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2013/02/05

Instituto Municipal de Promoción y Defensa del Espacio Público


Haz Plural V

Calle de la Fundación Institucional

Publica mi amigo Ernesto Zuluaga, recordando la peatonalización de la 22 y la 18 :“Los nuevos espacios arrebatados a los flujos vehiculares fueron tomados velozmente por los vendedores ambulantes y estacionarios, con la respectiva complacencia de los siguientes gobiernos municipales”. ”Durante las alcaldías de Juan Guillermo Ángel, Ernesto Zuluaga y Martha Elena Bedoya se adelantaron importantes proyectos de reubicación de los vendedores estacionarios del centro de la ciudad, que no encontraron en los sucesivos gobiernos una actitud firme para resguardar los espacios públicos recuperados”. Castillo y Londoño también “reubicaron”. Luego sigue: ”En la alcaldía de Luis Alberto Duque, y haciendo caso omiso a las experiencias adquiridas, se adelantó otro costoso proyecto de ampliación de andenes y recorte de las calzadas vehiculares para privilegiar una vez más al peatón. Las carreras 7ª y 8ª entre calles 14 y 24 fueron esta vez las afectadas, y nuevamente los pereiranos nos vimos inermes ante la falta de autoridad de los siguientes gobiernos que permitieron, impertérritos, la ocupación de los nuevos espacios por cuenta de los mismos vendedores”.

Así, Ernesto concluye: “Me parece entonces una torpeza insistir en nuevos proyectos urbanísticos como el de la calle 19, o Calle de la Fundación, sin antes haber consolidado mecanismos de control del espacio público y sin recuperar el perdido concepto de autoridad”. En parte de acuerdo: en desacuerdo cuando cuestiona que “se pretenda restringir aún más el acceso vehicular al centro de la ciudad”. Por eco-principio privilegio al peatón y disiento del uso de motorizados.

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que 16 de cada 100 pereiranos que usan automóvil congestionen nuestro pequeñísimo centro histórico? ¡Caminemos o usemos bicicletas (y, los ancianos, sillas de ruedas) públicas y que cuando haya grandes bolsas/compras nos las envíen a nuestras casas! (http://ow.ly/h4XOV ).

Zuluaga critica los “sucesivos” y “siguientes gobiernos” y llega a la esencia del tema  ¿Usted se imagina que cada “sucesivo” “siguiente” alcalde llegara a improvisar con el agua, aseo, tránsito, electricidad etc.? el caos, ¿cierto? ¿Qué pasaría con el agua  si aquí careciéramos de una institución dedicada al tema? ¿O sin un responsable del aseo, tránsito, electricidad, etc.? ¿Se lo imagina? ¡El caos absoluto!...eso es lo que pasa con el espacio “público” y, especialmente, con el ya no “ocupado” sino “saturado” de comercioen calle: se da el caos porque carecemos de “mecanismos” institucionales “de control del espacio público”; como si los tenemos para el agua, aseo, tránsito, electricidad, etc.

Lo que sucede con el espacio público (y el comercio en calle) es que cada alcalde llega  –“pactado” (…) ó con buenas intenciones - a improvisar, casi todos a borrar lo que hizo el anterior, pues carecemos de un Instituto Municipal de Promoción y Defensa del Espacio Público, con una junta directiva mixta o tri-estamentaria donde los “no-políticos” aseguren la continuidad técnica. Lo que tenemos, de institucionalidad pública y privada para el tema es un hazmerreir burlado por los pequeños comerciantesen calle y, especialmente, por sus medianos, grandes y mega proveedores: la carcajada se extiende por la 8a, la Circunvalar, la…

Usted tal vez no sabe que si en algo insistió la Universidad Católica, antes de retirarse en Agosto del 2010 del acompañamiento que hacía a este tema, cansada del boicot e incumplimiento al plan de alternativas (o Pacto Cívico), ordenadas por la Corte Constitucional para armonizar el uso “público” del espacio con el mínimo vital “individual”; si en algo insistió fue en la necesidad de esa institucionalidad, por eso promovió a Corpocontodos y la redacción del acuerdo municipal creando ese instituto. Puede leerlo en http://contodosycontodo.blogspot.com/.

Matecaña: Sí a una transparente asociación pública-privada, estamos atrasados –también- año y medio, miren: http://ow.ly/he05M

2011/11/24

Cada individuo debe esforzarse para mejorar la vida colectiva y así la propia.


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Si cumple las normas ‘se jode’

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En las sociedades avanzadas la línea base de los paradigmas de convivencia es bastante elevada.
Todos están de acuerdo, por ejemplo, en que nadie debe “volarse” un semáforo porque puede matar a otros ciudadanos, y que hacerlo acarrea sanciones duras; que los espacios públicos no deben ocuparlos ni parcelarlos particulares para su propio beneficio; que la basura no se arroja al suelo, sino que se recoge y se mete a las canecas; que la libertad de cada individuo termina donde comienza la de los demás, y que no se permiten abusos como por ejemplo, equipos de música a todo volumen; que la Policía tiene que hacer cumplir la ley y que los ciudadanos deben acatarla en los espacios públicos y hasta en los privados, cuando desde estos se abusa de los demás; y que ningún derecho individual, aunque sea fundamental, justifica abusar de cualquier derecho de la colectividad.
En los países avanzados saben que mientras más elevada sea la línea base para la convivencia colectiva, mayor será la calidad de vida del conglomerado, y por lo mismo de cada individuo, y que para poder gozar de los derechos individuales, primero hay que cumplir con las responsabilidades que implica gozar de esos privilegios. Cada individuo debe esforzarse para mejorar la vida colectiva y así la propia.
En los países atrasados ocurre lo contrario. Los individuos suelen actuar como si no existiesen los derechos colectivos y tratan de maximizar sus privilegios por encima de los de los demás. Esta tendencia la hay hasta en los estratos altos, donde se supone que una mejor educación mejoraría también la conciencia de la vida colectiva.
Ya es normal, por ejemplo, que en un Estado garantista haya una norma jurídica llamada la “confianza legítima”, que legaliza la invasión del espacio público cuando el propio Estado la consintió, y que para liberarlo, que sigue siendo una obligación de los gobernantes, se requiera compensar a aquellos que lo ocupan.
O que las exigencias para construcción o puesta en marcha de un negocio, sólo se apliquen para quienes lo hacen de manera legal, porque los ilegales (así tengan recursos) no piden ningún permiso, pero tampoco se les sanciona.
En fin, son muchas las pruebas que se encuentran a diario, de cómo lo más fácil en nuestras ciudades es incumplir la ley, porque la vida se facilita y nadie (el Estado) molesta.