado: http://ciberplural.blogspot.com/2009/07/no-falsos-positivos-homicidios-en.html#links
traducido con: http://translate.google.com.co/?hl=es
COLOMBIA:We investigate 2,000 deaths of likely false positives, as reported by the Attorney
Tomorrow, Tuesday and Wednesday have provided the first hearings of request for release of certain military courts Soacha. The reason is apparent expiration of terms for the trial. According to the document would be 59 of them minors and 122 women. In the case of Soacha, 48 soldiers are about to be called to trial. A sentence of 60 years are exposed to the 48 soldiers involved in the scandal of young people reported missing and Soacha killed in combat in the Santander, which erupted a year ago. Even a professional soldier who was on leave and reported as appearing in combat with troops of the Battalion Santander, in the area of Ocaña, listed as victims of 'false positives' of this military unit, the most challenged by the for boys who disappeared in Soacha and then were killed. The records of the attorney on the case of Soacha said that the dead by this case would be over 30 and not 16 as previously thought. The prosecution, meanwhile, is ready to indict two colonels, one major and another 43 soldiers for 13 of those deaths. The three prosecutors that investigations are considered to be going on trial for crimes that would give up to 60 years in prison. And those crimes are: aggravated murder, conspiracy, forced disappearance and falsehood. These soldiers were part of four units of Santander and Norte de Santander and, according to the prosecution, took part in a sinister criminal enterprise whose discovery led last November, the largest military purges in recent history: 27 military dismissed, and among four generals. A year later, corrective taken by the Ministry of Defense and the Army Command and the Armed Forces for 'a halt' cases of 'false positives' seem to have worked. A report released on Friday Cinep notes that while in the first half of last year were reported 106 cases of 'false positives' in the first half of this year there were two complaints. The MoD said that after the purge there is only one specific complaint: Arnobis Negrete disappeared on Dec. 24 in Monteria and was submitted as two days downward Rifles Battalion. However, both Attorney's Office and still find evidence of irregularities in past operations. In fact, plant researchers DD.HH. Unit of the Prosecutor will have to be expanded urgently to prevent collapse by 1273 account of the proceedings against members of the military and civilian executions. Over 2,000 Of his hundred tax, 62 have had to be allocated to these processes, which now leaves a balance of 2,077 Colombians killed: 59 of them were minors and 122 women. Among these cases is that of a girl who had a clothing Ocaña that the prosecution considered "too urban" to be searched combat: wearing shorts and sandals. For these cases, there are 137 convictions against soldiers and 396 have arrest warrants. Investigations by the Attorney are concentrated in three divisions of the Army: The Seventh, the Second and Fifth, with jurisdiction in 16 departments of the Caribbean coast, the border with Venezuela and in the center. However, the cases are spread around the country. During the past seven years, prosecutors opened investigations against 1274 members of the Army 2965. The soldiers under investigation are part of 35 brigades (ten of them mobile); 481 are officers, including 14 colonels are 1026 NCOs and 1,458 soldiers. In addition, members of other institutions are beginning to appear in the files. In October 2005, Gabriel Valencia Ocampo, a farmer in Argelia (Antioquia), sought protection in the police station, but from there they took military Juan del Corral Battalion who said it was a deserter. The next day he appeared as killed in combat. To conceal the crime, the police captain Alexander Amezquita just been arrested. In that case, an Army lieutenant and three soldiers were sentenced to 33 years. 600 km to death Soacha The case is perhaps the most emblematic of 'false positives'. Which is what has given justice? The researchers reconstructed a deadly 600-mile route that began south of Bogota and ended for some victims, on the border with Venezuela. One family that came from the north several years ago and flew into the San Nicolas de Soacha a shop, 'The Costeños' is key in the case. Edith Palomino, the owner and who is the wife of Alexander Carter Diaz, who recruited with false job offers, some illegal, several of the murdered boys. His brother is Dairo Palomino Military Intelligence Battalion Santander and now is in prison for the deaths. Obese Ender Ocampo ( 'chop'), and Uriel Ballesteros Obeso, ( 'Pocho'), are cousins of women. They also recruited. What they say is that Attorney Office and the reports on the operations there are so many inconsistencies that it is almost impossible for the commanders of those units had not noticed that something smelled bad. "There were violated all the minimum of military doctrine," Deputy Defense recognizes Sergio Jaramillo. In versions did not fit, for example, reported by the military ammunition. A Julian Oviedo, aged 19, was taken from Soacha on 2 March 2008. It was the only casualty of an alleged fight occurred the following day at Ocana. According to military reports, was the ELN, had grenades in their pockets and died six rifle bullets. The report says the soldiers fired 550 times. An aberrant case The case of Leonardo Porras Fair is perhaps the most aberrant of all. This young man of 26 years, and who suffered from psychomotor problems, adds Carter received 200 thousand dollars and left Soacha on January 8 last year. Carter gave it to his brother, Dairo Jose Palomino and four days later the boy was reported as only casualty of Operation Sovereignty ', against' Black Eagles'. What no one could explain is why Fair, in addition to his physical impairments that clearly disqualified him for the war, fired with his right hand, if it was left handed. "How could this person say that he was defenseless, whether in its simple nature was it?", Questioned the prosecution. What earned the soldiers involved in these atrocities? Credits and permissions for every death in combat. It is still investigating whether money was diverted reward, for an alleged informant reported that received 150 thousand dollars to sign a paper on a transaction which, in official records, is entered as a payment of 2.5 million pesos. Two Gaulas, within sight of the Attorney Although researchers have established a kind of pattern in the various cases across the country, has only been able to document a direct link between the 'positive' irregular two military units: Santander, and disappeared Mobile Brigade 15, in Catatumbo , where intelligence NCO agreed to carry several of the boys from Soacha. We investigate the route of several officers and NCOs in units and questioned, say the researchers, is pending the chapter of the possible diversion of spending money reserved as one of the engines of this practice. The Office found, for example, that in Cordoba and Sucre victims were young people between 12 and 25 years, usually recruited from other areas and many of them demobilized. Several of the victims were homeless people brought from Antioch. In Atlantic, the mode was "pure recruitment. From there came at least 40 boys, most of them former combatants' Block Catatumbo the AUC, to Cordoba, Cesar and Sucre. The recruiter was another former AUC. Two Gaulas are questioned: the Cordoba and Casanare. In the latter department, says an official report, "has been established that the victims were taken under delusions of urban areas before being finalized and reported as low in anti-kidnapping operations." Sentence to a recruiter José Dionisio Ramos, alias "Joselito Carnival", is the first recruiter convicted of false positives justice. Is associated with several cases of Sucre which meant sentences of 17 and 20 years, among these that of the 11 young people from Toluviejo (photo), reported as casualties of the Joint Task Force of Sucre. In its latest report on the subject, the Research Center for People, Cinep recognizes a substantial reduction of cases by the measures taken by the Ministry of Defense. Compared with the first half of 2008 were increased from 106 cases to 2, and 102 victims 4. The Early Warning System of the Ombudsman notes that allegations of Afusode, bringing together families of victims of extrajudicial killings, threats and harassment brought against relatives of people killed in 'false positives'. Demanded that they not continue with testimonies and investigations. La Popa Battalion in Valledupar is one of the most challenged by Human Rights. Eleven of its military, including ten officers, were dropped in January. The best known: Colonel Hernan Mejia, investigated for the case of 'low' of 19 'rebels', who apparently were paramilitaries. Casanare Gaula 20 military personnel are investigated by at least four cases of apparent non-combat deaths in 2007. One of these episodes is that of brothers and Yefer Gustavo Mora, 30 March, Aguazul. Were taken from a restaurant and reported as casualties of the ELN. The victims in this case are Fair Soacha Porras, Steven Valencia, Victor Gomez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Stewart, Julio Cesar Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martinez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Summer, Jaime Castillo, Eduardo Garzon Paez Daniel Fish Olaya, Alexander Arenas. The soldier Miguel Anaya military is not the only victim of false positives. Nestor Esquivel, Caucasia Rifles Battalion, went on leave to Monteria by disease. Returning to Caucasia died in an alleged fight. It was presented as a guerrilla on 24 September 2007, died in La Guajira. EDITORIAL JUSTICE AND INVESTIGATIVE UNIT
en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/mas-de-2000-colombianos-habrian-sido-asesinados-por-falsos-positivos-segun-informe-de-la-fiscalia_6378648-1
Mañana, el martes y el miércoles se tienen previstas las primeras audiencias de solicitud de libertad de algunos militares en los juzgados de Soacha. La razón: aparente vencimiento de términos para el inicio del juicio.
De acuerdo con el documento, 59 de ellos serian menores de edad y 122, mujeres. En el caso de soacha, 48 militares estan a punto de ser llamados a juicio.
A condenas de hasta 60 años se exponen los 48 militares involucrados en el escándalo de los jóvenes desaparecidos de Soacha y reportados muertos en combate en los santanderes, que estalló hace ya un año.
Hasta un soldado profesional que estaba de licencia y que apareció reportado como una baja en combate con tropas del Batallón Santander, en la zona de Ocaña, figura en la lista de víctimas de 'falsos positivos' de esa unidad militar, la más cuestionada por el caso de los muchachos que desaparecieron en Soacha y que luego fueron asesinados.
El expediente de la Procuraduría sobre el caso de Soacha dice que los muertos por este caso serían más de 30 y no 16, como se creía hasta ahora.
La Fiscalía, entre tanto, está lista para acusar a dos coroneles, un mayor y otros 43 uniformados por 13 de esas muertes. Los tres fiscales que llevan las investigaciones consideran que deben ir a juicio por delitos que les darían hasta 60 años de cárcel. Y esos delitos son: homicidio agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada y falsedad.
Estos militares formaban parte de cuatro unidades de Norte de Santander y Santander y, según la Fiscalía, participaron en una tenebrosa empresa criminal cuyo descubrimiento llevó, en noviembre pasado, a la más grande purga militar en la historia reciente del país: 27 militares destituidos, y entre ellos, cuatro generales.
Un año después, los correctivos tomados por el Ministerio de Defensa y los Comandos del Ejército y las Fuerzas Militares para 'parar en seco' los casos de 'falsos positivos' parecen haber funcionado.
Un informe del Cinep revelado el viernes señala que mientras en el primer semestre del año pasado se denunciaron 106 casos de 'falsos positivos', en el primer semestre de este año hubo dos denuncias.
El Ministerio de Defensa dice que después de la purga solo hay una denuncia concreta: Arnobis Negrete desapareció el 24 de diciembre en Montería y a los dos días fue presentado como baja del Batallón Rifles.
No obstante, tanto Fiscalía como Procuraduría siguen encontrando indicios de irregularidades en operaciones de años anteriores. De hecho, la planta de investigadores de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía tendrá que ser ampliada de manera urgente para evitar que colapse por cuenta de los 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones.
Más de 2.000
De sus cien fiscales, 62 han tenido que ser asignados a estos procesos, que por ahora dejan un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 de ellos eran menores de edad y 122, mujeres. Entre estos últimos casos está el de una muchacha de Ocaña que tenía una vestimenta que la Fiscalía considera "demasiado urbana" como para haber buscado un combate: llevaba short y sandalias.
Por esos casos, hay 137 condenas contra militares y 396 tienen órdenes de captura.
Las investigaciones de la Procuraduría están concentradas en tres divisiones del Ejército: La Séptima, la Segunda y la Quinta, con jurisdicción en 16 departamentos de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y en el centro. Sin embargo, los casos están regados por todo el país.
Durante los últimos siete años, el Ministerio Público ha abierto 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército. Los militares investigados hacen parte de 35 brigadas (diez de ellas móviles); 481 son oficiales, entre ellos 14 coroneles; 1.026 son suboficiales y 1.458, soldados.
Además, miembros de otras instituciones empiezan a aparecer en los expedientes.
En octubre del 2005, Gabriel Valencia Ocampo, un campesino de Argelia (Antioquia), buscó protección en la estación de Policía, pero de allí se lo llevaron militares del Batallón Juan del Corral que dijeron que era un desertor. Al día siguiente apareció como muerto en combate. Por encubrir ese crimen, el capitán de la Policía Alexander Amézquita acaba de ser detenido. Por ese caso, un teniente del Ejército y tres soldados fueron condenados a 33 años.
600 kilómetros hacia la muerte
El caso Soacha es tal vez el más emblemático de los 'falsos positivos'. ¿Qué es lo que ha determinado la justicia? Los investigadores reconstruyeron una mortal ruta de 600 kilómetros que se inició al sur de Bogotá y que terminó, para algunas de las víctimas, en la frontera con Venezuela.
Una familia que llegó del norte del país hace varios años y que montó en el barrio San Nicolás de Soacha una tienda, 'Los Costeños', es clave en el caso.
Edith Palomino, la dueña y quien es la esposa de Alexander Carretero Díaz, que reclutó con falsas ofertas de trabajo, algunas ilegales, a varios de los jóvenes asesinados. Su hermano es Dairo Palomino, militar de inteligencia del Batallón Santander y que hoy está preso por esas muertes. Ender Obeso Ocampo ('Pique'), y Uriel Ballesteros Obeso, ('Pocho'), son primos de la mujer. Ellos también reclutaron.
Lo que dicen Fiscalía y Procuraduría es que en los informes sobre las operaciones hay tantas inconsistencias que es casi imposible que los mandos de esas unidades no hubieran notado que algo olía mal. "Allá se violaron todos los mínimos de la doctrina militar", reconoce el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo.
En las versiones no cuadraba, por ejemplo, la munición reportada por los militares. A Julián Oviedo, de 19 años, se lo llevaron de Soacha el 2 de marzo del 2008. Fue la única baja de un supuesto combate ocurrido en Ocaña al día siguiente. Según los informes militares, era del Eln, tenía granadas en los bolsillos y falleció por seis balas de fusil. El reporte dice que los soldados dispararon 550 veces.
Un caso aberrante
El caso de Fair Leonardo Porras es quizás el más aberrante de todos. Este joven de 26 años, y que padecía problemas sicomotrices, recibió de Carretero le suma de 200 mil pesos y salió de Soacha el 8 de enero del año pasado.
Carretero se lo entregó a su cuñado, Dairo José Palomino y cuatro días después el joven fue reportado como única baja de la 'Operación Soberanía', contra las 'Águilas Negras'.
Lo que nadie pudo explicar es por qué Fair, además de sus impedimentos físicos que claramente lo inhabilitaban para la guerra, había disparado con la mano derecha, si era zurdo. "¿Cómo no decir que a esta persona se le puso en estado de indefensión, si en su simple naturaleza lo era?", cuestionó la Fiscalía.
¿Qué ganaban los militares implicados en estos horrores? Reconocimientos y permisos por cada muerto en combate. Todavía se investiga si se desvió plata de recompensas, pues un supuesto informante denunció que recibió 150 mil pesos por firmar un papel sobre una operación que, en registros oficiales, está consignada como un pago de 2,5 millones de pesos.
Dos Gaulas, en la mira de la Fiscalía
Aunque los investigadores han logrado establecer una especie de patrón en los diferentes casos en todo el país, solo se ha podido documentar un vínculo directo entre los 'positivos' irregulares de dos unidades militares: el Santander y la desaparecida Brigada Móvil 15, en el Catatumbo, donde suboficiales de inteligencia se pusieron de acuerdo para llevar a varios de los muchachos de Soacha.
Se investiga el recorrido de varios oficiales y suboficiales por unidades cuestionadas y, dicen los investigadores, está pendiente el capítulo del posible desvío de plata de gastos reservados como uno de los motores de esta práctica.
La Fiscalía encontró, por ejemplo, que en Córdoba y Sucre las víctimas eran jóvenes entre los 12 y los 25 años, en general reclutados en otras zonas y muchos de ellos desmovilizados. Varias de las víctimas eran indigentes traídos de Antioquia.
En Atlántico, la modalidad fue de "reclutamiento puro". De allá salieron al menos 40 muchachos, la mayoría de ellos antiguos combatientes del 'Bloque Catatumbo' de las Auc, rumbo a Córdoba, Cesar y Sucre. El reclutador era otro ex Auc.
Dos Gaulas están cuestionados: los de Córdoba y Casanare. En este último departamento, dice un informe oficial, "se ha constatado que las víctimas fueron sacadas bajo engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como bajas en acciones antisecuestro".
Condena para un reclutador
José Dionisio Ramos, alias 'Joselito Carnaval', es el primer reclutador de los falsos positivos condenado por la justicia. Está asociado a varios casos de Sucre que significaron sentencias de 17 y 20 años, entre estos el de los 11 jóvenes de Toluviejo (foto), reportados como bajas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre.
En su último informe sobre el tema, el Centro de Investigación Popular, Cinep, reconoce una disminución sustancial de los casos por las medidas que adoptó el Ministerio de Defensa. En comparación con el primer semestre del 2008 se pasó de 106 casos a 2, y de 102 víctimas a 4.
El Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría destaca que denuncias de Afusode, que reúne a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provocaron amenazas y hostigamientos contra parientes de personas muertas en 'falsos positivos'. Les exigieron no continuar con testimonios ni averiguaciones.
El batallón La Popa de Valledupar es uno de los más cuestionados por Derechos Humanos. Once de sus militares, entre ellos diez oficiales, fueron retirados en enero. El más conocido: el coronel Hernán Mejía, investigado por el caso de 'las bajas' de 19 'guerrilleros', que aparentemente eran 'paras'.
20 militares del Gaula Casanare son investigados por al menos cuatro casos de aparentes muertes fuera de combate en el 2007. Uno de esos episodios es el de los hermanos Gustavo y Yefer Mora, el 30 de marzo, en Aguazul. Fueron sacados de una fonda y reportados como bajas del Eln.
Las víctimas del caso Soacha son Fair Porras, Steven Valencia, Victor Gómez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Soto, Julio César Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martínez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Verano, Jaime Castillo, Eduardo Garzón Páez, Daniel Pesca Olaya y Alexander Arenas.
El soldado Miguel Anaya no es el único militar víctima de falsos positivos. Néstor Esquivel, del batallón Rifles de Caucasia, salió de permiso a Montería por una enfermedad. Al regresar a Caucasia murió en un supuesto combate. Fue presentado como guerrillero el 24 de septiembre del 2007, muerto en La Guajira.
REDACCIÓN JUSTICIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA
relacionado: http://ciberplural.blogspot.com/2009/07/no-falsos-positivos-homicidios-en.html#links
traducido con: http://translate.google.com.co/?hl=es
COLOMBIA:We investigate 2,000 deaths of likely false positives, as reported by the Attorney
Tomorrow, Tuesday and Wednesday have provided the first hearings of request for release of certain military courts Soacha. The reason is apparent expiration of terms for the trial. According to the document would be 59 of them minors and 122 women. In the case of Soacha, 48 soldiers are about to be called to trial. A sentence of 60 years are exposed to the 48 soldiers involved in the scandal of young people reported missing and Soacha killed in combat in the Santander, which erupted a year ago. Even a professional soldier who was on leave and reported as appearing in combat with troops of the Battalion Santander, in the area of Ocaña, listed as victims of 'false positives' of this military unit, the most challenged by the for boys who disappeared in Soacha and then were killed. The records of the attorney on the case of Soacha said that the dead by this case would be over 30 and not 16 as previously thought. The prosecution, meanwhile, is ready to indict two colonels, one major and another 43 soldiers for 13 of those deaths. The three prosecutors that investigations are considered to be going on trial for crimes that would give up to 60 years in prison. And those crimes are: aggravated murder, conspiracy, forced disappearance and falsehood. These soldiers were part of four units of Santander and Norte de Santander and, according to the prosecution, took part in a sinister criminal enterprise whose discovery led last November, the largest military purges in recent history: 27 military dismissed, and among four generals. A year later, corrective taken by the Ministry of Defense and the Army Command and the Armed Forces for 'a halt' cases of 'false positives' seem to have worked. A report released on Friday Cinep notes that while in the first half of last year were reported 106 cases of 'false positives' in the first half of this year there were two complaints. The MoD said that after the purge there is only one specific complaint: Arnobis Negrete disappeared on Dec. 24 in Monteria and was submitted as two days downward Rifles Battalion. However, both Attorney's Office and still find evidence of irregularities in past operations. In fact, plant researchers DD.HH. Unit of the Prosecutor will have to be expanded urgently to prevent collapse by 1273 account of the proceedings against members of the military and civilian executions. Over 2,000 Of his hundred tax, 62 have had to be allocated to these processes, which now leaves a balance of 2,077 Colombians killed: 59 of them were minors and 122 women. Among these cases is that of a girl who had a clothing Ocaña that the prosecution considered "too urban" to be searched combat: wearing shorts and sandals. For these cases, there are 137 convictions against soldiers and 396 have arrest warrants. Investigations by the Attorney are concentrated in three divisions of the Army: The Seventh, the Second and Fifth, with jurisdiction in 16 departments of the Caribbean coast, the border with Venezuela and in the center. However, the cases are spread around the country. During the past seven years, prosecutors opened investigations against 1274 members of the Army 2965. The soldiers under investigation are part of 35 brigades (ten of them mobile); 481 are officers, including 14 colonels are 1026 NCOs and 1,458 soldiers. In addition, members of other institutions are beginning to appear in the files. In October 2005, Gabriel Valencia Ocampo, a farmer in Argelia (Antioquia), sought protection in the police station, but from there they took military Juan del Corral Battalion who said it was a deserter. The next day he appeared as killed in combat. To conceal the crime, the police captain Alexander Amezquita just been arrested. In that case, an Army lieutenant and three soldiers were sentenced to 33 years. 600 km to death Soacha The case is perhaps the most emblematic of 'false positives'. Which is what has given justice? The researchers reconstructed a deadly 600-mile route that began south of Bogota and ended for some victims, on the border with Venezuela. One family that came from the north several years ago and flew into the San Nicolas de Soacha a shop, 'The Costeños' is key in the case. Edith Palomino, the owner and who is the wife of Alexander Carter Diaz, who recruited with false job offers, some illegal, several of the murdered boys. His brother is Dairo Palomino Military Intelligence Battalion Santander and now is in prison for the deaths. Obese Ender Ocampo ( 'chop'), and Uriel Ballesteros Obeso, ( 'Pocho'), are cousins of women. They also recruited. What they say is that Attorney Office and the reports on the operations there are so many inconsistencies that it is almost impossible for the commanders of those units had not noticed that something smelled bad. "There were violated all the minimum of military doctrine," Deputy Defense recognizes Sergio Jaramillo. In versions did not fit, for example, reported by the military ammunition. A Julian Oviedo, aged 19, was taken from Soacha on 2 March 2008. It was the only casualty of an alleged fight occurred the following day at Ocana. According to military reports, was the ELN, had grenades in their pockets and died six rifle bullets. The report says the soldiers fired 550 times. An aberrant case The case of Leonardo Porras Fair is perhaps the most aberrant of all. This young man of 26 years, and who suffered from psychomotor problems, adds Carter received 200 thousand dollars and left Soacha on January 8 last year. Carter gave it to his brother, Dairo Jose Palomino and four days later the boy was reported as only casualty of Operation Sovereignty ', against' Black Eagles'. What no one could explain is why Fair, in addition to his physical impairments that clearly disqualified him for the war, fired with his right hand, if it was left handed. "How could this person say that he was defenseless, whether in its simple nature was it?", Questioned the prosecution. What earned the soldiers involved in these atrocities? Credits and permissions for every death in combat. It is still investigating whether money was diverted reward, for an alleged informant reported that received 150 thousand dollars to sign a paper on a transaction which, in official records, is entered as a payment of 2.5 million pesos. Two Gaulas, within sight of the Attorney Although researchers have established a kind of pattern in the various cases across the country, has only been able to document a direct link between the 'positive' irregular two military units: Santander, and disappeared Mobile Brigade 15, in Catatumbo , where intelligence NCO agreed to carry several of the boys from Soacha. We investigate the route of several officers and NCOs in units and questioned, say the researchers, is pending the chapter of the possible diversion of spending money reserved as one of the engines of this practice. The Office found, for example, that in Cordoba and Sucre victims were young people between 12 and 25 years, usually recruited from other areas and many of them demobilized. Several of the victims were homeless people brought from Antioch. In Atlantic, the mode was "pure recruitment. From there came at least 40 boys, most of them former combatants' Block Catatumbo the AUC, to Cordoba, Cesar and Sucre. The recruiter was another former AUC. Two Gaulas are questioned: the Cordoba and Casanare. In the latter department, says an official report, "has been established that the victims were taken under delusions of urban areas before being finalized and reported as low in anti-kidnapping operations." Sentence to a recruiter José Dionisio Ramos, alias "Joselito Carnival", is the first recruiter convicted of false positives justice. Is associated with several cases of Sucre which meant sentences of 17 and 20 years, among these that of the 11 young people from Toluviejo (photo), reported as casualties of the Joint Task Force of Sucre. In its latest report on the subject, the Research Center for People, Cinep recognizes a substantial reduction of cases by the measures taken by the Ministry of Defense. Compared with the first half of 2008 were increased from 106 cases to 2, and 102 victims 4. The Early Warning System of the Ombudsman notes that allegations of Afusode, bringing together families of victims of extrajudicial killings, threats and harassment brought against relatives of people killed in 'false positives'. Demanded that they not continue with testimonies and investigations. La Popa Battalion in Valledupar is one of the most challenged by Human Rights. Eleven of its military, including ten officers, were dropped in January. The best known: Colonel Hernan Mejia, investigated for the case of 'low' of 19 'rebels', who apparently were paramilitaries. Casanare Gaula 20 military personnel are investigated by at least four cases of apparent non-combat deaths in 2007. One of these episodes is that of brothers and Yefer Gustavo Mora, 30 March, Aguazul. Were taken from a restaurant and reported as casualties of the ELN. The victims in this case are Fair Soacha Porras, Steven Valencia, Victor Gomez, Jader Palacios Bustamante, Jonathan Stewart, Julio Cesar Mesa, Joaquin Castro, Daniel Martinez, Diego Marín, Julian Oviedo, Diego Tamayo, Elkin Summer, Jaime Castillo, Eduardo Garzon Paez Daniel Fish Olaya, Alexander Arenas. The soldier Miguel Anaya military is not the only victim of false positives. Nestor Esquivel, Caucasia Rifles Battalion, went on leave to Monteria by disease. Returning to Caucasia died in an alleged fight. It was presented as a guerrilla on 24 September 2007, died in La Guajira. EDITORIAL JUSTICE AND INVESTIGATIVE UNIT
El fascismo cotidiano
por Jorge Orlando Melo
en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jorgeorlandomelo/el-fascismo-cotidiano_6350487-1
La respuesta a la confesión de los paramilitares de que habían hecho hornos crematorios para eliminar los restos de sus enemigos muestra la insensibilidad a que hemos llegado. EL TIEMPO publicó la noticia en una página interior, pequeñita, mientras en primera página un titular a tres columnas descubría que la leche materna prevenía las enfermedades de los niños.
Pocos se escandalizaron, pues llevábamos ya un año oyendo cómo había soldados que estaban comprando a jóvenes pobres, a los que mataban a sangre fría y presentaban como guerrilleros. Una historia que, por su frialdad, superaba los peores hechos de los paramilitares o la guerrilla. En Tacueyó o Darién fusilaron o descuartizaron personas a las que odiaban o temían, a enemigos. En los falsos positivos, como en caso de los indigentes vendidos a una escuela de medicina de Barranquilla hace años, las víctimas eran simples paseantes, que se podían matar por centavos porque uno no tenía nada que ver con ellos.
Esta crueldad sin límites que han mostrado algunos grupos colombianos -y que no encuentra fácil comparación- es inexplicable; no es posible encontrarle razones. Pero ¿por qué reaccionamos con tal frialdad, con tal indiferencia?
Una razón, pienso, es que el país ha tenido una cultura de justificación de la violencia y de la venganza, sobre todo por causas políticas y sociales. Sectores de la izquierda promovieron, desde los cincuenta, la idea de que era lícito, para resolver las injusticias sociales, secuestrar o matar empresarios, soldados o ganaderos. A ellos respondió la derecha con un argumento simétrico: para defenderse de la guerrilla había que usar sus propios métodos. La "gente bien" podía seguir siendo decente, aunque la defendieran asesinos y terroristas. El ejército seguía con honor, aunque algunos miembros "díscolos", como decía Alberto Lleras, torturaran o colaboraran con los paramilitares. Había que acabar con la guerrilla y todo era lícito. Por supuesto, salían detalles inquietantes: ¿qué hacer con quien asesinaba a sangre fría a un guerrillero y para merecer un premio le cortaba la mano? La justificación de la violencia mantiene la tranquilidad moral del que no hunde el gatillo pero lo apoya: quienes pagaron a las Convivir, sospechando lo que estas hacían, ejercían su derecho legítimo a la defensa.
Otra razón, pienso, es que existe un fascismo cuotidiano, menor, de baja intensidad. La semana pasada, en las aceras del Centro Andino de Bogotá, vi cómo un vigilante hacía que su perro le sacara los colmillos a un adolescente que vendía algo en la acera: controlaba y azuzaba al animal en un juego medido, que prohibía la violencia física pero autorizaba la psicológica. No sería difícil enumerar estos gestos suavemente inhumanos, dulcemente sádicos, que educan a nuestros niños y adolescentes, en escuelas, hogares o calles. Una educación que nos acostumbra a no ver la maldad en los que nos defienden y a tolerar la crueldad y la injusticia, si es en beneficio propio.
Tan grave, o más, que el posible daño al joven, me parece la degradación moral a la que se somete al vigilante, obligado a ser un verdugo de segunda clase. Pero, sin duda, quienes lo contratan son gente decente, que piensan solo en cómo proteger a ciudadanos inocentes del acoso de los vendedores.
Coda. Creo desproporcionada la respuesta de este diario a las críticas de Claudia López. Ella tiene razón: es difícil saber si el artículo sobre Arias y Santos es de opinión o informativo. Y convertir "la descalificación de nuestro trabajo periodístico" en renuncia me parece un sofisma y un gesto que contradice el ambiente de libertad que se ha respirado normalmente en el periódico: yo también encuentro a veces decisiones editoriales de El TIEMPO injustificables y merecedoras de baja calificación, aunque mis hipótesis de por qué pasa esto son distintas a las de ella.www.jorgeorlandomelo.com
Colombia: Daily Fascism
traducción con http://translate.google.com.co
The response to the confession of the paramilitary groups that had crematoria to remove the remains of their enemies shows the insensitivity we have come. El Tiempo published the news on an inside page, tiny, while a headline on its front page with three columns discovered that breast milk prevented the disease in children. Few were shocked because we had already had one years hearing how soldiers who were buying poor youth, who killed in cold blood and presented as guerrillas. A story which, by their coldness, exceeded the worst acts of paramilitaries or guerrillas. In Darien Tacueyó shot or dismembered or people who hated or feared enemies. In the false positives, as if sold to an indigent medical school in Barranquilla years ago, victims were simply passers-by, that could kill for pennies because you had nothing to do with them. This boundless cruelty shown by some groups in Colombia-which is not easy comparison-is inexplicable, it is not possible to find reasons. But why do we react with such coldness, with such indifference? One reason, I think, is that the country has had a culture of justification of violence and revenge, especially political and social causes. Sectors of the promoted left from the fifties, the idea that it was permissible to solve social injustices, kidnap or kill businessmen, soldiers and farmers. They responded with an argument right symmetrical to fend off the guerrillas had to use their own methods. The "good people" could still be decent if the defend murderers and terrorists. The army was in honor, although some members "rogue," as Alberto Lleras, tortured or collaborate with the paramilitaries. We had to destroy the guerrillas and everything was permissible. Of course, troubling details emerged: what to do with who murdered in cold blood a guerrilla and to deserve a prize you cut your hand? The justification of violence remains calm sinking morale that the trigger but it supports: who paid for the Living, suspecting what you're doing, exercising their legitimate right to defense. Another reason, I think, is there everyday of fascism, minor, of low intensity. Last week, on the sidewalks of the Andean Center of Bogota, I saw a guard dog made her take out the fangs of a teenager who was selling something on the sidewalk: controlled and egged the animal in a measured game, prohibiting physical violence but allowed the psychological. It would be difficult to enumerate these inhuman gestures gently, sweetly sadistic, that educate our children and adolescents in schools, homes or streets. An education that we usually see no evil in those who defend us and to tolerate the cruelty and injustice, whether for personal gain. So serious, or more, the potential damage to young, I think the moral degradation to which it submits to the custodian, forced to be an executioner of second class. But without doubt, those are decent people hire him, they think only how to protect innocent citizens from attacks by foreign sellers.
Coda. I believe this disproportionate response to criticism from newspaper Claudia Lopez. She's right: it is difficult to know whether the article on Arias and Santos is of opinion or information. And convert "the downgrading of our journalism" in resignation seems a fallacy and a gesture that contradicts the atmosphere of freedom that has been breathed normally in the paper: I also found sometimes editorial decisions TIME unjustifiable and worthy of unskilled but my hypothesis for why this happens are different from hers.
en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jorgeorlandomelo/el-fascismo-cotidiano_6350487-1
La respuesta a la confesión de los paramilitares de que habían hecho hornos crematorios para eliminar los restos de sus enemigos muestra la insensibilidad a que hemos llegado. EL TIEMPO publicó la noticia en una página interior, pequeñita, mientras en primera página un titular a tres columnas descubría que la leche materna prevenía las enfermedades de los niños.
Pocos se escandalizaron, pues llevábamos ya un año oyendo cómo había soldados que estaban comprando a jóvenes pobres, a los que mataban a sangre fría y presentaban como guerrilleros. Una historia que, por su frialdad, superaba los peores hechos de los paramilitares o la guerrilla. En Tacueyó o Darién fusilaron o descuartizaron personas a las que odiaban o temían, a enemigos. En los falsos positivos, como en caso de los indigentes vendidos a una escuela de medicina de Barranquilla hace años, las víctimas eran simples paseantes, que se podían matar por centavos porque uno no tenía nada que ver con ellos.
Esta crueldad sin límites que han mostrado algunos grupos colombianos -y que no encuentra fácil comparación- es inexplicable; no es posible encontrarle razones. Pero ¿por qué reaccionamos con tal frialdad, con tal indiferencia?
Una razón, pienso, es que el país ha tenido una cultura de justificación de la violencia y de la venganza, sobre todo por causas políticas y sociales. Sectores de la izquierda promovieron, desde los cincuenta, la idea de que era lícito, para resolver las injusticias sociales, secuestrar o matar empresarios, soldados o ganaderos. A ellos respondió la derecha con un argumento simétrico: para defenderse de la guerrilla había que usar sus propios métodos. La "gente bien" podía seguir siendo decente, aunque la defendieran asesinos y terroristas. El ejército seguía con honor, aunque algunos miembros "díscolos", como decía Alberto Lleras, torturaran o colaboraran con los paramilitares. Había que acabar con la guerrilla y todo era lícito. Por supuesto, salían detalles inquietantes: ¿qué hacer con quien asesinaba a sangre fría a un guerrillero y para merecer un premio le cortaba la mano? La justificación de la violencia mantiene la tranquilidad moral del que no hunde el gatillo pero lo apoya: quienes pagaron a las Convivir, sospechando lo que estas hacían, ejercían su derecho legítimo a la defensa.
Otra razón, pienso, es que existe un fascismo cuotidiano, menor, de baja intensidad. La semana pasada, en las aceras del Centro Andino de Bogotá, vi cómo un vigilante hacía que su perro le sacara los colmillos a un adolescente que vendía algo en la acera: controlaba y azuzaba al animal en un juego medido, que prohibía la violencia física pero autorizaba la psicológica. No sería difícil enumerar estos gestos suavemente inhumanos, dulcemente sádicos, que educan a nuestros niños y adolescentes, en escuelas, hogares o calles. Una educación que nos acostumbra a no ver la maldad en los que nos defienden y a tolerar la crueldad y la injusticia, si es en beneficio propio.
Tan grave, o más, que el posible daño al joven, me parece la degradación moral a la que se somete al vigilante, obligado a ser un verdugo de segunda clase. Pero, sin duda, quienes lo contratan son gente decente, que piensan solo en cómo proteger a ciudadanos inocentes del acoso de los vendedores.
Coda. Creo desproporcionada la respuesta de este diario a las críticas de Claudia López. Ella tiene razón: es difícil saber si el artículo sobre Arias y Santos es de opinión o informativo. Y convertir "la descalificación de nuestro trabajo periodístico" en renuncia me parece un sofisma y un gesto que contradice el ambiente de libertad que se ha respirado normalmente en el periódico: yo también encuentro a veces decisiones editoriales de El TIEMPO injustificables y merecedoras de baja calificación, aunque mis hipótesis de por qué pasa esto son distintas a las de ella.www.jorgeorlandomelo.com
Colombia: Daily Fascism
traducción con http://translate.google.com.co
The response to the confession of the paramilitary groups that had crematoria to remove the remains of their enemies shows the insensitivity we have come. El Tiempo published the news on an inside page, tiny, while a headline on its front page with three columns discovered that breast milk prevented the disease in children. Few were shocked because we had already had one years hearing how soldiers who were buying poor youth, who killed in cold blood and presented as guerrillas. A story which, by their coldness, exceeded the worst acts of paramilitaries or guerrillas. In Darien Tacueyó shot or dismembered or people who hated or feared enemies. In the false positives, as if sold to an indigent medical school in Barranquilla years ago, victims were simply passers-by, that could kill for pennies because you had nothing to do with them. This boundless cruelty shown by some groups in Colombia-which is not easy comparison-is inexplicable, it is not possible to find reasons. But why do we react with such coldness, with such indifference? One reason, I think, is that the country has had a culture of justification of violence and revenge, especially political and social causes. Sectors of the promoted left from the fifties, the idea that it was permissible to solve social injustices, kidnap or kill businessmen, soldiers and farmers. They responded with an argument right symmetrical to fend off the guerrillas had to use their own methods. The "good people" could still be decent if the defend murderers and terrorists. The army was in honor, although some members "rogue," as Alberto Lleras, tortured or collaborate with the paramilitaries. We had to destroy the guerrillas and everything was permissible. Of course, troubling details emerged: what to do with who murdered in cold blood a guerrilla and to deserve a prize you cut your hand? The justification of violence remains calm sinking morale that the trigger but it supports: who paid for the Living, suspecting what you're doing, exercising their legitimate right to defense. Another reason, I think, is there everyday of fascism, minor, of low intensity. Last week, on the sidewalks of the Andean Center of Bogota, I saw a guard dog made her take out the fangs of a teenager who was selling something on the sidewalk: controlled and egged the animal in a measured game, prohibiting physical violence but allowed the psychological. It would be difficult to enumerate these inhuman gestures gently, sweetly sadistic, that educate our children and adolescents in schools, homes or streets. An education that we usually see no evil in those who defend us and to tolerate the cruelty and injustice, whether for personal gain. So serious, or more, the potential damage to young, I think the moral degradation to which it submits to the custodian, forced to be an executioner of second class. But without doubt, those are decent people hire him, they think only how to protect innocent citizens from attacks by foreign sellers.
Coda. I believe this disproportionate response to criticism from newspaper Claudia Lopez. She's right: it is difficult to know whether the article on Arias and Santos is of opinion or information. And convert "the downgrading of our journalism" in resignation seems a fallacy and a gesture that contradicts the atmosphere of freedom that has been breathed normally in the paper: I also found sometimes editorial decisions TIME unjustifiable and worthy of unskilled but my hypothesis for why this happens are different from hers.
2009/10/14
La Columna final de Claudia López en EL TIEMPO
Claudia López en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudialpez/reflexiones-sobre-un-escandalo_6334551-1
Reflexiones sobre un escándalo
(subrayados y resaltados de ciberplural)
Se preguntaba Rudolf Hommes en su columna de la semana pasada por qué unos temas se vuelven escándalos y otros no. Sugería que se requiere que el grueso del público tome conciencia y que haya un instigador. El cubrimiento que EL TIEMPO le dio al escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) ofrece una oportunidad para reflexionar al respecto.
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.
N. de la D.: EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata.
Claudia López
N. de éste ciber-columnista: Curioso que a esta altura de su vida Claudia entienda que los medios de comunicaciòn...desde los más pequeños hasta los más grandes sirven EXCLUSIVAMENTE a los intereses de sus propietarios (o de sus directivos, en tanto mantengan la posición de los propietarios)...Claudia, aterriza, aún en Dinamarca se comportan como en Cundinamarca...
Claudia López en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudialpez/reflexiones-sobre-un-escandalo_6334551-1
Reflexiones sobre un escándalo
(subrayados y resaltados de ciberplural)
Se preguntaba Rudolf Hommes en su columna de la semana pasada por qué unos temas se vuelven escándalos y otros no. Sugería que se requiere que el grueso del público tome conciencia y que haya un instigador. El cubrimiento que EL TIEMPO le dio al escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) ofrece una oportunidad para reflexionar al respecto.
A diferencia de los demás medios escritos, EL TIEMPO no profundizó sobre el programa AIS sino sobre los efectos políticos del escándalo. Tomar ese ángulo era una decisión periodística válida dado que sus socios de la revista Cambio ya habían hecho el resto del trabajo. Sin embargo, más que un cubrimiento, lo que hizo EL TIEMPO fue una fabricación inducida para apoyar su interpretación deseada de los efectos políticos del escándalo.
La fabricación sesgada empezó con una pregunta en un foro en el tiempo.com, siguió con una nota que destacaba lo dicho por los foristas y concluyó con un supuesto artículo de análisis. En el foro se indagó a los foristas si creían que Arias debía renunciar por el escándalo de AIS. No sobra recordar que a EL TIEMPO nunca se le ocurrió preguntarles a sus foristas si Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los 'falsos positivos'. En el caso de Arias sí se le ocurrió. Culminado el foro, publicaron una nota titulada 'Indignación y rechazo genera Andrés F. Arias por caso de Agro Ingreso entre lectores de eltiempo.com', en la que destacaban que "la mayoría de usuarios le pide al ex ministro que renuncie a su precandidatura" y que "hubo muy pocos que defendieron a Arias". Luego del foro inducido y la nota destacada, remataron con un artículo cuyo título sentenciaba: 'Andrés Felipe Arias sale debilitado y Juan Manuel Santos logra ventaja en medio del escándalo de AIS'.
Es obvio que Arias sale debilitado, pero no es nada obvio que la consecuencia sea que Santos "logra ventaja". EL TIEMPO asegura que el traspié de Arias "llevó a Juan Manuel Santos a convertirse en un ganador neto esta semana". ¿De dónde saca EL TIEMPO que el espacio perdido por Arias fue ganado por Santos? ¿Hicieron una encuesta? No, pero a falta de encuesta el periódico usó su foro para lanzar la pregunta, inducir la respuesta y construir de allí sus conclusiones.
Aunque Arias no está compitiendo con Santos, sino con Noemí dentro de la consulta conservadora, el supuesto análisis ni siquiera menciona que una de las posibles ganadoras del desliz de Arias es Noemí. Además, el análisis se inventa un hecho para reforzar su argumento. Afirma que una de las razones por las cuales el fortalecido es Santos es que "los conservadores, además, tienen que someterse a una consulta interna para buscar su candidato, mientras 'la U' ya lo tiene: Santos". 'La U' no ha escogido candidato presidencial. Lo único que le han ofrecido a Santos en la U es la jefatura del partido, no la candidatura presidencial. 'La U' es el promotor del referendo reeleccionista y si es aprobado es de esperarse que sea Uribe, no Santos, el candidato presidencial de 'la U'. Supongo que esos hechos dañaban el "enfoque del análisis" y por eso fueron desechados.
"No será fácil que Noemí merezca el respaldo de Uribe, después de que ella lo ha acusado de 'comprar' el referendo y amenazado con 'derrotarlo' en las urnas." Esta frase, casi transcrita de declaraciones de Santos, trata de presentar como periodística la versión de Santos de que él, a diferencia de Noemí, no es un traidor ni quiere derrotar a Uribe. Cualquiera que conozca medianamente la carrera de Santos sabe que cambiar de bando ha sido la constante de su ascenso político, al igual que de Noemí, y cualquiera entiende que ambos quieren suceder a Uribe; sólo que Santos quiere hacerlo sin que parezca una traición, agrego yo.
La calidad periodística de EL TIEMPO está cada vez más comprometida por el creciente conflicto de interés entre sus propósitos comerciales (ganarse el tercer canal) y políticos (cubrir al Gobierno que otorga el canal y a su socio en campaña) y sus deberes periodísticos. Este tipo de cubrimientos sesgados en nada contribuyen a resolver periodísticamente ese conflicto; lo único que logran es evidenciarlo.
N. de la D.: EL TIEMPO rechaza por falsas, malintencionadas y calumniosas las afirmaciones de Claudia López. La Dirección de este diario entiende su descalificación de nuestro trabajo periodístico como una carta de renuncia, que acepta de manera inmediata.
Claudia López
N. de éste ciber-columnista: Curioso que a esta altura de su vida Claudia entienda que los medios de comunicaciòn...desde los más pequeños hasta los más grandes sirven EXCLUSIVAMENTE a los intereses de sus propietarios (o de sus directivos, en tanto mantengan la posición de los propietarios)...Claudia, aterriza, aún en Dinamarca se comportan como en Cundinamarca...
2009/10/12
2009/10/06
Estudio indica que el Gobierno Colombiano ya influye en ocho instituciones del Estado
Study indicates that the Colombian government affects eight institutions of the State
en
en http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso165097-estudio-indica-el-gobierno-influye-ocho-instituciones-del-estado?page=0,1
Study indicates that the Colombian government affects eight institutions of the State
en
en http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso165097-estudio-indica-el-gobierno-influye-ocho-instituciones-del-estado?page=0,1
CUANDO ENTENDEREMOS QUE, AL PARECER, PARA EL CEREBRO LA IMAGEN "NO"...ES INEXISTENTE:
foto de http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/orinar-en-la-calle-ahora-le-costara-2-millones-500-mil-determina-secretaria-de-gobierno-de-bogota_6293388-12009/10/04
¿Quién vio al gorila?
en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/17337-iquien-vio-al-gorila.html
Por Rudolf Hommes
El lunes pasado se presentó en Bogotá, invitado por Compensar, el profesor Dan Ariely de MIT, experto en los aspectos irracionales del comportamiento humano.
El hizo una presentación muy interesante, apoyándose en ejemplos muy reveladores, para demostrar las limitaciones de la mente humana para percibir correctamente lo que ve. De ahí pasó a destacar que si se tiene en cuenta que la vista es uno de los sentidos más desarrollados de los humanos, y fallamos en percibir correctamente lo que estamos viendo, entonces las demás percepciones que se basan en órganos distintos y en las que intervienen procesos mentales más complejos deben ser bastante deficientes. Y son muy vulnerables a la manipulación de los científicos sociales que han aprendido a identificar patrones de comportamiento basados en esas percepciones y conceptos erróneos o sesgados que dan lugar a que los individuos se comporten irracionalmente, pero en forma predecible.
Uno de los ejemplos que presentó para ilustrar cómo fallan los sentidos fue un video en el que dos grupos de jóvenes, unos uniformados de negro y otros de blanco, se hacían pases entre miembros del mismo equipo en un escenario con una pelota de basquetbol. El profesor le pidió al público que contara cuántas veces se pasaban los del equipo blanco la pelota ente ellos, durante la proyección del video. Al final les preguntó a los asistentes cuántos pases habían contado y hubo una amplia divergencia de cuentas. Ariely comentó que le parecía rara tanta dispersión y preguntó “¿Quién vio al gorila?”. El público se desconcertó porque esperaba que el experimento tuviera algo que ver con las cuentas, y solamente unos pocos levantaron la mano tímidamente, indicando que lo habían visto. La mayoría no lo había hecho y no entendía qué tenía que ver el experimento con un gorila.
Entonces el conferencista hizo pasar de nuevo el video y, sí señores, alguien disfrazado de gorila desfiló en medio de los jóvenes jugadores, paró en mitad del escenario, hizo un gesto amenazador de macho alfa y siguió caminado hasta que desapareció. El profesor le contó a una audiencia sorprendida que muy poca gente ve al gorila y que los pocos que lo hacen tienen un don especial para identificar los detalles. La mayoría está tan concentrada en contar los pases entre los de blanco que no ve nada más de lo que sucede La lección derivada de esta historia, que no sé si la comparte el profesor Ariely porque me dijo que la aplicación de su investigación a campañas políticas, la de Obama entre ellas, no la publica por temor a que la utilicen los Republicanos, es que si alguien logra que el público se enfoque exclusivamente en un solo aspecto de lo que está sucediendo, todo lo demás pasa desapercibido.
En el caso del triunfo en Bogotá del actual alcalde Samuel Moreno se podría interpretar que con el tema del transporte y el Metro logró que la opinión pública no se fijara en nada más durante la campaña.
Pero en lo que mejor aplica el fenómeno del gorila es en el caso del Presidente Uribe. Haber logrado que la gente no se fije sino en la seguridad democrática ha sido uno de los grandes aciertos políticos de su gestión, y una jugada maestra de manipulación de la opinión pública, pues mientras que ese sea el foco, puede llegar King Kong a Colombia y nadie lo va a ver. También puede ser una de las razones que inducen al Presidente a insistir en su reelección, ya que si deja de hacerlo, va a ser evidente que hemos convivido con orangutanes durante todos estos años.
en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/17337-iquien-vio-al-gorila.html
Por Rudolf Hommes
El lunes pasado se presentó en Bogotá, invitado por Compensar, el profesor Dan Ariely de MIT, experto en los aspectos irracionales del comportamiento humano.
El hizo una presentación muy interesante, apoyándose en ejemplos muy reveladores, para demostrar las limitaciones de la mente humana para percibir correctamente lo que ve. De ahí pasó a destacar que si se tiene en cuenta que la vista es uno de los sentidos más desarrollados de los humanos, y fallamos en percibir correctamente lo que estamos viendo, entonces las demás percepciones que se basan en órganos distintos y en las que intervienen procesos mentales más complejos deben ser bastante deficientes. Y son muy vulnerables a la manipulación de los científicos sociales que han aprendido a identificar patrones de comportamiento basados en esas percepciones y conceptos erróneos o sesgados que dan lugar a que los individuos se comporten irracionalmente, pero en forma predecible.
Uno de los ejemplos que presentó para ilustrar cómo fallan los sentidos fue un video en el que dos grupos de jóvenes, unos uniformados de negro y otros de blanco, se hacían pases entre miembros del mismo equipo en un escenario con una pelota de basquetbol. El profesor le pidió al público que contara cuántas veces se pasaban los del equipo blanco la pelota ente ellos, durante la proyección del video. Al final les preguntó a los asistentes cuántos pases habían contado y hubo una amplia divergencia de cuentas. Ariely comentó que le parecía rara tanta dispersión y preguntó “¿Quién vio al gorila?”. El público se desconcertó porque esperaba que el experimento tuviera algo que ver con las cuentas, y solamente unos pocos levantaron la mano tímidamente, indicando que lo habían visto. La mayoría no lo había hecho y no entendía qué tenía que ver el experimento con un gorila.
Entonces el conferencista hizo pasar de nuevo el video y, sí señores, alguien disfrazado de gorila desfiló en medio de los jóvenes jugadores, paró en mitad del escenario, hizo un gesto amenazador de macho alfa y siguió caminado hasta que desapareció. El profesor le contó a una audiencia sorprendida que muy poca gente ve al gorila y que los pocos que lo hacen tienen un don especial para identificar los detalles. La mayoría está tan concentrada en contar los pases entre los de blanco que no ve nada más de lo que sucede La lección derivada de esta historia, que no sé si la comparte el profesor Ariely porque me dijo que la aplicación de su investigación a campañas políticas, la de Obama entre ellas, no la publica por temor a que la utilicen los Republicanos, es que si alguien logra que el público se enfoque exclusivamente en un solo aspecto de lo que está sucediendo, todo lo demás pasa desapercibido.
En el caso del triunfo en Bogotá del actual alcalde Samuel Moreno se podría interpretar que con el tema del transporte y el Metro logró que la opinión pública no se fijara en nada más durante la campaña.
Pero en lo que mejor aplica el fenómeno del gorila es en el caso del Presidente Uribe. Haber logrado que la gente no se fije sino en la seguridad democrática ha sido uno de los grandes aciertos políticos de su gestión, y una jugada maestra de manipulación de la opinión pública, pues mientras que ese sea el foco, puede llegar King Kong a Colombia y nadie lo va a ver. También puede ser una de las razones que inducen al Presidente a insistir en su reelección, ya que si deja de hacerlo, va a ser evidente que hemos convivido con orangutanes durante todos estos años.
2009/09/27
UN POCO DE MEMORIA: Cronología del enfrentamiento Uribe (I_II) vs Corte Suprema de Justicia
publicado en http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,3 (28 de Junio del 2008)
El lío de la sedición; el pulso entre el Jefe de Estado y el magistrado César Julio Valencia Copete; acusaciones mutuas de sesgos ideológicos y de obstrucción a la justicia; la extradición de los jefes paramilitares; denuncias sobre el nepotismo en la justicia; la bola de nieve de la parapolítica; el señalamiento y posterior retractación del paramilitar alias Tasmania; los presuntos nexos de los magistrados de la Sala Penal con el ‘narco’ italiano Giorgio Sale y el polémico Ascencio Reyes; la campaña de desprestigio a la Corte; y el último episodio de la yidispolítica, tienen al país en ascuas por los alcances de este nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo organismo de la justicia ordinaria, que hoy por hoy alcanza visos de reyerta.
Las aguas mansas que reinaron en las relaciones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal de la justicia ordinaria los dos primeros años del primer mandato de Uribe, empezaron a arremolinarse en febrero de 2005, cuando la Corte Suprema expresó sus reparos por la benevolencia del proyecto de Ley de Justicia y Paz que presentó el Gobierno en el contexto de los diálogos con grupos de autodefensa .
El asunto no pasó a mayores, pero causó roncha en la Casa de Nariño. Para entonces ya la Corte Constitucional examinaba el trámite del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata.
En efecto, la Corte declaró la exequibilidad de la norma en octubre de 2005. Álvaro Uribe se postuló de nuevo a la Presidencia y ganó con una votación arrasadora de más de 7 millones de sufragios el 28 de mayo de 2006. Entonces vendría un nuevo episodio turbulento. En septiembre del mismo año el presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, se fue lanza en ristre en contra del Presidente al sugerir que como pago a la exequibilidad de la reelección, el Jefe de Estado había tomado partido en favor de la Corte Constitucional.
El magistrado Ramírez manifestó entonces que con el espaldarazo de Uribe a la Corte Constitucional se consagró “la tiranía, el absolutismo y el despotismo”. Y luego no dudó en calificar la Constitucional como una corte de bolsillo que le aprobó la Ley de Justicia y Paz, la reelección y la Ley de Garantías a Uribe. La temperatura seguía subiendo, pero aún no se había llegado al enfrentamiento mediático. La molestia se zanjó con una llamada privada que le hizo Uribe al magistrado Ramírez. En julio de 2006 estalló el escándalo parapolítico.
Tres congresistas de Sucre fueron vinculados formalmente al proceso por sus nexos con las autodefensas y un mes después estarían en la cárcel. Paralelamente el ex congresista Miguel de la Espriella reveló la suscripción del llamado Pacto de Ralito para “refundar la patria”. Varios parlamentarios y ex parlamentarios fueron procesados y hoy algunos ya purgan condenas. La bola de nieve de la parapolítica empezó a ensancharse y hoy tiene a más de 70 congresistas cuestionados por sus vínculos con las Auc.
En principio Uribe mandó un mensaje de apoyo a la justicia, pero a medida que fueron salpicados varios de sus alfiles en el Congreso, optó por guardar silencio. En julio de 2007 vino la gota que rebosó la copa. La Corte Suprema de Justicia
determinó que los 19 mil paramilitares rasos desmovilizados no podrían ser procesados por el delito de sedición, sino por concierto para delinquir. El Primer Mandatario salió al ruedo y manifestó que el proceso de paz con las Auc había quedado “herido de muerte” y que seguiría insistiendo en que se les diera tratamiento de delincuentes políticos a los ‘paras’.
El pronunciamiento le cayó como una patada al hígado a la Corte, que demandó independencia en sus fallos y habló de “injerencia indebida del Ejecutivo”. Uribe ripostó sentenciando sin ambages: “la Corte tiene sesgos ideológicos”. El Presidente llamó a César Julio Valencia Copete, presidente del alto tribunal, para tratar de limar asperezas, pero sólo logró encender aún más los ánimos. Luego de dos meses de calma chicha, la tempestad parapolítica arreció de nuevo. Esta vez las pesquisas habían llegado a Antioquia y con nombre propio: el senador Mario Uribe Escobar.
El 26 de septiembre (2007) el primo segundo del Presidente fue llamado a indagatoria por la Corte. Ese día Uribe manifestó su tristeza por la decisión de la justicia, aunque anunció que su deber institucional era seguir respaldándola. Dos días más tarde Mario Uribe renunció a su fuero como congresista y pasó a órdenes de la Fiscalía. En círculos cercanos al ex parlamentario se difundió la versión de que lo hizo porque la investigación iniciada por la Corte era una persecución en contra del Jefe de Estado. En los días siguientes fueron los rumores los que tuvieron protagonismo.
A principios de octubre una carta del paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, provocó revuelo en la Casa de Nariño. Estaba dirigida al Presidente y, en esencia, sostenía que el magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez Gómez, lo había visitado en la cárcel para ofrecerle beneficios procesales si declaraba en contra de Mario Uribe y el propio Jefe de Estado. Lo más grave de la misiva era que, según Tasmania, Velásquez le pidió que relacionara al Presidente como autor intelectual del atentado que sufrió en 2003 el ex comandante de las Auc en el suroeste antioqueño, alias René. Y fue Troya.
El 8 de octubre de 2007 la Casa de Nariño expidió un comunicado reseñando el complot. La Corte ripostó respaldando al magistrado Velásquez, quien calificó la jugada como un intento de deslegitimar las investigaciones de la parapolítica. La denuncia fue ratificada por Tasmania en la Fiscalía. En el entretanto, la Corte y Uribe se trenzaron en una agria disputa verbal.
Uribe fue más virulento. Les dijo a los magistrados que eran unos clientelistas, se quejó de que se creyeran “intocables” y recordó que el magistrado Sigifredo Espinosa, “que ahora sale a quejarse de que yo estoy obstruyendo a la justicia”, fue a visitarlo a Palacio para pedirle favores para un pariente suyo.
La Corte exigió respeto. En enero (2008) de este año, el magistrado César Julio Valencia le dio una entrevista a El Espectador en la que sostuvo que el mismo día en que se llamó a indagatoria a Mario Uribe, el Jefe de Estado se comunicó con él para pedirle explicaciones. El Presidente montó en cólera. El rifirrafe pasó a los estrados judiciales. Uribe lo denunció por calumnia e injuria. Y quién dijo miedo. Valencia contrató tres prestigiosos abogados y se ratificó. Poco tiempo después, la Corte Suprema le pidió información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias contra Uribe Vélez “por sus supuestos vínculos con paramilitares o financiación del terrorismo”.
“Es una clara intromisión de la Corte”, respondieron exaltados funcionarios del Gobierno, que calificaron de inaudito el requerimiento judicial. “Es una simple solicitud”, alegó la Corte. La controversia no paró. Y entre mensajes implícitos y provocaciones llegó un nuevo round. Esta vez por la posesión de Jorge Castillo Rugeles como magistrado del Consejo de la Judicatura. El Ejecutivo mostró sus reparos porque el jurista tenía 65 años y había cumplido la edad de retiro forzoso. Castillo se posesionó ante cuatro testigos en la Corte Suprema. Volvió la tempestad. El Gobierno entendió el respaldo del alto tribunal a Castillo como un desafío. Pero le tocó tragarse el sapo.
En mayo (2008) el país vio crecer como espuma el escándalo de la yidispolítica. Las opiniones se dividieron entre quienes dieron credibilidad a las denuncias de la ex parlamentaria Yidis Medina y quienes la tacharon como una delincuente. Entre ellos Uribe. Al tiempo que avanzaba el expediente y resultaban salpicados varios alfiles del uribismo, el Gobierno extraditó a Estados Unidos a 14 jefes de las Autodefensas.
La Corte cuestionó la decisión y le pidió explicaciones. La mortificación presidencial se acrecentó. La yidispolítica no detuvo su marea. Fueron detenidos los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz. Yidis siguió hablando. La Procuraduría intervino. La Fiscalía hizo lo propio.
Esta semana fue la más convulsionada. El martes (Junio 2008) rindió indagatoria el ex ministro Sabas Pretelt. Al día siguiente se filtraron a los medios apartes de la sentencia condenatoria de Yidis Medina. Pero el fallo fue divulgado el jueves en la noche. Y vino la hecatombe. La Corte Suprema le pidió a la Corte Constitucional que revise la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección porque su trámite estuvo antecedido de actos corruptos. Para la Corte, las “impúdicas” prebendas que le entregó el Gobierno a Medina por su apoyo a la reelección constituyen un vicio protuberante de la reforma constitucional.
El Presidente no se amilanó y, en tono reposado pero ‘cargado de tigre’, le reclamó a la Corte que fuera tan diligente con las investigaciones de la parapolítica y tan negligente con las de la farcpolítica. “La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte, no parece tener solución judicial”, dijo Uribe, quien le pidió al Congreso tramitar un referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006. Y lanzó un dardo con veneno: “Yo les recuerdo que Salvatore Mancuso dijo que había infiltrado a la Corte Suprema. ¿Por qué no investigan eso?”.
Como colofón, el ministro Diego Palacio denunció en la Comisión de Acusación a los magistrados de la Corte Suprema, al considerar que prevaricaron al endilgarle responsabilidades al Gobierno en el escándalo de la yidispolítica. La tormenta promete no amainar pronto. La Corte insiste en que se fragua un complot en su contra y que agentes del DAS le están haciendo inteligencia.
Uribe llama al pueblo a las urnas y tilda de mentirosos a los magistrados. El alto comisionado Luis Carlos Restrepo dice que denunciará a la Corte por sus nexos con el ‘narco’ Giorgio Sale y Ascencio Reyes. No parece haber soluciones a la vista. El país transita un camino cenagoso y no sabe a quién creerle. Nunca antes dos poderes del Estado se habían enfrentado de esta manera.
“Vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto”
Para el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, la posición del presidente de la República, Álvaro Uribe, rompe todos los diques de la democracia en el país porque se corta de plano la autonomía de la Rama Judicial y el trabajo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia viene haciendo en materia de investigación de la parapolítica. Y sobre todo, en el caso específico de la ex parlamentaria Yidis Medina.
“La alocución del Presidente es una forma de escudarse en la voluntad popular y con ello ocultar un hecho tan grave como el de varios de sus colaboradores más cercanos (ofreciendo prebendas a cambio de un voto). No es posible repetir la elección de 2006, porque no se puede pasar por encima de un hecho probado (como el de Yidis Medina), no sólo desde el punto de vista moral y ético sino penal. Creemos que vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto”.
Según Hernández, convocar a unas nuevas elecciones tendrían un costo económico alto, porque habría que pensar en toda una gestión para la campaña presidencial por encima del billón de pesos.
Una pelea más del presidente Uribe con la Corte
Desde que comenzó su gobierno, Álvaro Uribe Vélez ha tenido una relación poco armoniosa con la Corte Suprema de Justicia. Pero el mayor encontronazo comenzó el 13 de enero de este año, cuando el entonces presidente del alto tribunal reveló, en entrevista con El Espectador, que el Primer Mandatario lo había llamado a preguntarle por el proceso de su primo y congresista, Mario Uribe.
De inmediato, el Presidente le salió al paso a las afirmaciones de Valencia Copete. Aseguró públicamente que jamás había tratado con él, ni con nadie de la corporación, el tema de los parlamentarios investigados por posibles nexos con paramilitarismo. Además, instauró en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una demanda contra el magistrado por injuria y calumnia.
Aunque Valencia Copete expresó en abril que estaba dispuesto a conciliar, el presidente Uribe Vélez ratificó sus denuncias ante los miembros de la Comisión. Será el representante Carlos Ramiro Chavarro, –quien llegó al Congreso en 2002 con la curul que Gloria Polanco, por estar secuestrada, no pudo ocupar– el encargado de dirimir el pleito que sostienen el Mandatario y el magistrado.
publicado en http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,3 (28 de Junio del 2008)
y después siguió...
Señores, un poco de memoria es buena, antes de decir que uno de los tres poderes del estado, se volvió otro partido...de la oposición...(OP)
publicado en http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,3 (28 de Junio del 2008)
El lío de la sedición; el pulso entre el Jefe de Estado y el magistrado César Julio Valencia Copete; acusaciones mutuas de sesgos ideológicos y de obstrucción a la justicia; la extradición de los jefes paramilitares; denuncias sobre el nepotismo en la justicia; la bola de nieve de la parapolítica; el señalamiento y posterior retractación del paramilitar alias Tasmania; los presuntos nexos de los magistrados de la Sala Penal con el ‘narco’ italiano Giorgio Sale y el polémico Ascencio Reyes; la campaña de desprestigio a la Corte; y el último episodio de la yidispolítica, tienen al país en ascuas por los alcances de este nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo organismo de la justicia ordinaria, que hoy por hoy alcanza visos de reyerta.
Las aguas mansas que reinaron en las relaciones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal de la justicia ordinaria los dos primeros años del primer mandato de Uribe, empezaron a arremolinarse en febrero de 2005, cuando la Corte Suprema expresó sus reparos por la benevolencia del proyecto de Ley de Justicia y Paz que presentó el Gobierno en el contexto de los diálogos con grupos de autodefensa .
El asunto no pasó a mayores, pero causó roncha en la Casa de Nariño. Para entonces ya la Corte Constitucional examinaba el trámite del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata.
En efecto, la Corte declaró la exequibilidad de la norma en octubre de 2005. Álvaro Uribe se postuló de nuevo a la Presidencia y ganó con una votación arrasadora de más de 7 millones de sufragios el 28 de mayo de 2006. Entonces vendría un nuevo episodio turbulento. En septiembre del mismo año el presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, se fue lanza en ristre en contra del Presidente al sugerir que como pago a la exequibilidad de la reelección, el Jefe de Estado había tomado partido en favor de la Corte Constitucional.
El magistrado Ramírez manifestó entonces que con el espaldarazo de Uribe a la Corte Constitucional se consagró “la tiranía, el absolutismo y el despotismo”. Y luego no dudó en calificar la Constitucional como una corte de bolsillo que le aprobó la Ley de Justicia y Paz, la reelección y la Ley de Garantías a Uribe. La temperatura seguía subiendo, pero aún no se había llegado al enfrentamiento mediático. La molestia se zanjó con una llamada privada que le hizo Uribe al magistrado Ramírez. En julio de 2006 estalló el escándalo parapolítico.
Tres congresistas de Sucre fueron vinculados formalmente al proceso por sus nexos con las autodefensas y un mes después estarían en la cárcel. Paralelamente el ex congresista Miguel de la Espriella reveló la suscripción del llamado Pacto de Ralito para “refundar la patria”. Varios parlamentarios y ex parlamentarios fueron procesados y hoy algunos ya purgan condenas. La bola de nieve de la parapolítica empezó a ensancharse y hoy tiene a más de 70 congresistas cuestionados por sus vínculos con las Auc.
En principio Uribe mandó un mensaje de apoyo a la justicia, pero a medida que fueron salpicados varios de sus alfiles en el Congreso, optó por guardar silencio. En julio de 2007 vino la gota que rebosó la copa. La Corte Suprema de Justicia
determinó que los 19 mil paramilitares rasos desmovilizados no podrían ser procesados por el delito de sedición, sino por concierto para delinquir. El Primer Mandatario salió al ruedo y manifestó que el proceso de paz con las Auc había quedado “herido de muerte” y que seguiría insistiendo en que se les diera tratamiento de delincuentes políticos a los ‘paras’.
El pronunciamiento le cayó como una patada al hígado a la Corte, que demandó independencia en sus fallos y habló de “injerencia indebida del Ejecutivo”. Uribe ripostó sentenciando sin ambages: “la Corte tiene sesgos ideológicos”. El Presidente llamó a César Julio Valencia Copete, presidente del alto tribunal, para tratar de limar asperezas, pero sólo logró encender aún más los ánimos. Luego de dos meses de calma chicha, la tempestad parapolítica arreció de nuevo. Esta vez las pesquisas habían llegado a Antioquia y con nombre propio: el senador Mario Uribe Escobar.
El 26 de septiembre (2007) el primo segundo del Presidente fue llamado a indagatoria por la Corte. Ese día Uribe manifestó su tristeza por la decisión de la justicia, aunque anunció que su deber institucional era seguir respaldándola. Dos días más tarde Mario Uribe renunció a su fuero como congresista y pasó a órdenes de la Fiscalía. En círculos cercanos al ex parlamentario se difundió la versión de que lo hizo porque la investigación iniciada por la Corte era una persecución en contra del Jefe de Estado. En los días siguientes fueron los rumores los que tuvieron protagonismo.
A principios de octubre una carta del paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, provocó revuelo en la Casa de Nariño. Estaba dirigida al Presidente y, en esencia, sostenía que el magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez Gómez, lo había visitado en la cárcel para ofrecerle beneficios procesales si declaraba en contra de Mario Uribe y el propio Jefe de Estado. Lo más grave de la misiva era que, según Tasmania, Velásquez le pidió que relacionara al Presidente como autor intelectual del atentado que sufrió en 2003 el ex comandante de las Auc en el suroeste antioqueño, alias René. Y fue Troya.
El 8 de octubre de 2007 la Casa de Nariño expidió un comunicado reseñando el complot. La Corte ripostó respaldando al magistrado Velásquez, quien calificó la jugada como un intento de deslegitimar las investigaciones de la parapolítica. La denuncia fue ratificada por Tasmania en la Fiscalía. En el entretanto, la Corte y Uribe se trenzaron en una agria disputa verbal.
Uribe fue más virulento. Les dijo a los magistrados que eran unos clientelistas, se quejó de que se creyeran “intocables” y recordó que el magistrado Sigifredo Espinosa, “que ahora sale a quejarse de que yo estoy obstruyendo a la justicia”, fue a visitarlo a Palacio para pedirle favores para un pariente suyo.
La Corte exigió respeto. En enero (2008) de este año, el magistrado César Julio Valencia le dio una entrevista a El Espectador en la que sostuvo que el mismo día en que se llamó a indagatoria a Mario Uribe, el Jefe de Estado se comunicó con él para pedirle explicaciones. El Presidente montó en cólera. El rifirrafe pasó a los estrados judiciales. Uribe lo denunció por calumnia e injuria. Y quién dijo miedo. Valencia contrató tres prestigiosos abogados y se ratificó. Poco tiempo después, la Corte Suprema le pidió información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias contra Uribe Vélez “por sus supuestos vínculos con paramilitares o financiación del terrorismo”.
“Es una clara intromisión de la Corte”, respondieron exaltados funcionarios del Gobierno, que calificaron de inaudito el requerimiento judicial. “Es una simple solicitud”, alegó la Corte. La controversia no paró. Y entre mensajes implícitos y provocaciones llegó un nuevo round. Esta vez por la posesión de Jorge Castillo Rugeles como magistrado del Consejo de la Judicatura. El Ejecutivo mostró sus reparos porque el jurista tenía 65 años y había cumplido la edad de retiro forzoso. Castillo se posesionó ante cuatro testigos en la Corte Suprema. Volvió la tempestad. El Gobierno entendió el respaldo del alto tribunal a Castillo como un desafío. Pero le tocó tragarse el sapo.
En mayo (2008) el país vio crecer como espuma el escándalo de la yidispolítica. Las opiniones se dividieron entre quienes dieron credibilidad a las denuncias de la ex parlamentaria Yidis Medina y quienes la tacharon como una delincuente. Entre ellos Uribe. Al tiempo que avanzaba el expediente y resultaban salpicados varios alfiles del uribismo, el Gobierno extraditó a Estados Unidos a 14 jefes de las Autodefensas.
La Corte cuestionó la decisión y le pidió explicaciones. La mortificación presidencial se acrecentó. La yidispolítica no detuvo su marea. Fueron detenidos los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz. Yidis siguió hablando. La Procuraduría intervino. La Fiscalía hizo lo propio.
Esta semana fue la más convulsionada. El martes (Junio 2008) rindió indagatoria el ex ministro Sabas Pretelt. Al día siguiente se filtraron a los medios apartes de la sentencia condenatoria de Yidis Medina. Pero el fallo fue divulgado el jueves en la noche. Y vino la hecatombe. La Corte Suprema le pidió a la Corte Constitucional que revise la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección porque su trámite estuvo antecedido de actos corruptos. Para la Corte, las “impúdicas” prebendas que le entregó el Gobierno a Medina por su apoyo a la reelección constituyen un vicio protuberante de la reforma constitucional.
El Presidente no se amilanó y, en tono reposado pero ‘cargado de tigre’, le reclamó a la Corte que fuera tan diligente con las investigaciones de la parapolítica y tan negligente con las de la farcpolítica. “La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte, no parece tener solución judicial”, dijo Uribe, quien le pidió al Congreso tramitar un referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006. Y lanzó un dardo con veneno: “Yo les recuerdo que Salvatore Mancuso dijo que había infiltrado a la Corte Suprema. ¿Por qué no investigan eso?”.
Como colofón, el ministro Diego Palacio denunció en la Comisión de Acusación a los magistrados de la Corte Suprema, al considerar que prevaricaron al endilgarle responsabilidades al Gobierno en el escándalo de la yidispolítica. La tormenta promete no amainar pronto. La Corte insiste en que se fragua un complot en su contra y que agentes del DAS le están haciendo inteligencia.
Uribe llama al pueblo a las urnas y tilda de mentirosos a los magistrados. El alto comisionado Luis Carlos Restrepo dice que denunciará a la Corte por sus nexos con el ‘narco’ Giorgio Sale y Ascencio Reyes. No parece haber soluciones a la vista. El país transita un camino cenagoso y no sabe a quién creerle. Nunca antes dos poderes del Estado se habían enfrentado de esta manera.
“Vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto”
Para el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, la posición del presidente de la República, Álvaro Uribe, rompe todos los diques de la democracia en el país porque se corta de plano la autonomía de la Rama Judicial y el trabajo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia viene haciendo en materia de investigación de la parapolítica. Y sobre todo, en el caso específico de la ex parlamentaria Yidis Medina.
“La alocución del Presidente es una forma de escudarse en la voluntad popular y con ello ocultar un hecho tan grave como el de varios de sus colaboradores más cercanos (ofreciendo prebendas a cambio de un voto). No es posible repetir la elección de 2006, porque no se puede pasar por encima de un hecho probado (como el de Yidis Medina), no sólo desde el punto de vista moral y ético sino penal. Creemos que vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto”.
Según Hernández, convocar a unas nuevas elecciones tendrían un costo económico alto, porque habría que pensar en toda una gestión para la campaña presidencial por encima del billón de pesos.
Una pelea más del presidente Uribe con la Corte
Desde que comenzó su gobierno, Álvaro Uribe Vélez ha tenido una relación poco armoniosa con la Corte Suprema de Justicia. Pero el mayor encontronazo comenzó el 13 de enero de este año, cuando el entonces presidente del alto tribunal reveló, en entrevista con El Espectador, que el Primer Mandatario lo había llamado a preguntarle por el proceso de su primo y congresista, Mario Uribe.
De inmediato, el Presidente le salió al paso a las afirmaciones de Valencia Copete. Aseguró públicamente que jamás había tratado con él, ni con nadie de la corporación, el tema de los parlamentarios investigados por posibles nexos con paramilitarismo. Además, instauró en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una demanda contra el magistrado por injuria y calumnia.
Aunque Valencia Copete expresó en abril que estaba dispuesto a conciliar, el presidente Uribe Vélez ratificó sus denuncias ante los miembros de la Comisión. Será el representante Carlos Ramiro Chavarro, –quien llegó al Congreso en 2002 con la curul que Gloria Polanco, por estar secuestrada, no pudo ocupar– el encargado de dirimir el pleito que sostienen el Mandatario y el magistrado.
publicado en http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-cronologia-del-enfrentamiento?page=0,3 (28 de Junio del 2008)
y después siguió...
Señores, un poco de memoria es buena, antes de decir que uno de los tres poderes del estado, se volvió otro partido...de la oposición...(OP)
BANQUEROS...Y REELECCION DE URIBE
BANKERS ... and re-election Uribe
EN http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso163317-pulso-de-banqueros-frente-reeleccion
BANKERS ... and re-election Uribe
EN http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso163317-pulso-de-banqueros-frente-reeleccion
Suscribirse a:
Entradas (Atom)