2012/05/20

La socialdemocracia en crisis como consecuencia imprevista de su propio éxito


LA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA

El declive del ciclo socialdemócrata

La socialdemocracia entra en crisis al romperse la alianza entre la clase media y la de los trabajadores industriales

¿Asistimos al final del ciclo histórico de hegemonía progresista? Para entender la decadencia de la socialdemocracia puede ser útil atender los planteamientos sociológicos de Colin Crouch (La postdemocracia, Taurus, 2004) o Emmanuel Todd (Después de la democracia, Akal, 2010), que analizan su declive en clave infraestructural. Según esta perspectiva, por socialdemocracia puede entenderse la coalición histórica que se construyó entre el movimiento obrero organizado y las nuevas clases medias de funcionarios, empleados de servicios y profesionales por cuenta ajena (no confundir con las viejas clases medias de agricultores, comerciantes, artesanos y profesionales autónomos). Los intereses de ambos bloques no tenían por qué coincidir, al estar separados por la barrera de su desigual dotación en capital humano: en el movimiento obrero predominaban los estudios primarios y la formación profesional mientras que las nuevas clases medias poseían titulaciones secundarias y superiores, actuando en origen el bachillerato como barrera de clase. De ahí el tradicional desencuentro entre trabajadores de cuello blanco y de cuello azul, que históricamente se reflejó en la desconfianza entre el reformismo socialista de extracción burguesa y el revolucionarismo obrero de anarquistas o comunistas. Pero esa distancia de clase pudo ser salvada mediante el acuerdo socialdemócrata que estableció un pacto de mutua colaboración entre ambos bloques para unir sus fuerzas conquistando el poder por medios pacíficos y electorales.
Un acuerdo mediante el que la parte obrera (blue collars) aceptaba supeditarse al liderazgo burgués (white collars) a cambio de que el gobierno común garantizase a todas las clases populares su acceso a los canales de movilidad social ascendente e igualdad de oportunidades. Este programa común que selló la coalición entre la clase obrera industrial y las clases medias urbanas es el que pudo desarrollarse en toda Europa tras la segunda guerra mundial, dando lugar a los célebres treinta años gloriosos (1945-1975) que crearon la sociedad de la afluencia presidida por el Estado de bienestar. Y lo menos que puede decirse es que semejante programa común se vio coronado por el éxito más completo. Pues en efecto, la coalición socialdemócrata conquistó el poder y se mantuvo en él por varias legislaturas mientras a la vez se desarrollaban los mecanismos meritocráticos que extendieron a todas las clases sociales la escolarización tanto secundaria como universitaria, además del resto de derechos sociales (salud, pensiones y servicios universales).
La socialdemocracia ha muerto como consecuencia imprevista de su propio éxito
Ahora bien, si consideramos el inicio de la década de los 70 como el apogeo del ciclo socialdemócrata es porque a partir de esa fecha comenzó su progresivo declive, asociado al impacto de la crisis económica internacional tras el choque petrolífero de 1974. Una crisis que también modificó el sistema capitalista, pasando del modelo keynesiano afín al estatalismo socialdemócrata al modelo monetarista afín al planteamiento liberal-conservador partidario del libre mercado. No obstante, tras ciertos retrocesos iniciales, la socialdemocracia se pudo recomponer mediante la denominada Tercera Vía de adaptación al mercado que teorizó el sociólogo Anthony Giddens, logrando resistir en el poder hasta bien entrado el siglo XXI. Pero finalmente, el estallido de las sucesivas burbujas crediticias (punto.com en 2001, hipotecas subprime en 2007,eurodeuda en 2010) ha terminado por alejar cada vez más a la socialdemocracia del poder, aunque ocasionalmente todavía gane ciertas elecciones. En suma, todo indica que el declive de la socialdemocracia ya se ha consumado. ¿Cómo se puede explicar su decadencia aparentemente irreversible? Exploremos algunas razones.
La primera explicación es infraestructural y se debe al debilitamiento ineluctable de uno de los dos bloques fundadores de la coalición socialdemócrata: la clase obrera. Como consecuencia del advenimiento de la sociedad postindustrial teorizado por el sociólogo Daniel Bell, se ha producido una creciente desestructuración del sistema de clases que ha fragmentado y descompuesto a todas ellas. Pero sobre todo, la que ha sufrido ese proceso de desarticulación en mayor medida ha sido la vieja clase obrera de trabajadores industriales o blue collars, que ha visto reducirse sus efectivos en términos absolutos y relativos, obligando a sus hijos a desertar de ella mientras asistía a la llegada de nuevos contingentes inmigrantes de trabajadores manuales sin cualificar destinados a la agricultura, la construcción y los servicios personales. Por tanto, las clases medias cualificadas ya no tienen nada que ganar manteniendo su coalición con las clases industriales en retroceso, y de ahí que tiendan a romperla cayendo en una creciente volatilidad electoral. Sobre todo si tenemos en cuenta que también ellas han perdido gran parte de su poder e influencia, aunque no en términos cuantitativos pues siguen siendo las más numerosas, pero sí cualitativos como vamos a ver.
Y es que la otra explicación del declive de la izquierda resulta paradójica, pues podría decirse que la socialdemocracia ha muerto (o al menos se extingue) como consecuencia imprevista de su propio éxito. En efecto, el desarrollo del Estado de bienestar, con su provisión universal de derechos sociales, ha generado dos efectos no queridos que han resultado contraproducentes para la coalición socialdemócrata. El primero es que, al ofrecer servicios públicos de protección social provistos por redes formales administrativas, ha suplido primero y ha terminado por sustituir después a las redes sociales informales de confianza, solidaridad y compromiso colectivo (grupos de ayuda mutua, movimiento asociativo, etcétera) que antes articulaban el tejido social dotándolo de espesor y densidad cívica. En consecuencia, tanto las clases trabajadoras como las clases medias urbanas han ido viendo cómo se devaluaba y amortizaba su anterior capital social, pasando a disgregarse y atomizarse hasta caer en el aislamiento de la individualización y el familismo amoral. Algo que no puede ser compensado por las redes virtuales tipo Facebook que comercializa elmarketing de la industria digital.
Habría que regenerar el capital social de la izquierda
Y la segunda consecuencia no querida del éxito socialdemócrata es la devaluación del sistema educativo a causa de su democratización universal, que ha terminado por amortizar su potencial meritocrático. Cuando sólo la clase media cursaba estudios superiores, sus títulos eran muy apreciados porque dotaban de un fuerte impulso selectivo hacia la movilidad ascendente. En cambio, cuando la universidad se masifica y amplía a todas las clases sociales, sus títulos dejan de ser selectivos y por tanto se devalúan al dejar de proporcionar movilidad ascendente: es el fenómeno del mileurismo (o depreciación de los profesionales urbanos) que surge cuando la inversión académica en titulación superior ya no puede rentabilizarse tanto en el mercado de trabajo. Y este efecto contraproducente, que está devaluando la meritocracia y amortizando el capital humano, es el que más ha hecho por romper la anterior coalición socialdemócrata entre trabajadores de cuello azul y profesionales de cuello blanco, al perder aquellos su capital social y estos su capital humano. En suma, como señala Todd, la socialdemocracia ha entrado en decadencia porque las clases medias tituladas, por temor a su desclasamiento, han dejado de solidarizarse con los trabajadores sin titular: de ahí su rebelión fiscal, su cinismo político y su transfuguismo electoral.
¿Es irreversible el declinar del ciclo socialdemócrata? ¿O cabe esperar que se reactive por efecto de una nueva oscilación pendular? Si el anterior análisis es acertado, la recuperación de la socialdemocracia exigiría tres requisitos difíciles de reunir. Ante todo se debería recuperar la revalorización del trabajo como fuente de realización personal, tras caer en el desprecio a causa del consumo mimético. Después habría que regenerar el capital social de la izquierda, reconstruyendo sus redes informales de confianza y reciprocidad, lo que exige superar el sectarismo amoral y la xenofobia etnocéntrica. Y además se precisa un nuevo tipo de liderazgo tipo 15M, capaz de tender puentes interculturales creando nuevas coaliciones mayoritarias. Factores que podrían entrar en reacción sinérgica si la crisis actuase como agente catalizador. Pero ello no resultará posible sin una estrategia que anude compromisos con posibles aliados, un proyecto que visualice metas comunes a alcanzar y un relato que lo haga creíble despertando emociones entusiastas. Es el puerto prometido que aguarda más allá del sombrío horizonte actual.
Enrique Gil Calvo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

2012/05/16

Finanzas Públicas Municipales, el caso Pereira


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Alcaldía...¿endeudarnos más?

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La alcaldía de Pereira, al igual que la gobernación de Risaralda, tiene graves problemas de financiamiento. Un solo dato como abrebocas, casi el 52%, 52 de cada 100 pesos que tiene el municipio para operar, son del “Sistema General de Participación”, es decir la plata que llega del centro, de la nación, de Bogotá, para unas tareas concretas, y que son intocables.
Del total de recursos para inversión, una cifra que se lee enorme, pues son más de $366 mil millones al año, la alcaldía tiene escasos “recursos propios” pues el 80.3%  tienen destinación específica. La más grande es el “Fondo Municipal de Salud”  que para este año tiene 41 mil millones de pesos, y que entre 2012 y 2016 manejará 183 mil millones de pesos. Como dice el procurador general de la nación “Si se utilizaran bien tendríamos uno de los mejores sistemas (de Salud) del mundo” http://ow.ly/aVkJF (...).   
Puede que no al nivel del debate  que se dio la semana pasada sobre la financiación en la Asamblea Departamental, pero sí cercano, está el tema en el Concejo Municipal, pues el plan de desarrollo sólo éste año valdría $580 mil millones (2.5 billones en total). La noticia positiva es que se parte de 291, la mitad, que son del Sistema General de Participación y las rentas de destinación específica, pero se requiere salir a buscar el resto. Quienes crean que se pueden usar las sobretasas a la gasolina, deporte, recreación o los impuestos a espectáculos, cigarrillo, etc, ya los contamos. ¿Y las regalías? En el Decreto 4950 del 2011, aparecen grandes recursos, pero son regionales ó departamentales.
La alcaldía aspira a obtener por “recursos propios” , que esencialmente son el Predial e Industria y Comercio, $52 mil millones en 2012, que constituye el 18% de los “recursos para inversión”. Las otras fuentes de financiamiento del municipio son débiles, las encabeza: ¡sorpréndase! el aeropuerto Matecaña, del cual se espera recibir este año más de $26 mil millones, luego viene Aguas y Aguas con $23 mil millones, y Megabús del que sólo se esperan este año $6.700 millones –curiosamente se proyectan “cero” pesos en los años siguientes http://ow.ly/aVn1T  (pág. 559)  ¿porqué?-,  también llama la atención que en los ingresos esperados de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la joya de la corona: la Telefónica tampoco esté…¿porqué?...Igual esos son $64 mil millones, vamos en $116mil millones, y todavía faltan $175 mil milloncitos.
Es aquí donde aparecen los “Recursos Externos” que según nuestras fuentes, son $41 mil millones de Regalías, asociadas exclusivamente a un proyecto de Acueducto y Saneamiento; $60 mil millones de vivienda (¿los famosos subsidios que ya prometieron para los  planes A y B de la reelección presidencial?) y siguen faltando $74 mil millones sólo en 2012. Entonces vienen las grandes apuestas políticas. Las que implican darse la pela, y dársela ya, antes de que las campañas electorales estén a pleno vapor…
Tal vez el parque temático, o el centro de convenciones alcancen a captar regalías, pero, ¿porqué, por ejemplo, el acuerdo 078 del 2008 que estableció el uso y APROVECHAMIENTO económico del espacio público, ni siquiera se cuantifica aparte? ¿O es que nadie usa o aprovecha el espacio público, están vacías de día y DE NOCHE la Circunvalar, la 30 de agosto, la plaza de Bolívar, Ciudad Boquia, etc, etc? ¿Qué otras fuentes hay de ese tipo? ¿Valorización?,¿Se va a dar la anunciada  descapitalización de la empresa de energía y/o de la telefónica?
Disiento abiertamente de la más mínima posibilidad de seguir endeudándonos, la deuda pública del municipio en la “evolución de la participación del gasto” se mueve entre el  4 y el 9%. Hasta 9 de cada 100 pesos, han sido para pagar deuda. Esto es absurdo cuando en recursos del balance, lo que queda del año anterior, quedaron casi $18 mil millonesen 2011? ¡para qué entonces nos endeudamos! lo que se necesita es macro gerencia financiera ¿Quién la lidera?

2012/05/09

¿impuesto a las gaseosas?


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¿Gobernación/es quebradas? (I)

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PobreEl mejor 
La gobernación de Risaralda tiene una deuda de $67 mil millones, algo así como 40 millones de dólares.
  ¿De dónde salió esa deuda? ¿Siempre hemos debido tanto? ¿ Los demás departamentos están igual, mejor, o peor endeudados? ¿Son viables, sostenibles? ¿De qué carajos viven los departamentos? Después de dialogar con varios gobernadores ó diputados anteriores o actuales de éste y otros departamentos, sacamos algunas reflexiones.
Lo primero es que las deudas son descomunales, Antioquia debe 700 mil millones de pesos, por ejemplo, pero mientras ellos tienen recaudos anuales sobre 1 billón de pesos, nosotros los tenemos por debajo de los 100 mil…Risaralda entre el 2009 y 2010 bajó su autofinanciamiento 2,3%, su inversión se redujo también 1.1%, la capacidad de ahorro cayó 6,3% . En el 2010, la gobernación tomaba 39 de cada 100 pesos de Ingresos corrientes de Libre Destinación para gastos de funcionamiento, es decir unos 25 mil -de esos 65 mil millones de pesos-  al año, poco más de 2 mil millones al mes. En saldo de la deuda que nos corresponde a cada habitante “estamos en la mitad de la tabla”. 
Llama la atención que a la gobernación, el Departamento Nacional de Planeación la calificaba con un “incumple” la ley 617 en torno al límite para funcionamiento de la asamblea departamental y de la contraloría departamental (¡!) pues se pasaba de los 2399 y 2320 millones anuales que se autorizaban http://ow.ly/aMdMB;  pero se exaltaba que era la segunda gobernación con el más alto ahorro corriente: 58%. Curiosamente “sólo” dependía un 52% de las transferencias nacionales: ¡había departamentos con un 92% de dependencia!  
En 2010, Planeación Nacional decía que sólo había UNA gobernación “solvente”, la de Atlántico, había 6 “en riesgo”: el vecino Chocó era una de ellas, y 3 “vulnerables”. La situación, pasada la campaña electoral del 2011, parece haber empeorado.
Las gobernaciones, como dice Gustavo Alvarez Gardeazabal, “sobreviven de una renta medieval”: el impuesto a los vicios, al cigarrillo, la cerveza, licores que representan alrededor del 61%, circulación y tránsito con el  7% y sobretasa a la gasolina con el 8%, aparte de el rubro “otras” que aproximadamente está sobre el 31% entre las cuales están estampillas, pasaportes...es decir carecen de recursos, son débiles por naturaleza
En casi todas partes se han dado restructuraciones, nosotros tuvimos la propia, pues casi todos los departamentos estaban quebrados en 1998, para ese año la gobernación de Risaralda debía más o menos $50.000 millones, una cifra descomunal hace 14 años...¿sólo queda cobrarle un impuesto a las gaseosas?...continuará. 
ADD: Llama la atención LaTarde, Martha Rotavista, “En Pereira los ‘verdes’  están por estrato” http://ow.ly/aMxGh en torno a que la desigualdad que vivimos, además de social, es de arborización. Por cada seis/cinco arboles sembrados en comunas estrato 5/6 hay uno o menos en los estratos 1-2 . Y eso que le faltó el comparativo por población. ¿Se irá a pronunciar el Concejal del Partido Verde sobre esto, o el Concejal ExCarder, y harán que se tomen medidas (con presupuesto) para equilibrar esos pulmones verdes? A propósito ¿esa sería otra función del Instituto Municipal de Promoción y Defensa del Espacio Público que propone el Comité Intergremial? ¿Quedó en el Plan de Desarrollo?

El monopolio de la violencia legítima es la primera condición para que haya Estad


Ilegalización del oro y legalización de las drogas

La minería ilegal, manejada por grupos criminales, está generando violencia en países latinoamericanos

Pese a que los homicidios en toda Colombia están descendiendo, en los lugares donde existen yacimientos de oro, estos están aumentando desde que los precios del mismo se dispararon compitiendo en rentabilidad con la cocaína. En Colombia y Perú la minería ilegal, manejada por sectores informales o grupos criminales, está generando violencia. No hay noticias de que eso mismo esté ocurriendo en Estados Unidos o Canadá, que son grandes productores de oro. Este efecto contrastante con respecto al oro, que es un producto legal, entre Estados con desarrollos desiguales, hace dudar sobre si la causa fundamental de la violencia en algunos países latinoamericanos son las drogas, cuando las evidencias apuntan más hacia graves rezagos en la construcción de Estado.
Las debilidades y vacíos de Estado generan oportunidades para actividades criminales. En México, por ejemplo, se roban el 30% de la gasolina de los oleoductos de PEMEX. Durante la Guerra Fría surgieron interpretaciones que planteaban que las causas de la violencia eran el Comunismo y la Teología de la Liberación y no el carácter autoritario de los Estados.
La violencia ha sido históricamente determinante en la construcción del Estado y sus instituciones. El monopolio de la violencia legítima es la primera condición para que haya Estado. Monopolio implica inexistencia de poderes armados que cuestionen la autoridad en el territorio y, en la actualidad, legitimidad implica respeto a los derechos humanos. En la segunda mitad del siglo pasado hubo en Latinoamérica insurgencias que se explicaban, entre otras razones, por la falta de neutralidad política del poder coercitivo. Fruto de aquella violencia surgieron instituciones democráticas. Ejércitos y policías terminaron siendo neutrales y las izquierdas pudieron por fin gobernar. Ahora estamos frente a una violencia criminal que ha evidenciado debilidades de los Estados y que, igual, obliga a construir institucionalidad, no importa que los delincuentes no tengan propuesta política.
Los problemas de: ineficiencia e insuficiencia de las policías, funcionamiento de la justicia, calidad de las prisiones, ausencia de Estado en el territorio y pobreza y desatención social a población con proclividad al delito; son, en algunos países, gigantescos. En Honduras se incendian prisiones y en El Salvador se cree en milagrosas negociaciones con criminales. En la mayoría de países la seguridad está en manos de instituciones no reformadas heredadas del autoritarismo. Los regímenes autoritarios delegaron en personas violentas el monopolio de la violencia en representación del Estado. Policías y ejércitos se llenaron de matones, ignorantes y corruptos, mal pagados, pero leales al poder. Violencia, corrupción e ilegalidad han sido antivalores tolerados entre militares y policías. No ha existido una barrera moral entre autoridades y delincuentes. Ejércitos y policías fueron preparados para combatir rebeliones y evitar golpes de Estado. Muchas de esas viejas estructuras han colapsado o han sido cooptadas por los criminales. Por otro lado, la liberalización económica redujo las capacidades de los Estados al multiplicar la seguridad privada en detrimento de la seguridad pública. Las drogas son entonces parte del problema, pero no la causa.
El monopolio de la violencia legítima es la primera condición para que haya Estado
La violencia de México ha tenido tal impacto, que puso el tema de la legalización o despenalización de las drogas en la agenda de la reciente Cumbre de las Américas. La esperanza es encontrar una ruta rápida para acabar con la violencia. Inmediatamente esta demanda fue considerada una causa progresista porque permitía culpar a EE UU, rechazaba el conservadurismo moralista de la prohibición y no se comprometía con los temas de ley y orden que son considerados de derechas. Sin embargo, al menos para Latinoamérica, el debate estaría entre dejar que las drogas sean reguladas por el mercado, como han hecho las derechas con todo en los últimos años, o se resuelven los temas de fondo de construcción de Estado. La alergia de la academia y los progresistas por la agenda de seguridad dejó este tema con mucha gente en las graderías exigiendo, pero pocos en la cancha resolviendo; se ha aceptado implícitamente que la seguridad no es un tema científico, sino de matones.
Es un error hablar de guerra contra las drogas, porque las guerras terminan y la producción y el consumo de drogas no terminará nunca. Sin embargo, la legalización como “solución mágica” puede convertirse en escusa para “dejarlas pasar”, en vez de fortalecer al Estado. El resultado sería la institucionalización del crimen. A Colombia la lucha contra el crimen la está transformando en un mejor país, la seguridad y la justicia son ahora más eficientes y el Estado, después de décadas de ausencia, ha comenzado a volverse política, económica y socialmente responsable de todo el territorio. La violencia está obligando a Brasil a ocuparse, por fin, de las favelas y a México a depurar y modernizar sus tradicionalmente corruptas policías.
En Guatemala los ejércitos privados tienen tres veces más hombres que el Estado, los ricos se resisten ferozmente a pagar impuestos, los policías son escandalosamente corruptos, los criminales dominan extensos territorios y en los años ochenta los militares asesinaron a más de 100.000 personas. El gobierno de este país, con un general de presidente, se ha convertido ahora en el abanderado de la causa “progresista” por la legalización de las drogas.
Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales.

2012/05/08

sobre el Marco Juridico para la Paz (2a)


8 DE MAYO DE 2012
Washington D.C.,
Dr. Juan Carlos Esguerra
Ministro de Justicia y del Derecho
Ministerio de Justicia y del Derecho
Bogotá D.C., COLOMBIA
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a Ud. en relación con su carta del 3 de mayo[1], en la cual responde a nuestras críticas sobre el proyecto de enmienda constitucional que se conoce como “Marco Jurídico para la Paz”[2]. Quisiera aprovechar esta oportunidad para responder a las principales observaciones formuladas en su carta y explicar, nuevamente, por qué resulta indispensable que el Presidente Juan Manuel Santos y la coalición parlamentaria de gobierno corrijan los problemas fundamentales de su proyecto de acto legislativo.
I.
En la carta, Ud. señala que “la intención del Gobierno y del Congreso por supuesto no ha sido la de abrir espacios de impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado”. Sin embargo, al permitir que autoridades colombianas excluyan a guerrilleros, paramilitares y militares de responsabilidad penal por delitos atroces, el resultado de la enmienda sería facilitar la impunidad de jure —con fundamento en la Constitución—de quienes han participado en violaciones graves de derechos humanos.
De hecho, su carta no menciona ningún argumento que refute nuestro señalamiento de que el proyecto permitiría a quienes cometieron atrocidades—e incluso innumerables crímenes de lesa humanidad— eludan la investigación y persecución penal. No obstante, Ud. indica que “al contrario de lo que [José Miguel Vivanco] sugiere, serían precisamente las masacres, las desapariciones forzadas y las violaciones sexuales, entre otros delitos, los que serían perseguidos penalmente”. Quisiéramos, al respecto, reiterar que la enmienda permitiría a los fiscales renunciar a la investigación penal de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras atrocidades simplemente porque quienes los cometieron no califican como “máximos responsables.” La otra posibilidad es que, en el mejor de los escenarios, los funcionarios judiciales investiguen todos los hechos atroces, pero solamente juzguen a los “máximos responsables” de cada caso. De cualquier manera, en ambos casos, qué duda cabe que la enmienda permitiría a la Fiscalía limitar el juzgamiento de atrocidades a los “máximos responsables” y eximir de responsabilidad penal a aquellos que participaron en la planificación, ejecución y el encubrimiento de los peores crímenes en Colombia[3].
Su carta tampoco formula ningún argumento que refute nuestra afirmación de que la reforma autorizaría al Congreso a suspender la ejecución de penas de prisión dictadas contra guerrilleros, paramilitares o militares que cometieron los más graves abusos, incluidos aquellos que se consideren los “máximos responsables”. Por consiguiente, su carta confirma nuestro temor que se permita al Congreso garantizar que los “máximos responsables” condenados como resultado de la reforma no cumplan ni un día en prisión, y convertir de este modo los escasos juicios penales que se lleven a cabo en nada más que una parodia de justicia.
II.
Su carta hace hincapié en los resultados deficientes de la Ley de Justicia y Paz como justificación para la reforma (señala que se dictaron “sólo 7 sentencias” luego de casi 7 años de vigencia). Compartimos su opinión de que la Ley de Justicia y Paz, en gran medida, no ha permitido obtener justicia por los delitos cometidos por paramilitares, y así lo hemos señalado en varios informes de Human Rights Watch.
Sin embargo, debemos ser claros al respecto: las alternativas para Colombia no son la Ley de Justicia y Paz o el “Marco Jurídico para la Paz”. Como lo expresamos en nuestra carta, Colombia podría dar prioridad al juzgamiento de aquellos casos relacionados con los más graves delitos y sus máximos responsables. Conforme a una estrategia de este tipo, los funcionarios judiciales concentrarían su tiempo y recursos en el esclarecimiento de un conjunto de casos importantes, manteniendo su compromiso de investigar penalmente otras atrocidades. De ese modo, Colombia evitaría los errores de la Ley de Justicia y Paz sin renunciar a la posibilidad de juzgar a personas responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, como podría suceder si se adopta la reforma propuesta.
III.
Además, ha señalado en su respuesta que, a fin de garantizar efectivamente los derechos de víctimas de agentes del Estado, deben aplicarse a estos las medidas de justicia transicional. No comprendemos cuál sería la lógica que sustenta esta afirmación, ya que las dos principales medidas de justicia transicional autorizadas por la enmienda son 1) excluir a personas que cometieron hechos atroces de la posibilidad de ser juzgadas penalmente y 2) disponer su excarcelación. La consecuencia lógica de estas medidas sería negar a las víctimas, y no asegurar, su derecho fundamental a la justicia.
Su carta también indica que “la posibilidad de incluir a los agentes del Estado en los procesos de justicia transicional no supone que se les vaya a dejar de investigar, ni que los instrumentos diseñados para los demás actores [armados] también les sean aplicables a ellos”. Sin embargo, la única razón plausible para incluir a agentes del Estado en la reforma es permitir que se beneficien de la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la ejecución de penas. Si Colombia desea aplicar otros tipos de medidas de justicia transicional a agentes del Estado —como por ejemplo, conformar comisiones de la verdad— no habría ninguna necesidad de incluirlos en este proyecto de acto legislativo. Por ejemplo, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras ofrece indemnizaciones y otras formas de resarcimiento a víctimas de agentes del Estado, y para ello no fue necesario aprobar una reforma constitucional.
IV.
Se citan en su carta dos oraciones tomadas de informes de Human Rights Watch y se afirma que “este proyecto de Acto Legislativo recoge las sugerencias de Human Rights Watch con el espíritu de esclarecer los hechos ocurridos en el conflicto armado y establecer responsabilidades por los mismos”. Una revisión elemental de los documentos en cuestión permitiría advertir que tales frases, contenidas en informes donde se insta a Colombia a asegurar que se juzguen los delitos cometidos por paramilitares, fueron sacadas de contexto[4]. Los informes en ningún momento apoyan ni legitiman la actual iniciativa del gobierno para eximir de responsabilidad penal a quienes cometieron graves abusos.
Por ejemplo, su carta señala: “en 2008 [Human Rights Watch] nos sugiri[ó] concentrarnos en los crímenes más graves y los máximos responsables y explorar la ‘responsabilidad del superior, y otras formas de participación en la planificación y ejecución de los delitos’”. Nuestra recomendación de que se investigue a personas por su responsabilidad del mando se debe a que en Colombia, históricamente, no se ha juzgado a individuos que han tenido alto grado de responsabilidad por delitos atroces. Asignar carácter prioritario a la investigación penal de tales personas es una medida absolutamente legítima y razonable. Sin embargo, en ningún momento hemos recomendado a Colombia que se limite a juzgar únicamente a los autores de más alto rango que hayan participado en estos delitos, y excluir a los demás responsables. Una recomendación de este tipo, al igual que la reforma propuesta, se opondría directamente a lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos.
V.
Por último, Ud. ha señalado que incluir la “selección” de casos —en referencia a la práctica por la cual se eximen ciertos casos de persecución penal— en la estrategia de justicia transicional de Colombia constituiría una medida “en cumplimiento de [las] obligaciones internacionales [de Colombia] derivadas del Estatuto de Roma y otros instrumentos”. En relación con el Estatuto de Roma, quisiera reiterar que el “Marco Jurídico para la Paz”, en su redacción actual, podría exponer a Colombia a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional (CPI). El proyecto de acto legislativo daría en el futuro sustento constitucional a la sanción de leyes que podrían eximir de persecución penal a personas responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como lo expresamos en nuestra primera carta, cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos.[5]
En conclusión: para asegurar la rendición de cuentas de los abusos aberrantes cometidos por los actores armados colombianos, apoyamos resueltamente el diseño de una estrategia que asigne prioridad a casos importantes. Sin embargo, el “Marco Jurídico para la Paz” no constituye una estrategia para que los fiscales se concentren inicialmente en ciertos casos e investiguen posteriormente los demás. Por el contrario, la reforma permitiría que el Congreso exima de persecución penal a los responsables de delitos de lesa humanidad y asegure que incluso los “máximos responsables” de los delitos más graves no cumplan un día en prisión. Al permitir que quienes han cometido violaciones de derechos humanos eludan la acción de la justicia avalados por la propia Constitución, se socavaría irreversiblemente el estado de derecho y Colombia se expondría a las instancias internacionales.
Aprovecho esta oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
CC: Su Excelencia Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
CC: Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia
CC: Dra. María Ángela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores
CC: Dr. Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación
CC: Dr. Sergio Jaramillo, Alto Asesor de Seguridad Nacional
CC: Dr. Juan Manuel Corzo, Presidente del Senado
CC: Dr. Simón Gaviria, Presidente de la Cámara de Representantes
CC: Dr. Luis Fernando Velasco, Presidente de la Comisión Primera del Senado
CC: Dr. Roy Barreras, Senador de la República de Colombia

[1]Carta enviada por Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia y el Derecho de Colombia, a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, el 3 de mayo de 2012.
[2]Carta enviada por José Miguel Vivanco de Human Rights Watch a Juan Carlos Esguerra, Ministro de Justicia y el Derecho de Colombia, el 1 de mayo de 2012.
[3]El texto más actualizado del proyecto de enmienda establece que el Congreso, por iniciativa del gobierno, podrá, “…autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados.” El proyecto de enmienda no estipula qué tipo de condiciones se exigirían. (La contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos serían algunos de las posibles condiciones, según dispone el “Pliego Modificatorio” de la ponencia para el sexto debate parlamentario. Informe de ponencia para segundo debate (segunda vuelta) al proyecto de acto legislativo N.° 14 de 2011 Senado – 094 de 2011 Cámara, 24 de abril de 2012.
[4]Human Rights Watch, Las apariencias engañan: la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, 1 de agosto de 2005,http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ColombiaResumenyRecs.pdf; Human Rights Watch,¿Rompiendo el Control?: Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia, 16 de octubre de 2008, http://www.hrw.org/reports/2008/10/16/breaking-grip-0.
[5]Estatuto de Roma, art. 17(1)(a). El artículo dispone que “La Corte teniendo en cuenta  el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a)  El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por  un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo.” Estatuto de Roma, art. 17(2)(a) El artículo dispone que “A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará…si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso: … que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte…”
http://www.hrw.org/es/news/2012/05/08/respuesta-al-dr-esguerra-sobre-el-marco-juridico-para-la-paz