2012/06/13

asesinato de civiles inocentes


Nuestro futuro y las víctimas

ORLANDO PARRA G.
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¿Qué nos hubiera pasado si después de la violencia (por la tierra) entre liberales y conservadores, todos los asesinos de civiles desarmados, hubieran tenido que responder? ¿ si en vez de tener  que “tragarse el sapo” las víctimas hubieran podido exigir a sus victimarios? ¿Si muchos victimarios hubieran podido contar cómo pasaron de víctimas a victimarios? ¿Será que el “algo debía” que permanente se oye cuando alguien es hoy asesinado sería tan masivo?¿Esa  proclividad (estar listo para) a resolver los eternos y normales conflictos humanos por la violencia, nos hubiera costado tan exagerado número de muertos entre hijos de “la violencia”?
Algún osado diría que en esa época ni sabíamos que existían esas normas. Falso. Bolívar y Morillo firmaron un tratado por allá en 1820 donde se hablaba de respeto a los no combatientes (http://ow.ly/bx1jd) ó si se quiere, si bien esa violencia falsamente asociada a ideologías partidarias cuyo motor era el despojo de tierras dio inicio en 1946, ya para 1949 Colombia había aceptado cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario (http://ow.ly/bx1A3). Ninguna excusa cabía, como lo denunció Monseñor Guzmán (http://ow.ly/bx5E5) para proteger los asesinos con un perdón y olvido que destruyó la moral de la nación, destruyó el “respeto a la vida” y nos condujo por una proliferación de centenas de miles de asesinatos amparados en una impunidad vendida como “modelo de paz” desde esos años. De hecho si se escarbara se encontraría una ligazón entre los paramilitares de hoy y los pájaros, bandoleros, etc. de esa época, especialmente entre sus  jefes reales o “autores intelectuales”.
Ojalá la ley de víctimas se hubiera extendido hasta 1946… todavía hay personas vivas que deberían explicarnos muchas cosas, muchas fortunas obtenidas en esas épocas a partir del despojo a familias liberales, conservadoras, comunistas, con la excusa de ser del partido contrario. Luego siguieron con la violencia -con excepción del MOIR que consideró que un levantamiento armado sólo debía darse al final y no impulsando guerrillas- casi todos los partidos de izquierda. Sólo a estos últimos, a todo desmovilizado después de 1989, convoca la ley desde este año a “enaltecer la memoria de sus víctimas” mediante la “satisfacción y reparación simbólica, o compensación moral necesarias” (http://ow.ly/bx2ll  ). La ley debería extenderse a muchos de quienes los combatieron los cuales también deberían explicar muchas cosas. La verdad y la reparación, el perdonarse a sí mismos incluso, las necesitan todos.
El decreto reglamentario de esta ley (http://ow.ly/bx2EL) da tareas a Botero (Art. 250) a Vásquez y demás alcaldes (Art. 251). Establece que “la memoria histórica es patrimonio público”, apunta “su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición y de reconciliación…”. Tampoco se trata de un linchamiento colectivo, se trata de “justicia transicional” (http://ow.ly/bx3e6 ), necesitamos reconstruir la verdad, una verdad que sane a victimas y a victimarios. De todos modos se establece que “la autoridad judicial podrá, de oficio, revocar los beneficios concedidos, de hallar probado que el desmovilizado incumplió cualquiera de los requisitos exigidos”…y un requisito es esa “reparación simbólica”.
Todo sea por una Colombia donde se comprenda que el asesinato de civiles inocentes, especialmente niños inermes, nunca jamás será permitido.
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Colombia debe subsanar falencias del proyecto sobre justicia transicional
12 DE JUNIO DE 2012
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Colombia debe corregir graves problemas del “Marco Jurídico para la Paz”
(Washington, DC) – El miércoles 13 de junio de 2012, el Senado de Colombia celebrará el octavo y último debate sobre el proyecto de acto legislativo conocido como “Marco Jurídico Para la Paz”. Si bien el 4 de junio, en el séptimo debate legislativo, se incorporaron a dicho proyecto algunos cambios positivos, no permitieron remediar las graves falencias que presenta la propuesta. El debate programado para el miércoles será la última oportunidad en que el Congreso podrá modificar el proyecto de enmienda constitucional para que cumpla con las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia conforme al derecho internacional y proteja —en vez de negar— derechos fundamentales de las víctimas.
Aún subsisten tres problemas fundamentales en la última versión aprobada del proyecto el pasado 4 de junio:
  1. La enmienda permitirá al Congreso suspender la ejecución de penas dictadas contra guerrilleros, paramilitares o militares condenados por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, incluidos aquellos que se consideren los “máximos responsables” de tales abusos. Por lo tanto, el Congreso tendrá la facultad de garantizar que altos comandantes de las FARC, condenados por atrocidades, no cumplan ni un sólo día en prisión. Si la Constitución de Colombia concede a líderes guerrilleros la posibilidad de evitar ser encarcelados, es predecible que exigirán tal beneficio cuando negocien con el gobierno, y que no estarán dispuestos a aceptar ninguna medida menos favorable.
  2. La reforma limita el juzgamiento de atrocidades a las personas que se consideren sus “máximos responsables” y, por consiguiente, habilita al Congreso y, posteriormente a las autoridades judiciales, a eximir de la posibilidad de persecución penal a innumerables guerrilleros y paramilitares responsables por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
  3. Militares que han tenido responsabilidad en delitos aberrantes podrían beneficiarse con la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la ejecución de la pena. Estos beneficios se extenderían incluso a militares responsables de ejecuciones extrajudiciales que se conocen como “falsos positivos”, a pesar de que el Dr. Roy Barreras, ponente de este proyecto en el Senado, afirma que tales personas no deberían poder acogerse a los beneficios ya que “esa nunca fue la intención ni el espíritu de los legisladores”. Independientemente de cuál sea la intención manifestada por los legisladores, conforme a la última versión aprobada, la enmienda se aplica a “los agentes del Estado, en relación con su participación en el [conflicto armado interno].” Al respecto, cabe hacer notar que en reiteradas oportunidades las autoridades judiciales colombianas han resuelto que casos de falsos positivos pueden guardar relación con el conflicto armado. En efecto, hay varios casos de falsos positivos que han sido juzgados como presuntos “homicidios en persona protegida”, un delito estrictamente vinculado con el conflicto armado interno que el Código Penal colombiano define como “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasion[ar] la muerte de persona protegida” (énfasis agregado).
  1. Los miembros de grupos sucesores de los paramilitares, que han sido denominados por el gobierno colombiano como “bandas criminales emergentes” (Bacrim), no podrían reclamar los beneficios establecidos en la enmienda.[1] Estos grupos habían sido excluidos de los beneficios contemplados en la reforma hasta el 30 de mayo, cuando se modificó el proyecto que se sometió al séptimo debate parlamentario. La decisión de mantener la exclusión de los grupos sucesores de los paramilitares no hace más que subsanar una modificación introducida recientemente al proyecto que habría exacerbado una propuesta ya de por sí errada.
  2. El proyecto de acto legislativo parece establecer ahora que todos los casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben ser investigados penalmente[2]. Las versiones anteriores disponían en cambio que solamente aquellos casos que pudieran vincularse con quienes se consideran los “máximos responsables” serían investigados penalmente. Sin embargo, como se explicó precedentemente, el Congreso y, posteriormente los operadores de justicia, aún tendrían la facultad de excluir de la posibilidad de juzgamiento a todos aquellos que, a pesar de haber intervenido directamente en la planificación, ejecución y el encubrimiento de los mismos delitos, no se consideren sus “máximos responsables”.
En conclusión: el Marco Jurídico para la Paz no es otra cosa que una amnistía encubierta. Las víctimas colombianas no tardarán en comprobarlo cuando vean que sus victimarios quedan libres sin siquiera haber cumplido un sólo día en prisión. A su vez, la Corte Penal Internacional (CPI) está observando la situación en Colombia y deberá investigar al país si determina que este no está dispuesto a juzgar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, o no puede realmente hacerlo. La adopción de una norma que exime de la prisión a quienes tienen mayor responsabilidad por los crímenes más graves transmitiría el claro mensaje de que el gobierno colombiano no está dispuesto a avanzar en las iniciativas de justicia, y por consiguiente, podría abrir la puerta a una investigación de la CPI.
[1]Conforme a la última versión aprobada, la enmienda se aplica a “grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno.” El gobierno colombiano no reconoce los grupos sucesores de los paramilitares como partes del conflicto armado interno. Sin embargo, en el futuro, podrían ser reconocidos como partes del conflicto, lo que podría permitir que sus miembros reclamaran los beneficios de la enmienda.
[2]La última versión aprobada del proyecto de acto legislativo dispone que el Congreso, por iniciativa del gobierno, podrá “mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o genocidio” (énfasis agregado). La incorporación del término “todos” implica que todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deberán ser investigados penalmente. 
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2012/06/10

Por qué fracasan las naciones



Los autores James Robinson y Daron Acemoglu argumentan que la política es el factor más determinante del desarrollo y el progreso de las naciones. De las instituciones políticas fuertes depende la capacidad de generar economías que crezcan y ofrezcan bienestar para todos.
Los autores James Robinson y Daron Acemoglu argumentan que la política es el factor más determinante del desarrollo y el progreso de las naciones. De las instituciones políticas fuertes depende la capacidad de generar economías que crezcan y ofrezcan bienestar para todos.
LIBROEs el libro de economía más destacado este año. Elogiado por varios premios Nobel, explica por qué hay países muy ricos y otros muy pobres y dónde está la clave del éxito. Los autores incluyeron el caso de Colombia. ¿Cuál es la conclusión?
Sábado 9 Junio 2012
PauteFacil.com
Dos destacados economistas, Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y James Robinson, profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard, están sorprendiendo al mundo con su libro Why Nations Fail (Por qué fracasan las naciones).

Los comentarios en la prensa especializada no podrían ser más elogiosos. "Este es un libro intelectualmente rico, que debe ser leído ampliamente", dijo el Financial Times. "Es una pieza espléndida de la erudición y una muestra de rigor económico", comentó The Wall Street Journal. "Este libro va a cambiar la forma de pensar acerca de la riqueza y la pobreza de las naciones", anotó Bloomberg Business, y como una "obra maestra" lo calificó The Washington Post.
Igual fascinación ha despertado entre varios premios Nobel de Economía, que lo han considerado un texto muy original. George Akerlof, que compartió el Premio Nobel de Economía en 2001, dijo que en los próximos dos siglos esta obra seguirá siendo de lectura obligada.

La verdad es que el origen del fracaso de los países y las diferencias en el desarrollo es un tema que de tiempo atrás ha inquietado a los economistas. Muchos han tratado de explicar por qué hay países más prósperos que otros, cuál es la receta para salir del subdesarrollo y la pobreza y cómo romper el nudo que impide que todos los ciudadanos de un mismo país disfruten de similares condiciones de bienestar.

Lo interesante de Acemoglu y Robinson es que, desde la órbita de la economía, la historia y la política, han esbozado nuevas tesis que rompen con muchos argumentos que se han usado en el pasado para dar respuesta a los anteriores interrogantes. Los autores desprecian las historias que señalan que las diferencias entre ricos y pobres surgen de factores culturales, geográficos, o de la ignorancia.

Robinson, que también es profesor de verano de la Universidad de los Andes, afirmó en diálogo con SEMANA que muchas veces la gente piensa que la geografía juega a favor o en contra del éxito. Que las montañas, que la lejanía de la costa o que el clima determinan la prosperidad. O que los factores culturales hacen que haya pueblos más avanzados que otros.

Nada más equivocado. Para refutar estos populares argumentos, los autores hacen un análisis histórico y se remontan a las épocas colonialistas. Con varios ejemplos, desde Sierra Leona y Egipto en África, pasando por Gran Bretaña, China, Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos, concluyen que las instituciones y las reglas del juego que se deben mantener a lo largo de los años determinan que haya naciones más prósperas que otras.

La tesis principal del libro es que el futuro de las naciones depende de la forma como los pueblos organizan sus sociedades. Además muestra que, aunque las instituciones económicas son esenciales, las politicas son las más determinantes.

En este sentido, el libro concluye que las naciones fallan porque sus instituciones son débiles y "extractivas", es decir, son excluyentes: privilegian a unos grupos de la sociedad por encima de otros y concentran el poder en una élite que actúa para su propio beneficio.

Según los autores, estas estructuras no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta, se eduque, innove y acceda a nuevas tecnologías. La forma como se organiza el poder estaría siempre en la raíz del fracaso.

La importancia de las instituciones políticas radica en que de ellas depende la capacidad de los ciudadanos para controlar e influir y sacar provecho propio. Si son fuertes e incluyentes, impiden que haya personas que abusen del poder para amasar sus propias fortunas y llevar a cabo sus propias agendas en perjuicio del resto de la sociedad.

Hay ejemplos a montones que corroboran esta tesis. Por ejemplo, Acemoglu y Robinson se preguntan por qué Egipto es pobre, y encuentran la respuesta en que esta nación ha sido gobernada por una élite estrecha que ha organizado la sociedad para su propio beneficio, a expensas de la mayoría de la población.

Otro ejemplo que menciona el libro para ilustrar cómo actúan estas fuerzas de poder es el caso del magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim y la forma como se convirtió en el hombre más rico del mundo. "Slim ha hecho su dinero en la economía mexicana, en gran parte, gracias a sus conexiones políticas. Cuando se ha aventurado en los Estados Unidos, no ha tenido éxito".

En contraste, Gran Bretaña y Estados Unidos se hicieron ricos porque sus ciudadanos derrotaron a las élites que controlaban el poder y crearon una sociedad en la que los derechos políticos fueron mucho más ampliamente distribuidos, donde el gobierno era responsable y sensible a los ciudadanos y donde la mayor parte de las personas podrían beneficiarse de las oportunidades económicas.

Un punto fundamental es la capacidad del Estado para regular y gobernar la sociedad e impedir que se concentre el poder y la riqueza en manos de pocos. Solo con instituciones políticas inclusivas, esto es, que protejan la propiedad privada, estimulen la innovación emprendedora y generen incentivos para todos por igual, se puede salir del subdesarrollo. Es decir, de cómo se organice la política dependerá cómo funciona la economía.

En síntesis, como dijo Dani Rodrik, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, después de leer el libro, Acemoglu y Robinson explican la razón de la desigualdad de los países con una frase sencilla pero contundente: "¡Es la política, estúpido!".

Reflexiones para Colombia
Los autores le dan una mirada a Colombia y plantean también importantes reflexiones. Aunque señalan que en muchos aspectos las instituciones económicas y políticas se han vuelto más inclusivas a través del tiempo, todavía persisten elementos de lo que denominan instituciones extractivas.

Según Robinson, la debilidad del Estado central colombiano es un grave problema, pues le impide controlar todo el territorio y, como consecuencia, en una parte del país la ley está ausente. No es de extrañar entonces, dice, que hayan florecido organizaciones como los narcotraficantes, el paramilitarismo y la guerrilla.

Por ejemplo, la ausencia de control explica el poder de los paramilitares en muchas zonas y su relación simbiótica con los políticos y la influencia que pueden tener cuando hay elecciones.

Robinson dice que tener el rótulo de ser una de las democracias más antiguas no ha servido para garantizar igualdad para todos. Hace énfasis en que, aunque el Estado es capaz de proporcionar servicios y seguridad en las grandes zonas urbanas, hay sectores donde los vacíos son notorios. "En algunas partes del país, las instituciones económicas funcionan bastante bien y hay altos niveles de capital humano y habilidad empresarial, pero, en otras, las instituciones muestran un grado mínimo de autoridad estatal".

El hecho de que el país se mantenga como una de las naciones más desiguales de América Latina es muestra de que no ha logrado tener instituciones económicas y políticas fuertes para adelantar los cambios necesarios. Hay varios ejemplos que cita el economista: no se ha logrado tener un régimen tributario más equitativo y justo. Otra muestra de debilidad nacional es que ningún gobierno ha logrado mejorar la infraestructura del país, que colapsa con cada invierno. Por otro lado, preocupa que Colombia parece estar más interesada en estimular la explotación minero-energética que en invertir en educación, tecnología e innovación.

Si bien los autores llegan a la conclusión de que Colombia no es un Estado fracasado ni está a punto de colapsar, sugieren que lograr un crecimiento económico sostenido es muy poco probable. Suena bastante pesimista, pero, como dice Robinson, es posible cambiar, aunque no sea fácil. El libro podría ser una buena guía para corregir el rumbo. 
Los países FALLAN PORQUE SUS INSTITUCIONES POLíticas y económicas son débiles
Los países FALLAN PORQUE SUS INSTITUCIONES POLíticas y económicas son débiles

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2012/06/07

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL ó marco legal para la paz (a JUNIO 4 del 2012)...7o Debate... Penúltimo Debate

TEXTO APROBADO POR LA COMISION PRIMERA DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA  

SÉPTIMO DEBATE


PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 14 DE 2011 SENADO - 94 DE 2011 CÁMARA

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”



EL CONGRESO DE COLOMBIA


DECRETA:


ARTÍCULO 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así:

Artículo transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizar en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

Mediante una Ley estatutaria se podrán establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción, y se podrán crear mecanismos especiales de imputación. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

A la terminación del conflicto armado se podrá crear una comisión de la verdad. Una Ley estatutaria definirá su objeto, composición y funciones.

Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o genocidio; establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extra-judiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. Los criterios de priorización y selección deberán tener en cuenta la gravedad y representatividad de los casos.

En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto a la terminación del conflicto armado interno, y por tanto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad,  y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

La suscripción de cualquier acuerdo de paz requerirá la liberación previa de los secuestrados en poder del grupo armado al margen de la ley.

Parágrafo 1º. En los casos de la aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las hostilidades, esta se limitará a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del gobierno nacional.

Parágrafo 2º.  En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo.

ARTÍCULO 2. TRANSITORIO. Una vez el gobierno nacional presente al Congreso de la República el primer proyecto de Ley que autorice la aplicación de los instrumentos penales establecidos en el inciso 4 del artículo 1 del presente Acto Legislativo, el Congreso tendrá cuatro (4) años para proferir todas las leyes que regule esta materia.

ARTÍCULO 3. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así:

Artículo transitorio 67. Una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política.

ARTÍCULO 4º.  Sin perjuicio del deber general de la fuerza pública de proteger a la población, consagrados en los artículos 2, 217 y 218 de la Constitución Política, los recursos del tesoro público que se liberen como consecuencia de la reducción de los gastos militares, ante eventuales acuerdos de paz, serán destinados fundamentalmente a la inversión social y de manera prioritaria a financiar el postconflicto y redimir económica y socialmente las zonas y poblaciones afectadas con la confrontación.

ARTÍCULO 5. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° 14 DE 2011 SENADO - 94 DE 2011 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2012, ACTA NÚMERO 53.


PONENTE COORDINADOR:

ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
H. Senador de la República             

Presidente,

H.S. LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES

Secretario,

GUILLERMO LEON GIRALDO GIL

de http://politicayseguridad.blogspot.com/2012/06/texto-aprobado-por-la-comision-primera.html
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2012/06/04

la ciudad con menos pobreza absoluta


Pereira – Bucaramanga

ORLANDO PARRA G.
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Aquí tenemos una manía por “copiar y mal” lo que se hace en las metrópolis de acá o de afuera que ya están definidas como tales y tratar de implantarlo aquí donde se sigue oscilando entre pueblo y metrópoli.
A veces, entonces, somos capaces de superar el “parroquialismo”: pero desacertadamente. Nunca podremos competir con nuestra Kapital que es Bogotá, o compararnos con ciudades/alcaldías con los músculos financieros de Barranquilla donde cabemos cuatro veces...Cali, siete, Medellín 8…y en Bogotá cabemos 24 vececitas ‘no má’…
Hace unos años, nosotros competíamos con Bucaramanga. Era nuestro “rival directo” en la preminencia de las ciudades en Colombia. Sin darnos cuenta esa Bucaramanga que nos superaba en índice de pobreza en el 2003 cuando ellos tenían 34 de cada 100 personas en la pobreza y nosotros 29, quebró, rompió esa distancia (http://ow.ly/be1E3) y desde el 2008 nos aventajan: el año pasado (http://ow.ly/be1z3) en Pereira había 21 de cada 100 personas en la pobreza y 2 en la miseria pero en Bucaramanga había LA MITAD: sólo 10 en la pobreza y 1 en la miseria ¿qué pasó?¿ Qué se hizo bien allá, y regular o mal acá?

Podemos oír todo un discurso henchido de “orgullo mano”: Que tiene una clase empresarial que incide desde la educación. Que le apostó a ser la mejor en varios temas e invirtió. Que defiende principios no personas. Que las decisiones se toman y asumen así en algunas ocasiones sean erradas...se corrige. Que el orgullo no es sobre el pasado sino sobre el presente. Que vivió mucho tiempo jodida, violenta, encarcelada por la guerrilla y eso no gustó. Que la ciudad se desarrolla a pesar de la politiquería, Etc. Lo cierto es que, en 10 años, en dos alcaldías y media –con un alcalde destituido- Bucaramanga se convirtió en la ciudad con menos pobreza absoluta ¿de Colombia? No ¡de América Latina! ¡un modelo!
 Vamos a dedicar dos columnas (1.5) a explorar el “fenómeno Bucaramanga”. La clave parece ser …¡qué sorpresa!…la institucionalidad público privada actuando por un bien común. Uno es el “Instituto Municipal de EMPLEO y fomento empresarial”. IME-BU. Creado en el 2002 por Ivan Moreno (sí, el mismísimo).Y a partir de éste, el “Centro de Desarrollo Empresarial”, una plataforma coordinada desde el IMEBU, donde interactúan las universidades, el SENA, la Cámara de Comercio, el Comfamiliar de allá (Comfenalco), y otros, cuyo objetivo es asistir de forma permanente y gratuita a todo aquel empresario, de cualquier tamaño, que se acerque a pedir ayuda.
¿De cualquier tamaño? Sí, baste un solo dato, en Bucaramanga hay más de 45 mil microempresarios. ¡45 mil! Por cierto, algo claro es que tampoco le apuestan a todo. Están concentrados en Confección, Calzado, Joyería y Alimentos. Impulsando desde la institucionalidad citada programas como “Iniciativas Locales de Gestión Empresarial”, “Crédito para todos”, “Centros de Desarrollo Productivo”, etc: hubo un alcalde cuyo programa de gobierno lo tituló: “Bucaramanga una empresa de todos” …m.D continuará.

ADD: Interesante que los dos jóvenes concejales ponentes del Partido de la U, Samir y Julián, estén proponiendo “pliego de modificaciones” al Plan de Desarrollo presentado por Planeación Municipal. Modificaciones como también las propusieron - con aceptación por los gobernantes- los diputados de Risaralda, los concejales de Dosquebradas, de Bogotá, etc. Ahora le corresponde tomar la DECISIÓN a nuestro gobernante, el  Dr. Vásquez.

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2012/06/01

No 6 de la Serie “EN VIDA HERMANO EN VIDA”: Maurier Valencia Hernández


Inicio  Opinión  Columnistas  Maurier Valencia Hernández

Maurier Valencia Hernández

ORLANDO PARRA G.



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“Adusto”. “Alto”. Curiosa la primera impresión que tuve del Dr Valencia. Fue en el Club del Comercio, en una de las primeras asambleas de Pereiranos por la Paz, 1998?, 9?...me lo presentó el AMA Oscar Zapata.
Desde esa época supe que contábamos con un ejecutivo. Una persona práctica, pragmática. La primera sede que tuvo Pereiranos por la Paz fue en Comfamiliar del Centro. (La 2ª la facilitó la Junta de la Cámara de Comercio con el joven Mauricio Vega en su presidencia ejecutiva). Se trataba de aportar a la gesta cívica. Ese es el sello que ha caracterizado a Maurier.

La vida es una avenida llena de curvas donde sólo vemos las más cercanas, nunca jamás, por más que insistamos en planearlo, veremos las más lejanas. Difícilmente un niño nacido en Quinchía (Caldas para ese entonces), al despuntar los años 50, hijo de don Pablo Valencia y doña Teresa Hernández, podría saber las curvas que le correspondería transitar. Valencia Hernández se ha desempeñado como ingeniero de métodos y sistemas del Icetex, Director de Planeación de la Libre. Ingresó a Comfamiliar en 1976 como asistente de Mercadeo. Ya para ese entonces era Ingeniero industrial de la UTP, y se especializó en Mercadeo de Eafit, llegando a Subdirector de esa área, luego llegó a la subdirección Financiera y en 1984 fue elegido como Director en reemplazo de su mentor el Dr. Baena. También es Especialista en Alta Gerencia de los Andes. Y le ha encantado ser docente y catedrático.

Tal vez la primera clase de psicología emocional espacial que tuve en mi vida vino de Maurier en mi primera cita con él: me enseñó la importancia de la cercania en una mesa donde sólo hay dos contertulios. El tema de la amabilidad, de la imperturbabilidad agradable, del respeto y valoración por el otro, de la sutileza, de la paciencia, la prudencia, del manejo del poder sin torpes egolatrías, de la sencillez, etc. Son elementos que delinean a uno de los pereiranos más “influyentes” de los últimos lustros. (El “Poder” sólo lo tiene Dios/Universo). No en vano desde el desaparecido “El Tiempo / Café” en el 2000? 1? Lo precandidatizamos a la Alcaldia de Pereira, al lado de otros nombres como el de Juan Guillermo Angel Mejía.
En estos últimos años, Maurier ha sido impulsor de valiosos y esenciales procesos para la ciudad tales como “El costurero”, más recientemente “Pereira Como Vamos”, la “Tertulia Matecaña”, entre otros. Bien desde el liderazgo de Comfamiliar, o desde otros escenarios más sosegados, tanto su familia como nosotros, dada su herencia genética y mediando el diseñador de las avenidas de las vidas humanas, seguiremos teniendo por largo tiempo más, un líder cívico local, departamental, regional, nacional clave y más necesario ahora que los pro y los contras del impacto de la glo-loca-lización serán claramente perceptibles.

Este es el No 6 de la Serie “EN VIDA HERMANO EN VIDA” . Continuará...
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COLOMBIA: los procesos de paz que funcionan son más reservados


Inicio / Nación

"Uribe no quería la paz, quería ganar la guerra"

Por Nathan Jaccard, periodista de SEMANA
ENTREVISTAVicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, presenta el Anuario de Paz 2012. SEMANA.COM habló con él sobre la guerra en Colombia, la política de paz del gobierno Santos y las posibilidades de acabar el conflicto.
Jueves 24 Mayo 2012
Ver más artículos de NathanJaccard
Desde el 2006, la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona publica un Anuario de Paz donde hace un minucioso seguimiento a negociaciones, diálogos, procesos de paz y conflictos sin resolver en todo el mundo.

En el Anuario 2012, el director de la Escuela, Vicenç Fisas, muestra cómo en el 40 por ciento de los conflictos armados actuales existen diálogos abiertos o exploratorios; hay 20 contextos armados sin negociaciones abiertas; mientras que en el 60 por ciento de las negociaciones hay una mediación externa. Para Colombia la conclusión es deprimente: es el conflicto más antiguo sin negociar.
Pero en diálogo con Semana.com, Fisas es más optimista y dice que desde hacía años no había un clima en Colombia tan favorable para la paz.

El Anuario será presentado este jueves en el Auditorio Huitaca (cra. 8 No. 10-65) de la Alcaldía Mayor de Bogotá por el profesor Fisas. La instalación del evento estará a cargo de Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno de Bogotá, y del PNUD. El profesor Medófilo Medina, de la Universidad Nacional, hará los comentarios al estudio.

El documento también está disponible en línea.

SEMANA.COM: La semana pasada Bogotá se estremeció con el descubrimiento de un carro bomba y el atentado contra Fernando Londoño. Muchos acusan a las FARC...

Vicenç Fisas: Yo diría que no son las FARC, hay muchas posibilidades de que no sean. No es su estilo, no es el momento. Me extrañaría muchísimo. El atentado se produce el mismo día de la aprobación del Marco Legal para la Paz. No tendría ningún sentido que las FARC dinamitaran este proceso.

Más bien creo que sectores que no creen en este marco son los que dinamitaron esta posibilidad de justicia transicional. Me inclinaría a pensar que es la extrema derecha la autora de este atentado.

SEMANA.COM: En la últimas semanas parece haber un recrudecimiento de la guerra. No sólo fueron las bombas en Bogotá, también los 12 soldados muertos en La Guajira, el secuestro del periodista Roméo Langlois. ¿Qué está pasando? ¿Al fin hay vientos de diálogo o no?

V.F.: Creo que esa coyuntura, cada día hay cosas negativas, combates, enfrentamientos, lo que nos impide ver que los procesos de diálogo se desarrollan a mediano plazo.

Hay un hecho innegable, que menciono en el Anuario de paz, y es que en los últimos 30 años, el 80 por ciento de los conflictos armados se han resuelto por negociación. Es un porcentaje muy elevado, que va en aumento. Ahora se negocia más que hace 30 años, y se negocia más rápido. Es una realidad internacional.

Nos tiene que llevar a pensar que el conflicto en Colombia no es interminable. Aquí hemos de ver dos elementos fundamentales:

¿Quiere la insurgencia negociar la paz? Han dicho de forma muy categórica que sí. Y han hecho ofrecimientos para negociar con el presidente Santos.

¿Quiere el presidente Santos la paz? Lo ha dicho desde el primer día. Tiene un empeño personal en ser el presidente de la paz. Eso me lleva a pensar que es posible llegar a este escenario.

El cómo, son las partes que tienen que decidir cómo van a hacerlo. Lo único que sabemos es que el presidente no quiere injerencias. Por tanto, no es previsible que sea a la luz publica ni con mucho acompañamiento. Va a ser una cosa más bien discreta.

SEMANA.COM: Hace unos años, en la presentación de un Anuario de paz, una de las conclusiones era que en Colombia ninguno de los actores tenía interés por acabar la guerra. ¿Cree que eso ha cambiado?
V.F.: Sí hay un cambio. Hace unos años no habría apostado que las FARC querían la paz. Las veía mas acomodadas en el conflicto. Ya no. Eso tiene que ver con los golpes que han sufrido y también con las realidades políticas de América Latina, donde la izquierda ha logrado el poder político. La democracia se ha estado imponiendo como sistema de transformación social. Es una lectura que las FARC no pueden dejar de lado. Por fuerza han tenido que tomar nota de que en el momento histórico que estamos viviendo, la lucha de guerrillas no tienen ningún sentido. Creo que en estos momentos el ELN y las FARC están dispuestas a negociar la paz. Éste es el momento.

SEMANA.COM: ¿Incluso si hay enfrentamientos, soldados muertos?
V.F.: Aun si hay combates, son ceremonias de guerra, es muy típico en los procesos de paz que se hacen sin un alto al fuego, sin un cese de hostilidades. Pensemos que muchos procesos fracasan por que los altos al fuego no se cumplen. A veces es más conveniente no apostarle a un alto al fuego definitivo si no hay garantías de que se van a cumplir.

Aunque parezca paradójico, la intensificación de los combates puede ser un signo de que una hipotética mesa de negociación, pues una de las partes quiere tener una posición de fuerza. Es no es extraño, en la mayoría de los procesos ocurre eso.

SEMANA.COM: ¿El hecho que el proceso del Caguán haya sido tan público explica parte de su fracaso?

V.F.: Sí, normalmente los procesos de paz que funcionan son más reservados. Es una constante en los procesos que hay en el mundo. Tampoco es una ley, pero el exceso de visibilidad no es aconsejable. Es lo que ocurrió en La Habana con el ELN en el 2005. Cada día el ELN tenía que hacer una rueda de prensa, así como el Gobierno, explicando si había avances. Cualquier negociación esta llena de inconvenientes, pero no lo podían reconocer.

Es mejor que haya menos movimiento mediático y pueda haber una negociación más auténtica, más real.

SEMANA.COM: ¿Usted cree que el gobierno Santos está haciendo negociaciones secretas? 
V.F.: Esto no lo sé, hay un rumor, pero no lo sé. Pero si existieran, habría que dar confianza al presidente. Yo repito que hay voluntad por las partes de avanzar en un proceso, así sea en medio de la guerra. Hay una evolución respecto a los últimos años y entiendo que la paz es posible. Y que el presidente puede lograr avances en este mandato.

SEMANA.COM: ¿Por qué algunos sectores del antiguo gobierno se oponen a estos intentos?

V.F.: Es evidente que el presidente Uribe no quería la paz, quería ganar la guerra. Este es lo que lo distingue de Santos. Él dijo que quería ser el presidente de la paz. Eso marca una diferencia muy notable con Uribe. El presidente Santos sabe que tendrá que llegar a una negociación con la subversión. ¿Cuando? No sé, pero un día u otro.

SEMANA.COM: ¿Qué le parece el Marco Legal para la Paz? Hay polémica por una eventual amnistía a la guerrilla.

V.F.: Entiendo la polémica, es sano que haya una discusión, pero como analista de los procesos de paz tengo la obligación de decir que en la totalidad de los procesos en el mundo en los últimos 30 años, ha habido una amnistía para los actores armados. Las personas que han dejado las armas no han pagado cárcel. Esto es así.

SEMANA.COM: ¿Para todos los actores del conflicto?

V.F.: Para todos. Es muy importante que se defina la cantidad de verdad que se quiere saber. Y entiendo que para ello se tiene que establecer una comisión de la verdad que establezca todo lo que pasó y la responsabilidad de todos los actores. Pero al mismo tiempo la justicia tiene que ser magnánima, muy generosa para que haya una absoluta reconciliación.

SEMANA.COM: ¿Hay que sacrificar parte de la verdad por la paz?

V.F.: No, la verdad tiene que salir toda. Se tiene que sacrificar la justicia. Esto es cómo se han desarrollado los procesos en el mundo. Y no creo que Colombia vaya a ser una excepción, porque si no, nadie deja las armas.

SEMANA.COM: ¿Qué opina de la posibilidad de que los guerrilleros participen en política?

V.F.: En un proceso de negociación cabe la posibilidad de que las partes acuerden un marco de incompatibilidad en la acción pública por parte de los actores armados durante unos años. Esto se puede negociar. Pero en la mayoría de los procesos de paz, los actores, una vez dejan las armas, entran en política. Pero está sujeto a la negociación.

SEMANA.COM: ¿Se tiene que considerar las Fuerzas Armadas como actores del conflicto, al igual que la guerrilla?

V.F.: Entiendo que sea polémico, pero en todos los procesos de paz si a la insurgencia se le da inmunidad, una amnistía, las Fuerzas Armadas también tienen que ser amnistiadas. Por la paz vamos a mirar el futuro, y dejar el pasado, con mucha verdad.

Lo explico con un palabra. Si hay un proceso de paz exitoso, las partes llegan a un acuerdo y le ponen un punto final a un enfrentamiento de decenios, es un momento mágico. Sumamente especial.

Políticamente, pero sobre todo socialmente. En ese momento el país se puede dedicar a solucionar otros problemas. Y Colombia los tiene. Tiene problemas de pobreza, de desigualdades. Colombia tiene un impresionante potencial cultural, social, económico. Si un país con un proceso de paz se ahorra el 3 por ciento del PIB destinado a la guerra y puede dedicarlo a inversión social, es un montón de dinero.

SEMANA.COM: ¿Usted piensa que las Fuerzas Armadas estén dispuestas a sacrificar su presupuesto, su poder?

V.F.: No les va a quedar más remedio. Hay que decírselo claramente a las Fuerzas Armadas. No hay ningún proceso de paz que implique un estancamiento o un aumento de los gastos militares, sino una reducción de las Fuerzas Armadas. Colombia tendrá que reducirlas como mínimo a la mitad, tendrá que haber una reestructuración muy importante, muchas personas en activo tendrán que pasar a la reserva. Y en eso las Fuerzas Armadas han de tener mucha responsabilidad, han de ser actores de paz.

Sería interesante, si no lo están haciendo, que las Fuerzas Armadas pensaran en el posconflicto.

SEMANA.COM: ¿Hay que incluir a las bacrim en un proceso de paz?

V.F.: Por supuesto, pero no en las mismas negociaciones, son procesos diferentes. El año pasado un obispo católico hizo una petición al Gobierno porque tenía una encomienda de un sector importante de las bacrim, que querían desmovilizarse. Hubo una negativa. Me parece un error, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad para lograr un arrepentimiento, una desmovilización, una reinserción de las bacrim. Tendrá que haber un proceso de paz con ellos, por supuesto.

SEMANA.COM: ¿Qué piensa de las leyes de posconflicto, como el Marco legal por la paz, en medio de la guerra?

V.F.: Lo que es precipitado es hacer el marco cuando todavía no se ha firmado un acuerdo. Creo que hay precipitación, hay que dejar que esto se maneje en la mesa de negociación, los términos de la dejación de armas, los términos de la justicia, esto hay que negociarlo. Y así se ha hecho siempre. Yo no miro a Colombia en exclusiva, miro como se ha hecho en otras partes del mundo. Entiendo que Colombia no puede ser la excepción.

Pero se ha hecho con buena intención, esto hay que reconocerlo. Pero es mejor dar espacio a la negociación, y en el transcurso de la negociación se define que marco jurídico se va a dar. No al revés. 
SEMANA.COM: ¿Qué consejo le daría a Santos para tener una política de paz efectiva?

V.F.: Que en Colombia no serviría un modelo de reinserción pura, pedir a la insurgencia que se desmovilice y punto. Es una insurgencia que tiene un proyecto político, unos reclamos, una agenda. El tema agrario va a ser muy importante para las FARC. Para el ELN, el tema energético. Entonces, cualquier acercamiento tiene que tener en cuenta lo que históricamente han demandado.

SEMANA.COM: ¿Qué pueden aprender los colombianos de la negociación de ETA en el país Vasco?

V.F.: Es tan diferente, que no hay lecciones que se puedan trasladar. Excepto una cosa, en el país Vasco se intercambió paz a cambio de que la izquierda independista pueda hacer política. Lo que podríamos trasladar como lección a Colombia. Por eso la insurgencia colombiana deberá tener sus espacios para hacer política.

Y aquí hay un hecho histórico que pesa mucho, como lección que no se debe volver a repetir, que es la tragedia de la Unión Patriótica. Si el Gobierno no puede dar las plenas garantías de que esto no se va a repetir, no habrá proceso de paz. En una mesa de negociación las garantías de hacer política van a ser muy importantes. En el país Vasco esto ha sido determinante. 
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