2011/05/15


Opinión |15 Mayo 2011 - 1:00 am

Alejandro Gaviria

El cáncer del sistema

Por: Alejandro Gaviria

PODEMOS PERORAR SOBRE NUEStro deterioro moral. O hacer frases bonitas sobre la corrupción en la era del emoticón. O señalar (nuevamente) la omnipresencia de los avivatos. O maldecir el oportunismo de los negociantes. O reiterar la venalidad de los burócratas. Podemos en fin manifestar nuestra indignación de muchas maneras. Todas entendibles. Pero todas en buena medida infructuosas.

El último escándalo de corrupción en el sistema de salud tiene una causa fundamental que ha sido olvidada en medio de la indignación general: los incentivos perversos o pervertidores. El llamado sistema de recobros es una invitación al fraude; es la ocasión que hace al ladrón, que engendra al corrupto. La corrupción no es sólo un asunto de moral. Es también la manifestación de una falla institucional, de un problema de incentivos. Veamos un ejemplo hipotético.

Un buen día el jefe de una gran empresa reúne a todos los empleados y anuncia, primero, que ha decidido congelar los salarios y, segundo, que va a poner en práctica un nuevo sistema de bonificaciones. “Para las actividades que no hacen parte de la carga normal, de la descripción de los cargos, todos podrán ahora presentar una cuenta de cobro, detallando las horas adicionales trabajadas y los gastos no cubiertos por la empresa, en transporte, materiales, etc.”, explica el jefe. “Preparen las cuentas, cobren lo que tengan que cobrar, nosotros pagaremos de manera cumplida después de una auditoría rápida”, aclara finalmente.

Algunas semanas después de la reunión, los empleados comienzan a pasar las cuentas como corresponde, con apego a la verdad y a la ética. Pero tarde o temprano, por experiencia propia o ajena, se dan cuenta de que la auditoría es inexistente, que los recobros son pagados sin reparos y que los gastos adicionales pueden facturarse a cualquier precio. Seguidamente, algunos empleados comienzan a inflar las cuentas, primero con cautela, como tanteando la situación, después de manera desvergonzada, sin reatos morales o cargos de conciencia. Al fin de cuentas han descubierto una manera sencilla para salir de pobres. Pasado un tiempo, el jefe descubre, con asombro, que los recobros han crecido de manera exponencial, que están poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa. Decide, entonces, citar a una reunión extraordinaria. Sentado en la mitad de una larga mesa, flanqueado por el auditor interno y el revisor fiscal, denuncia indignado la corrupción reinante y promete un castigo ejemplar para los culpables. Nada dice, sin embargo, sobre el sistema perverso de bonificaciones.

Algo similar ha venido ocurriendo en el sistema de salud. El Gobierno ha denunciado la corrupción. Conoce la perversidad del sistema de recobros. Pero poco ha dicho sobre cómo va a desmontar un sistema corruptor. La ley 1438 no hace nada al respecto. El proyecto de ley estatuaria ha sido archivado. El control de precios de medicamentos es parcial e insuficiente. La actualización del plan de beneficios sigue siendo una promesa eterna, una entelequia. La actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se ha pospuesto por mucho tiempo. “Los recobros no hacen parte del sistema de salud”, ha dicho el ministro del ramo. Pero la realidad sinceramente es otra. Los recobros son el cáncer del sistema, un cuerpo extraño que podría terminar matándolo.

agaviria.blogspot.com

"La ministra de ambiente y la consejera no existen"

La entrevista de Cecilia Orozco |30 Abr 2011 - 9:00 pm

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez, uno de los ecologistas más respetados del país, hace un descarnado análisis de las causas de la emergencia nacional provocada por las inundaciones.


Foto: Daniel Gómez - El Espectador
Echarle la culpa de todo a las CAR, es ridículo, afirma el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez.

Echarle la culpa de todo a las CAR, es ridículo, afirma. La degradación ambiental está en las políticas agrícolas, ganaderas, mineras y de construcción de obras, dice. Cecilia Orozco Tascón.- Todo el mundo le echa la culpa de las inundaciones que sufre el país a la mala gestión de las CAR (corporaciones autónomas regionales) ¿Son esas entidades las responsables del desastre invernal? Exministro Manuel Rodríguez Becerra.- Debe quedar claro que soy partidario de que las CAR se reformen. Pero también hay que decir que la teoría de que las CAR son las culpables de todo y que si se modifican se acabarán los problemas ambientales, es absolutamente ridícula. Esta ola invernal no tiene antecedentes y se sabe cuáles son los efectos del fenómeno de la niña reforzado por el cambio climático. Pero hay razones esenciales: la pérdida de los páramos, la deforestación del bosque alto andino, la destrucción de los humedales han hecho que se altere la regulación del ciclo de agua de una forma extraordinaria. C.O.T.- La degradación ambiental es el resultado ¿Cuáles son las causas? M.R.B.- Las grandes causas de la degradación ambiental están en la política agrícola, minera, de infraestructura… ¿Quién supone que las CAR son tan poderosas como para lograr que los gobiernos cambien las decisiones de cada sector de la economía para evitar daños ambientales? Durante más de dos décadas, el Incora primero, y el Incoder después, exigían como calificación de buena explotación, para adjudicar un baldío de la nación que antes era bosque que ¡no quedara ni un solo árbol en pie! C.O.T.- ¿Cómo han influido las políticas agrarias, ganaderas o de infraestructura en el deterioro ambiental? M.R.B.- Los ganaderos y los agricultores han secado, en muchas regiones, los humedales para ganar tierra y han arruinado muchos bienes públicos como las ciénagas. Otro ejemplo: sería muy interesante examinar cuántos créditos de los bancos públicos o privados han estimulado a los cultivadores industriales de papa a incrementar su negocio a costa de la conservación de los páramos. C.O.T.- Cuando un humedal se seca para usar la tierra en actividades ‘útiles’, por ejemplo, para construcción de vivienda ¿Cuál es la respuesta de la naturaleza? M.R.B.- Los humedales tienen varias funciones. Una de ellas es la de servir de amortiguador en época de invierno. Cuando se presenta un caudal muy fuerte en los ríos, los humedales reciben el agua y la albergan. Cuando viene la época de sequía, sirven de alimentador porque devuelven parte del agua a los ríos y éstos aumentan así sus caudales. Aparte, son muy ricos en diversidad biológica y tienen una función importante en el ciclo reproductivo de las especies. Sin ellos, se altera todo el ecosistema. Una de las causas de la reducción de la pesca en Colombia ha sido la destrucción de ciénagas y humedales. En la cuenca del Magdalena y Cauca se pescaban en el año 72, alrededor de 70 mil toneladas. Hoy la pesca no pasa de 4 mil toneladas. Eso es producto de la contaminación pero también de la destrucción. C.O.T.- ¿Qué sucede cuando usted destruye una ciénaga? M.R.B.- Acaba con un elemento regulador del ciclo hídrico y, desde luego, el día que haya un invierno como el de ahora, los ríos reclaman su ciénaga y vuelven a tomar su lugar. Hay una parte muy importante de las tierras inundadas del Valle del Cauca, para ponerle solo un caso, que originalmente eran ciénagas o humedales. C.O.T.- ¿Es lo mismo que ocurrió en la sabana de Bogotá? M.R.B.- Definitivamente. C.O.T.- ¿Nunca ha debido construirse en esas tierras? M.R.B.- No. Estamos siguiendo un patrón de urbanización llamada por los norteamericanos ciudad dispersa. Hay dos tipos de ciudades que se pueden construir: en forma de huevo frito, es decir, que tienen la yema en el centro; ahí está la ciudad y el resto es naturaleza. Y las ciudades tipo huevo perico, extendida hacia fuera. Nosotros estamos yendo hacia este tipo de urbanización, con el deterioro ambiental consiguiente. C.O.T.- ¿Debido a cuáles circunstancias? M.R.B.- Debido a varios fenómenos, uno de ellos, el sacrificio de ecosistemas importantes y tierras muy ricas y productivas para dedicarlas a vivienda de familias pudientes. La urbanización dispersa implica mayor gasto de energía y mayor deterioro. Por eso hoy se sabe que las ciudades deben ser densas y compactas pues éstas permiten construir en forma económica y eficiente sistemas de recolección de aguas lluvias; porque logran mayor eficiencia energética y porque emiten menos gases con efecto invernadero. C.O.T.- La capacidad de presión de los grandes grupos económicos puede hacer que se suspenda la prohibición de construcciones o que se modifiquen los planes de desarrollo ¿Cuánta incidencia tiene este fenómeno en el problema ambiental? M.R.B.- En todas las ciudades los planes de ordenamiento territorial (POT) se han convertido en presa predilecta de alcaldes, concejales y urbanizadores corruptos. Uno de los puntos que hay que poner en tela de juicio en el país es cómo se han estado modificando esos POT para autorizar la urbanización de tierras que no son para aptas para este fin. Se sabe que cuando se declara una tierra rural como urbana, su precio se incrementa tres o cuatro veces. Este esquema de corrupción es el responsable de gran parte de los desastres que vivimos hoy. C.O.T.- El “esquema de corrupción” como usted lo llama ¿Alcanza hasta el alto gobierno? M.R.B.- No puedo hablar de corrupción en el alto gobierno pero el desorden general ha llegado a tal punto que el Ministerio de Ambiente expidió un decreto, en la etapa final del gobierno del expresidente Uribe, en el que se decía que era posible urbanizar en Colombia en zonas de alto riesgo, que deberían ser prohibidas por lo que implican como peligro incluso para la vida humana, a cambio de que el urbanizador demostrara que había hecho obras para disminuir ese riesgo. Es grotesco. C.O.T.- Eso es una locura … M.R.B.- Ilustra hasta dónde se distorsionó la tarea del ministerio en los dos gobiernos anteriores. Entre otras cosas, explica por qué el ministerio de Ambiente no suena ni truena hoy, cuando debería ser el líder para proponer soluciones y educar a la ciudadanía sobre las causas del desastre. Todos los ministros actuales hablan de la ola invernal en lo que les corresponde. Pero la de Ambiente no ha dicho nada. La ministra y la consejera no existen. Desaparecieron. C.O.T.- Usted que ha sido ministro de Ambiente ¿Cree que alguna vez esa cartera ha tenido importancia similar a la de otro ministerio? M.R.B.- No se puede decir que en el pasado tuviéramos un ministerio ideal pero sí era mejor. A partir de los gobiernos Uribe se deterioró su importancia en forma dramática. Ese gobierno le dio una estocada al sistema ambiental de todo el país el cual, de todas formas, ya venía con problemas. Le proporciono un dato: en la última década se deforestaron 350 mil hectáreas por año triplicando, aproximadamente, la deforestación de la década anterior. C.O.T.- ¿Por qué no supimos lo que estaba pasando? M.R.B.- Tal vez porque muy pocos nos interesamos en el tema. Me llamó la atención que la crítica más contundente a lo que pasó en los últimos años la hizo, recientemente, la embajadora de Holanda que dijo que su gobierno estaría considerando retirar su asistencia a Colombia en materia ambiental porque no está cumpliendo con los compromisos. C.O.T.- ¿A qué se debe esa reacción? M.R.B.- El gobierno holandés es el que mayor cooperación técnica sobre medio ambiente le ha dado a Colombia. Antes, ese gobierno había hecho un diagnóstico sobre la situación ambiental del país durante la primera administración Uribe y se concluyó que la entidad se había debilitado. Por eso decidió entregarle recursos en el año 2007 con el compromiso de que se fortaleciera y mejorara su gestión. La embajadora afirmó que no se estaba cumpliendo. Es la crítica más feroz que se le ha hecho a la política ambiental colombiana. C.O.T.- En materia de carreteras ¿También hay deterioro ambiental? M.R.B.- Lo que ha pasado con las carreteras no tiene perdón. Algo muy grave ha ocurrido en el diseño, proyección y construcción de vías ¿Cómo es posible que se hayan derretido muchas de ellas? Da pena que no haya habido aún un debate nacional en esta materia que también tiene que ver con el mal manejo ambiental. C.O.T.- ¿Qué hacer con los daños ya hechos? M.R.B.- Hay que realizar proyectos razonables. Hay que tratar, por todos los medios, de detener el deterioro de los páramos, de conservar los pocos bosques alto andinos que tenemos y se debe examinar cuáles habría que regenerar por su importancia. El rescate de los humedales es complejo pero hay que restituirlos. C.O.T.- ¿“Restituirlos” significa recuperarlos aunque estén en manos privadas? M.R.B.- Significa que el Estado tiene que volver a tomar posesión de ellos. Estas inundaciones nos han recordado cuáles son los espejos originales de los humedales. Seguramente hay exceso de inundación en algunos de ellos por el fenómeno excepcional de la niña y el cambio climático, pero básicamente los humedales estaban y están ahí donde los vemos ahora. Entonces hay que restituirlos como bienes públicos porque hacen parte del patrimonio nacional que ha sufrido un asalto vil. “El Ministerio de Transporte no hizo nada” Cecilia Orozco.- El canal del Dique, del que tanto se ha hablado en estos días ¿Fue más un problema que una solución? Manuel Rodríguez.- En su momento el canal del Dique se construyó como si fuera una gran obra. Pero a largo plazo se demostró que fue un error. Hay soluciones de ingeniería que se pueden aplicar. Lo lamentable es que durante ocho años estuvieron en el escritorio del ministro de Transporte varias alternativas para resolver el problema de lo que se sabía que iba a pasar en caso de emergencia, que fue lo que sucedió en esta temporada invernal. Y el Ministerio no hizo nada. C.O.- ¿Qué preveían los estudios y de cuándo son? M.R.- Los primeros estudios fueron promovidos por José Vicente Mogollón cuando era ministro de Medio Ambiente y se relacionaban con la gran sedimentación que estaba generando el canal en la Bahía de Cartagena. Para el año 2002 estaban listas las propuestas de solución. No se hizo nada y se perdieron los estudios. Algo similar ocurrió en la Mojana, donde hubo un desastre ambiental en 2005. El Ministerio de Transporte no construyó las obras para evitar las inundaciones a pesar de que el Conpes se lo ordenó en 2006. A lo salvaje C.O.- ¿Por qué la Orinoquia, donde el gobierno Uribe proyectó grandes obras presuntamente para potenciar y desarrollar la riqueza de la zona, se ha convertido en un punto crítico de discusión ambiental? M.R.- Los proyectos de la Orinoquia van en pésima dirección porque los gobiernos de Álvaro Uribe le comunicaron a la gente que ese formidable ecosistema era simplemente un espacio vacío que se podía llenar de cualquier forma. El mensaje era que estaba para la venta. Han llegado, entonces, centenares de inversionistas y están comenzando a alterar las regiones sin ninguna consideración con las condiciones ambientales. Se detonó una transformación de la Orinoquia absolutamente desordenada, y se inició una adjudicación de tierras igualmente desordenada. No existen restricciones que se les impongan a los nuevos propietarios sobre la conservación de aquellas áreas de sus predios que guardan valores ecológicos importantes y que son estratégicos para el presente y futuro del país. Se está haciendo la “conquista” de la Orinoquia a lo salvaje, como si fuera un nuevo lejano oeste americano en materia ambiental y como si no existieran allí unas comunidades llaneras y unos pueblos indígenas que han ocupado el territorio por cientos de años.

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Recobros ilegales a las EPS

"Tiene que haber una red muy poderosa"

Por: Cecilia Orozco Tascón/Especial para El Espectador

El pediatra Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, denuncia la actitud negligente del ministerio de Protección Social y del Fosyga, fondo que ha pagado los recobros ilegales a las EPS.


Foto: Óscar Pérez - El Espectador
"Hemos denunciado irregularidades desde 2005 o 2006", dice Sergio Isaza.

Dice que tuvo que acudir a la tutela y a derechos de petición para que le entregaran información. Cuando lo logró, su institución encontró de inmediato las irregularidades pero nadie puso atención.

Cecilia Orozco Tascón.- La Federación que usted preside ha sido estudiosa del sistema de salud ¿Previó la magnitud de la crisis que se vive hoy?

Médico Sergio Isaza Villa.- Por supuesto que sí y lo habíamos advertido hace por lo menos cinco años pero el gobierno no nos escuchó. Lo que acaba de ocurrir no es solo producto de una crisis reciente sino que lleva gestándose desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se aprobó la ley 100 en 1993, cuando empezó a funcionar el actual sistema. Pero en los últimos años, el problema se ahondó. Los únicos éxitos que se registran tienen que ver con la creación de un muy poderoso sistema financiero alrededor del sector.

C.O.T.- De la ley 100 se ha dicho que pese a todos sus males, sirvió para ampliar los servicios y la cobertura ¿Es ficción?

S.I.V.- Se refieren a la cantidad de personas que han recibido un carné y que, supuestamente, han adquirido un derecho. Pongamos un ejemplo: en el Chocó hay más del 90% de cobertura, es decir, de personas con carné. Sin embargo menos del 40% de la población tiene acceso a los servicios médicos y fuera de eso, el hospital más importante del departamento no es de alta complejidad sino de nivel 2. A muy pocos kilómetros de Quibdó, usted no encuentra ni siquiera un puesto de salud. Una cosa es hablar de cifras y otra, de la realidad: hay gente con carné pero no con servicios de salud.

C.O.T.- Si se quisiera resumir la enorme crisis actual en dos párrafos ¿Qué debería decir?

S.I.V.- Se debería decir que el sistema actual se construyó con la disculpa de prestar servicios obligatorios de salud y médicos hospitalarios y ambulatorios, pero cuyo fin último terminó siendo el de desarrollar un poderoso negocio financiero, de libre mercado y con ánimo de lucro. Antes había unos entes que regulaban los precios en un mercado de instituciones estatales como el Seguro Social y las cajas de previsión que no tenían ánimo de lucro. Al pasar a un régimen en que los privados podían subir los precios y había que eliminar los entes del Estado, en vez de mejorar lo que había, que ya se criticaba por corrupto pero que al fin de cuentas se podía controlar, la situación se empeoró porque los precios se dispararon y las EPS obtuvieron unas ingentes ganancias con un ingente poder político y económico. A la vista tenemos los resultados.

C.O.T.- Difícil decir una sola solución pero ¿Cuál sería la fundamental?

S.I.V.- Como Federación Médica Colombiana hemos defendido desde hace más de diez años el principio de que la salud es un derecho fundamental. Nosotros pedíamos que se incluyera la salud en la lista de los derechos del capítulo II de la Constitución. Pero la Corte Constitucional en la sentencia T760 de 2008 nos ahorró el trabajo porque dejó claro el punto de que la salud es derecho fundamental y no solamente cuando hay amenaza a la vida. Puesto ya en esos términos, no cabe otra cosa que diseñar un sistema que lo garantice. De manera tal que lo que hay que transformar es la estructura.

C.O.T.- ¿Cree que hay que eliminar la Ley 100 y crear otro sistema es la salida?

S.I.V.- Sí, crear un sistema cuyo eje central sea, no el económico de grandes EPS sino el de garantizar el derecho fundamental a la salud. Si las evidencias ya han demostrado que los responsables de esta debacle son los intermediarios, o sea el “cartel”, como dijo el presidente, de las EPS con su corrupción, hay que acabar con esa intermediación. Y en su lugar, crear un fondo central nacional de salud dirigido por el Estado para ejercer control y una fuerte instancia de vigilancia con participación de la sociedad civil. Esto, obviamente, implicaría una necesaria modificación de la Ley 1438 que acaba de reformar el sistema actual y que, paradójicamente, le dio más poder a las EPS.

C.O.T. -¿Por qué? ¿Esta ley no fue la que resultó de la conciliación con aquella que levantó tanta ampolla cuando se pretendió que los jubilados invirtieran su pensión en pagarse la salud?

S.I.V.- Exactamente. Usted se refiere a la primera iniciativa que intentó pasar el expresidente Uribe utilizando la emergencia social. Pero el resultado de la discusión y después, de la conciliación, fue la ley 1438 que, lastimosamente, lo que hizo fue darle todo el poder de coordinación de la atención primaria en salud a las EPS que no tenían antes. Esa tarea la atendían los entes territoriales y los hospitales que son los que reciben a la población. Ahora habrá también intermediación allí. Si antes estábamos como estábamos, cómo será ahora.

C.O.T.- Aunque parezca extraña la comparación se la voy a hacer: en el sistema de salud terminamos ejecutando un esquema similar al que se intentó realizar con el trabajo y posesión de la tierra en programas como el de Agro Ingreso Seguro o el de Carimagua? Es decir, que ¿los empresarios con poder económico son los que deben tener la propiedad de los grandes negocios, y los demás debemos estar subordinados a ellos y sus intereses?

S.I.V.- Me hace usted caer en la cuenta de que ambos esquemas corresponde al mismo modelo económico. Creo que sí consiste en un sistema en donde todo el poder se concentra en el gran capital financiero.

C.O.T.- La decisión de cuáles tratamientos y medicamentos se les dan a los pacientes, aparenta ser de los médicos tratantes pero en el fondo ¿son dictados por la camisa de fuerza de la EPS a la que pertenecen médico y paciente? S.I.V.- Así es, sobre todo después de lo que se ha descubierto en asociaciones como la de Acemi en donde se aglutinaron las 14 EPS más poderosas para funcionar como si fueran el monopolio que manda en el mercado.

C.O.T.- ¿Por qué pasaron tantos años antes de que el escándalo tomara forma y el Estado empezara a sancionar?

S.I.V.- Eso nos hemos estado preguntando en la Federación Médica. Como le decía, nosotros hemos denunciado irregularidades respaldados en documentación juiciosamente recopilada desde 2005 o 2006, cuando creamos el Observatorio de Medicamentos. Les hemos estado informando a las instancias correspondientes sobre esas irregularidades ¿Por qué no han actuado? Vaya usted a saber.

C.O.T.- Precisamente desde ese observatorio ustedes han venido denunciando abusos ¿Por qué obtuvieron pruebas de las irregularidades?

S.I.V.- Inicialmente hacíamos trabajo de campo, de seguimiento y de comportamiento de los precios de los medicamentos. Rápidamente encontramos que había diferencias monstruosas de precios en el mismo producto. Abrimos una ventana en internet y empezamos a hacer un boletín. Allí sacamos a la luz pública todos nuestros hallazgos, sobre todo en materia de problemas con los medicamentos de alto costo. Cuando los pacientes empezaron a buscarnos para quejarse, decidimos que era hora de actuar de otra forma.

C.O.T.- ¿Cómo?

S.I.V.- Empezamos a pasar derechos de petición para que el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía que administra recursos para el subsidio de la salud) nos diera la información que requeríamos. Específicamente pedimos la base de datos de esa institución pero varias veces nos la negaron de manera que tuvimos que recurrir a la tutela. En un documento firmado por el viceministro de entonces, cuando le pedimos los precios a los que el Fosyga le pagaba unos medicamentos de alto costo a un laboratorio trasnacional, nos decía que ese dato correspondía al secreto comercial. Y que, por tanto, iba a consultar con el departamento jurídico de ese laboratorio a ver si lo podía entregar ¿Cómo le parece? ¡El ente público preguntándole al privado lo que puede hacer!

C.O.T.- ¿Qué hizo entonces?

S.I.V.- Pasamos a la tutela y mediante esa acción que perdimos inicialmente, pero ganamos en la impugnación, el Fosyga tuvo que darnos una base de datos.

C.O.T.- ¿Qué encontraron?

S.I.V.- Poco porque la información venía ‘encriptada’ y no la pudimos abrir. Tuvimos que acudir a unos expertos que finalmente la abrieron. Y lo que encontramos fue basura.

C.O.T.- ¿Qué quiere decir?

S.I.V.- Que no había información seria sino cerca de cuatro millones de datos sin ningún orden. Con paciencia, nos dimos a la tarea de limpiar esa información hasta que logramos reducir esos datos casi a la mitad. Usted no se imagina las inconsistencias, los datos duplicados, los nombres incompletos, los registros equivocados etc. Ésa era la respuesta del Fosyga a una tutela; esa era su base de datos.

C.O.T.- ¿En cuál año ocurrió eso?

S.I.V.- El año pasado, cuando el ministro era Diego Palacio. El viceministro al que tuvimos que ponerle un nuevo derecho de petición para que entregara una base útil de datos fue Carlos Ignacio Cuervo Valencia.

C.O.T.- Pero ¿finalmente les dieron más información?

S.I.V.- Pues cuando encontramos esa cantidad de inconsistencias, nuevamente le solicitamos al Fosyga que nos mandaran información que sirviera. Otra vez tuvimos que acudir al derecho de petición. Nos entregaron otra base también imposible de abrir. Afortunadamente, uno de los miembros de la Federación estaba en ese momento en Boston. Le mandamos el material y allá nos pudieron ayudar. Con esa base oficial hemos estado trabajando y denunciando todos los sobrecostos.

C.O.T.- ¿Qué contiene exactamente?

S.I.V.- Eso es lo grave: están los recobros de medicamentos que las EPS le han hecho al Fosyga. Allí se pueden observar las diferencias de precios según la EPS que esté solicitando el recobro. El rango diferencial puede ser estar entre 300, 500 y 1000 veces con respecto al precio de un mismo medicamento.

C.O.T.- ¿y el Estado les pagaba a pesar de los valores tan diferentes y de los sobrecostos tan exorbitantes?

S.I.V.- Sí. Entonces dijimos: ¿Dónde está el control? ¿Quién es el jefe de la oficina de pago de recobros? Estamos ante una situación en que la EPS recobra muy por encima de lo establecido y el funcionario del Fosyga ordena el pago del recobro como si estuviera dentro de lo normal.

C.O.T.- Primero: ¿A la Federación le quedó claro que el Fosyga no le quería entregar la información porque sabía que se descubrirían irregularidades?

S.I.V.- Digamos que el Fosyga fue claramente renuente a entregarnos la base de datos y que tuvimos que acudir a la tutela; que después nos dificultó la entrega sin justificación y que, luego, aparecieron serias inconsistencias.

C.O.T.- Segundo: ¿Hay complicidad de funcionarios del Fosyga?

S.I.V.- Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Como no somos una entidad competente para adelantar investigaciones, esperamos que los organismos judiciales y de control nos lo digan.

C.O.T.- ¿Alguna EPS se ha quejado por no estar de acuerdo con lo que ustedes afirman en su boletín virtual?

S.I.V.- Una vez dimos un dato sobre el precio de un medicamento que dos EPS, Sura y Comparta, del régimen subsidiado, estaban cobrándole al Fosyga. Ambas nos llamaron para decirnos que esa información no era cierta. Les explicamos que era un dato tomado de fuente oficial. Respondieron que era falso. Les pedimos que nos enviaran lo que el Fosyga les pagaba. Efectivamente encontramos que no correspondían las cifras con las de las dos EPS.

C.O.T.- O sea ¿El Fosyga tiene información falsa en su base de datos?

S.I.V.- Sí, al menos en este caso. No sabemos si también en otros pero no sería raro por todas las inconstancias que le he dicho que encontramos.

C.O.T.- No es difícil suponer que si ponen información errónea en materia de entrega de dinero a EPS puede ser que alguien se haya quedado con el dinero…

S.I.V.- No quiero llegar a conclusiones pero por ese motivo le pedimos a los organismos judiciales y de control que investiguen y lleguen hasta el fondo de esta cuestión que no es de unos dos, tres o cuatro pelagatos. Para el nivel de defraudación del que se está hablando, tiene que haber una red muy poderosa y altos mandos que ordenen el pago de esos recobros.

C.O.T.- ¿Por qué ustedes empezaron a rastrear datos? ¿Tenían dudas de que algo irregular estaba ocurriendo?

S.I.V.- Empezamos a buscar a raíz de que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos decidió eliminar los controles de precios y que eso ocurriera en Colombia nos pareció muy grave. Esa comisión no está compuesta por cualquiera: está constituida por un representante directo por el presidente de la República, el ministro de Protección Social y el ministro de Comercio, Industria y Turismo.

C.O.T.- Y el argumento central para eliminar todo tipo de control ¿Cuál era?

S.I.V.- Que los precios se regulaban solos. Fue a partir de ahí cuando se dispararon los recobros y las gigantescas diferencias de precios del mismo medicamento. No me explico cómo el gobierno tomó tal decisión.

C.O.T.- ¿El desgreño y la corrupción en el sistema de salud en Colombia explica que los medicamentos aquí sean son infinitamente más costosos que en los países vecinos aunque sean del mismo laboratorio?

S.I.V.- Creo que sí. Y eso lo han sabido los ministros de Protección Social desde hace años. Así que no pueden decir que no estaban enterados. Hay medicamentos que valen cuatro, cinco o seis veces menos en los países vecinos que lo que valen aquí. Como el gobierno, en cabeza del ministerio de Protección Social y de Comercio Industria y Turismo, es el que compra ciertos grupos de medicamentos de alto costo y las vacunas, tiene la capacidad de negociar y proponer precios a los laboratorios transnacionales. Es un problema de voluntad política o de capacidad de negociación. O tal vez sucede algo como lo que usted sugiere en su pregunta.

C.O.T.- El exministro Palacio, hablando con usted en un programa de radio apenas la semana pasada, aseguró que este lío de la salud era solo “una cuestión de espuma y melodrama” ¿Qué opinión le merece esa frase?

S.I:V.- Primero me sorprendió mucho que un exministro de dos periodos presidenciales consecutivos, que supuestamente debería conocer en profundidad todo lo que estaba pasando, contestara de esa manera. Tal vez eso corresponde a su comportamiento con el sistema durante este tiempo.

C.O.T.- ¿Por qué cree que llegamos a este punto tan hondo en la crisis del sistema de salud: complacencia, complicidad o descuido del gobierno?

S.I.V.- Como le decía, me parece que corresponde a una concepción política. Fui miembro del Consejo de Seguridad Social en Salud como representante de la Federación Médica. Esas reuniones parecían más dedicadas a resolverle la situación financiera a las EPS que a los problemas de salud del país.

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