23 precandidatos o candidatos a la presidencia...y otro màs
de click aquì o sobre http://www.eltiempo.com/media/produccion/presidente2010/
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2009/05/29
2009/05/28
Mancuso: "El Gobierno se asustó porque estábamos reconstruyendo la verdad"
Entrevista exclusiva con el exjefe paramilitar de la revista Cambio,
dando clic (o doble click) aquì
o
sobre el siguiente enlace: http://www.cambio.com.co/portadacambio/830/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5289247.html
Entrevista exclusiva con el exjefe paramilitar de la revista Cambio,
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2009/05/24
CAYÓ LA CORTE CONSTITUCIONAL...OHH, Y AHORA, ¿QUIEN PODRA DEFENDERNOS?...
Una Corte con rodilleras
Por María Jimena Duzán
OPINIÓN en http://www.semana.com/noticias-opinion/corte-rodilleras/124309.aspx
En un país serio, el magistrado Pinilla y los otros tres postulados por el Presidente deberían declararse impedidos. Y si no lo hacen, ojalá sean recusados.
Jorge Pretelt, uno de los tres magistrados de la Corte Constitucional que fue ternado por el presidente Uribe, no quiso firmar la declaración de apoyo a la Corte Suprema suscrita por las Altas Cortes la semana pasada por el episodio de las interceptaciones ilegales del DAS: pudo más la lealtad a su jefe y mentor -según mis fuentes, Pretelt es un asiduo visitante de la casa de Nariño-, que su responsabilidad por defender la independencia de la justicia. Los otros dos, el magistrado Mauricio González y la magistrada María Victoria Calle, cumplen también con el perfil de Pretelt —quien también formó parte de la terna de Uribe para la elección del fiscal-: o son de la entraña del Presidente —González fue su secretario jurídico- o son cuotas políticas, como es el caso de María Victoria Calle. Estos tres magistrados no sólo le deben su puesto a Uribe, sino que son beneficiarios de la primera reelección, todos ellos fueron postulados luego de que el dueño del Ubérrimo fue reelecto y se rompió el sistema de pesos y contrapesos concebido por la Constitución del 91, el cual establecía para el Presidente períodos de cuatro años, y para los magistrados de las Cortes, de ocho. Una Corte Constitucional marcada por estos episodios difícilmente puede ser una corte independiente.
Lo grave es que la autonomía de esta Corte no sólo está comprometida por cuenta de la exagerada incidencia que tiene en ella el presidente Uribe, como bien lo anotó el ex presidente Pastrana la semana pasada. También preocupan las declaraciones dadas por los magistrados que no han sido postulados por el Presidente, como sucede con Nilson Pinilla, actual presidente de la Corte Constitucional. En una entrevista concedida hace unos meses a María Isabel Rueda en El Tiempo, el magistrado sorprendió por la nueva lectura que le dio al fallo proferido por la Corte Constitucional sobre la primera reelección de Uribe, a sabiendas de que viene una segunda en camino. Según ese fallo, la reelección queda permitida por una sola vez, sobre el entendido de que más de una podría alterar el sistema de equilibrios que sustenta la Constitución y que evita la concentración del poder en la figura presidencial. "Ese es el entendido y así está en la providencia", respondió a la periodista el magistrado Pinilla. Acto seguido, nos sorprendió con esta perla "…pero ahora la reelección se busca por un mecanismo distinto, que es el del referendo", afirmó. Y como si lo anterior fuera poco, descargó esta frase de antología: "…hay que hacer un estudio muy cuidadoso a ver si más de una reelección pudiera llegar a alterar seriamente el sistema de equilibrios en los poderes públicos". En un país serio, el magistrado Pinilla y los otros tres postulados por el Presidente deberían declararse impedidos. Y si no lo hacen, ojalá sean recusados. Una tarea que bien podría ser emprendida por ese frente cívico contra la reelección que a instancias de un editorial de El Nuevo Siglo, está surgiendo teniendo como protagonista a la sociedad civil.Preocupante, eso sí, que un magistrado de la erudición que dicen tiene el doctor Pinilla no se haya dado cuenta del estado lamentable en que se encuentra el sistema de equilibrios por cuenta de la primera reelección.Pero para ver que no le tenemos ninguna inquina, vamos a ayudarle contándole algunos hechos: Resulta, doctor Nilson, que a raíz de la aprobación del articulito, el presidente Uribe ha elegido un Procurador de bolsillo que ya absolvió a sus ministros vinculados con el escándalo de la Yidis-politica; a un Contralor de bolsillo, que es tan invisible como su Defensor del Pueblo y a un Fiscal de bolsillo como Mario Iguarán que se va de su puesto dejando una estela de declaraciones altisonantes al lado de una cantidad de investigaciones sin finiquitar. Por no hablar de cómo los nuevos miembros de la Junta del Banco nombrados por este gobierno, la han convertido en una Junta cada vez más sumisa a los designios del régimen. Que usted, magistrado Pinilla, diga que nada de lo anterior es evidente no hace sino darle la razón al ex presidente Pastrana cuando afirma que estamos ante una Corte de bolsillo. Una Corte sumisa y ciega, como la que tenemos, tan hecha a la medida de las necesidades del Presidente, es el mejor escenario para avalar la entronización de un régimen autocrático y revestirlo de un ropaje aparentemente constitucional. Ojalá esta Corte reflexione y entienda que su lealtad está con la defensa de la Constitución, y no permita que un Presidente se quede indefinidamente en el poder
Una Corte con rodilleras
Por María Jimena Duzán
OPINIÓN en http://www.semana.com/noticias-opinion/corte-rodilleras/124309.aspx
En un país serio, el magistrado Pinilla y los otros tres postulados por el Presidente deberían declararse impedidos. Y si no lo hacen, ojalá sean recusados.
Jorge Pretelt, uno de los tres magistrados de la Corte Constitucional que fue ternado por el presidente Uribe, no quiso firmar la declaración de apoyo a la Corte Suprema suscrita por las Altas Cortes la semana pasada por el episodio de las interceptaciones ilegales del DAS: pudo más la lealtad a su jefe y mentor -según mis fuentes, Pretelt es un asiduo visitante de la casa de Nariño-, que su responsabilidad por defender la independencia de la justicia. Los otros dos, el magistrado Mauricio González y la magistrada María Victoria Calle, cumplen también con el perfil de Pretelt —quien también formó parte de la terna de Uribe para la elección del fiscal-: o son de la entraña del Presidente —González fue su secretario jurídico- o son cuotas políticas, como es el caso de María Victoria Calle. Estos tres magistrados no sólo le deben su puesto a Uribe, sino que son beneficiarios de la primera reelección, todos ellos fueron postulados luego de que el dueño del Ubérrimo fue reelecto y se rompió el sistema de pesos y contrapesos concebido por la Constitución del 91, el cual establecía para el Presidente períodos de cuatro años, y para los magistrados de las Cortes, de ocho. Una Corte Constitucional marcada por estos episodios difícilmente puede ser una corte independiente.
Lo grave es que la autonomía de esta Corte no sólo está comprometida por cuenta de la exagerada incidencia que tiene en ella el presidente Uribe, como bien lo anotó el ex presidente Pastrana la semana pasada. También preocupan las declaraciones dadas por los magistrados que no han sido postulados por el Presidente, como sucede con Nilson Pinilla, actual presidente de la Corte Constitucional. En una entrevista concedida hace unos meses a María Isabel Rueda en El Tiempo, el magistrado sorprendió por la nueva lectura que le dio al fallo proferido por la Corte Constitucional sobre la primera reelección de Uribe, a sabiendas de que viene una segunda en camino. Según ese fallo, la reelección queda permitida por una sola vez, sobre el entendido de que más de una podría alterar el sistema de equilibrios que sustenta la Constitución y que evita la concentración del poder en la figura presidencial. "Ese es el entendido y así está en la providencia", respondió a la periodista el magistrado Pinilla. Acto seguido, nos sorprendió con esta perla "…pero ahora la reelección se busca por un mecanismo distinto, que es el del referendo", afirmó. Y como si lo anterior fuera poco, descargó esta frase de antología: "…hay que hacer un estudio muy cuidadoso a ver si más de una reelección pudiera llegar a alterar seriamente el sistema de equilibrios en los poderes públicos". En un país serio, el magistrado Pinilla y los otros tres postulados por el Presidente deberían declararse impedidos. Y si no lo hacen, ojalá sean recusados. Una tarea que bien podría ser emprendida por ese frente cívico contra la reelección que a instancias de un editorial de El Nuevo Siglo, está surgiendo teniendo como protagonista a la sociedad civil.Preocupante, eso sí, que un magistrado de la erudición que dicen tiene el doctor Pinilla no se haya dado cuenta del estado lamentable en que se encuentra el sistema de equilibrios por cuenta de la primera reelección.Pero para ver que no le tenemos ninguna inquina, vamos a ayudarle contándole algunos hechos: Resulta, doctor Nilson, que a raíz de la aprobación del articulito, el presidente Uribe ha elegido un Procurador de bolsillo que ya absolvió a sus ministros vinculados con el escándalo de la Yidis-politica; a un Contralor de bolsillo, que es tan invisible como su Defensor del Pueblo y a un Fiscal de bolsillo como Mario Iguarán que se va de su puesto dejando una estela de declaraciones altisonantes al lado de una cantidad de investigaciones sin finiquitar. Por no hablar de cómo los nuevos miembros de la Junta del Banco nombrados por este gobierno, la han convertido en una Junta cada vez más sumisa a los designios del régimen. Que usted, magistrado Pinilla, diga que nada de lo anterior es evidente no hace sino darle la razón al ex presidente Pastrana cuando afirma que estamos ante una Corte de bolsillo. Una Corte sumisa y ciega, como la que tenemos, tan hecha a la medida de las necesidades del Presidente, es el mejor escenario para avalar la entronización de un régimen autocrático y revestirlo de un ropaje aparentemente constitucional. Ojalá esta Corte reflexione y entienda que su lealtad está con la defensa de la Constitución, y no permita que un Presidente se quede indefinidamente en el poder
Un académico de la calleen http://www.eldiario.com.co/seccion/PERSONAJE/un-acad-mico-de-la-calle090523.html foto de dicha página.
Domingo 24 de Mayo del 2009.
PERSONAJE por Marco A. Pérez
Pocas personas en la región han tenido coherencia a lo largo de los últimos años en los temas de violencia, paz y derechos humanos; y más pocos todavía emergidos de los claustros académicos para llegar a la realidad práctica de una sociedad en conflicto como la nuestra, como es el caso del licenciado en ciencias sociales y máster en historia, Orlando Parra.Conocimientos y experiencias que ha consignado en varios textos de investigación, el último de ellos titulado “Abordando las violencias: para construir las diversas formas de paz, desde el desarrollo humano”, un trabajo de investigación rDealizado en conjunto con la Universidad Católica Popular de Risaralda, y que reúne además las conclusiones sobre los trabajos de violencia urbana en Pereira en los últimos 20 años.
¿De dónde nacen esas pasiones, ese interés por estos temas de ciudad y violencia? - Es una vena social que tengo desde los 13 ó 14 años, hice parte de la Asociación de pioneros José Antonio Galán, hice parte de la Federación de Estudiantes de Secundaria de Risaralda y luego paulatinamente me he ido metiendo en el tema de la violencia, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de lo cívico.
¿En su reciente texto de investigación cuáles son los antecedentes, cuál es el diagnóstico, qué es lo que se ve de la ciudad de Pereira? - Abordando las Violencias es la sumatoria de las tres tesis de los títulos en licenciatura y maestrías en historia que he cursado, porque las tres tesis han estado relacionadas con el tema de la violencia. Es la suma con el todo conocimiento que trae la Universidad Católica en el tema del desarrollo humano, el texto es la madre de lo que va a ser el Centro por el Desarrollo Humano y la Paz que recién se ha creado en la Universidad. El diagnóstico en términos muy sencillos es que la ciudad requiere actuar en dos frentes, un frente de inteligencia policial, que sea capaz de actuar sobre una serie de actores bastante organizados que afectan y cunden en los diversos niveles de violencia y un frente ya mucho más masivo, mucho más extendido a través de los medios de comunicación que sea capaz de impactar la cultura de la violencia y la cultura de la convivencia con la violencia que se ha ido creando no solo en Pereira sino en Colombia y que tiene que trabajarse casi que desde el vientre materno pasando por la juventud y pasando por los adultos hasta llegar a los viejos. Prácticamente hay que permear a toda la sociedad con un discurso que construya paulatinamente una resistencia a la resolución no pacífica de los conflictos y que se entienda que los conflictos humanos son absolutamente normales y que simplemente hay que tratar de resolverlos por las buenas.
¿Ha mejorado la ciudad en ese aspecto en los últimos años? - No. Pienso que la ciudad no mejora porque desafortunadamente los factores fundamentales de la violencia siguen ahí presentes, yo comparto la posición de la Asamblea Departamental donde ellos dicen que el tema del narcotráfico aviva esta situación permanentemente, el tema del ajuste de cuentas, es permanente, el tema de la resolución de conflictos que se originan en Cali, o en Medellín o en Bogotá, y finalmente son resueltos acá en forma violenta, permean la situación, desafortunadamente no hemos sido capaces de entender, de llegar a un esquema como el que se trabajó en un momento determinado y se llegó en Nueva York, o en otras ciudades del mundo como es el de cero tolerancia frente al tema de la violencia, seguimos siendo supremamente permisivos, seguimos siendo supremamente permisivos con la violencia, y en esa medida los violentos seguirán actuando en la ciudad porque sienten que la ciudad simplemente les permite y convalida sus actuaciones.
¿En ese tema se han rajado las administraciones anteriores, y la actual? - En ese tema no se han rajado las administraciones, se ha rajado Pereira entera, o sea no es tanto el Estado, nos hemos rajado nosotros como sociedad; la sociedad pereirana no tiene una actitud clara y permanente frente al tema de la violencia y en esa medida las administraciones pueden tener intereses pero finalmente terminan quedándose solas, de todas maneras la ciudad requiere fácilmente desde hace 17 ó 20 años una política permanente de Estado frente al tema de la violencia porque la ciudad lo amerita. La ciudad desde los años 90 no deja de ser una de las 5 ciudades más violentas de Colombia, y es increíble que esta ciudad no se dé cuenta de eso, que hemos estado casi que en los 5 primeros lugares de violencia de Colombia, uno de los países más violentos del mundo, entonces hay una actitud que solamente se rompe en la medida en que toda nuestra sociedad sea capaz de ponerle freno a esos procesos violentos que definitivamente están por fuera de la pobreza o de la miseria y que están más asociados es al tema del narcotráfico, y el tema de profundas diferencias sociales que se alimentan en la ciudad muchas veces asociadas al tema de riqueza no bien habida.
¿ Con ese análisis hay posibilidad de salir o seguimos metidos en el túnel? - La última propuesta que he hecho, desde mi posición de dirigente cívico, es que la ciudad necesita de una asamblea municipal constituyente, que esa constituyente reúna todos los actores sociales, económicos, políticos, culturales y en general a todas las personas en sus diferentes estratos sociales de tal manera que la ciudad sea capaz de mirarse a sí misma y que la ciudad no es solo el tema del Aeropuerto, del centro o una serie de temas coyunturales, sino que la ciudad necesita mirarse a sí misma para de manera conjunta trazarse un plan a 10, 15, 20 años que le permita superar ese tipo de problemas y que nos permita ir saliendo de un estado de postración frente a la violencia que nos ha permeado fácilmente por 20 años.
¿Cómo un académico en estos temas tan coyunturales, como cultura ciudadana, sociología y violencia los convierte en realidades y los aplica a la sociedad? - Pues a los académicos se les critica el que se quedan en la teoría y pocas veces abordan la práctica, a otros se les critica que muchas veces se quedan en la práctica y pocas veces teorizan al respecto, yo he tenido la ventaja en mi formación de combinar la teoría con la práctica, y la práctica con la teoría y en esa medida hemos logrado liderar procesos sociales y cívicos en la ciudad, donde se combina en gran medida el conocimiento académico alcanzado con las necesidades prácticas que tiene las sociedades de resolver sus problemas, ha sido un camino que estamos transitando y que seguramente en el futuro continuaremos con el mismo.
¿De esas movilizaciones cívicas ciudadanas cuál es la que más recuerda? - Pienso que lo más grande que se ha hecho en esta ciudad en los últimos años, a nivel de lo cívico, fue Pereiranos por la Paz, porque logró reunir los líderes empresariales, los medios de comunicación, las iglesias, el Estado, las comunidades y la academia, y se logra construir un esquema de lobby a nivel nacional que en un momento determinado logra, por ejemplo, la instalación de las cámaras en la ciudad, logra la construcción del cuartel enorme de la Policía en la Avenida Sur, logra congelar y en un momento determinado bajar el nivel de homicidios, pero lo que había fundamentalmente era una gran movilización ciudadana, que permitía que el Estado no se quedara solo en esas tareas sino que pudiera tener el acompañamiento de la sociedad civil. Nosotros en Pereira hemos perdido mucho ese talante cívico, pero de todas maneras lo que uno siente es que cuando emergen líderes como monseñor Fabio Suescún, o como buena parte de la dirigencia gremial que hay hoy en día en la ciudad, o el mismo Alcalde con su talante de concertación, ese sentimiento cívico emerge y simplemente se trata es de promoverlo.
¿Para qué sirve la historia estudiada académicamente? La historia sirve esencialmente para aprender los errores y los aciertos, la ciudad necesita esa historia, la ciudad necesita por ejemplo, entender los aciertos y desaciertos en el manejo de la violencia, en el manejo del espacio público, en las profundas diferencias sociales que tiene la ciudad, para determinar en qué hemos acertado y en qué hemos desacertado.
¿Cómo ve hoy a Pereira desde todo el proceso de desarrollo? - La ciudad está en un momento de coyuntura muy complejo, la ciudad está dejando de ser un pueblo y se está convirtiendo en una metrópoli, eso nos mete en un reto muy complejo porque como ha sucedido en todas las grandes ciudades del mundo, si nuestra sociedad no sabe dar ese paso, esto terminará siendo una urbe con todos los problemas que tienen las ciudades que pasan de un millón y medio de habitantes, y en esa medida este es el momento de la coyuntura, es el momento de las decisiones, si sabemos actuar como sociedad vamos a enfrentar el futuro con más responsabilidad de todo tipos, pero si no sabemos ponernos de acuerdo para dónde va la ciudad, el futuro nuestro no es el mejor, como no es el mejor futuro de todas las ciudades que no han sabido afrontar el reto.
Formación Académica y experiencia:
Pereirano de nacimiento e hijo de la educación pública, como él mismo lo dice. Licenciado en Ciencias Sociales, especialización en Historia Contemporánea y Desarrollo Regional en al año 2001 y la maestría en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana en 2007. Como estudiante de “Historia Universal” vivió la caída del Muro de Berlín en la Europa Oriental, posteriormente vivió en el Uruguay que emergía de las dictaduras militares. Ello, dice, le ha facilitado tener una mente abierta frente a todas las situaciones sociopolíticas y ser amigo personal de líderes de diversos partidos políticos. Fundó la Oficina para la Juventud en la Alcaldía de Pereira en 1993. Ha sido docente universitario durante más de 10 años en diversas ciudades del país. Columnista intermitente de los tres diarios locales desde 1991. Actualmente es asistente de la Rectoría de la Universidad Católica Popular de Risaralda, Ucpr y coordinador del recién formado Centro por el Desarrollo Humano y la Paz, Cedhupaz, de dicha universidad pereirana.
2009/05/19
La Corte Suprema pide que venga el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, Leandro Despouy.
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La libertad de discrepar
Javier Darío Restrepo
jrestrep1@cable.net.co
-
A pesar de la realidad nuestra de cada día, no se habló de la libertad de discrepar el domingo pasado...
Hizo falta proclamar que discrepar de un gobierno no convierte a una persona en terrorista, ni en cómplice de las Farc, ni en enemigo del presidente o de sus fervientes seguidores. Que la discrepancia del opositor es mirar los hechos y las personas desde un ángulo y con unos datos distintos de los que suelen manejar los de su partido; y advertir que decirlo es un deber de conciencia.
Por eso, pretender que una posición de oposición es, per se, algo contrario a la ética es, además de un exabrupto, mala fe, o incapacidad para entrar en la significación de lo ético. Pero es otro de los recursos para limitar la libertad de opinión.
Las solas proposiciones que resultan de esa afirmación asombran: si no es ético denunciar la peligrosa concentración de poderes en una persona, o la campaña política y de descalificación intencionada de la Corte, o el apoyo a la parte más corrupta del Congreso para preservar unos votos, si afirmar esto no es ético, ¿qué es lo ético? ¿Afirmar contra toda evidencia que no pasa nada, que los 81 congresistas investigados o procesados penalmente por parapolítica son solo escándalo de la oposición que también podría ser procesada por farcpolítica? ¿Lo ético sería silenciar los falsos positivos, la corrupción en el DAS, la corrupción electoral, los negocios en la familia presidencial?
Esa información, admito, sería antiética si fueran simples rumores, afirmaciones sin sustento, maledicencia política. Pero son hechos que uno no podría negar aunque quisiera. Negarlos implicaría complicidad y sobre todo irresponsabilidad profesional del periodista. Porque el periodista está para mostrar los hechos que afectan o afectarán los intereses de todos.
Cuando se trata de presionar físicamente al periodista para que no cumpla con ese deber, o cuando se lo presiona moralmente con acusaciones sin fundamento que minan su autoridad moral, se atenta contra esa libertad, necesaria para que la sociedad pueda avanzar con los ojos abiertos.
Esa libertad, no la concede nadie. La pueden interferir y obstruir desde fuera, gobernantes, calumniadores, sicarios, intimidadores, pero ninguno de ellos la da o la quita porque la libertad tiene su origen y su sustento en los actos de decisión de cada persona. En el peor de los casos la agresión moral o física amedrentan o silencian.
En el mejor, robustecen la decisión de cumplir con el deber, a pesar de todo. Porque es un deber, no un capricho.
La sociedad avanzaría a ciegas si no existieran esos eternos buscadores y testigos de los hechos.
La jornada del 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, se sintió en Colombia como una llamada oportuna, porque la libertad de discrepar no es una garantía gremial, ni personal de los periodistas, es una condición necesaria para que la sociedad pueda conservar la esperanza.
Saber que a pesar de todo hay alguien que ayuda a conocer y entender la complejidad de lo que pasa, a pesar de los engaños de la propaganda y de la maquinaria publicitaria del poder, es como descubrir una luz en lo oscuro.
Cuando la sociedad tiene ese servicio, la esperanza es posible. Entre la confusión, la mentira, el odio y los engaños crece, en cambio, la desesperanza. Necesitamos la libertad de discrepar para defender las demás libertades.
Medellín, Publicado el 7 de mayo de 2009 en
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_libertad_de_discrepar/la_libertad_de_discrepar.asp
Javier Darío Restrepo
jrestrep1@cable.net.co
-
A pesar de la realidad nuestra de cada día, no se habló de la libertad de discrepar el domingo pasado...
Hizo falta proclamar que discrepar de un gobierno no convierte a una persona en terrorista, ni en cómplice de las Farc, ni en enemigo del presidente o de sus fervientes seguidores. Que la discrepancia del opositor es mirar los hechos y las personas desde un ángulo y con unos datos distintos de los que suelen manejar los de su partido; y advertir que decirlo es un deber de conciencia.
Por eso, pretender que una posición de oposición es, per se, algo contrario a la ética es, además de un exabrupto, mala fe, o incapacidad para entrar en la significación de lo ético. Pero es otro de los recursos para limitar la libertad de opinión.
Las solas proposiciones que resultan de esa afirmación asombran: si no es ético denunciar la peligrosa concentración de poderes en una persona, o la campaña política y de descalificación intencionada de la Corte, o el apoyo a la parte más corrupta del Congreso para preservar unos votos, si afirmar esto no es ético, ¿qué es lo ético? ¿Afirmar contra toda evidencia que no pasa nada, que los 81 congresistas investigados o procesados penalmente por parapolítica son solo escándalo de la oposición que también podría ser procesada por farcpolítica? ¿Lo ético sería silenciar los falsos positivos, la corrupción en el DAS, la corrupción electoral, los negocios en la familia presidencial?
Esa información, admito, sería antiética si fueran simples rumores, afirmaciones sin sustento, maledicencia política. Pero son hechos que uno no podría negar aunque quisiera. Negarlos implicaría complicidad y sobre todo irresponsabilidad profesional del periodista. Porque el periodista está para mostrar los hechos que afectan o afectarán los intereses de todos.
Cuando se trata de presionar físicamente al periodista para que no cumpla con ese deber, o cuando se lo presiona moralmente con acusaciones sin fundamento que minan su autoridad moral, se atenta contra esa libertad, necesaria para que la sociedad pueda avanzar con los ojos abiertos.
Esa libertad, no la concede nadie. La pueden interferir y obstruir desde fuera, gobernantes, calumniadores, sicarios, intimidadores, pero ninguno de ellos la da o la quita porque la libertad tiene su origen y su sustento en los actos de decisión de cada persona. En el peor de los casos la agresión moral o física amedrentan o silencian.
En el mejor, robustecen la decisión de cumplir con el deber, a pesar de todo. Porque es un deber, no un capricho.
La sociedad avanzaría a ciegas si no existieran esos eternos buscadores y testigos de los hechos.
La jornada del 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, se sintió en Colombia como una llamada oportuna, porque la libertad de discrepar no es una garantía gremial, ni personal de los periodistas, es una condición necesaria para que la sociedad pueda conservar la esperanza.
Saber que a pesar de todo hay alguien que ayuda a conocer y entender la complejidad de lo que pasa, a pesar de los engaños de la propaganda y de la maquinaria publicitaria del poder, es como descubrir una luz en lo oscuro.
Cuando la sociedad tiene ese servicio, la esperanza es posible. Entre la confusión, la mentira, el odio y los engaños crece, en cambio, la desesperanza. Necesitamos la libertad de discrepar para defender las demás libertades.
Medellín, Publicado el 7 de mayo de 2009 en
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_libertad_de_discrepar/la_libertad_de_discrepar.asp
Sobre la salida de Javier Darío Restrepo de ‘El Colombiano’Comunicado de la FLIP: http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=366
Ayer en su columna semanal el periodista Javier Darío Restrepo anunció su salida del diario ‘El Colombiano’, de Medellín. Después de 17 años de escribir para ese medio de comunicación, la dirección le notificó la decisión argumentando que se trataba de una reorganización en las páginas de opinión. Para el periodista, esto se debe a que su ''visión de los hechos políticos'' no coincide con la del periódico.La FLIP consultó a Restrepo, quien manifestó que desde hacía un tiempo venía haciendo críticas a la gestión del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y expresando su preocupación por la concentración de poder que implicaría una segunda reelección. Esta posición fue recogida en su penúltima columna, ‘Libertad de discrepar’: ''Hizo falta proclamar que discrepar de un gobierno no convierte a una persona en terrorista, ni en cómplice de las FARC, ni en enemigo del presidente o de sus fervientes seguidores'', afirmó haciendo alusión a las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa.En conversación con Radio Nacional de Colombia, Francisco Jaramillo, jefe de la página de Opinión de ‘El Colombiano’, afirmó que la salida de Javier Darío Restrepo se debió a un proceso normal de renovación de los columnistas de opinión que se viene dando desde hace tres años: ''Hace dos años cambiamos 27 columnistas; el año pasado, 21, y éste, doce''. Añadió que el periódico preserva todas las tendencias políticas, aun aquellas que están en desacuerdo con el gobierno.Javier Darío Restrepo es autor de libros de periodismo y ética periodística; maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano; miembro de Medios para la Paz, y fundador e integrante del consejo directivo de la FLIP.* * *La Fundación para la Libertad de Prensa reconoce y defiende la autonomía que tienen los medios de comunicación de seleccionar o despedir periodistas, columnistas o colaboradores, en los términos que lo contempla la ley. Este derecho está igualmente protegido por la libertad de expresión y el derecho a la información. No obstante, manifiesta su preocupación por el hecho de que estas decisiones puedan tener como propósito silenciar perspectivas críticas, diferentes o en contravía de la opinión mayoritaria. En la coyuntura actual de polarización y radicalismos, la democracia colombiana requiere más – y no menos – voces reflexivas como la del maestro Javier Darío Restrepo.
Ayer en su columna semanal el periodista Javier Darío Restrepo anunció su salida del diario ‘El Colombiano’, de Medellín. Después de 17 años de escribir para ese medio de comunicación, la dirección le notificó la decisión argumentando que se trataba de una reorganización en las páginas de opinión. Para el periodista, esto se debe a que su ''visión de los hechos políticos'' no coincide con la del periódico.La FLIP consultó a Restrepo, quien manifestó que desde hacía un tiempo venía haciendo críticas a la gestión del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y expresando su preocupación por la concentración de poder que implicaría una segunda reelección. Esta posición fue recogida en su penúltima columna, ‘Libertad de discrepar’: ''Hizo falta proclamar que discrepar de un gobierno no convierte a una persona en terrorista, ni en cómplice de las FARC, ni en enemigo del presidente o de sus fervientes seguidores'', afirmó haciendo alusión a las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa.En conversación con Radio Nacional de Colombia, Francisco Jaramillo, jefe de la página de Opinión de ‘El Colombiano’, afirmó que la salida de Javier Darío Restrepo se debió a un proceso normal de renovación de los columnistas de opinión que se viene dando desde hace tres años: ''Hace dos años cambiamos 27 columnistas; el año pasado, 21, y éste, doce''. Añadió que el periódico preserva todas las tendencias políticas, aun aquellas que están en desacuerdo con el gobierno.Javier Darío Restrepo es autor de libros de periodismo y ética periodística; maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano; miembro de Medios para la Paz, y fundador e integrante del consejo directivo de la FLIP.* * *La Fundación para la Libertad de Prensa reconoce y defiende la autonomía que tienen los medios de comunicación de seleccionar o despedir periodistas, columnistas o colaboradores, en los términos que lo contempla la ley. Este derecho está igualmente protegido por la libertad de expresión y el derecho a la información. No obstante, manifiesta su preocupación por el hecho de que estas decisiones puedan tener como propósito silenciar perspectivas críticas, diferentes o en contravía de la opinión mayoritaria. En la coyuntura actual de polarización y radicalismos, la democracia colombiana requiere más – y no menos – voces reflexivas como la del maestro Javier Darío Restrepo.
2009/05/15
THE ECONOMIST+Uribe se acerca a la autocracia +traducción.
Reelección presidencial en Colombia
Uribe se acerca a la autocracia
14 de mayo de 2009 BOGOTÁ
De The Economist edición impresa (http://ciberplural.blogspot.com/2009/05/presidential-re-election-in-colombia.html)
Un presidente popular parece estar dirigiéndose hacia un tercer mandato, a pesar del daño que haría a la democracia
Una vez que un país con una sana, incluso exagerada, desconfianza del poder ejecutivo, Colombia está al borde de permitir que Álvaro Uribe de buscar un tercer mandato consecutivo sin precedentes, como presidente. En el Senado se dará una votación el 19 de mayo sobre un proyecto de ley para convocar un referéndum sobre el cambio en la constitución. Una vez que el texto se ha conciliado con una versión ya aprobada por la cámara baja, que sería examinado por el Tribunal Constitucional, y se podría poner a disposición del pueblo en noviembre.
El Sr. Uribe aún no ha dicho si tiene la intención de ejecutar en la elección en mayo de 2010, pero él no ha hecho nada para desalentar la idea. Si se trata de un candidato, sobre las tendencias actúale, ganará. Sin embargo, algunos influyentes colombianos y foráneos creen un tercer mandato sería un enorme error tanto para el Sr. Uribe como para su país.
Muchos colombianos dan crédito al señor Uribe con la transformación de su patria de casi un estado fallido a uno boyante, así todavía sea violento. Con su gratitud ganó un segundo mandato en 2006, después de que la constitución fué modificada para permitir un segundo mandato consecutivo. Después de siete años en el cargo, él todavía disfruta de una aprobación del 71%, según Invamer-Gallup, un encuestador. En una encuesta de este mes, el 59% dijo que votaría en el referéndum, de los cuales el 84% dijeron que el Sr. Uribe tiene el derecho a correr de nuevo.
El presidente ha dicho que su principal preocupación es la continuación de su "seguridad democrática" políticas, que han reducido la violencia, el debilitamiento de las guerrillas izquierdistas y muchos desmovilizados paramilitares de derecha. Pero al mismo tiempo sugirió que sólo él puede asegurar que este progreso continuará: "perpetuarme en la Presidencia me trae problemas, pero no puedo ser políticamente irresponsable", declaró.
Algunos de los que se oponen a un tercer mandato han estado entre los colaboradores más cercanos al Sr. Uribe. Entre ellas se incluyen Fabio Echeverri, quien dirigió sus dos campañas presidenciales. Hay algunas dudas entre los legisladores: el Senado aplazó la votación de esta semana, aunque el principal escollo que tienen son las demandas de favores políticos.
"No a la reelección", afirmó a SEMANA, el principal semanario de Colombia (que por lo general ha sido crítico con el presidente), en su portada ésta semana. Su principal argumento fue que los controles y equilibrios en la Constitución están diseñados para un período de cuatro años de mandato presidencial y que la erosión de la separación de poderes en virtud del señor Uribe, se vería agravada por un tercer mandato.
Tales preocupaciones son mayores porque el gobierno del Sr. Uribe no ha estado exento de abusos y escándalos. Estos incluyen que el ejército asesina a civiles inocentes y disfraza sus cadáveres como guerrilleros muertos en combate. Esto impulsó al gobierno a sacar 30 oficiales el pasado mes de octubre, tres de ellos generales. Hasta el momento 22 soldados, entre ellos tres coroneles, han sido detenidos por estos delitos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el año pasado se quejó de la "generalizada y sistemática" práctica de asesinatos de civiles por el ejército. Fiscales en la Fiscalía General de la Nación están investigando 1.296 denuncias desde el año 2002 como tal.
El gobierno insiste en que se ha comprometido a poner fin y castigar esos abusos, que dice son aislados. Sin embargo, sus aliados en el extranjero parecen ser cada vez más escépticos. El Señor Uribe ha disfrutado de una estrecha amistad con George Bush. Los demócratas que controlan el Congreso de los Estados Unidos han pospuesto la ratificación de un acuerdo de libre comercio con Colombia, aparentemente a causa de su preocupaciones acerca de los asesinatos de sindicalistas. En marzo Gran Bretaña anunció que estaba poniendo fin a un esquema en el que soldados colombianos recibían entrenamiento en los derechos humanos (aunque se da el mantenimiento de la ayuda contra las drogas y dinero a los grupos cívicos y el poder judicial). David Miliband, el Secretario de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación de que "hay oficiales y soldados de las fuerzas armadas colombianas que han participado en, o permitido, los abusos."
Otra herida abierta implica el servicio de inteligencia civil, conocida como DAS. Tres directores de este organismo, cada uno elegido por el señor Uribe, están siendo interrogados por los fiscales respecto a las reclamaciones que el DAS ilegalmente a espiado políticos de la oposición, periodistas y jueces de la Corte Suprema. El 8 de mayo el primero de las tres, Jorge Noguera, fue acusado de conspiración y asesinato. Está acusado de connivencia con los paramilitares y ayudar a planificar el asesinato de un académico, un periodista, un líder sindical y político.
El Señor Uribe dentro de poco tiene la oportunidad de proponer un nuevo fiscal general, que los críticos se preocupan pues puede ser menos celoso que Mario Iguarán. En un tercer mandato, el presidente podría llenar el Tribunal Constitucional con sus candidatos. Altos nombramientos judiciales debe ser ratificado por el Congreso, pero el presidente ha gozado de una cómoda mayoría legislativa.
Un segundo argumento en manos de los opositores de un tercer mandato es que las prioridades nacionales han cambiado. Encuestas encuentran que la economía encabeza la seguridad como una preocupación pública. Que es en parte un homenaje al Sr. Uribe por el éxito, y en parte una consecuencia de la recogida de la recesión. En tercer lugar, el Sr. Uribe puede agravar una preocupante tendencia regional. En Venezuela, Hugo Chávez recientemente ganó un referéndum para la supresión de los límites de término por acosar a los opositores.
Suponiendo que el Sr. Uribe no es simplemente el farol, y que sus partidarios en el Senado no tiene segundos pensamientos, ¿que realmente ganaría él? Un deterioro de la economía es probablemente la mayor amenaza para un tercer mandato. Sin embargo, Michael Shifter del Diálogo Interamericano, un think-tank de Washington, dice que porque él es visto como un " presidente para la crisis ", esto podría incluso ayudarlo.
Hay otros candidatos fuertes. Juan Manuel Santos, el ministro de defensa, se espera que renunciará antes de inhabilitarse, aunque dice que no lo hará contra el Sr. Uribe. Otro competidor es Sergio Fajardo, un independiente que fue un reformador alcalde de Medellín, la segunda ciudad de Colombia.
En caso de que no salga de él, mientras que todavía está por verse, la historia puede juzgar que el Sr. Uribe comenzó a deshacer su propio progreso.
TRADUCCION BASE DESDE http://translate.google.com/
Reelección presidencial en Colombia
Uribe se acerca a la autocracia
14 de mayo de 2009 BOGOTÁ
De The Economist edición impresa (http://ciberplural.blogspot.com/2009/05/presidential-re-election-in-colombia.html)
Un presidente popular parece estar dirigiéndose hacia un tercer mandato, a pesar del daño que haría a la democracia
Una vez que un país con una sana, incluso exagerada, desconfianza del poder ejecutivo, Colombia está al borde de permitir que Álvaro Uribe de buscar un tercer mandato consecutivo sin precedentes, como presidente. En el Senado se dará una votación el 19 de mayo sobre un proyecto de ley para convocar un referéndum sobre el cambio en la constitución. Una vez que el texto se ha conciliado con una versión ya aprobada por la cámara baja, que sería examinado por el Tribunal Constitucional, y se podría poner a disposición del pueblo en noviembre.
El Sr. Uribe aún no ha dicho si tiene la intención de ejecutar en la elección en mayo de 2010, pero él no ha hecho nada para desalentar la idea. Si se trata de un candidato, sobre las tendencias actúale, ganará. Sin embargo, algunos influyentes colombianos y foráneos creen un tercer mandato sería un enorme error tanto para el Sr. Uribe como para su país.
Muchos colombianos dan crédito al señor Uribe con la transformación de su patria de casi un estado fallido a uno boyante, así todavía sea violento. Con su gratitud ganó un segundo mandato en 2006, después de que la constitución fué modificada para permitir un segundo mandato consecutivo. Después de siete años en el cargo, él todavía disfruta de una aprobación del 71%, según Invamer-Gallup, un encuestador. En una encuesta de este mes, el 59% dijo que votaría en el referéndum, de los cuales el 84% dijeron que el Sr. Uribe tiene el derecho a correr de nuevo.
El presidente ha dicho que su principal preocupación es la continuación de su "seguridad democrática" políticas, que han reducido la violencia, el debilitamiento de las guerrillas izquierdistas y muchos desmovilizados paramilitares de derecha. Pero al mismo tiempo sugirió que sólo él puede asegurar que este progreso continuará: "perpetuarme en la Presidencia me trae problemas, pero no puedo ser políticamente irresponsable", declaró.
Algunos de los que se oponen a un tercer mandato han estado entre los colaboradores más cercanos al Sr. Uribe. Entre ellas se incluyen Fabio Echeverri, quien dirigió sus dos campañas presidenciales. Hay algunas dudas entre los legisladores: el Senado aplazó la votación de esta semana, aunque el principal escollo que tienen son las demandas de favores políticos.
"No a la reelección", afirmó a SEMANA, el principal semanario de Colombia (que por lo general ha sido crítico con el presidente), en su portada ésta semana. Su principal argumento fue que los controles y equilibrios en la Constitución están diseñados para un período de cuatro años de mandato presidencial y que la erosión de la separación de poderes en virtud del señor Uribe, se vería agravada por un tercer mandato.
Tales preocupaciones son mayores porque el gobierno del Sr. Uribe no ha estado exento de abusos y escándalos. Estos incluyen que el ejército asesina a civiles inocentes y disfraza sus cadáveres como guerrilleros muertos en combate. Esto impulsó al gobierno a sacar 30 oficiales el pasado mes de octubre, tres de ellos generales. Hasta el momento 22 soldados, entre ellos tres coroneles, han sido detenidos por estos delitos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el año pasado se quejó de la "generalizada y sistemática" práctica de asesinatos de civiles por el ejército. Fiscales en la Fiscalía General de la Nación están investigando 1.296 denuncias desde el año 2002 como tal.
El gobierno insiste en que se ha comprometido a poner fin y castigar esos abusos, que dice son aislados. Sin embargo, sus aliados en el extranjero parecen ser cada vez más escépticos. El Señor Uribe ha disfrutado de una estrecha amistad con George Bush. Los demócratas que controlan el Congreso de los Estados Unidos han pospuesto la ratificación de un acuerdo de libre comercio con Colombia, aparentemente a causa de su preocupaciones acerca de los asesinatos de sindicalistas. En marzo Gran Bretaña anunció que estaba poniendo fin a un esquema en el que soldados colombianos recibían entrenamiento en los derechos humanos (aunque se da el mantenimiento de la ayuda contra las drogas y dinero a los grupos cívicos y el poder judicial). David Miliband, el Secretario de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación de que "hay oficiales y soldados de las fuerzas armadas colombianas que han participado en, o permitido, los abusos."
Otra herida abierta implica el servicio de inteligencia civil, conocida como DAS. Tres directores de este organismo, cada uno elegido por el señor Uribe, están siendo interrogados por los fiscales respecto a las reclamaciones que el DAS ilegalmente a espiado políticos de la oposición, periodistas y jueces de la Corte Suprema. El 8 de mayo el primero de las tres, Jorge Noguera, fue acusado de conspiración y asesinato. Está acusado de connivencia con los paramilitares y ayudar a planificar el asesinato de un académico, un periodista, un líder sindical y político.
El Señor Uribe dentro de poco tiene la oportunidad de proponer un nuevo fiscal general, que los críticos se preocupan pues puede ser menos celoso que Mario Iguarán. En un tercer mandato, el presidente podría llenar el Tribunal Constitucional con sus candidatos. Altos nombramientos judiciales debe ser ratificado por el Congreso, pero el presidente ha gozado de una cómoda mayoría legislativa.
Un segundo argumento en manos de los opositores de un tercer mandato es que las prioridades nacionales han cambiado. Encuestas encuentran que la economía encabeza la seguridad como una preocupación pública. Que es en parte un homenaje al Sr. Uribe por el éxito, y en parte una consecuencia de la recogida de la recesión. En tercer lugar, el Sr. Uribe puede agravar una preocupante tendencia regional. En Venezuela, Hugo Chávez recientemente ganó un referéndum para la supresión de los límites de término por acosar a los opositores.
Suponiendo que el Sr. Uribe no es simplemente el farol, y que sus partidarios en el Senado no tiene segundos pensamientos, ¿que realmente ganaría él? Un deterioro de la economía es probablemente la mayor amenaza para un tercer mandato. Sin embargo, Michael Shifter del Diálogo Interamericano, un think-tank de Washington, dice que porque él es visto como un " presidente para la crisis ", esto podría incluso ayudarlo.
Hay otros candidatos fuertes. Juan Manuel Santos, el ministro de defensa, se espera que renunciará antes de inhabilitarse, aunque dice que no lo hará contra el Sr. Uribe. Otro competidor es Sergio Fajardo, un independiente que fue un reformador alcalde de Medellín, la segunda ciudad de Colombia.
En caso de que no salga de él, mientras que todavía está por verse, la historia puede juzgar que el Sr. Uribe comenzó a deshacer su propio progreso.
TRADUCCION BASE DESDE http://translate.google.com/
Presidential re-election in Colombia
Uribe edges towards autocracy
May 14th 2009 BOGOTÁ
Uribe edges towards autocracy
May 14th 2009 BOGOTÁ
From The Economist print edition
A popular president seems to be heading towards a third term, despite the damage this would do to democracy
ONCE a country with a healthy, even exaggerated, distrust of executive power, Colombia is on the brink of allowing Álvaro Uribe to seek an unprecedented third consecutive term as president. The Senate is due to vote on May 19th on a bill to call a referendum on the required change in the constitution. Once the text is reconciled with a version already approved by the lower house, it would be reviewed by the Constitutional Court, and could be put to the people in November. Mr Uribe has still not said whether he intends to run in the election due in May 2010, but he has done nothing to discourage the idea. If he is a candidate, on present trends he would win. But some influential Colombians—and outsiders—believe a third term would be a huge mistake for both Mr Uribe and his country.
Many Colombians credit Mr Uribe with transforming their homeland from a near-failed state to a buoyant, if still violent, place. Their gratitude won him a second term in 2006, after the constitution was changed to allow a second consecutive term. After seven years in office, he still enjoys an approval rating of 71%, according to Invamer-Gallup, a pollster. In a poll this month, 59% said they would turn out for a referendum; of those, 84% said they would back Mr Uribe’s right to run again.
document.write('');
The president has said that his overriding concern is the continuation of his “democratic security” policies, which have curbed violence, weakened leftist guerrillas and demobilised many right-wing paramilitaries. But in the same breath he suggested that he alone can ensure that this progress will continue: “Perpetuating oneself in the presidency troubles me, but I cannot be politically irresponsible,” he declared.
Some of those who oppose a third term have been among Mr Uribe’s closest aides. They include Fabio Echeverri, who ran both his presidential campaigns. There is some hesitation among government legislators: the Senate vote was postponed this week, though the main stumbling block involved demands for political favours.
“No to re-election”, declared Semana, Colombia’s leading newsweekly (which has generally been critical of the president), on its cover this week. Its main argument was that the checks and balances in the constitution are designed for a four-year presidential term and that an erosion of the separation of powers under Mr Uribe would be aggravated by a third term.
Such worries are all the greater because Mr Uribe’s rule has not been free of abuses and scandals. These include the army murdering innocent civilians and disguising their corpses as guerrillas killed in combat. This prompted the government to sack 30 officers last October, including three generals. So far 22 soldiers, including three colonels, have been arrested over these crimes. The United Nations High Commissioner for Human Rights last year complained of “widespread and systematic” killings of civilians by the army. Prosecutors at the attorney-general’s office are investigating 1,296 such allegations since 2002.
The government insists that it is committed to ending and punishing such abuses, which it says are isolated. But its allies abroad seem to be becoming more sceptical. Mr Uribe enjoyed a close friendship with George Bush. The Democrats who control the American Congress have held up ratification of a free-trade agreement with Colombia, ostensibly because of worries about the killings of trade unionists. In March Britain announced that it was ending a scheme under which it trained Colombian soldiers in human rights (though it is maintaining counter-drug aid and giving money to civic groups and the judiciary). David Miliband, the foreign secretary, expressed concern that “there are officers and soldiers of the Colombian armed forces who have been involved in, or allowed, abuses.”
Another running sore involves the civilian intelligence service, known as DAS. Three successive directors of this body, each chosen by Mr Uribe, are being questioned by prosecutors over claims that DAS illegally spied on opposition politicians, journalists and Supreme Court justices. On May 8th the first of the three, Jorge Noguera, was charged with conspiracy and murder. He is accused of colluding with paramilitaries and helping to plan the murders of an academic, a journalist, a union leader and a politician.
Mr Uribe will shortly have the chance to propose a new attorney-general, who critics worry may be less zealous than Mario Iguarán, the incumbent. In a third term, the president could fill the Constitutional Court with his nominees. Senior judicial appointments must be ratified by Congress, but the president has enjoyed a comfortable legislative majority.
A second argument wielded by opponents of a third term is that national priorities have changed. Polls find that the economy tops security as a public concern. That is partly a tribute to Mr Uribe’s success, and partly a consequence of gathering recession. Third, Mr Uribe risks aggravating a worrying regional trend. In Venezuela, Hugo Chávez recently won a referendum abolishing term limits and followed it up by harassing opponents.
Assuming that Mr Uribe is not simply bluffing, and that his supporters in the Senate do not have second thoughts, would he really win? A deteriorating economy is probably the biggest threat to a third term. But Michael Shifter of the Inter-American Dialogue, a Washington think-tank, says that because he is seen as a “crisis president”, this could even help him.
There are other strong candidates. Juan Manuel Santos, the defence minister, is expected to resign soon in order to run, though he says he would not do so against Mr Uribe. Another contender is Sergio Fajardo, an independent who was a reforming mayor of Medellín, Colombia’s second city. If he doesn’t quit while he is still ahead, history may judge that Mr Uribe began to undo his own achievement.
A popular president seems to be heading towards a third term, despite the damage this would do to democracy
ONCE a country with a healthy, even exaggerated, distrust of executive power, Colombia is on the brink of allowing Álvaro Uribe to seek an unprecedented third consecutive term as president. The Senate is due to vote on May 19th on a bill to call a referendum on the required change in the constitution. Once the text is reconciled with a version already approved by the lower house, it would be reviewed by the Constitutional Court, and could be put to the people in November. Mr Uribe has still not said whether he intends to run in the election due in May 2010, but he has done nothing to discourage the idea. If he is a candidate, on present trends he would win. But some influential Colombians—and outsiders—believe a third term would be a huge mistake for both Mr Uribe and his country.
Many Colombians credit Mr Uribe with transforming their homeland from a near-failed state to a buoyant, if still violent, place. Their gratitude won him a second term in 2006, after the constitution was changed to allow a second consecutive term. After seven years in office, he still enjoys an approval rating of 71%, according to Invamer-Gallup, a pollster. In a poll this month, 59% said they would turn out for a referendum; of those, 84% said they would back Mr Uribe’s right to run again.
document.write('');
The president has said that his overriding concern is the continuation of his “democratic security” policies, which have curbed violence, weakened leftist guerrillas and demobilised many right-wing paramilitaries. But in the same breath he suggested that he alone can ensure that this progress will continue: “Perpetuating oneself in the presidency troubles me, but I cannot be politically irresponsible,” he declared.
Some of those who oppose a third term have been among Mr Uribe’s closest aides. They include Fabio Echeverri, who ran both his presidential campaigns. There is some hesitation among government legislators: the Senate vote was postponed this week, though the main stumbling block involved demands for political favours.
“No to re-election”, declared Semana, Colombia’s leading newsweekly (which has generally been critical of the president), on its cover this week. Its main argument was that the checks and balances in the constitution are designed for a four-year presidential term and that an erosion of the separation of powers under Mr Uribe would be aggravated by a third term.
Such worries are all the greater because Mr Uribe’s rule has not been free of abuses and scandals. These include the army murdering innocent civilians and disguising their corpses as guerrillas killed in combat. This prompted the government to sack 30 officers last October, including three generals. So far 22 soldiers, including three colonels, have been arrested over these crimes. The United Nations High Commissioner for Human Rights last year complained of “widespread and systematic” killings of civilians by the army. Prosecutors at the attorney-general’s office are investigating 1,296 such allegations since 2002.
The government insists that it is committed to ending and punishing such abuses, which it says are isolated. But its allies abroad seem to be becoming more sceptical. Mr Uribe enjoyed a close friendship with George Bush. The Democrats who control the American Congress have held up ratification of a free-trade agreement with Colombia, ostensibly because of worries about the killings of trade unionists. In March Britain announced that it was ending a scheme under which it trained Colombian soldiers in human rights (though it is maintaining counter-drug aid and giving money to civic groups and the judiciary). David Miliband, the foreign secretary, expressed concern that “there are officers and soldiers of the Colombian armed forces who have been involved in, or allowed, abuses.”
Another running sore involves the civilian intelligence service, known as DAS. Three successive directors of this body, each chosen by Mr Uribe, are being questioned by prosecutors over claims that DAS illegally spied on opposition politicians, journalists and Supreme Court justices. On May 8th the first of the three, Jorge Noguera, was charged with conspiracy and murder. He is accused of colluding with paramilitaries and helping to plan the murders of an academic, a journalist, a union leader and a politician.
Mr Uribe will shortly have the chance to propose a new attorney-general, who critics worry may be less zealous than Mario Iguarán, the incumbent. In a third term, the president could fill the Constitutional Court with his nominees. Senior judicial appointments must be ratified by Congress, but the president has enjoyed a comfortable legislative majority.
A second argument wielded by opponents of a third term is that national priorities have changed. Polls find that the economy tops security as a public concern. That is partly a tribute to Mr Uribe’s success, and partly a consequence of gathering recession. Third, Mr Uribe risks aggravating a worrying regional trend. In Venezuela, Hugo Chávez recently won a referendum abolishing term limits and followed it up by harassing opponents.
Assuming that Mr Uribe is not simply bluffing, and that his supporters in the Senate do not have second thoughts, would he really win? A deteriorating economy is probably the biggest threat to a third term. But Michael Shifter of the Inter-American Dialogue, a Washington think-tank, says that because he is seen as a “crisis president”, this could even help him.
There are other strong candidates. Juan Manuel Santos, the defence minister, is expected to resign soon in order to run, though he says he would not do so against Mr Uribe. Another contender is Sergio Fajardo, an independent who was a reforming mayor of Medellín, Colombia’s second city. If he doesn’t quit while he is still ahead, history may judge that Mr Uribe began to undo his own achievement.
2009/05/14
GUATEMALA, COLOM, ¿COLOMBIA? (3) (2009)
Guatemala: Comisión de la ONU destaca avances en lucha contra la impunidad
24 de febrero, 2009 A un año del comienzo del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se logran avances importantes en el combate a los grupos clandestinos y a la impunidad en el país, afirmó hoy el jefe de ese grupo de expertos.
El jurista español Carlos Castresana mencionó, entre otros progresos, la investigación del funcionamiento de los grupos clandestinos y la depuración de más de 1.700 miembros de la Policía Nacional, así como cambios en personal del Ministerio Público a fin de mejorar la eficacia de esta institución en el combate al crimen organizado.Explicó que las autoridades están concientes del problema y hacen todo lo posible por ponerle fin con el apoyo de la Comisión.
Castresana señaló que esta última trabaja con el Ministerio Público para auxiliar en las indagaciones y en el procesamiento de casos particulares.
Destacó, asimismo, los avances referentes a las propuestas de reformas legislativas propuestas por la Comisión.“El Congreso de la República, que no había tramitado los proyectos de ley que le habíamos presentado en 2008 los está tramitando ahora aceleradamente. El gobierno está colaborando, haciendo aquello que le habíamos pedido con la mayor velocidad posible habida cuenta de los recursos disponibles”, indicó.
El jefe de la Comisión añadió que otro elemento fundamental en el que se pide la colaboración del gobierno de Guatemala y de la comunidad internacional es la creación en la capital del país de juzgados de alto impacto para tramitar los casos más complejos relacionados con grupos transnacionales de delincuencia organizada.
Castresana encomió a las autoridades guatemaltecas por su valentía de reconocer la grave situación de impunidad que aqueja al país y por la solicitud que realizó a la ONU para que le ayudase a resolver el problema.En Guatemala ocurren más de 6.000 asesinatos cada año y el 98% de los delitos no consigue respuestas en los tribunales de justicia.
COMENTARIO: CURIOSO...ASI EL VIDEO DEL ASESINADO SEA MUY DURO...CURIOSO QUE JUSTO CUANDO ESTA ENTIDAD LOGRO FUNCIONAR, EN EL NUEVO GOBIERNO, APAREZCA TAL SITUACION...COMENTARIO
2: PARTICIPE EN LA ENCUESTA
texto en http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=14893&criteria1=Guatemala&criteria2=impunidad
Guatemala: Comisión de la ONU destaca avances en lucha contra la impunidad
24 de febrero, 2009 A un año del comienzo del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se logran avances importantes en el combate a los grupos clandestinos y a la impunidad en el país, afirmó hoy el jefe de ese grupo de expertos.
El jurista español Carlos Castresana mencionó, entre otros progresos, la investigación del funcionamiento de los grupos clandestinos y la depuración de más de 1.700 miembros de la Policía Nacional, así como cambios en personal del Ministerio Público a fin de mejorar la eficacia de esta institución en el combate al crimen organizado.Explicó que las autoridades están concientes del problema y hacen todo lo posible por ponerle fin con el apoyo de la Comisión.
Castresana señaló que esta última trabaja con el Ministerio Público para auxiliar en las indagaciones y en el procesamiento de casos particulares.
Destacó, asimismo, los avances referentes a las propuestas de reformas legislativas propuestas por la Comisión.“El Congreso de la República, que no había tramitado los proyectos de ley que le habíamos presentado en 2008 los está tramitando ahora aceleradamente. El gobierno está colaborando, haciendo aquello que le habíamos pedido con la mayor velocidad posible habida cuenta de los recursos disponibles”, indicó.
El jefe de la Comisión añadió que otro elemento fundamental en el que se pide la colaboración del gobierno de Guatemala y de la comunidad internacional es la creación en la capital del país de juzgados de alto impacto para tramitar los casos más complejos relacionados con grupos transnacionales de delincuencia organizada.
Castresana encomió a las autoridades guatemaltecas por su valentía de reconocer la grave situación de impunidad que aqueja al país y por la solicitud que realizó a la ONU para que le ayudase a resolver el problema.En Guatemala ocurren más de 6.000 asesinatos cada año y el 98% de los delitos no consigue respuestas en los tribunales de justicia.
COMENTARIO: CURIOSO...ASI EL VIDEO DEL ASESINADO SEA MUY DURO...CURIOSO QUE JUSTO CUANDO ESTA ENTIDAD LOGRO FUNCIONAR, EN EL NUEVO GOBIERNO, APAREZCA TAL SITUACION...COMENTARIO
2: PARTICIPE EN LA ENCUESTA
texto en http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=14893&criteria1=Guatemala&criteria2=impunidad
GUATEMALA, COLOM, ¿COLOMBIA? (2) (2007)
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser creado sin dilaciones
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia el dictamen desfavorable a la aprobación del acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito entre el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El día 18 de julio de 2007, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dio dictamen negativo a la creación de la CICIG. El argumento principal para sostener esta decisión es que varias de las disposiciones del acuerdo de creación de la CICIG violan la Constitución, esto contradice abiertamente la opinión consultiva que, al respecto, emitió la Corte de Constitucionalidad [1].
Los 13 de los 21 diputados que apoyaron este dictamen pertenecen a los partidos: Frente Republicano Guatemala (FRG), cuyo líder es Efraín Ríos Montt, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido de Avanzada nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Movimiento Reformador (MR) y Unión Democrática (UD). Desde un principio, el FRG había declarado que se opondría a la CICIG. El mismo general Efraín Ríos Montt está apelando al secreto de Estado dentro del proceso de extradición que se sigue en su contra, para que los tribunales no tengan acceso a información militar relacionada con el gobierno que presidió en 1982- 1983.
La FIDH expresa su profunda preocupación ante este dictamen negativo ya que la CICIG constituye el segundo intento del Gobierno y de la ONU de crear una comisión de carácter internacional para investigar sobre la criminalidad organizada en el país. La CICIG coadyuvará también a disminuir los niveles de violencia, fortalecerá los procesos de investigación y contribuirá a la desarticulación de las estructuras ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. La FIDH recuerda que el primer intento fue la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) que culminó sin éxito en el 2004, luego de que la Corte de Constitucionalidad, en atención a una opinión consultiva solicitada por el Presidente de la Republica, declaró inconstitucional algunos elementos de la propuesta.
La FIDH constata con decepción que los políticos utilizan argumentos de tipo constitucional encontra, aunque en esta ocasión el Tribunal Constitucional encontró todo el convenio de la CICIG con la ONU ajustado a la Carta Política. Lo que hace tender un manto de sospecha sobre las más grandes fuerzas políticas de Guatemala que estarían igualmente penetradas por el crimen organizado, afectando la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. El dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Exteriores a la CICIG, podría revertirse si el pleno del Congreso decide el 1° de agosto, bajo el trámite de urgencia nacional la ratificación del acuerdo.
En este contexto, la FIDH urge al poder Legislativo a tomar todas las medidas para que la ratificación de la CICIG se produzca sin más dilaciones. Han transcurrido más de 3 años desde la primera propuesta de establecimiento de tal comisión y, lejos de consolidarse la seguridad publica, el reino de la impunidad y del crimen se sigue extendiendo. Esperamos que las fuerzas políticas de Guatemala, sean conscientes de que se necesita ratificar este acuerdo con la ONU.
notes :
[1] La Corte de Constitucionalidad dictaminó el 8 de mayo de 2007 que la CICIG es compatible con la Constitución.
EN http://www.fidh.org/La-Comision-Internacional-Contra
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser creado sin dilaciones
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia el dictamen desfavorable a la aprobación del acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito entre el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El día 18 de julio de 2007, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso dio dictamen negativo a la creación de la CICIG. El argumento principal para sostener esta decisión es que varias de las disposiciones del acuerdo de creación de la CICIG violan la Constitución, esto contradice abiertamente la opinión consultiva que, al respecto, emitió la Corte de Constitucionalidad [1].
Los 13 de los 21 diputados que apoyaron este dictamen pertenecen a los partidos: Frente Republicano Guatemala (FRG), cuyo líder es Efraín Ríos Montt, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido de Avanzada nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Movimiento Reformador (MR) y Unión Democrática (UD). Desde un principio, el FRG había declarado que se opondría a la CICIG. El mismo general Efraín Ríos Montt está apelando al secreto de Estado dentro del proceso de extradición que se sigue en su contra, para que los tribunales no tengan acceso a información militar relacionada con el gobierno que presidió en 1982- 1983.
La FIDH expresa su profunda preocupación ante este dictamen negativo ya que la CICIG constituye el segundo intento del Gobierno y de la ONU de crear una comisión de carácter internacional para investigar sobre la criminalidad organizada en el país. La CICIG coadyuvará también a disminuir los niveles de violencia, fortalecerá los procesos de investigación y contribuirá a la desarticulación de las estructuras ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. La FIDH recuerda que el primer intento fue la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) que culminó sin éxito en el 2004, luego de que la Corte de Constitucionalidad, en atención a una opinión consultiva solicitada por el Presidente de la Republica, declaró inconstitucional algunos elementos de la propuesta.
La FIDH constata con decepción que los políticos utilizan argumentos de tipo constitucional encontra, aunque en esta ocasión el Tribunal Constitucional encontró todo el convenio de la CICIG con la ONU ajustado a la Carta Política. Lo que hace tender un manto de sospecha sobre las más grandes fuerzas políticas de Guatemala que estarían igualmente penetradas por el crimen organizado, afectando la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. El dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Exteriores a la CICIG, podría revertirse si el pleno del Congreso decide el 1° de agosto, bajo el trámite de urgencia nacional la ratificación del acuerdo.
En este contexto, la FIDH urge al poder Legislativo a tomar todas las medidas para que la ratificación de la CICIG se produzca sin más dilaciones. Han transcurrido más de 3 años desde la primera propuesta de establecimiento de tal comisión y, lejos de consolidarse la seguridad publica, el reino de la impunidad y del crimen se sigue extendiendo. Esperamos que las fuerzas políticas de Guatemala, sean conscientes de que se necesita ratificar este acuerdo con la ONU.
notes :
[1] La Corte de Constitucionalidad dictaminó el 8 de mayo de 2007 que la CICIG es compatible con la Constitución.
EN http://www.fidh.org/La-Comision-Internacional-Contra
GUATEMALA, COLOM, ¿COLOMBIA?
ONU y Guatemala establecen Comisión contra la Impunidad
12 de diciembre, 2006 La ONU y el gobierno de Guatemala firmaron hoy un acuerdo por el que se establecerá la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), que tendrá el objetivo de fortalecer y ayudar a las instituciones del gobierno a investigar y procesar a los responsables de delitos penales derivados de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
Asimismo, la Comisión –cuyo mandato inicial es de dos años– combatirá a los grupos criminales que se han convertido en una amenaza para las garantías fundamentales en el país.La CICIG –un cuerpo independiente– operará bajo la responsabilidad de un comisionado designado por el Secretario General de la ONU, a quien deberá rendirle informes periódicos. El comisionado tendrá que ser un jurista con experiencia en las áreas de derechos humanos, derecho penal e internacional.El acuerdo fue firmado en Nueva York por el vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, y el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, Ibrahim Gambari.“Con este acuerdo, las Naciones Unidas respaldan a Guatemala en sus esfuerzos por solidificar la democracia y el estado de derecho exponiendo y desmantelando a los grupos criminales que han surgido como consecuencia del conflicto armado”, dijo Gambari.
EN http://74.125.45.132/search?q=cache:TLloP4k3CCwJ:www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp%3FnewsID%3D8387%26criteria1%3DGuatemala+Comisi%C3%B3n+Internacional+contra+la+Impunidad+en+Guatemala+CICIG%2BONU&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
ONU y Guatemala establecen Comisión contra la Impunidad
12 de diciembre, 2006 La ONU y el gobierno de Guatemala firmaron hoy un acuerdo por el que se establecerá la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG), que tendrá el objetivo de fortalecer y ayudar a las instituciones del gobierno a investigar y procesar a los responsables de delitos penales derivados de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
Asimismo, la Comisión –cuyo mandato inicial es de dos años– combatirá a los grupos criminales que se han convertido en una amenaza para las garantías fundamentales en el país.La CICIG –un cuerpo independiente– operará bajo la responsabilidad de un comisionado designado por el Secretario General de la ONU, a quien deberá rendirle informes periódicos. El comisionado tendrá que ser un jurista con experiencia en las áreas de derechos humanos, derecho penal e internacional.El acuerdo fue firmado en Nueva York por el vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, y el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, Ibrahim Gambari.“Con este acuerdo, las Naciones Unidas respaldan a Guatemala en sus esfuerzos por solidificar la democracia y el estado de derecho exponiendo y desmantelando a los grupos criminales que han surgido como consecuencia del conflicto armado”, dijo Gambari.
EN http://74.125.45.132/search?q=cache:TLloP4k3CCwJ:www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp%3FnewsID%3D8387%26criteria1%3DGuatemala+Comisi%C3%B3n+Internacional+contra+la+Impunidad+en+Guatemala+CICIG%2BONU&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
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