Foto: Óscar Pérez - El Espectador
"Hemos denunciado irregularidades desde 2005 o 2006", dice Sergio Isaza.Dice que tuvo que acudir a la tutela y a derechos de petición para que le entregaran información. Cuando lo logró, su institución encontró de inmediato las irregularidades pero nadie puso atención.
Cecilia Orozco Tascón.- La Federación que usted preside ha sido estudiosa del sistema de salud ¿Previó la magnitud de la crisis que se vive hoy?
Médico Sergio Isaza Villa.- Por supuesto que sí y lo habíamos advertido hace por lo menos cinco años pero el gobierno no nos escuchó. Lo que acaba de ocurrir no es solo producto de una crisis reciente sino que lleva gestándose desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se aprobó la ley 100 en 1993, cuando empezó a funcionar el actual sistema. Pero en los últimos años, el problema se ahondó. Los únicos éxitos que se registran tienen que ver con la creación de un muy poderoso sistema financiero alrededor del sector.
C.O.T.- De la ley 100 se ha dicho que pese a todos sus males, sirvió para ampliar los servicios y la cobertura ¿Es ficción?
S.I.V.- Se refieren a la cantidad de personas que han recibido un carné y que, supuestamente, han adquirido un derecho. Pongamos un ejemplo: en el Chocó hay más del 90% de cobertura, es decir, de personas con carné. Sin embargo menos del 40% de la población tiene acceso a los servicios médicos y fuera de eso, el hospital más importante del departamento no es de alta complejidad sino de nivel 2. A muy pocos kilómetros de Quibdó, usted no encuentra ni siquiera un puesto de salud. Una cosa es hablar de cifras y otra, de la realidad: hay gente con carné pero no con servicios de salud.
C.O.T.- Si se quisiera resumir la enorme crisis actual en dos párrafos ¿Qué debería decir?
S.I.V.- Se debería decir que el sistema actual se construyó con la disculpa de prestar servicios obligatorios de salud y médicos hospitalarios y ambulatorios, pero cuyo fin último terminó siendo el de desarrollar un poderoso negocio financiero, de libre mercado y con ánimo de lucro. Antes había unos entes que regulaban los precios en un mercado de instituciones estatales como el Seguro Social y las cajas de previsión que no tenían ánimo de lucro. Al pasar a un régimen en que los privados podían subir los precios y había que eliminar los entes del Estado, en vez de mejorar lo que había, que ya se criticaba por corrupto pero que al fin de cuentas se podía controlar, la situación se empeoró porque los precios se dispararon y las EPS obtuvieron unas ingentes ganancias con un ingente poder político y económico. A la vista tenemos los resultados.
C.O.T.- Difícil decir una sola solución pero ¿Cuál sería la fundamental?
S.I.V.- Como Federación Médica Colombiana hemos defendido desde hace más de diez años el principio de que la salud es un derecho fundamental. Nosotros pedíamos que se incluyera la salud en la lista de los derechos del capítulo II de la Constitución. Pero la Corte Constitucional en la sentencia T760 de 2008 nos ahorró el trabajo porque dejó claro el punto de que la salud es derecho fundamental y no solamente cuando hay amenaza a la vida. Puesto ya en esos términos, no cabe otra cosa que diseñar un sistema que lo garantice. De manera tal que lo que hay que transformar es la estructura.
C.O.T.- ¿Cree que hay que eliminar la Ley 100 y crear otro sistema es la salida?
S.I.V.- Sí, crear un sistema cuyo eje central sea, no el económico de grandes EPS sino el de garantizar el derecho fundamental a la salud. Si las evidencias ya han demostrado que los responsables de esta debacle son los intermediarios, o sea el “cartel”, como dijo el presidente, de las EPS con su corrupción, hay que acabar con esa intermediación. Y en su lugar, crear un fondo central nacional de salud dirigido por el Estado para ejercer control y una fuerte instancia de vigilancia con participación de la sociedad civil. Esto, obviamente, implicaría una necesaria modificación de la Ley 1438 que acaba de reformar el sistema actual y que, paradójicamente, le dio más poder a las EPS.
C.O.T. -¿Por qué? ¿Esta ley no fue la que resultó de la conciliación con aquella que levantó tanta ampolla cuando se pretendió que los jubilados invirtieran su pensión en pagarse la salud?
S.I.V.- Exactamente. Usted se refiere a la primera iniciativa que intentó pasar el expresidente Uribe utilizando la emergencia social. Pero el resultado de la discusión y después, de la conciliación, fue la ley 1438 que, lastimosamente, lo que hizo fue darle todo el poder de coordinación de la atención primaria en salud a las EPS que no tenían antes. Esa tarea la atendían los entes territoriales y los hospitales que son los que reciben a la población. Ahora habrá también intermediación allí. Si antes estábamos como estábamos, cómo será ahora.
C.O.T.- Aunque parezca extraña la comparación se la voy a hacer: en el sistema de salud terminamos ejecutando un esquema similar al que se intentó realizar con el trabajo y posesión de la tierra en programas como el de Agro Ingreso Seguro o el de Carimagua? Es decir, que ¿los empresarios con poder económico son los que deben tener la propiedad de los grandes negocios, y los demás debemos estar subordinados a ellos y sus intereses?
S.I.V.- Me hace usted caer en la cuenta de que ambos esquemas corresponde al mismo modelo económico. Creo que sí consiste en un sistema en donde todo el poder se concentra en el gran capital financiero.
C.O.T.- La decisión de cuáles tratamientos y medicamentos se les dan a los pacientes, aparenta ser de los médicos tratantes pero en el fondo ¿son dictados por la camisa de fuerza de la EPS a la que pertenecen médico y paciente?
S.I.V.- Así es, sobre todo después de lo que se ha descubierto en asociaciones como la de Acemi en donde se aglutinaron las 14 EPS más poderosas para funcionar como si fueran el monopolio que manda en el mercado.
C.O.T.- ¿Por qué pasaron tantos años antes de que el escándalo tomara forma y el Estado empezara a sancionar?
S.I.V.- Eso nos hemos estado preguntando en la Federación Médica. Como le decía, nosotros hemos denunciado irregularidades respaldados en documentación juiciosamente recopilada desde 2005 o 2006, cuando creamos el Observatorio de Medicamentos. Les hemos estado informando a las instancias correspondientes sobre esas irregularidades ¿Por qué no han actuado? Vaya usted a saber.
C.O.T.- Precisamente desde ese observatorio ustedes han venido denunciando abusos ¿Por qué obtuvieron pruebas de las irregularidades?
S.I.V.- Inicialmente hacíamos trabajo de campo, de seguimiento y de comportamiento de los precios de los medicamentos. Rápidamente encontramos que había diferencias monstruosas de precios en el mismo producto. Abrimos una ventana en internet y empezamos a hacer un boletín. Allí sacamos a la luz pública todos nuestros hallazgos, sobre todo en materia de problemas con los medicamentos de alto costo. Cuando los pacientes empezaron a buscarnos para quejarse, decidimos que era hora de actuar de otra forma.
C.O.T.- ¿Cómo?
S.I.V.- Empezamos a pasar derechos de petición para que el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía que administra recursos para el subsidio de la salud) nos diera la información que requeríamos. Específicamente pedimos la base de datos de esa institución pero varias veces nos la negaron de manera que tuvimos que recurrir a la tutela. En un documento firmado por el viceministro de entonces, cuando le pedimos los precios a los que el Fosyga le pagaba unos medicamentos de alto costo a un laboratorio trasnacional, nos decía que ese dato correspondía al secreto comercial. Y que, por tanto, iba a consultar con el departamento jurídico de ese laboratorio a ver si lo podía entregar ¿Cómo le parece? ¡El ente público preguntándole al privado lo que puede hacer!
C.O.T.- ¿Qué hizo entonces?
S.I.V.- Pasamos a la tutela y mediante esa acción que perdimos inicialmente, pero ganamos en la impugnación, el Fosyga tuvo que darnos una base de datos.
C.O.T.- ¿Qué encontraron?
S.I.V.- Poco porque la información venía ‘encriptada’ y no la pudimos abrir. Tuvimos que acudir a unos expertos que finalmente la abrieron. Y lo que encontramos fue basura.
C.O.T.- ¿Qué quiere decir?
S.I.V.- Que no había información seria sino cerca de cuatro millones de datos sin ningún orden. Con paciencia, nos dimos a la tarea de limpiar esa información hasta que logramos reducir esos datos casi a la mitad. Usted no se imagina las inconsistencias, los datos duplicados, los nombres incompletos, los registros equivocados etc. Ésa era la respuesta del Fosyga a una tutela; esa era su base de datos.
C.O.T.- ¿En cuál año ocurrió eso?
S.I.V.- El año pasado, cuando el ministro era Diego Palacio. El viceministro al que tuvimos que ponerle un nuevo derecho de petición para que entregara una base útil de datos fue Carlos Ignacio Cuervo Valencia.
C.O.T.- Pero ¿finalmente les dieron más información?
S.I.V.- Pues cuando encontramos esa cantidad de inconsistencias, nuevamente le solicitamos al Fosyga que nos mandaran información que sirviera. Otra vez tuvimos que acudir al derecho de petición. Nos entregaron otra base también imposible de abrir. Afortunadamente, uno de los miembros de la Federación estaba en ese momento en Boston. Le mandamos el material y allá nos pudieron ayudar. Con esa base oficial hemos estado trabajando y denunciando todos los sobrecostos.
C.O.T.- ¿Qué contiene exactamente?
S.I.V.- Eso es lo grave: están los recobros de medicamentos que las EPS le han hecho al Fosyga. Allí se pueden observar las diferencias de precios según la EPS que esté solicitando el recobro. El rango diferencial puede ser estar entre 300, 500 y 1000 veces con respecto al precio de un mismo medicamento.
C.O.T.- ¿y el Estado les pagaba a pesar de los valores tan diferentes y de los sobrecostos tan exorbitantes?
S.I.V.- Sí. Entonces dijimos: ¿Dónde está el control? ¿Quién es el jefe de la oficina de pago de recobros? Estamos ante una situación en que la EPS recobra muy por encima de lo establecido y el funcionario del Fosyga ordena el pago del recobro como si estuviera dentro de lo normal.
C.O.T.- Primero: ¿A la Federación le quedó claro que el Fosyga no le quería entregar la información porque sabía que se descubrirían irregularidades?
S.I.V.- Digamos que el Fosyga fue claramente renuente a entregarnos la base de datos y que tuvimos que acudir a la tutela; que después nos dificultó la entrega sin justificación y que, luego, aparecieron serias inconsistencias.
C.O.T.- Segundo: ¿Hay complicidad de funcionarios del Fosyga?
S.I.V.- Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Como no somos una entidad competente para adelantar investigaciones, esperamos que los organismos judiciales y de control nos lo digan.
C.O.T.- ¿Alguna EPS se ha quejado por no estar de acuerdo con lo que ustedes afirman en su boletín virtual?
S.I.V.- Una vez dimos un dato sobre el precio de un medicamento que dos EPS, Sura y Comparta, del régimen subsidiado, estaban cobrándole al Fosyga. Ambas nos llamaron para decirnos que esa información no era cierta. Les explicamos que era un dato tomado de fuente oficial. Respondieron que era falso. Les pedimos que nos enviaran lo que el Fosyga les pagaba. Efectivamente encontramos que no correspondían las cifras con las de las dos EPS.
C.O.T.- O sea ¿El Fosyga tiene información falsa en su base de datos?
S.I.V.- Sí, al menos en este caso. No sabemos si también en otros pero no sería raro por todas las inconstancias que le he dicho que encontramos.
C.O.T.- No es difícil suponer que si ponen información errónea en materia de entrega de dinero a EPS puede ser que alguien se haya quedado con el dinero…
S.I.V.- No quiero llegar a conclusiones pero por ese motivo le pedimos a los organismos judiciales y de control que investiguen y lleguen hasta el fondo de esta cuestión que no es de unos dos, tres o cuatro pelagatos. Para el nivel de defraudación del que se está hablando, tiene que haber una red muy poderosa y altos mandos que ordenen el pago de esos recobros.
C.O.T.- ¿Por qué ustedes empezaron a rastrear datos? ¿Tenían dudas de que algo irregular estaba ocurriendo?
S.I.V.- Empezamos a buscar a raíz de que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos decidió eliminar los controles de precios y que eso ocurriera en Colombia nos pareció muy grave. Esa comisión no está compuesta por cualquiera: está constituida por un representante directo por el presidente de la República, el ministro de Protección Social y el ministro de Comercio, Industria y Turismo.
C.O.T.- Y el argumento central para eliminar todo tipo de control ¿Cuál era?
S.I.V.- Que los precios se regulaban solos. Fue a partir de ahí cuando se dispararon los recobros y las gigantescas diferencias de precios del mismo medicamento. No me explico cómo el gobierno tomó tal decisión.
C.O.T.- ¿El desgreño y la corrupción en el sistema de salud en Colombia explica que los medicamentos aquí sean son infinitamente más costosos que en los países vecinos aunque sean del mismo laboratorio?
S.I.V.- Creo que sí. Y eso lo han sabido los ministros de Protección Social desde hace años. Así que no pueden decir que no estaban enterados. Hay medicamentos que valen cuatro, cinco o seis veces menos en los países vecinos que lo que valen aquí. Como el gobierno, en cabeza del ministerio de Protección Social y de Comercio Industria y Turismo, es el que compra ciertos grupos de medicamentos de alto costo y las vacunas, tiene la capacidad de negociar y proponer precios a los laboratorios transnacionales. Es un problema de voluntad política o de capacidad de negociación. O tal vez sucede algo como lo que usted sugiere en su pregunta.
C.O.T.- El exministro Palacio, hablando con usted en un programa de radio apenas la semana pasada, aseguró que este lío de la salud era solo “una cuestión de espuma y melodrama” ¿Qué opinión le merece esa frase?
S.I:V.- Primero me sorprendió mucho que un exministro de dos periodos presidenciales consecutivos, que supuestamente debería conocer en profundidad todo lo que estaba pasando, contestara de esa manera. Tal vez eso corresponde a su comportamiento con el sistema durante este tiempo.
C.O.T.- ¿Por qué cree que llegamos a este punto tan hondo en la crisis del sistema de salud: complacencia, complicidad o descuido del gobierno?
S.I.V.- Como le decía, me parece que corresponde a una concepción política. Fui miembro del Consejo de Seguridad Social en Salud como representante de la Federación Médica. Esas reuniones parecían más dedicadas a resolverle la situación financiera a las EPS que a los problemas de salud del país.
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