2013/01/18

BALANCE ELECCIÓN POPULAR DE ALCALDES (Septeto)



@DavidArboledaGz: Los estratos populares, general/, están fuera de nuestros (micro) mundos de "debate público" -
Jan 11, 2013

 (2) nuestros estratos populares, esencialmente consumen TV y radio musical. Opinan mediatica/ muy poco. - Jan 11, 2013

 (3) el problema esencial es tener "electoreros" gobernando: cero técnica, exceso de clientelismo y otras...- Jan 11, 2013

 (4) el balance de la elección popular de alcaldes, en general, es desastrosa: sólo mejoró la corrupción!!! -Jan 11, 2013

 (5) los pocos gobernantes exitosos son quienes han tenido UNAS metas concretas con técnicos empoderados - Jan 11, 2013

 (6) ya NO basta con ser honesto. Si te rodeas mal puede q NO roben pero si despilfarras erario público: Grave - Jan 11, 2013

 (7) lo ideal es q el gobernante tenga 4 metas una por sector social y una central transversal: una x año -
Jan 11, 2013

POLÍTICA PASIÓN Y CORRUPCIÓN (Septeto)



No sé si en el mundo entero, pero la política q se práctica en #Colombia ,en general, es irracional, llena d pasiones mezquinas, - Jan 14, 2013

La política en #Colombia es un "hagámonos pasito" o "te doy en la cara mar..."...cero proyectos comunes, de ciudad, país (2) -Jan 14, 2013

Aún dirigentes #Politicos supuestamente decentes, son irracionales, odian-aman, idolatran-defecan en otros (3) - Jan 14, 2013

intentar hacer las cosas bien, NO se mide por raseros técnicos, NO, en la #política en Colombia, se mide por amor-odios (4) -Jan 14, 2013

cuando hay intereses personales (financieros) de por medio, la pasión irracional, se desborda en la #Politica en Colombia (5) -Jan 14, 2013

Es peor con los #politicos corruptos. Aquel que direccione una lupa sobre ellos, recibirá su odio de por vida. (6) - Jan 14, 2013

que lamentable es ver tanto exguerrillero corrompido #corrupto...o lo estaban desde antes? o fue la reinserción?...(7) - Jan 14, 2013

GUSTAVO PETRO 2012 (Septeto)


 @oyerista (1) @petrogustavo es DEMASIADO mediático. Y es calculado: #Bogota es el paso a #Colombia - Dec 22, 2012


 (2) enemigos de @petrogustavo son descomunales.Han hecho, hacen y harán lo q sea contra su
proyecto.(¿Violencia?) - Dec 22, 2012


 (3) @petrogustavo NO ha aprendido la lección de los exguerrilleros presidentes: SE CORRIERON AL CENTRO. -Dec 22, 2012

 (4) la gestión de @petrogustavo NO pasa por NINGUNA mirada OBJETIVA. NI siquiera de mi amada @lasillavacia - Dec 22, 2012

 (5) @petrogustavo necesita aprender la experiencia militar más importante: un sólo enemigo y pocos frentes a la vez - Dec 22, 2012

 (6) @petrogustavo es inteligente (a pesar del M_ego)se concentrara en 3 tareas 3 años. Y persistirá en #BogotaRecicla - Dec 22, 2012

 (7) @petrogustavo con mesura y oyendo atenta/ a @EnriquePenalosa y a otros, terminará bien su gobierno. Lo apuesto. - Dec 22, 2012

2012 Balance


#Balance2012 la gran baja en medios de comunicación: la desaparición de la columna de @agaviriau en @elespectadorcom -Dec 22, 2012

#Balance2012 avanzó, algo, el empelote de la relación mega negocios-medios-periodistas. Ej @kienyke y Pacific_adora Rubiales - Dec 22, 2012

Balance2012 el peor error de @petrogustavo haber desperdiciado la experiencia administrativa de @navarrowolff - Dec 22, 2012

#Balance2012 mayor acierto de @petrogustavo :iniciar proceso de dignificación de más de 5496 recicladores con sus familias
- Dec 22, 2012
#Balance2012 el absurdo de @JuanManSantos una #ReformaTributaria INequitativa y donde el estado (nosotros) pierde plata. - Dec 23, 2012

#Balance2012 el acierto de @JuanManSantos la prudencia del inicio de diálogos con "la far" - Dec 23, 2012

#Balance2012 se visibilizó el plan para evitar q #Colombia tenga un Kirchner, Correa, Evo, Chavez: liquidando YA a @petrogustavo - Dec 29, 2012


PEREIRA



#Balance2012 lenta...muy lentamente...pasamos de (viejo y geográfico) eje cafetero a...paisaje cultural cafetero...cc
@VdelaPava - Dec 28, 2012


#Balance2012 el #Dato #Pereira es posible y proporcional/ una de las ciudades con + "centros estéticos" ?Silicolandia? - Dec 22,2012

#Balance2012 mi hermosa ciudad avanza, con paso firme, hacia #CiudadCultural (liderazgo claro de @VdelaPava y @enriqueavasquez - Dec 31, 2012

PERSONAL...

#Balance2012 me queda pendiente publicar "CiberPlural o Haz Plural 2a década 2001-2011"...busco patrocinios...? - Dec 08, 2012

Balance2012 error!!! Haber comprado un todo en uno de #hewlethpackard #HP desastre de garantía: Vetados de por vida! - Dec 24, 2012


#Balance2012 Error! Buying an #allinone #HP #hewlethpackard warranty disaster! : banned for life! - Dec 24, 2012

#Balance2012 The Gir With the dragon tattoo ...mi peli recomendada - Dec 30, 2012








DOSQUEBRADAS (Septeto)


Doloroso aceptarlo: debe persistir "mano dura" de la @policiacolombia en "El Balso" #Dosquebradas. Era..."Era" mejor prevenir 1. - Dec 08, 2012

Cuando el estado se corrompe y clienteliza a los niveles de #Dosquebradas su ausencia y por ende "irrespetabilidad" se ahonda 2. - Dec 08, 2012

Un estado saneado, con unos industriales con clara RSE en #Dosquebradas SI podrían salvar el hundimiento de sus barriadas 3. - Dec 08, 2012

Hace rato, en varios sectores de #Dosquebradas existe un para estado ligado a una Bacrim, la causa: la persistente corrupción 4 - Dec 08, 2012

Qué hicieron o no los gobernantes y empresarios de #Dosquebradas en los últimos años? los jóvenes delincuentes NO son de ahora 5 - Dec 08, 2012

#Dosquebradas necesita YA intrvención nacional, gestionada x @carlosboterol y liderada x @policiacolombia 6. Cc @directorlatarde - Dec 08, 2012

Mi solidaridad con esa mayoría de habitantes de #Dosquebradas q quieren vivir en Paz y están hastiados de la #corrupcion 7 -Dec 08, 2012

2013/01/10

Un revolucionario del siglo XXI, un Demócrata: Ricardo Jaramillo Díaz


Haz Plural V

Ricardo Jaramillo Díaz

@orlandoparrag ciberplural@gmail.com
Regresé a Colombia, creo, el 24 de Diciembre de 1990. Ese mes habían sucedido tres eventos trascendentales: el fin de la (falsa) tregua (por ambas partes) con las FARC. La elección, el mismo día, de la única constituyente que hemos tenido en 127 años. Y el triunfo (el segundo, después de las elecciones de abril de 1970) de una alianza de centro izquierda en las elecciones para esa constituyente, ésta vez, de la Alianza Democrática M 19.

Venía de Uruguay, de ver al Frente Amplio, el par de la ADM19 gobernar –y bien- Montevideo, de tener una gran bancada parlamentaria. Tabaré Vázquez, el alcalde/intendente que me tocó, lustros después sería el primer presidente de centro izquierdo de “el paisito”. En esos momentos conocí a Ricardo a “Guadalupe”, un miliciano desmovilizado del M19 que de la mano de Laureano “el mocho” Restrepo, un valluno excomandante urbano del EME había sido delegado con otros para fundar la ADM19 en estas tierras.

Realmente nuestro primer encuentro se dio cuando siendo un imberbe redactor de La Tarde me enviaron a hacerle una nota a los excomandantes del EPL “Alcides Saldaña” y “Salomón”. Ricardo me pareció un  ser ensimismado: creo que nunca superó totalmente el asesinato de Carlos Pizarro Leongomez, a quien en Santo Domingo acompañó en labores de propaganda a lo cual se sumó el doloroso divorcio de su primer matrimonio. Hizo parte de quienes nos alineamos primero con Marino Alzate, y luego propiciamos el acercamiento de éste con Luis Enrique Arango en una derrotada aspiración común a la Cámara de Representantes tras la revocatoria del congreso –la única en nuestra historia republicana- en 1991.

A lo largo de estos 22 años, como casi todas las relaciones de amigos -y aún de familiares- tan larga, hemos tenido nuestras altas y bajas. Cuando en 1992, Ernesto Zuluaga me contrató y luego nombró como jefe de la única “sección de desarrollo juvenil” que ha tenido la ciudad, compartimos apartamento. Posteriormente se lo recomendé a Gerardo Antonio Ramírez Arredondo para darle secuencia a los procesos de planeación y planificación a la Secretaria de Desarrollo Comunitario, así inició su vida laboral en la ciudad.

Ricardo siguió su vida, terminó su licenciatura en la UTP, uno de los más adultos y de sus mejores estudiantes: al graduarse fue reclutado como Catedrático. Asumió lo que quedaba de la oficina encargada de los procesos de Reinserción. Me lo volví a encontrar en la oleada hacia los diálogos a fines del gobierno Samper: Mandato por la paz, Asamblea Permanente por la paz, etc, y luego cuando me invitó a dar una conferencia en la ESAP donde ya comenzaba a posicionarse como el docente clave en Derechos Humanos y similares. Pero la real sorpresa fue encontrármelo casado y con bebes: su vida había cambiado para bien.

En esos años creamos con Héctor Merino (q.e.p.d) y otros la convergencia ciudadana por Pereira, que pasó a ser Opción Centro, y llega a lo que hoy es el Partido Verde. Nos hemos acercado y alejado. Pero siempre he tenido la certeza que hace parte de ese selecto combo de bichos raros que brilla por su honestidad. Sus hijas e hijos saben que ese es el ejemplo que ha dado: Un revolucionario del siglo XXI, un Demócrata dedicado a hacer reflexionar y actuar sobre los Derechos Humanos.

(Artículo de la serie EN VIDA HERMANO…¡EN VIDA)
Publicada por
Orlando Parra

Ricardo, ya en ésta época enfermo, fallecería el 11 de marzo de 2015

2012/12/15

¿Para dónde van las gobernaciones? La crisis de las gobernaciones.


Viernes 14 de Diciembre de 2012 - 12:01 AM

Botero, año uno

Dicen las malas lenguas ¿o las independientes?, que a veces de un regaño deja mudos a sus secretarios, y que por ello todos se sienten subsecretarios: me recordó a cierto ex presidente. Si es así, entonces, tenemos una “situación”: ni aún a los escasos gobernantes a los que les he “debido algo” en estos 21 añitos dizque opinando, les he dejado de decir en privado o en público lo que pienso y a quienes apoyé públicamente, he sido y soy y seré aún más exigente.

Médico Botero, ¡Pobre de aquel gobernante que crea en las encuestas de cierto noticiero…! Hice una consulta. Uno calificó “Cultura: 0; Salud: 2; Finanzas mal, muy mal, departamento quebrado 1; TIC: 0; ¿Las mineras? Ni opina, o sea diplomáticamente a favor: 0; mejor dicho veo muy flojo su primer año. Debe estar guardando la plata pa’ elecciones”. Otros echaron hasta chistes ¡plop!. Bueno, al menos ninguno dijo que “percibía” corrupción ¡qué respiro!.

El balance “comunicado” es que con excepción, al parecer, del área de comercialización de licores y del fondo editorial casi todas las dependencias de la gobernación se han visto abocadas a “dificultades que se han enfrentado” asociadas -consideran- a la “situación que se encontró al inicio del periodo”. Difícil. El avance en generación de empleo fue el “Estudio del mercado laboral”; en Migración y reunificación familiar fue “el desarrollo de la cultura del emprendimiento” (ninguna “cultura” se desarrolla en meses); Minería socialmente responsable y sostenibilidad socio ambiental parece carecer de “avance”; en Bilingüismo el avance fue la “formulación de la Política” y la “elaboración del Plan Estratégico” y en seguridad alimentaria fue  “la implementación de la estrategia RESA para el sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento en coordinación con el DPS”. Espinoso.

“El tema” para la gobernación es la posibilidad de volver a “restructuración”. Leímos un boletín sobre lo que recibieron hace un año citando a Min Hacienda “…y fue precisamente el sobreendeudamiento registrado en su momento lo que afectó de manera estructural las finanzas del Departamento”. Es cierto, como también que allí mismo se lee: “En términos de las normas de disciplina y responsabilidad fiscal, la entidad cumplió los límites de gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación frente a lo establecido para categoría segunda”…¿…?

El lío “estructural”, desde 1991, es ¿laS gobernacioneS son “viables”?: ow.ly/g3JvV. Cuando López gobernó, la deuda rondaba los 55 mil millones (24,6 millones de esos dólares); con la Ley 550 Elsa Gladis se la entregó a Botero en  27 mil millones, éste si bien llegó a tenerla en 4 mil, la entregó en 36 mil millones, y Tamayo le devolvió una “deuda acumulada” de 55 mil millones ó  28,7 millones de estos dólares. A esta cifra Botero le agrega Vigencias Futuras -un gasto a futuro para financiar proyectos de inversión- que la eleva a aterrorizantes $105 mil millones; lo cierto es que la deuda se ubicó por encima de la que nos llevó a Ley 550, incluso su “indicador de sostenibilidad” pasó el dramático 51%.

Según el certificado que determina indicadores de ley 358 del 2012 la Gobernación de Risaralda está en  semáforo verde en sostenibilidad y en ahorro operacional, de hecho la deuda –¿sin vigencias?- a diciembre de 2012 está proyectada en  $50.612 millones y los técnicos de la gobernación calculan tenerla en ceros en el 20…18…cuando, salvo que la sociedad civil ¿o el MIRA? estemos alerta, volverán a “viabilizar” vía endeudamiento (¿…?).

Si bien en “EL TEMA” entonces, el gobernador ha hecho la tarea, su balance como Presidente de la FENAL de Departamentos también fue que su apuesta -en la que creemos- de un nuevo modelo de salud enfocado a la prevención de la enfermedad, tampoco logró ponerse en marcha. Botero ha dicho que éste ha sido “el año más difícil” http://t.co/iWAy09wc. Esperemos, por Risaralda, que le vaya mejor en lo que le queda, pues ya se fue ¼.
Publicada por
Orlando Parra

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2012/12/13

FUERO MILITAR / FUERO PENAL MILITAR / FALSOS POSITIVOS


FUERO MILITAR: QUEDA EL ROUND DEFINITIVO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL

Carta de @hrw  el día que se aprobaba la ley en el congreso:


Carta al Presidente Santos
12 DE DICIEMBRE DE 2011
De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresarle nuestra profunda preocupación por el proyecto de “reforma a la justicia” que impulsa actualmente su gobierno y que ampliaría el alcance del fuero militar sobre casos de abusos cometidos por miembros de la fuerza pública colombiana. El artículo 11 del proyecto de acto legislativo reformaría la Constitución, al disponer que todos los actos realizados por miembros activos de la fuerza pública durante operaciones se presumirán tener “relación con el servicio” y, por ende, estarán sujetos a la justicia penal militar[1]. Este artículo —que permitiría que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública sean conocidos por el sistema de justicia militar— contraviene directamente la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se opone además a lo establecido por otros organismos internacionales de derechos humanos relevantes. Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares. Igualmente, al practicamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos.
La reforma a la justicia propuesta se contrapone a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CS) y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia, que en reiteradas oportunidades han resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer casos de violaciones graves de derechos humanos. Si bien el artículo 221 de la Constitución dispone que la justicia penal militar debería aplicarse a delitos cometidos por miembros activos de la fuerza pública que tengan “relación con el servicio”, numerosas sentencias y decisiones de la CC, la CS y el CSJ han establecido claramente que los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos y otras conductas “contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública” en ningún caso pueden tener relación con el servicio, y por lo tanto deben ser siempre investigados y juzgados por la justicia ordinaria[2].
Lo dispuesto en el proyecto de reforma a la justicia que sostiene que todos los actos cometidos durante operaciones militares se presumen relacionados con el servicio no coincide con esta jurisprudencia, ya que implica que se iniciarían en la justicia penal militar todas las investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública durante operaciones, incluidas las violaciones flagrantes de derechos humanos. Por ejemplo, de conformidad con el proyecto de reforma, la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre “falsos positivos”, es decir, aquellos casos en que miembros del Ejército asesinan a civiles para luego vestirlos con prendas de tipo militar y presentarlos como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, ya que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se presentan como personas muertas durante enfrentamientos. El proyecto de acto legislativo contradice de manera manifiesta lo dispuesto por la CC, la CS y el CSJ, que en reiteradas sentencias y decisiones han indicado que la aplicación del fuero militar debería ser una excepción claramente delimitada al principio general de competencia de la justicia ordinaria, y que en caso de duda deberá aplicarse la justicia ordinaria[3]. Tal como se estableció en la histórica sentencia dictada por la Corte Constitucional en 1997, “[c]orresponde a la justicia ordinaria conocer del proceso en caso de duda sobre la jurisdicción competente. La relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse”[4].
La reforma también resulta contraria a los pronunciamientos y las decisiones de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado reiteradamente que las violaciones de derechos humanos no deben ser conocidas por el sistema de justicia militar, y que el alcance de la jurisdicción militar debería ser excepcional y restrictivo[5]. En un ejemplo reciente, la Corte Interamericana determinó en su sentencia de noviembre de 2009 dictada en el caso Radilla Pacheco v. México que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”[6]. Del mismo modo se pronunció la Corte Interamericana en mayo de 2007 en el caso de la Masacre de la Rochela v. Colombia, al señalar que esta exclusión de la jurisdicción militar se aplica a todas las etapas de un procedimiento: “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”[7]. Con respecto a la situación específica de Colombia, la Comisión Interamericana ha expresado que “[l]a falta de idoneidad de los tribunales penales militares colombianos como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones de los derechos humanos ya ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Comisión”[8].
La jurisprudencia de los más altos tribunales colombianos y de la Corte Interamericana coincide con la posición de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos. El proyecto de principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en el principio N.° 9 que “en todo caso, la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse en favor de la de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes”[9]. Esta ha sido también la opinión de los organismos europeos de derechos humanos y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos[10]. Con respecto al delito de desaparición forzada, cabe mencionar que el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que también ha sido ratificada por Colombia, dispone que “[l]os presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”[11].
La estructura misma de la justicia penal militar impide que pueda impartirse justicia de manera independiente e imparcial en casos de violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que “[p]or su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana... El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción... El sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado Colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo”[12]. Efectivamente, como lo establece el artículo 221 de la Constitución, los tribunales militares están integrados por miembros activos o retirados de la fuerza pública. La naturaleza jerárquica de las fuerzas armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas.
El record histórico de la justicia penal militar de Colombia muestra que no ha logrado que quienes cometieron violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus actos. Esto se evidencia, por ejemplo, en la notoria ausencia de resultados por parte de tribunales militares en la obtención de  condenas contra los responsables de casos de “falsos positivos”. Las autoridades de la justicia penal militar no sólo no han impartido justicia en estos casos, sino que además habrían cerrado causas sin llevar a cabo una investigación efectiva de los hechos denunciados. El informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia advierte sobre “casos [de ejecucciones extrajudiciales]... que pudieron haber sido archivados por [la justicia penal militar] sin una adecuada actuación judicial”[13]. La Comisión Interamericana también señaló en su informe de 2010 que en Colombia “losjueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos”[14].
Excmo. Sr. Presidente: su actual Ministro de Defensa ha defendido el mencionado proyecto asegurando que los tribunales militares remitirán los casos de violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria cuando existan evidencias de que se han cometido violaciones de derechos humanos. No obstante, por las mismas razones que no cabría confiar en que la justicia penal militar investigue y juzgue violaciones de derechos humanos, tampoco se puede esperar que remita los casos a la justicia ordinaria oportunamente para que se inicie una investigación penal adecuada.
Los jueces militares carecen de suficiente independencia e imparcialidad para determinar si un presunto delito constituye una violación de derechos humanos y remitir oportunamente el caso a las autoridades de la justicia ordinaria cuando sea necesario. A su vez, la capacidad de los jueces militares de adoptar tales determinaciones de manera imparcial también se ve menoscabada por los antecedentes de presiones y amenazas que han sufrido algunos jueces militares que han transferido casos de abusos a la jurisdicción penal ordinaria. Por ejemplo, en su informe de 2010, la Comisión Interamericana indicó que en Colombia se había “recibido información sobre actos de persecución contra funcionarios que cumplen con el deber de remitir las causas por violaciones de derechos humanos a la justicia ordinaria”[15]. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2010 sobre Colombia, señaló también que “de acuerdo con información recibida reiteradamente, las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria”[16]. La presión que pueden recibir los jueces al decidir si corresponde remitir una investigación a la justicia ordinaria resultó evidente en el caso del ex juez militar Alexánder Cortés, que fue destituido de su cargo luego de remitir casos de falsos positivos a la jurisdicción penal ordinaria, y posteriormente abandonó el país tras recibir amenazas de muerte. En una entrevista concedida a la revista Semana en julio de 2010, Cortés contó que había vivido en la misma brigada militar que uno de los oficiales a quien debía investigar y dijo al respecto: “Justo al frente de mi dormitorio vivía uno de los oficiales que me tocó investigar, el cual era uno de los más comprometidos con ‘falsos positivos’, relaciones con paramilitares y narcotráfico”[17].
De hecho, las autoridades militares no han remitido oportunamente los casos de violaciones de derechos humanos a la jurisdicción ordinaria. El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales informó en 2010 que en Colombia “las barreras principales para el enjuiciamiento efectivo de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de ejecuciones extrajudiciales son los constantes conflictos jurisdiccionales entre estos dos sistemas de justicia y el hecho de que los jueces militares no remiten los casos pertinentes al sistema de justicia civil”[18]. En este mismo sentido, tanto la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaron sobre un descenso en el número de casos de ejecuciones extrajudiciales que se habían remitido de la jurisdicción militar a la justicia ordinaria en 2010[19]. (La investigación y el juzgamiento por las autoridades de la justicia ordinaria de miembros de las fuerzas armadas que presuntamente han cometido violaciones de derechos humanos ha sido un requisito del proceso de certificación sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la entrega de ayuda militar a Colombia). Hasta julio de 2011, más de 400 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales aún continuaban en la jurisdicción militar.
En definitiva, al ampliar el poder de los jueces militares para determinar la jurisdicción competente respecto de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, la reforma reduciría considerablemente la probabilidad de que las autoridades de la justicia ordinaria puedan investigar y juzgar casos de violaciones de derechos humanos. Especialmente cuando la reforma tampoco prevé controles eficaces para asegurar que los jueces militares remitan inmediatamente estos casos a la justicia ordinaria. E incluso si los tribunales militares efectivamente remitieran los casos de violaciones de derechos humanos a las autoridades de la justicia ordinaria, tal como afirma el Ministro de Defensa que sucederá, la investigación inicial por las autoridades militares supondrá demoras innecesarias y la pérdida de tiempo valioso que debería ser empleado por los fiscales de la justicia ordinaria para recabar pruebas durante la etapa inicial de la investigación. Mientras tanto, los responsables continuarán en libertad.
Me imagino que S.E. seguramente tuvo en cuenta muchos de los aspectos mencionados en esta carta cuando, durante su función al frente del Ministerio de Defensa, promovió el traslado de los casos de falsos positivos a la jurisdicción ordinaria.  La remisión de causas a la justicia ordinaria advirtió a las fuerzas de seguridad que serían juzgadas por sus actos y que no continuarían gozando de la impunidad que les otorgaba la justicia penal militar. Esta iniciativa fue clave para conseguir una rotunda reducción de los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados desde 2008.  No obstante, estos avances son precarios, y durante 2010 y 2011 persistieron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del estado. Debilitar los mecanismos de rendición de cuentas de la fuerza pública podría provocar un resurgimiento de las prácticas de ejecuciones extrajudiciales que fueron frecuentes durante la década pasada. 
Nos preocupa particularmente que el artículo 11 de su proyecto de reforma a la justicia permita que miles de causas sobre violaciones de derechos humanos que ya se encuentran en la justicia ordinaria vuelvan a la justicia penal militar. Luego de los avances conseguidos por las autoridades civiles en el juzgamiento de falsos positivos y otros abusos militares recientes, el traslado de casos a la jurisdicción militar limitaría significativamente la capacidad de Colombia de cumplir con su obligación jurídica internacional de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos. En última instancia, la devolución de miles de causas sobre abusos militares a la justicia penal militar podría socavar la independencia e imparcialidad de los procesos, y si tales procesos son incompatibles con una verdadera intención de juzgar a los responsables de estas atrocidades, Colombia podría exponerse a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos de falsos positivos.
Excmo. Presidente Santos, en un discurso pronunciado el mes pasado, S.E. señaló que el único modo en que la fuerza pública colombiana podrá asegurar la paz y la seguridad es “con apego al estado de derecho”. Si bien hasta el momento consideramos muy positivo el compromiso con el estado de derecho expresado por su gobierno, la aprobación del artículo 11 del proyecto de reforma a la justicia frustraría estos principios de manera directa. Al ampliar el alcance del fuero militar y reducir drásticamente la probabilidad de que las autoridades civiles investiguen y juzguen casos de violaciones de derechos humanos, la reforma representaría un grave retroceso frente a la obligación jurídica asumida por Colombia de garantizar rendición de cuentas y justicia para las víctimas de graves abusos.
Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
 
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
 
CC: Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior
CC: Dr. Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia y del Derecho
CC: Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa
CC: Dra. Viviane Morales, Fiscal General de la Nación
CC: Dr. Sergio Jaramillo, Alto Asesor Presidencial de Seguridad Nacional
CC: Dra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores

[1]Artículo 11, proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia, 143/2011 C, texto aprobado durante el tercer debate del 2 de diciembre de 2011.
[2]Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-878/00; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-1184/01; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200601121 00, decisión del 14 de agosto de 2006; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200900097 01 – 1134C, decisión de febrero de 2009; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Caso número 26137, decisión del 6 de mayo de 2009.
[3]Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-878/00; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200601121 00, decisión del 14 de agosto de 2006; Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, N.º 110010102000200900097 01 – 1134C, decisión de febrero de 2009; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Caso número 21923, decisión del 25 de mayo de 2006; Corte Suprema de Justicia de Colombia, Caso número 26137, decisión del 6 de mayo de 2009.
[4]Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-358/97.
[5]Ver, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Corte I.D.H., Serie C N.° 154, párr. 131; Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, Corte I.D.H., Serie C N.° 163, párr. 200; Caso Radilla Pacheco v. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Corte I.D.H., Serie C N.° 209, párrs. 272 y 274. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 19/05. Petición 54/04, Admisibilidad. Valdemir Quispialaya Vilcapoma, Perú, 25 de febrero de 2005, párr. 46. Informe N.° 13/04. Petición 136/03, Admisibilidad. Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, Perú, 27 de febrero de 2004, párr. 59. Informe N.° 41/02. Petición 11.748, José del Carmen Álvarez Blanco y otros (Pueblo Bello), Colombia, 9 de octubre de 2002, párr. 24; Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42.
[6]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco v. México, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Corte I.D.H., Serie C N.° 209, párr. 274.
[7]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007, Corte I.D.H., Serie C N.° 163, párr. 200.
[8]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán Sánchez, Colombia, 23 de julio de 2008, párr. 77.
[9]Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La administración de justicia por los tribunales militares: informe presentado por el Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Sr. Emmanuel Decaux, Proyecto de principios sobre la administración de justicia por los tribunales militares, E/CN.4/2006/58, 13 de enero de 2006, principio núm. 9.
[10]Ver, por ejemplo, Declaración y recomendaciones de Dakar sobre el derecho a un juicio justo en África (1999); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, “Principios y directrices relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África,” DOC/OS(XXX)247, 2001, donde se establece que “[l]a única finalidad de los tribunales militares deberá ser determinar delitos de naturaleza exclusivamente militar cometidos por personal militar”. Esta postura es confirmada por sentencias como Law Office of Ghazi Suleiman v. Sudan, Comm. Nos. 222/98 y 229/99 (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 2003); Media Rights Agenda v. Nigeria, Comm. No. 224/98 (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 2000). El Tribunal Europeo también ha criticado el uso de tribunales militares para juzgar delitos que no son los de naturaleza estrictamente militar, en casos donde eran parte civiles, e incluso en casos cuyo objeto correspondería adecuadamente a los tribunales militares ha criticado reiteradamente la falta de independencia de los tribunales militares. Ver jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, en Findlay v. The United Kingdom (110/1995/616/706), Sentencia del 25 de febrero de 1997; Incal v. Turkey, Sentencia del 9 de junio de 1998, ECHR Reports 1998-IV; Ergin v Turkey (47533/99) (2008) 47 EHRR 36.
[11]Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 33 I.L.M. 1429 (1994), en vigor desde el 28 de marzo de 1996, ratificada por Colombia el 1 de abril de 2005, artículo 9.
[12]Ver, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N.° 43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán Sánchez, Colombia, 23 de julio de 2008, párrs. 76 y 77. Informe N. ° 63/01, Caso 11.710, Carlos Manuel Prada Gonzalez y  Evelio Antonio Bolaño Castro, Colombia, 6 de abril de 2001, párr. 41. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999),  págs. 175 a 186.
[13]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 26.
[14]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, 7 de marzo de 2011, Capítulo IV, Colombia, párr. 31.
[15]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, 7 de marzo de 2011, Capítulo IV, Colombia, párr. 30.
[16]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 28.
[17]“Capitán nunca juzgará a coronel”, revista Semana, 17 de julio de 2010, http://www.semana.com/nacion/capitan-nunca-juzgara-coronel/141923-3.aspx (consultado el 6 de diciembre de 2011).
[18]Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, A/HRC/14/24/Add.2, 31 de marzo de 2010, párr. 37.
[19]Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 28; Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Memorandum of Justification Concerning Human Rights Conditions with Respect to Assistance for the Colombian Armed Forces”, septiembre de 2010, pág. 31.

2012/12/09

demasiado ambicioso, es estúpido o es deshonesto



HECHOS, NO PALABRAS

Esto es lo que ha hecho François Hollande, Presidente de la República Francesa, desde su toma de posesión en mayo de 2012; es decir, en apenas dos meses:

- Ha suprimido 100% de los coches oficiales y los ha subastado; 
y lo recaudado se destina al Fondo de Bienestar para ser distribuido a las regiones con el mayor número de centros urbanos con los suburbios ruinosos.

- Ha hecho enviar un documento (doce líneas) a todos los organismos estatales dependientes de la administración central en el cual les comunicaba la abolición de los "vehículos de empresa" desafiando a los altos funcionarios con frases como "si un ejecutivo que gana 650.000 euros al año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos, quiere decir que es demasiado ambicioso, es estúpido o es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras". 345 millones de euros salvados de inmediato, y ahora destinados a crear 175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, y a la contratación de 2560 científicos desempleados "para aumentar la competitividad y la productividad de la nación".

- Ha abolido el concepto de paraíso fiscal (lo definió como "socialmente inmoral") y promulgó un decreto presidencial de de urgencia estableciendo un porcentaje del 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganan más de 5 millones de euros netos al año. Con ese dinero (manteniendo así el pacto fiscal) y sin afectar en un euro más al presupuesto, ha contratado a 59,870 profesionistas desempleados: 6.900 desde el 1 de julio de 2012; los que se añadirán 12.500 más a partir del 1 de septiembre, para fungir como profesores en la educación pública.

- Ha privado a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros que financiaban exclusivos colegios privados, y ha puesto en marcha (con ese dinero) un plan para la construcción de 4.500 jardines de infancia y 3.700 escuelas primarias, iniciando un plan de recuperación la inversión en la infraestructura nacional.

- Ha establecido el "bono-cultura" presidencial, un mecanismo que permite a cualquiera pagar cero impuestos si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos dos licenciados desempleados de la lista de desempleados, con el fin de ahorrar dinero del gasto público y realizar una contribución mínima al empleo y al relanzamiento de nuevas posiciones sociales.

- Ha abolido todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales, sustituyéndolos por comités de "emprendedores estatales" que financian acciones culturales sobre la base de la presentación de planes de negocio relacionados con estrategias de mercado avanzadas.

- Ha puesto en marcha un procedimiento muy complejo en el que ofrece a los bancos una elección (sin impuestos): Quien proporcione préstamos blandos a empresas francesas que produzcan bienes recibe beneficios fiscales; quien ofrece instrumentos financieros paga una tarifa adicional: lo tomas o lo dejas.

- Ha reducido en un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% de todos los diputados y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganan más de 800 000 € por año. Con esa cantidad (alrededor de 4 millones de euros) ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las "madres solteras" en condiciones financieras difíciles garantizándoles un salario mensual por un período de cinco años, hasta que el niño vaya a la escuela primaria, y tres años si el niño es mayor. Todo ello sin modificar el equilibrio del presupuesto.

Resultado: El diferencial con los bonos alemanes cayó como por arte de magia. La inflación no ha aumentado. La competitividad de la productividad nacional se ha incrementado en el mes de junio por primera vez en tres años.