Y SIEMPRE LO NEGARON...
tomado de www.cambio.com.co
EL EXTERMINIO
A FINALES de octubre pasado el jefe paramilitar Éver Veloza, HH, sorprendió al país cuando reveló que entre 1995 y 1996 los hombres bajo su mando en el Bloque Bananero de las autodefensas asesinaron cruelmente a 1.200 campesinos en Urabá.
En un descarnado relato ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, Veloza explicó que los paramilitares actuaban bajo la mirada complaciente de los mandos militares de la región y agregó que "normalmente iban en tres vehículos, uno de los cuales era un campero blanco al que la gente llamaba 'el camino al cielo', porque el que subía jamás volvía a aparecer vivo. Había noches en que matábamos hasta 20".
La confesión del paramilitar tuvo un amplio despliegue en Colombia y el exterior, pero no fue específico en un dato que seguramente dará mucho más de qué hablar: que buena parte de sus víctimas pertenecía o era simpatizante de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista en la zona de Urabá, no lejos de la frontera con Panamá.
CAMBIO investigó el asunto y encontró que las palabras de HH tendrán una inusitada importancia ahora que el Consejo de Estado y otros tribunales de Justicia han empezado a responsabilizar a la Nación por el exterminio de la UP, grupo político legal que nació de los frustrados acuerdos de paz entre el presidente Belisario Betancur y las Farc en 1984.
Según registros de aquella época, la UP perdió cerca de 3.000 dirigentes o simpatizantes, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, y el senador Manuel Cepeda, quienes fueron asesinados por sicarios de las autodefensas.
La masacre de la UP y la inminente intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron que el pasado 7 de noviembre la Fiscalía reabriera 294 procesos y ordenara la captura de seis paramilitares. En forma paralela, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 395 millones de pesos a la viuda de José Miller Chacón, miembro de la UP y secretario del Partido Comunista, asesinado en noviembre de 1993 en Bogotá pese a que las autoridades conocían un plan criminal para asesinarlo.
Es por esto que la confesión de Veloza en torno a la UP tiene un significado especial. Así lo comprobó CAMBIO luego de consultar a viejos dirigentes de ese movimiento político, que hace 20 años llegaron a tener un importante caudal electoral en Urabá y que hoy viven como desplazados en el barrio La Cruz, en la periferia del oriente de Medellín.
Uno de ellos es Belarmino Salinas, alcalde de Mutatá, Urabá antioqueño entre 1988 y 1990, quien tuvo que abandonar la región porque HH lo sentenció a muerte. Según él cerca del 50% de las muertes reconocidas por Veloza corresponde a miembros de la UP. "El objetivo era la Unión Patriótica. En cada masacre de las autodefensas puede constatarse que había un político, un familiar o alguien que simplemente había tenido contacto con nosotros", dijo Salinas.
Igual situación relató Luis Ángel García Bustamante, quien durante dos períodos, entre 1991 y 1994, se desempeñó como concejal de la Unión Patriótica en Turbo, Antioquia. "La UP tenía la opción de obtener muchos votos, pero empezaron las muertes y de muerto en muerto nos fueron sacando", explicó.
Como concejal y político de su región, García pudo hacerse a una vivienda, una finca y un local comercial. Hoy vive como la mayoría de sobrevivientes de ese grupo político de Urabá: en la miseria que produce el desplazamiento. "Me rebusco el sustento en las construcciones y allá me pongo a jornalear", dijo García Bustamante desde su casa en el barrio La Cruz de Medellín.
En la memoria de este dirigente están las muertes y desapariciones de cientos de compañeros o personas que simplemente eran vecinas o conocidas de integrantes de la UP. "Me fui de Urabá en junio de 1996. No tenía otra opción. Los muertos eran todos los días, sobre todo en Currulao, Turbo, donde yo vivía".
En un descarnado relato ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, Veloza explicó que los paramilitares actuaban bajo la mirada complaciente de los mandos militares de la región y agregó que "normalmente iban en tres vehículos, uno de los cuales era un campero blanco al que la gente llamaba 'el camino al cielo', porque el que subía jamás volvía a aparecer vivo. Había noches en que matábamos hasta 20".
La confesión del paramilitar tuvo un amplio despliegue en Colombia y el exterior, pero no fue específico en un dato que seguramente dará mucho más de qué hablar: que buena parte de sus víctimas pertenecía o era simpatizante de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista en la zona de Urabá, no lejos de la frontera con Panamá.
CAMBIO investigó el asunto y encontró que las palabras de HH tendrán una inusitada importancia ahora que el Consejo de Estado y otros tribunales de Justicia han empezado a responsabilizar a la Nación por el exterminio de la UP, grupo político legal que nació de los frustrados acuerdos de paz entre el presidente Belisario Betancur y las Farc en 1984.
Según registros de aquella época, la UP perdió cerca de 3.000 dirigentes o simpatizantes, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, y el senador Manuel Cepeda, quienes fueron asesinados por sicarios de las autodefensas.
La masacre de la UP y la inminente intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron que el pasado 7 de noviembre la Fiscalía reabriera 294 procesos y ordenara la captura de seis paramilitares. En forma paralela, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 395 millones de pesos a la viuda de José Miller Chacón, miembro de la UP y secretario del Partido Comunista, asesinado en noviembre de 1993 en Bogotá pese a que las autoridades conocían un plan criminal para asesinarlo.
Es por esto que la confesión de Veloza en torno a la UP tiene un significado especial. Así lo comprobó CAMBIO luego de consultar a viejos dirigentes de ese movimiento político, que hace 20 años llegaron a tener un importante caudal electoral en Urabá y que hoy viven como desplazados en el barrio La Cruz, en la periferia del oriente de Medellín.
Uno de ellos es Belarmino Salinas, alcalde de Mutatá, Urabá antioqueño entre 1988 y 1990, quien tuvo que abandonar la región porque HH lo sentenció a muerte. Según él cerca del 50% de las muertes reconocidas por Veloza corresponde a miembros de la UP. "El objetivo era la Unión Patriótica. En cada masacre de las autodefensas puede constatarse que había un político, un familiar o alguien que simplemente había tenido contacto con nosotros", dijo Salinas.
Igual situación relató Luis Ángel García Bustamante, quien durante dos períodos, entre 1991 y 1994, se desempeñó como concejal de la Unión Patriótica en Turbo, Antioquia. "La UP tenía la opción de obtener muchos votos, pero empezaron las muertes y de muerto en muerto nos fueron sacando", explicó.
Como concejal y político de su región, García pudo hacerse a una vivienda, una finca y un local comercial. Hoy vive como la mayoría de sobrevivientes de ese grupo político de Urabá: en la miseria que produce el desplazamiento. "Me rebusco el sustento en las construcciones y allá me pongo a jornalear", dijo García Bustamante desde su casa en el barrio La Cruz de Medellín.
En la memoria de este dirigente están las muertes y desapariciones de cientos de compañeros o personas que simplemente eran vecinas o conocidas de integrantes de la UP. "Me fui de Urabá en junio de 1996. No tenía otra opción. Los muertos eran todos los días, sobre todo en Currulao, Turbo, donde yo vivía".
En ese corregimiento se registraron, entre otras, dos graves masacres: la de Pueblo Galleta, en 1996, en la que fueron torturados y asesinados siete campesinos y la de la vereda Caraballo, donde fueron asesinados más de 20.
La otra cara
Hoy, 11 años después y en momentos en que cursa una demanda contra el Estado colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no hay condenas por las muertes de los miembros de la Unión Patriótica y algunos del Partido Comunista en Urabá. "No sería justo que el exterminio de la Unión Patriótica termine en una condena máxima de ocho años de prisión para los ex jefes paramilitares que reconozcan esos crímenes", indicó el ex alcalde de Mutatá, Belarmino Salinas.
HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP.Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a Urabá. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes. Por eso, comentó, muchas personas fueron sacadas de sus casas y posteriormente ejecutadas en las carreteras o en zonas rurales. Para tal fin contaban con unas camionetas en las que recogían la gente para llevarlas a un sitio conocido como el matadero. Lo hacían en una camioneta Luv blanca, un Renault café y un campero Suzuki blanco, carpado. "La mayoría de los cuerpos fueron arrojados en la finca Condesa, Apartadó, o en la Curva del Diablo". Aún no aparecen muchos de esos cadáveres y según HH el número de desaparecidos puede llegar a 400 porque aparte de los de la UP también hubo sindicalistas y personas del común asesinadas por equivocación.
El testimonio de HH abrirá un nuevo capítulo en el que seguramente Colombia verá con horror los niveles de crueldad a los que llegaron los líderes de las Auc en su afán de adueñarse de los antiguos dominios de la guerrilla. Ahora sólo falta que este importante jefe paramilitar señale con nombres propios a quienes dieron la orden de exterminar sin piedad a la UP.
AIDA ABELLA Y HH COINCIDEN
En octubre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el testimonio de Aída Abella, ex presidenta de la Unión Patriótica entre 1990 y 1996, quien fue forzada por los paramilitares a abandonar el país.
La dirigente sindical narró la forma como muchos miembros de la UP fueron perseguidos, hostigados y asesinados por autodefensas que según ella actuaron a sus anchas con la complicidad de militares, ganaderos y empresarios del banano.
Las acusaciones de Abella coinciden con la confesión de Ever Veloza, HH, quien reconoció que los escuadrones de la muerte bajo su mando se movían de una zona a otra con la complicidad de oficiales de la Brigada 17 del Ejército con sede en el municipio de Carepa, cerca de Apartadó.
Velosa agregó que los paramilitares se desplazaban armados sin que el Ejército los molestara y que miembros de la tropa les suministraban uniformes y pertrechos. Señaló en forma directa al general Rito Alejo del Río, entonces comandante militar de esa zona.
HH reveló que fueron los militares quienes les pidieron sepultar a sus víctimas para ocultar las quejas de sus superiores por el aumento de los homicidios en esa región.
La otra cara
Hoy, 11 años después y en momentos en que cursa una demanda contra el Estado colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no hay condenas por las muertes de los miembros de la Unión Patriótica y algunos del Partido Comunista en Urabá. "No sería justo que el exterminio de la Unión Patriótica termine en una condena máxima de ocho años de prisión para los ex jefes paramilitares que reconozcan esos crímenes", indicó el ex alcalde de Mutatá, Belarmino Salinas.
HH conocido también como Carepollo o Mono, dijo ante el fiscal de Justicia y Paz que si bien hubo equivocaciones y pudieron matar inocentes, los crímenes obedecieron a un plan especial para dejar a Urabá sin guerrilla y reconoció que bajo esa idea ordenó la muerte de varios simpatizantes de la UP.Por eso las autodefensas entrenaron a sus hombres en la finca El Tomate, de propiedad de Carlos Castaño, en San Pedro de Urabá, donde empezaron a llegar decenas de combatientes que tenían la misión de limpiar a Urabá. El modus operandi, sostuvo el paramilitar, era con base en los señalamientos que hicieran algunos informantes. Por eso, comentó, muchas personas fueron sacadas de sus casas y posteriormente ejecutadas en las carreteras o en zonas rurales. Para tal fin contaban con unas camionetas en las que recogían la gente para llevarlas a un sitio conocido como el matadero. Lo hacían en una camioneta Luv blanca, un Renault café y un campero Suzuki blanco, carpado. "La mayoría de los cuerpos fueron arrojados en la finca Condesa, Apartadó, o en la Curva del Diablo". Aún no aparecen muchos de esos cadáveres y según HH el número de desaparecidos puede llegar a 400 porque aparte de los de la UP también hubo sindicalistas y personas del común asesinadas por equivocación.
El testimonio de HH abrirá un nuevo capítulo en el que seguramente Colombia verá con horror los niveles de crueldad a los que llegaron los líderes de las Auc en su afán de adueñarse de los antiguos dominios de la guerrilla. Ahora sólo falta que este importante jefe paramilitar señale con nombres propios a quienes dieron la orden de exterminar sin piedad a la UP.
AIDA ABELLA Y HH COINCIDEN
En octubre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el testimonio de Aída Abella, ex presidenta de la Unión Patriótica entre 1990 y 1996, quien fue forzada por los paramilitares a abandonar el país.
La dirigente sindical narró la forma como muchos miembros de la UP fueron perseguidos, hostigados y asesinados por autodefensas que según ella actuaron a sus anchas con la complicidad de militares, ganaderos y empresarios del banano.
Las acusaciones de Abella coinciden con la confesión de Ever Veloza, HH, quien reconoció que los escuadrones de la muerte bajo su mando se movían de una zona a otra con la complicidad de oficiales de la Brigada 17 del Ejército con sede en el municipio de Carepa, cerca de Apartadó.
Velosa agregó que los paramilitares se desplazaban armados sin que el Ejército los molestara y que miembros de la tropa les suministraban uniformes y pertrechos. Señaló en forma directa al general Rito Alejo del Río, entonces comandante militar de esa zona.
HH reveló que fueron los militares quienes les pidieron sepultar a sus víctimas para ocultar las quejas de sus superiores por el aumento de los homicidios en esa región.
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